0790/2021-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0790/2021-S1 Sucre, 9 de diciembre 2021

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad

Expediente: 37833-2021-76-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución de 6 de enero de 2021, cursante de fs. 274 a 275 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Ives Osman Romay Luizaga y Silvestre Oswaldo Clavijo Palacios contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Roberto Parada Mole, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de enero de 2021, cursante de fs. 257 a 262 vta., los accionantes expusieron los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal iniciado por Ángel Vidal Paz Paz, abogado y representante de la empresa Agroindustrial y Comercial Sociedad de Responsabilidad Limitada (AGROINCO S.R.L.), contra sus personas y Virginia Miranda Dunn, entre otros, fueron imputados por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de deberes; persecución penal que además fue extensible a funcionarios de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) y representantes legales de la Sociedad Accidental Guadalupana - Tayrona Import Export S.R.L., por el delito de incumplimiento de contrato.

Sustanciada su audiencia de medidas cautelares el 3 de diciembre de 2020, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, de manera ilegal dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Santa Cruz "Palmasola"; contra dicha determinación presentaron apelación incidental, misma que fue radicada ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento compuesta por Julio Nelson Alba Flores, Vocal ahora demandado, quien mediante Resolución de 28 de diciembre de 2020, declaró admisible la apelación y su procedencia parcial de la misma por no concurrir los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.4 y 235.2, ambos, del Código de Procedimiento Penal (CPP), dejando vigente el riesgo procesal contenido en el art. 235.1 de la misma Ley adjetiva penal, determinación que es ilegal y arbitraria al mantenerlos en detención preventiva, máxime si no se reúne los requisitos legales para justificar la manutención de su detención preventiva.

Como antecedentes, denuncian la ilegalidad del Auto 397/2020 emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la capital del departamento de Santa Cruz, e ilegalidad en la apelación; respecto a Ives Osman Romay Luizaga, se demostró que cuenta con una familia en el territorio nacional, constituida por un bebé de once meses, otro niño de siete años de edad, y su esposa dedicada a labores de casa, a su vez, afirma contar con un domicilio conocido, además de un trabajo como Ingeniero Industrial prestando funciones en EMAPA, como responsable Industrial con Ítem 49, además de no contar contra su persona denuncia policial mucho menos antecedentes penales, factores por los cuales impedían a que se deba haber determinado su detención preventiva conforme establece el art. 232.9 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-.

Se le declaró rebelde por una omisión incurrida por el Ministerio Público; toda vez que, el 12 de agosto de 2020, presentó memorial en la Fiscalía desvirtuando las sindicaciones penales en su contra, además de poner en conocimiento de dicha entidad que su persona cambió de domicilio real, "...en el otrosí 2 y 3 de dicho memorial que se adjunta en calidad de prueba, es decir 4 meses antes de la Imputación Fiscal..." (sic). Con relación a este domicilio, solicitó al Fiscal de la causa, se libere requerimiento en la vía de cooperación directa a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, por medio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), para que el departamento de registros, verifique su domicilio real, si es cierto que vive en calle Las retamas 520 zona Sur - Cota Cota de dicha ciudad.

No obstante dicha solicitud, procedieron a la notificación con la imputación formal y señalamiento de audiencia cautelar en calle Humberto Viscarra 985 zona Alto Obrajes sector B, sin tomar en cuenta que de manera expresa puso en conocimiento del Ministerio Público su nuevo domicilio. Por otro lado, purgó la rebeldía declarada pagando al respecto una multa de Bs1 000.- (un mil bolivianos), rebeldía declarada por una errónea notificación con la imputación formal y señalamiento de audiencia cautelar, sin tomar en cuenta que el art. 166 con relación al art. 163.2 del CPP, que establece en su numeral 1 que la notificación será nula si existió error sobre el lugar de la notificación; no obstante de haberse hecho saber este extremo, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz lo declaró rebelde manteniendo el riesgo de fuga previsto en el art. 234.4 del citado Código, modificado por la Ley 1173, cuando en virtud de ejercer el control de la investigación conforme al art. 54.1 del mismo Código, debió verificar que no existan arbitrariedades en su contra, máxime si su domicilio se encuentra en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, y se lo juzga en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, lugar diferente el del supuesto hecho delictivo y que de manera errónea se le notificó en un domicilio anterior de la zona de Obrajes; asimismo, afirma que para su audiencia cautelar presentó su registro que acredita lo antes mencionado.

Por otro lado, presentó Certificado de Trabajo emitido por EMAPA; no obstante, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz realizó una incorrecta valoración a dichas pruebas o más al contrario las ignoró, aspecto que fue motivo de apelación, ya que dicha postura irracional de dicha autoridad, vulneró su derecho al debido proceso en su elemento fundamentación y legalidad, conforme a lo previsto en el art. 124 del CPP, habiéndose explicado al Tribunal de alzada que se cumplió con todos los requisitos para demostrar la existencia de trabajo, familia y domicilio y que por lo tanto la interpretación asumida por el Juez a quo, resultaba arbitraria e irracional; razón por la que, el Tribunal de apelación calificó que el actuar del Juez inferior fue "...excesiva la introducción del art. 234 numeral 4 del CPP..." (sic).

En relación al riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del CPP, el Tribunal de apelación dejó establecido que no existe la posibilidad que lleguen a influir negativamente en relación a los partícipes, peritos o testigos a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente "...ello es una apreciación del juez aquo absolutamente genérica basadas en simples especulaciones contradiciendo lo previsto en la S.C. 276/2018⁴, con relación a que la fundamentación de los riesgos procesales deben ser motivados y fundamentados..." (sic), para el caso de autos se utilizó el mismo fundamento para cinco implicados sin realizar una valoración y fundamentación de cada uno de los imputados, basándose en suposiciones subjetivas y ambiguas en ningún caso, específicamente en el caso de Ives Osman Romay Luizaga y Silvestre Oswaldo Clavijo Palacios, no fundamenta de manera concreta este riesgo procesal; motivo por el cual, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, desestimó dicho riesgo procesal en favor de sus personas.

En lo sustancial, con relación al riesgo procesal contenido en el art. 235.1 del CPP, afirman que resulta falsa la apreciación del Juez cautelar, vulnerando consigo el art. 54.1 del CPP, e incumpliendo lo previsto en la SC 0276/2018-S2, ya que en el caso de Silvestre Oswaldo Clavijo Palacios, presentó como prueba un Certificado de Trabajo emitido por el Rector del Instituto Tecnológico Ayacucho de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, a través del cual certifican que el mismo trabaja como Director Administrativo a partir del 8 de octubre de 2020, ejerciendo dichas funciones con toda normalidad, designado mediante Memorándum de designación 023639 en el servicio 27828 Código de cargo 461, Ítem 48, además de haber presentado boleta de pago; documentos que demuestran que trabaja en otro lugar; por lo que, no podría destruir, modificar u ocultar documentos de EMAPA, máxime si en el caso presente se trata de una deuda entre particulares en el que nada tiene que ver la citada Empresa, mucho menos el Estado como tampoco funcionarios públicos, que de manera distorsionada y extorsiva se condujo a las instancias penales, una ejecución de sentencia en materia civil por deuda de Sociedad Accidental Guadalupana - Tayrona Import Export S.R.L., con la empresa privada AGROINCO S.R.L., que nada tiene que ver con la función pública, contradiciendo y lesionando lo previsto en los arts. 7, 221 y 22 del CPP; sin embargo, el Ministerio Público admitió dicha irregularidad, sin tomar en cuenta de qué hecho emerge esta obligación que necesariamente debe ser tratada entre dos empresas privadas sin inmiscuir a empresas del Estado.

En relación a Ives Osman Romay Luizaga, respecto al riesgo procesal contenido en el art. 235.1 del CPP, afirma haber presentado Certificado de Trabajo el 1 de diciembre de 2020, emitido por la Gerencia Administrativa y Financiera de EMAPA, donde se legitima tratarse de un funcionario de dicha Empresa, desde el 1 de octubre de 2014 y que a la fecha se encuentra como Responsable Industrial con número de ítem 49, a su vez, adjunta Certificado emitido por la Jefatura de Planificación y Proyectos a través del cual se demuestra que ya no es Fiscal General del Proyecto Construcción, Equipamiento e Instalación de la Planta de Granos de EMAPA, en la localidad de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, desde el 29 de mayo de 2020; lo que pone en evidencia que no podría destruir, modificar, ocultar o suprimir elementos de prueba, más aun cuando el Ministerio Público y la parte denunciante, no fundamentaron ni motivaron cual sería el documento que podría llegar a destruirse, modificarse, ocultarse o suprimirse como elementos de prueba, máxime si se trata de una deuda entre particulares en la que no interviene el Estado, que sólo hicieron en su momento una comunicación interna a requerimiento del asesor legal, aplicando el principio de verdad material que fue distorsionado por la Empresa denunciante, ya que en ningún momento Ives Osman Romay Liuzaga, elaboró un documento público mucho menos introdujo una falsedad.

Hace referencia al art. 28 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-, que habla acerca de la responsabilidad por la función pública, y afirman que tanto el Juez a quo así como la Sala Penal Tercera, no han fundamentado cuales son las acciones u omisiones en las que hubiesen incurrido, no se habla de ningún documento público, más bien de una comunicación interna referido al informe requerido por el Asesor Legal de EMAPA INF/EMAPA/GG/UPP 0215/2019 dirigido al Asesor Legal Heber Luis Lamas Cuarita, vía Pablo Fernández Wieler Jefe de Planificación y Proyectos a.i. "De: Fiscal de Proyecto Ivez Osman Romay Luizaga" (sic), respecto a la respuesta solicitada por Asesoría Legal; es decir, dicho informe se trata de una comunicación que sostiene todo servidor público, que no se trata de documento público conforme establece el art. 199 del Código Penal (CP), comunicación interna que debe ser corroborada por las diferentes reparticiones ya que de ninguna manera se colocan datos falsos en ningún documento; toda vez que, se trabaja sobre la verdad material, en base a planillas, avance de obras, contratos y otra documentación que sirve para realizar este informe que se encuentra en el cuaderno de investigación, que demuestra con claridad que en ningún caso se introdujo datos falsos en un documento público. La Ley SAFCO, establece que para calificar la responsabilidad a servidores públicos, previamente debe haber un informe de auditoría interna y no librar al criterio discrecional del denunciante, que ocasiona dolor en sus familiares y privación de su derecho a la libertad física, ya que por el sólo hecho de cobro de deudas entre particulares en la cual no tiene porqué inferir el Estado, los servidores públicos únicamente cumplen sus funciones, emitiendo informes a diferentes instancias; razón por la cual, considera que esta conducta jamás ha existido.

La imputación formal descarga una serie de delitos endilgados a sus personas; empero, no establece de manera individual y objetiva el o los hechos atribuibles a cada uno de los accionantes, su grado de participación, y los elementos de prueba que sustentan la atribución de cada uno de los hechos endilgados, conforme prevé el art. 302.4 y su parágrafo final del CPP; aspecto que vulnera su derecho a la defensa al desconocer los hechos atribuibles, de qué deben defenderse; por lo que, consideran un procesamiento y privación de libertad indebidos, máxime si la imputación formal y el Auto que resuelve las medidas cautelares así como la Resolución del Tribunal de alzada, no fundamentan sus resoluciones conforme a lo previsto en los arts. 124 y 398 de dicho Código.

Afirman que, si bien la apelación incidental dejó sin efecto dos riesgos procesales, no obstante dejó vigente el riesgo procesal contenido en el art. 235.1 del CPP, manteniendo su detención preventiva, sólo en contra de Ives Osman Romay Luizaga y Silvestre Oswaldo Clavijo Palacios; y, a la funcionaria Virginia Miranda Dunn, "...el Tribunal de apelación le confirma la detención domiciliaria con derecho al trabajo y a los imputados dueños de la Sociedad Accidental Guadalupana - Tayrona Import Export S.R.L., Tribunal de Apelación deja sin efecto la detención en el Centro Penitenciario Santa Cruz "Palmasola", y les concede la detención domiciliaria con las, mismas restricciones que a la señora Virginia que se encuentra exactamente en la misma situación de nosotros, es decir que es funcionaria pública, es decir con estas incongruencias se ha violado el principio y garantía de igualdad de las personas ante la Ley, establecidas en el art. 119 de la C.P.E., como garantía jurisdiccional, justificando falsamente que nosotros hubiéramos cometido algún agravio contra el denunciante aspecto totalmente falso, porque se deudora es la empresa Guadalupana, al mantener la detención preventiva sin ninguna fundamentación el Tribunal de Apelación a lesionado el debido proceso en su vertiente motivación y fundamentación de las decisiones judiciales..." (sic), toda resolución judicial debe contener la debida fundamentación, motivación y congruencia conforme prevé el art. 233 del CPP y las SSCC "405"/2015-S2 y "782"/2005-R de 13 de julio.

Las autoridades demandadas, no realizaron la relación correcta e integral de los hechos en los que se basan los riesgos procesales, no se hizo valoración correcta e imparcial de las pruebas presentadas; toda vez que, en el caso de Silvestre Oswaldo Clavijo Palacios, tiene familia constituida, dos hijos, que su esposa ha fallecido hace cinco meses a causa del COVID-19, constituyéndose en el único sustento y protección para sus hijos que se encuentran estudiando, máxime si ha demostrado que tiene trabajo, tiene domicilio, no cuenta con antecedente penal, policial, que presuma la destrucción o modificación de elementos de prueba, más aun si trabaja en otra institución, lo que pone en evidencia un argumento de las autoridades demandadas, como incoherente e incongruente.

En el caso de Ives Osman Romay Luizaga, demostró que trabaja en otro proyecto; por lo que, no existe la posibilidad que modifique los documentos; por ende, el Tribunal de apelación tenía la obligación de realizar una valoración integral de la prueba, certificados presentados, procediendo a realizar un análisis objetivo de dicho riesgo procesal de manera fundada, motivada y congruente, citando al respecto la SCP 0276/2018-S2.

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandada- incurre en una contradicción; toda vez que, ratifica la detención domiciliaria con derecho a trabajo a Virginia Miranda Dunn, es decir, para el resto de los sindicados, el Tribunal de apelación dispuso detención domiciliaria; empero, mantiene la detención preventiva para sus personas, olvidándose de que todos somos iguales ante la ley, sin justificar mucho menos fundamentar de manera congruente este riesgo procesal previsto en el art. 235.1 de la Ley 1173, desconociendo el derecho con que cuentan sus hijos a una manutención, lo que se traduce en una discriminación, máxime si el Estado tiene la obligación de proteger a las familias como el único núcleo fundamental de la sociedad y garantiza las condiciones sociales y económicas de acuerdo a lo previsto en los arts. 62, 64, 115 y 232.9 de la CPE.

Afirman que, el Tribunal de apelación ha vulnerado su derecho a la defensa; toda vez que, sólo permitió a sus abogados defensores hacer uso de la palabra, únicamente por el lapso de nueve minutos, lo que rompe con todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los ahora accionantes, cuando no se puede desconocer el derecho con que cuentan para ejercer un tiempo razonable para su defensa más aun cuando la defensa es amplia e irrestricta.

Conforme prevé la SC 0252/2018-S2, no puede darse la detención preventiva de sus personas al existir un solo riesgo procesal, más aun cuando sus domicilios se encuentran en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, no cuentan con antecedentes penales ni policiales, además de contar con una familia a quienes sostener; aspectos que el Tribunal de apelación debió considerar, que no son de Santa Cruz, y que son profesionales que no cometieron delito alguno; por lo que, ratificar el riesgo profesional contenido en el art. 235.1 del CPP, sin la debida fundamentación, motivación y congruencia, sino basados en meras especulaciones vulnera sus derechos a la vida y a la libertad, castigando a sus familias.

"Se percatará la Sala Constitucional, que el mismo hecho denunciado a todos los imputados fue usado para fundar agravio para la supuesta víctima, quebrando de ese modo la presunción de inocencia y causando la detención preventiva de nuestras personas" (sic), aspecto que no obstante haberse hecho conocer al Tribunal de alzada, este confirmó dicho riesgo procesal, vulnerando consigo el principio de presunción de inocencia.

El Tribunal de alzada, refiere que la supuesta falsedad podría causar agravio a la víctima; empero, no indica con qué documento y en qué consiste dicha falsedad, dejando de manera ilegal latente el riesgo previsto en el art. 235.1 del CPP. La autoridad en recurso de alzada, únicamente basa el riesgo procesal en meras presunciones, generalidades y subjetivaciones para concluir que existe dicho peligro confirmando en parte la resolución apelada.

Finalmente, el denunciante únicamente aparece como parte sin haber presentado la querella respectiva conforme dispone el art. 78 del CPP, tratándose de persona jurídica tampoco ha acreditado su calidad de víctima, mediante poder que demuestre dicho extremo; por lo que, se está frente a una falta de personería de AGROINCO S.R.L., "...sin tomar en cuenta la 0S.C. 0064/2016-S de 12 de febrero y lesionando lo establecido en el Art. 78 del C.P.P., es decir que existe incongruencia sobre la participación de los denunciantes dentro de la audiencia de apelación" (sic).

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncian la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; citando al efecto los arts. 23, 115, 119 y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 6 de enero de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 270 a 273 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción