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TCP

0790/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
11 de mayo de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0790/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0790/2026-S3 Sucre, 11 de mayo de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad

Expediente: 48344-2022-97-AL Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 05/2025 de 26 de marzo, cursante de fs. 50 vta. a 52, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Esperanza Bacilia Durán Falon contra Jaime René Conde Andrade, exVocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de junio de 2022, cursante de fs. 1 y de 12 a 21, la accionante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Karina Mara Acuña Lowenthal en su contra por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, mediante Auto de Vista 163/2022 de 4 de mayo, la autoridad demandada, resolvió revocar el Auto Interlocutorio de 30 de marzo de 2022, que dispuso su libertad irrestricta, disponiendo en su lugar la aplicación de medidas cautelares personales menos gravosas que la detención preventiva, previstas por el art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP).

El Juez a quo, había determinado que no concurría la probabilidad de autoría; sin embargo, el citado Auto de Vista, con relación al art. 233.1 del CPP, señala que no está efectuando una revalorización de la prueba; empero, de manera incongruente hace referencia a dos procesos laborales con fechas de inicio y conclusión; manifestando que, la parte accionante ya hizo su trabajo demostrando con dos sentencias, con fechas sobrepuestas, que pretende cobrarse beneficios sociales; es más, señala que son ocho meses de más que se estaría cobrando, manifestando que con relación a la primera sentencia no existe error, porque ya se canceló; en cambio, en el caso de la segunda sentencia si tiene error, pero a ella no se le ha preguntado en ningún momento porque las fechas sobrepuestas, si se trataba de diferentes horarios o turnos dobles; por todo ello, refiere que se vulneró también el principio de inocencia. Otra lesión al debido proceso, en su elemento de presunción de inocencia, se produjo cuando la autoridad demandada señala "LO QUE INTERESA ES QUIEN ESTA RECLAMANDO Y SALTA A LA VISTA QUE NO HAY 2 TRÁMITES PENDIENTES PARALELOS, como de Wendy Acuña contra Esperanza Bacilia y/o Karina Acuña contra Esperanza Bacilia, AQUÍ LA ÚNICA ES KARINA ACUÑA ENTONCES NO EXISTE DUDA RAZONABLE AQUÍ LA AFECTADA ES LA DENUNCIANTE" (sic), lo que demuestra la parcialización de la autoridad demandada, ya que entendió que por no existir otra denuncia y solo una, se debe suponer y asumir que la accionante es víctima y la denunciada es autora con probabilidad; estos aspectos le dejan en absoluta incertidumbre y quebrantan la imparcialidad, porque la prueba que la ahora impetrante de tutela presentó no fue valorada, y la misma acredita la relación laboral firmada por la denunciante en favor de la denunciada -ahora accionante-, desvirtuando el criterio de la autoridad ahora demandada, pues el ámbito laboral inició el 20 de mayo de 2014, es decir, que con ese elemento probatorio debía darse una duda razonable; de igual forma, jamás se pronunció sobre el valor probatorio otorgado a la referida certificación emitida por la empleadora, que certifica el inicio de la relación laboral en la señalada fecha, lo que resulta ser una incongruencia interna de la resolución emitida, vulnerando el principio rector de valoración de la prueba previsto por el art. 173 del CPP; es decir, que la autoridad demandada realizó la valoración de los elementos de prueba de cargo y de manera arbitraria, no ingresó a verificar la existencia o no de la prueba señalada por la defensa; por lo que, solicita la tutela de la presente acción constitucional en su vertiente indebido procesamiento vinculado a la restricción de su libertad de locomoción.

En cuanto al art. 234.1 y 2 del CPP en su vertiente trabajo, refiere que la autoridad judicial -ahora demandada-, manifestó "En el presente caso falta de acreditar trabajo; en trabajo se ha indicado que se ha presentado documentación que consta en el cuaderno de control jurisdiccional del cuaderno de investigación donde está,

  1. 1)la cedula;
  2. 2)La declaración,
  3. 3)El informe del investigador donde todo arroja que es estudiante y la señora cuando fue buscada por el investigador una persona de sexo femenino le indico fue a trabajar sin indicar donde, cuando...."(sic); de lo referido, se tiene que la carga probatoria fue invertida como una obligación de la defensa, cuando la modificación incorporada por las Leyes 1173 de 3 de mayo de 2019 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres-; 1226 de 18 de septiembre de 2019 -Ley de Modificación a la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres-; y 586 de 30 de octubre de 2014 -Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal-, establece que, la carga probatoria le incumbe a la parte acusadora; en ese entendido, por el hecho de que la persona de sexo femenino le dijo que fue a trabajar, pero no le dijo donde, se da por concurrente ese riesgo procesal, sin fundamentar cuáles son los motivos para no valorar que se fue a trabajar; con ese razonamiento da mayor valor a la presunción de culpabilidad, razonando que la defensa debía acreditar con precisión la fuente laboral. I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de Juez natural, a la defensa, a la debida fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, todo vinculado a su derecho a la libertad de locomoción; citando al efecto, los arts. 21.7, 23.I, 115.II y 117.I y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se disponga:

  1. a)Dejar sin efecto el Auto de Vista 163/2022 de 4 de mayo; y
  2. b)Debiendo emitir una nueva resolución que responda a los motivos y argumentos específicos de la apelación.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual de 26 de marzo de 2025, según consta en acta cursante a fs. 50, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante y su abogado no se hicieron presentes pese a su legal notificación cursante a fs. 48.

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Tribunal Constitucional Plurinacional11 de mayo de 20260790/2026-S3Fuente oficial