0790/2022-S3

El accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliando en audiencia, manifestó que:

1. a)El proceso versa sobre el mejor derecho propietario con el antecedente de que su madre adquirió un lote de terreno en 1991, signado con el número 204, calle 14-A, Plan 97 de la urbanización minera Milluni, zona Tejada; posteriormente, en 1996 realizó un proceso voluntario de corrección del número de lote de 284 a 204, contando con la anuencia del vendedor; posterior a ello, en 1999, los ahora terceros interesados, adquirieron el mismo lote de terreno 204, manzano L, Plan 129, de la urbanización minera Milluni; es decir, tres años después de que fue consolidado su derecho de propiedad; sin embargo, su testimonio de propiedad no consignaba la zona ciudad Satélite sino la urbanización Milluni;
2. b)El 2013, su madre realizó otro trámite de corrección de datos técnicos en el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de El Alto del departamento de La Paz, logrando obtener una certificación municipal que señalaba que el lote de terreno que le pertenece era el número 204, Plan 129, de la zona ciudad Satélite, documento que no fue registrado en DD.RR., pero que fue presentado como prueba en el proceso;
3. c)Con esos antecedentes, su madre el 2014, presentó la demanda de mejor derecho propietario contra los terceros interesados, en el que el Juez de la causa fijó dos puntos de hecho a probar:
4. 1)Demostrar el derecho propietario; es decir, quién registró primero su título de propiedad; y,
5. 2)En función de la determinación de primer punto, devolver el bien al que haya demostrado mejor derecho propietario;
6. d)El Juez de primera instancia emitió la Sentencia 702/2016, declarando probada la demanda de mejor derecho propietario, contra esa determinación los terceros interesados interpusieron recurso de apelación, señalando que no se trataba del mismo lote de terreno, que el lote de la demandante -del proceso civil-, sería el 284 y el de ellos 204, reclamando que no fue valorado el documento público de 1996; el citado recurso fue resuelto por el Tribunal de apelación anulando la referida Sentencia, ordenando al mencionado Juez dictar otro fallo. Contra esa decisión los nombrados plantearon recurso de casación y el Tribunal Supremo de Justicia también anuló el "Auto de Vista", con el argumento de que los Vocales tienen el deber de buscar la verdad de los hechos, de valorar toda la prueba; es más, en caso de ser insuficiente deben producir de oficio la prueba, no pudiendo excusarse alegando oscuridad o insuficiencia de la ley;
7. e)El Tribunal de apelación realizó la prueba de oficio, mediante un peritaje que estableció que los dos lotes de terreno en litigio serían los mismos; es decir, los documentos se referirían a un mismo bien inmueble, también recabaron el documento primigenio de 1991, por el cual su madre adquirió el lote de terreno, que en su cláusula tercera describe sus colindancias, al norte con el lote 221 de propiedad de Exaltación Fernández Quispe, al sur con la calle 14-A, datos que también se consignan en la documentación presentada por los terceros interesados; empero, el segundo Auto de Vista -452/2019- que emitieron los Vocales del Tribuna de alzada, confirmó la Sentencia 702/2016;
8. f)Contra esa determinación los terceros interesados por segunda vez interpusieron recurso de casación y esta vez los Magistrados desconociendo lo que ellos ordenaron, de valorar y producir la prueba de oficio, como el peritaje y el título madre, ya no valoraron los mismos; y los terceros interesados ya no reclamaron como en primera instancia que la Escritura Pública de 1996 -1072/96- no era la correcta, porque refería a otro lote de terreno, más bien reclamaron la Escritura Pública de 2013 -487/2013- y las autoridades accionadas les dieron curso, contrariando su propio criterio pronunciado en el primer Auto Supremo -867/2018-, de que no tenían la atribución de valorar la prueba por ser una instancia de puro derecho, sino de velar solamente que se cumpla con la normativa sustantiva y adjetiva al pie de la letra;
9. g)El Tribunal de casación casó el Auto de Vista -452/2019- y declaró improbada la demanda, cuando el art. 220 del Código Procesal Civil (CPC), indica que solamente se puede casar cuando la resolución infringe la ley o leyes acusadas; empero, en el caso se falló en el fondo del litigio aplicando las leyes conculcadas, cuando ellos reclamaron haber adquirido el lote de terreno primero y los terceros interesados reclamaban que no era el mismo bien inmueble; no obstante, las autoridades demandadas en lugar de decir que una de las partes tiene el mejor derecho propietario o que no es el mismo bien inmueble, alegaron que existe prueba insuficiente, a pesar de ello valoraron la Escritura Pública de 2013 que no fue objeto de apelación, disgregando la prueba valorando solamente la parte que convenía a los terceros interesados;
10. h)No realizaron una valoración integral y total de los medios de prueba conforme al art. 149 del CPC, que prohíbe dividir la prueba, porque ese documento solamente corrige el error de "tipeo" de la numeración del lote de terreno, establece las colindancias del lote de terreno, indicando que limita al norte con el lote 221 de propiedad de Exaltación Fernández Quispe y al sur con la calle 14-A; sin embargo, los Magistrados accionados omitieron valorar esa parte dividiendo la prueba, solo valoraron la parte que señala que habían adquirido el lote 284, omitiendo valorar que corrigieron por error de "tipeo", con la anuencia del vendedor en 1996; e,
11. i)De haberse valorado el peritaje y los documentos conforme la prueba tasada la decisión hubiera sido otra, ya que en el primer Auto Supremo -867/2018-, se recomendó se valoren todas las pruebas e incluso en caso de ser insuficiente se produzca la prueba de oficio; empero, en el AS 420/2020⁴, se apartaron de esos medios de prueba, desconociendo la seguridad jurídica. I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito cursante de fs. 231 a 236, manifestaron que:

1. 1)El accionante no cumplió con el decreto de subsanación, al no haber identificado de forma clara y precisa el acto lesivo denunciado, más bien en una vacilante expresión invocó la falta de motivación, fundamentación y congruencia, además de no identificar qué pruebas o en qué circunstancias no fueron valoradas;
2. 2)No señaló los derechos o garantías que se hubieran vulnerado, redundando en indicar la falta de fundamentación, motivación, congruencia y valoración integral de la prueba, lo cual no sería evidente; por cuanto motivaron y fundamentaron la decisión tomada, cotejando y valorando de manera integral la carga probatoria de las partes, con relación a los principios de verdad material y seguridad jurídica, sin considerar que la acción de amparo constitucional no tutela principios sino derechos y garantías constitucionales;
3. 3)Tampoco identificó los derechos y garantías lesionados con relación a los hechos, no expresó ni precisó la norma, derecho o garantía acusada de infringida, menos se refirió a la legitimación pasiva, más al contrario en el AS 420/2020⁴ motivaron suficientemente y de manera razonable la decisión tomada, contrastando la pretensión demandada con los elementos de prueba, asignando valor jurídico a cada uno de ellos, que implica una valoración clara y objetiva de los elementos de convicción;
4. 4)Respecto a la valoración de la prueba, con relación a la modificación del número del predio 284 a 204, fue tramitado en un irregular proceso voluntario de forma unilateral que no puede generar efectos jurídicos ni siquiera contra su vendedor, menos contra terceros, además que no existe en el proceso voluntario constancia de la anuencia del vendedor y en caso de ser cierto, éste debió demostrar que aún se encontraba en su patrimonio el lote 204, para efectuar un acto de disposición, esa falta de prueba no puede ser suplida con prueba ajena al contenido en el proceso ordinario;
5. 5)En cuanto a la sobreposición de predios, en sentido de que la parte demandada -se entiende del proceso civil-, inscribió su título tres años después de que fue inscrito el título de la demandante -madre del impetrante de tutela-, aclararon que no se emitió el fallo con base en la literalidad del art. 1545 del CC "...sino en la interpretación extensiva de dicha norma..." (sic); por lo que, cada parte tiene una cadena de dominio distinto;
6. 6)El hecho de querer forzar otorgarle valor probatorio a la Escritura Pública 1072/96, no sería correcto, si bien tiene oponibilidad frente a terceros, no se debe dejar de lado la interpretación extensiva, realizada sobre el citado art. 1545, en el cual se debe debatir frente a otra cadena de dominio con registro en DD.RR., como aconteció en el caso de autos;
7. 7)Respecto a la prueba supuestamente omitida, no identificó con precisión las pruebas que no fueron consideradas, ya que debe analizarse si la misma fue solicitada en la contestación al recurso de casación y verificar esa acusación en el proceso civil, además de analizarse su conducencia; y,
8. 8)El accionante pretende oponerse a las decisiones emanadas por autoridad competente dentro de un proceso ordinario, no siendo la acción de amparo constitucional sustitutiva de los recursos ordinarios o extraordinarios que los litigantes perdidosos debieron activar en su debido tiempo, pues las mismas podían haber sido traídas al momento de contestar el recurso de casación. I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Gregoria Cauna Vda. de Huanca, Juan, Gregorio, Dionicio, Gabriel Narciso y Sonia, todos de apellidos Huanca Cauna; y, Felipa Huanca Cauna Vda. de Inta, en calidad de terceros interesados, por memorial cursante de 224 a 227 vta., manifestaron que:

1. i)Los dirigentes del Plan 97 de ciudad Satélite -se entiende de El Alto del departamento de La Paz-, alegan derecho propietario sobre 57 6000 m2 con un remanente de "25.710.20" de terreno, solicitando que no sean dispuestos por el Consejo Nacional de Vivienda Minera, respecto al cual el Asesor Legal del Consejo de Vivienda Minera, señaló que "...LOS INTERESADOS DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS DEL PLAN 97, NO TIENEN NINGÚN DERECHO SOBRE EL SALDO DE TERRENO Y EN CONSECUENCIA NO PUEDEN PEDIR AL CONSEJO NINGÚN PAGO POR LOS LOTES UTILIZADOS PARA BENEFICIO DE OTROS TRABAJADORES DENTRO DEL CAMPO DE APLICACIÓN DEL CONSEJO..." (sic.); por lo que, los impetrantes debían acudir a la autoridad llamada por ley;
2. ii)Con el precitado informe se interpuso un juicio ordinario seguido por la Junta de Adjudicatarios y Propietarios del terreno de Plan 97 de ciudad Satélite; en ese sentido, el Auto de Vista de 19 de junio de 1981, emitido por la "Sala Civil Segunda", reconoció la propiedad de las viviendas adquiridas por el Comité Pro-Vivienda Minera de Milluni y el derecho propietario de los 97 miembros del Plan de Adjudicatarios de Milluni sobre la extensión de 28 710 m2, adjudicada de la familia Tejada Ramírez por el Comité que los representó, cuyo testimonio original estaría cursante en el expediente en el Juzgado Público Civil y Comercial Segundo de El Alto del citado departamento; por lo que, al no ser partes en dicho proceso ordinario, no pudieron acceder a dicho documento, motivo por el cual lo adjuntaron en fotocopia simple;
3. iii)En el entonces Juzgado de Partido Civil y Comercial Primero de El Alto del mencionado departamento, se tramitó un proceso civil seguido por "Saturnino Colque", Mario Fernández Condori, Bonifacia Muñoz Vda. de Núñez y Cecilio Condori López, en representación del Comité Pro-Vivienda Minera de Milluni sobre rectificación del nombre en la Tarjeta de Propiedad, mereciendo la Resolución "203/2000", que declaró probada la demanda, disponiendo que por DD.RR. se proceda a la rectificación consignándose como propietario al Comité Pro-Vivienda Minera de Milluni en la partida computarizada "01037026" de 1964, el mismo que fue apelado por los adjudicatarios del Plan 97 de ciudad Satélite, motivo por el cual la "Sala Civil Segunda" dictó la Resolución"192/02", confirmando el Auto apelado, lo cual evidencia que sus personas no tramitaron la rectificación del nombre de la tarjeta de propiedad;
4. iv)Al fallecimiento de la demandante -del proceso civil- Martha Mamancusi Vda. de Cauna, acaecido el 2018, conforme a la Escritura Pública 2243/2018, se declaró heredero su hijo Félix Javier Cauna Mamancusi -ahora peticionante de tutela-, y terceras personas que demuestren igual o mejor derecho; es así que, mediante Auto de 12 de marzo de 2019, los Vocales de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, designaron defensor de oficio de Juana Cauna Mamancusi por ser coheredera; empero, la prenombrada se apersonó al proceso de reivindicación que seguía su madre contra Mariano Huanca Ulo; por lo que, ambos tenían la obligación de activar cualquier recurso, según la referida Sala Civil;
5. v)Por certificación emitida por el Presidente de la Junta Vecinal de Adjudicatarios en autoconstrucción de la urbanización Milluni, Plan 129, de El Alto del indicado departamento, se establece que el Plan 129 cuenta con planimetría aprobada mediante Resolución Municipal 327/89 de 27 de diciembre de 1989, que las viviendas de la urbanización Milluni, Plan 129 fueron de los adjudicatarios en autoconstrucción con recursos propios, que el Comité Pro-Vivienda Minera de Milluni urbanización Plan 129 suscribieron el Testimonio 0892/99 de transferencia y consolidación de derecho propietario de la citada urbanización en favor de Mariano Huanca Ulo y Gregoria Cauna Vda. de Huanca, el lote de terreno 204, manzano L, de 188 70 m2 registrado bajo la partida computarizada "01510904" de noviembre de 1993, a la matrícula 2.01.4.0013953 de 19 de enero de 2002, en el que indica que la urbanización Milluni, Plan 129 es diferente a la urbanización Plan 97;
6. vi)En el inc. f) del Testimonio 207 de 27 de diciembre de 1963, el Comité Pro-Vivienda Minera de Milluni adquirió los terrenos donde se encuentra asentada la urbanización Plan 129 y Plan 97; empero, el Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI), urbanizó el Plan 97 construyendo las viviendas para una parte de los afiliados y el saldo del terreno se destinó a la urbanización Milluni, Plan 129 en autoconstrucción para los demás afiliados; por el inc. g) el mencionado Comité Pro-Vivienda fue creado mediante Decreto Supremo (DS) 06298 de 30 de noviembre de 1962; y,
7. vii)Con relación a Juana Cauna Mamancusi, heredera de Martha Mamancusi Vda. de Cauna, tendría que estar como accionante en esta acción de amparo constitucional por ser heredera de su madre o en su defecto haber otorgado poder al peticionante de tutela, situación que no se aclara en esta acción tutelar, por cuanto este último interpuso la misma a nombre propio como si fuere el único demandado en la acción reivindicatoria, siendo que actuaba con poder dentro del proceso ordinario otorgado por su madre; es decir, no es parte del mencionado proceso principal, es más para plantear esta acción de defensa debió hacer el trámite de declaratoria de herederos juntamente con su hermana.

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 90/2021 de 10 de mayo, cursante de fs. 247 a 258 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)El accionante identificó como acto lesivo a sus derechos y garantías constitucionales, al AS 420/2020⁴, que casó en parte el Auto de Vista 452/2019, declarando en el fondo improbada la demanda de mejor derecho propietario, acción de reivindicación y desocupación, además de pago de daños y perjuicios;
2. b)El impetrante de tutela denuncia la falta de fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria, centrando sus reclamos en dos aspectos relacionados a que no se habría otorgado valor probatorio conforme al art. 1287 del CC, a la Escritura Pública 1784/91, a través del cual la madre del peticionante de tutela adquirió el lote de terreno de la Junta de Adjudicatarios y Propietarios del Plan 97 de ciudad Satélite de El Alto del departamento de La Paz, representado por su apoderado William "Hitler" -siendo lo correcto Shigler- Moreno; posteriormente, mediante Escritura Pública 1072/96, realizó la rectificación del número del lote de terreno de 284 a 204, tampoco otorgaron valor probatorio al peritaje realizado por el Tribunal de apelación como una medida de mejor proveer, que habría determinado que se trata de un mismo bien inmueble;
3. c)De acuerdo a los antecedentes existe una divergencia en la tradición del bien inmueble, porque según la Escritura Pública 1784/91, sería el accionante quien tendría la tradición mayor, mientras que la parte demandada -en el proceso civil-, habría saneado su derecho propietario años después, pero que de acuerdo a las aclaraciones que realizaron los últimos nombrados, el derecho de propiedad de los demandados sería emergente desde el documento de 1963, cuando se dio la adjudicación de manera grupal sin ningún fraccionamiento a los trabajadores de la mina Milluni;
4. d)Ingresando a la falta de valoración probatoria, conforme la jurisprudencia constitucional la labor de valoración es privativa de los jueces y tribunales ordinarios, a menos que los accionantes demuestren que en esa labor se haya vulnerado derechos y garantías constitucionales, apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad o bien omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, en este caso, en el AS 420/2020⁴ no se habría valorado la Escritura Publica 1784/91, que de acuerdo a los arts. 1287 y 1289 del CC, tendría una valoración de prueba tasada, en el que el Juez de la causa debe asignar el valor probatorio que fija la ley; es decir, que hacen plena prueba entre las partes contratantes y sus causahabientes;
5. e)Si bien resulta evidente lo sostenido por el impetrante de tutela; empero, también existen otros documentos públicos presentados por la parte contraria que tendrían que ser valorados con el mismo valor probatorio de los documentos adjuntados por el peticionante de tutela, pero el juzgador no solamente puede regirse bajo el sistema de valoración tasada, sino también aplicar la sana crítica, siendo una actuación válida y legal, más aun cuando tenga que valorarse varios documentos públicos, pues el recurso de casacón es de puro derecho, en el que el Tribunal de casación tiene limitadas facultades para realizar una verificación de los hechos y agravios;
6. f)No se advierte que se haya omitido en el Auto Supremo cuestionado, la valoración de las pruebas, ya que en lo pertinente señaló: '"...si bien mediante la Escritura Pública No. 1784/91, se adquiere un lote de terreno signado con el número 284 y pesa el proceso voluntario tramitado de manera unilateral no se tuvo suficiente respaldo y justificación para la alcaldía municipal del alto no se presentó el plano de urbanización y no identificó plenamente lugar del lote de terreno incumpliendo requisitos..."' (sic); consecuentemente, no hubo omisión en la valoración de la prueba, tampoco asignaron un valor incorrecto o erróneo, es más señalaron que la actora no demostró la titularidad sobre el lote de terreno 204, que si bien hubiera adquirido mediante Escritura Pública de 1784/91; empero, esa escritura pública no les generó la -suficiente- convicción;
7. g)Con relación a la pericia que también hubiera sido omitida, en el AS 420/2020⁴, se llegó a establecer que no existe identidad plena del predio y cuando no se identificó el bien que se demandó de mejor derecho de propiedad, correspondía acoger el reclamo debiendo indicarse que de la revisión de antecedentes, se tiene que existe una pericia solicitada de oficio; sin embargo, la misma no fue observada por las partes;
8. h)En el proceso civil existe el instituto de la comunidad de la prueba, que tiende a considerar que ésta no pertenece a quien la aporta; es decir, que no solamente puede beneficiar al que la incorpora en el proceso, sino que se toma en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho sobre el cual versa la prueba, de manera que una prueba ofrecida por una de las partes y admitida por el juez, se convierte en prueba del proceso y no de una de las partes, ello con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos; por lo que, se hace una valoración conjunta de las pruebas y no de manera aislada, siendo obligación del juez valorar las pruebas en su conjunto, debiendo ser integradas y contrastadas, siendo por ello una facultad privativa de los jueces valorar la prueba; por ello, se constituyen en un instrumento de la convicción del juez; e,
9. i)Los Magistrados accionados advirtieron que los hechos demostrados no se adecuaban a lo previsto por el art. 1545 del CC, como es el mejor derecho propietario, al no haberse establecido una identidad plena del predio conforme se realizó la valoración de la comunidad de la prueba; por lo que, no se advierte la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos referidos.

II.7. Del referido AS 420/2020⁴, se extrae la respuesta del recurso de casación del impetrante de tutela quien pidió que se declare la improcedencia del recurso de casación por incumplimiento de requisitos formales o se declare el recurso infundado, manifestando que:

1. 1)Sobre lo preceptuado en el art. 1545 del CC, el Tribunal Supremo de Justica orientó en varias sentencias sobre la aplicación de dicha norma, entre los cuales se encuentra el AS 588/2014 de 17 de octubre, que establece que para la procedencia de la acción de mejor derecho propietario respecto a bienes sujetos a registro, se requiere de tres condiciones, que el actor haya inscrito en el Registro Público su título de dominio sobre el bien que ostenta su derecho propietario con anterioridad a la inscripción del título de dominio que tuvieren otros adquirientes del mismo bien; que el título de dominio del actor y del demandado provengan de un mismo origen o propietario; y, la identidad o singularidad del bien o cosa que se demanda de mejor derecho de propiedad; habiéndose cumplido con todos esos requisitos para una demanda favorable de mejor derecho propietario, siendo por ello que el agravio expuesto por los demandados no tiene relevancia, asidero legal ni merece mayor consideración y atención;
2. 2)Respecto a la falta de valoración de la prueba y vulneración del art. 1286 del CC y 145 del CPC, señaló que en casación sólo debe reclamarse la mala aplicación del derecho tanto en los errores in iudicando "con in procedendo" y no constituye una instancia donde deba reclamarse nuevos hechos; considerando por ello inexistentes los agravios de falta de valoración de la prueba que acusan los demandados; y,
3. 3)Sobre la improcedencia del recurso de casación por incumplimiento de los requisitos formales señalados por ley, precisó que los perdidosos no especificaron de manera clara y precisa los fundamentos para recurrir en casación, cómo se infringió o se vulneraron esas normas, o cómo fueron indebida o erróneamente aplicados los arts. 145 del CPC y 1286 del CC (fs. 79 y vta.).