Texto del fallo
Sintesis del caso
El accionante, a través de su representante sin mandato, considera lesionados sus derechos a la libertad, vinculado con el debido proceso en sus vertientes de motivación, congruencia y a la defensa, en razón a que las autoridades demandadas dispusieron su detención preventiva mediante Auto de Vista 31/2019 pronunciándose de oficio sobre la aplicación del procedimiento inmediato y la concurrencia del art. 234 numerales 1, 2 y 10 del CPP, incorporando el art. 393 Ter parágrafo I.5 de la citada norma, cuando la misma ni siquiera fue invocada en la imputación formal, como tampoco existió una fundamentación en la audiencia de medidas cautelares debido a la inasistencia del Fiscal de Materia que, a decir de los Vocales, no era necesaria; convirtiendo la audiencia de fundamentación de apelación en una audiencia de medida cautelar.
Sintesis de la ratio decidendi
Se deniega la acción de libertad en relación al debido proceso penal, al advertirse que las autoridades demandadas cumplieron su labor de resolver cada uno de los agravios expresados por el representante del ministerio público en la audiencia de apelación incidental, considerando también las respuestas otorgadas por la defensa del imputado.
Extracto de la ratio decidendi
F.J.III.4 “…las autoridades judiciales demandadas, señalaron que también concurría al no demostrarse tener un arraigo natural, puesto que no se acreditó la existencia de domicilio y ocupación, estando latente la posibilidad de que se oculte al desconocerse a su familia, su domicilio o alguna ocupación; con relación al art. 234.10 de la referida norma, sostuvieron que la Jueza cautelar, hizo alusión al contenido de la imputación formal donde se alegaba que el imputado ingirió cocaína en preservativos atentando contra su propia integridad y vida, constituyendo un peligro efectivo y real para la sociedad y para sí mismo, atentando contra grupos vulnerables; empero, que tal criterio no era compartido por la a quo en razón a que lesionaría la garantía de presunción de inocencia; al respecto, las autoridades judiciales demandadas, consideraron que dichos argumentos no eran coincidentes con los argumentos expresados por el Fiscal de Materia en su Resolución de imputación formal; parámetros bajo los cuales arribaron a la conclusión de que los fundamentos y motivos del Auto Interlocutorio 37/2019, para sustentar que no concurrían los riesgos procesales antes descritos basados en la inasistencia del Fiscal de Materia, no se adecuaban a los parámetros establecidos en la norma procesal relacionada a los delitos flagrantes y que por ende dicho fallo resulta contrario a la ley, más aun si la Jueza cautelar aceptó el procedimiento inmediato, por lo que no era coherente la decisión adoptada por dicha autoridad; y, por el contrario, lo fundamentado y motivado por el representante del Ministerio Público resultaba consistente. La amplia relación efectuada de contraste entre los puntos de apelación y los razonamientos de hecho y de derecho que motivaron la determinación de aplicar la detención preventiva del ahora peticionante de tutela, dan cuenta de la existencia de una fundamentación y motivación suficiente en el Auto de Vista 31/2019 para tener por concurrente el art. 233 num. 1 y 2 del adjetivo penal, el primero vinculado con la probabilidad de autoría debido a que el hoy accionante fue intervenido quirúrgicamente para la extracción de ocho preservativos que contenían cocaína; por lo que, se consideró tratarse de un delito flagrante que posibilitaba la aplicación de un procedimiento inmediato, mismo que fue solicitado por el Fiscal de Materia al momento de presentar su imputación formal invocando al efecto los arts. 393 bis y siguientes del adjetivo penal; así como la activación del art. 234 en su numerales 1, 2 y 10 del citado Código, en razón a que la Jueza cautelar, no emitió razonamientos o criterios jurídicos para sustentar que los mismos no estaban activados y que la parte imputada tampoco demostró la no concurrencia de riesgos procesales. Al respecto, debe tenerse presente que los alcances del art. 398 del CPP, no solo se enmarcan en otorgar una respuesta a cada uno de los agravios expresados por la parte recurrente, en este caso el Ministerio Público, sino que también incide en la consideración y análisis sobre la procedencia o no de aplicación de una medida cautelar al tenor del art. 233 del adjetivo penal, referido a la existencia de elementos de convicción suficientes para sustentar primero, una probabilidad de autoría o participación en un hecho delictivo; y, segundo para acreditar que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, debiendo al efecto primero verificar si existe o no la debida fundamentación y motivación en la resolución del inferior jerárquico que aplica cualquier medida cautelar y en ese margen, si determinan imponer o modificar una medida cautelar -conforme los argumentos del apelante y la revisión de la resolución del inferior así como lo expresado por las otras partes- el Tribunal de alzada está impelido de cumplir con los ineludibles requisitos de fundamentar y motivar su propia determinación expresando las razones por las que consideran que concurren los dos precitados presupuestos; es decir, que si el Tribunal de apelación razona en sentido de que corresponde imponer la detención preventiva, debe efectuar un desarrollo fáctico normativo suficiente, además de la valoración integral del caso y la prueba presentada, para sustentar su decisión, elementos que en el caso en examen fueron debidamente cumplidos por los Vocales hoy demandados, quienes se pronunciaron sobre el pedido fundamentado del Fiscal de Materia de revocar el fallo de la a quo, debido a que no tomó en cuenta lo referido en la imputación formal donde se solicitó la aplicación del procedimiento inmediato por delito flagrante y la imposición de la detención preventiva sustentado en los arts. 393 bis y siguientes del CPP; y que, existiría un incumplimiento de lo dispuesto por el art. 393 Ter parágrafo I.5 del adjetivo penal, debido a que la Jueza cautelar inconsistentemente aceptó aplicar el procedimiento inmediato para luego imponer al imputado -hoy impetrante de tutela- medidas sustitutivas a la detención preventiva; asimismo, establecieron los motivos por los que consideraron la existencia de suficientes elementos de convicción que acreditarían la probabilidad de autoría o participación del prenombrado en el hecho investigado y que no se someterá al proceso, desestimando una posible obstaculización. En ese marco, efectuado el contraste entre los reclamos realizados por el peticionante de tutela en la presente acción de defensa y lo sustentado por las autoridades demandadas en el Auto de Vista 31/2019, a tiempo de resolver los puntos de agravio, se advierte que las autoridades demandadas cumplieron su labor de resolver cada uno de los agravios expresados por el representante del Ministerio Público en la audiencia de apelación incidental, considerando también las respuestas otorgadas por la defensa del imputado, determinando revocar el Auto Interlocutorio 37/2019 bajo fundamentos legales de la normativa inherente al régimen de medidas cautelares y razonamientos motivados concernientes al caso para establecer la concurrencia del art. 233 nums. 1 y 2 del CPP, este último vinculado con el peligro de fuga previsto por el art. 234 numerales 1, 2 y 10 del citado Código. En el marco de lo expuesto tampoco se advierte que los Vocales demandados, hubiesen incurrido en incongruencia interna ni externa, pues en el caso de la primera, conforme se expresó precedentemente, existe un hilo conductor coherente entre las razones expuestas para determinar la procedencia de la detención preventiva al verificarse la concurrencia de riesgos procesales y la determinación final de imposición de dicha medida cautelar; asimismo, en cuanto a la congruencia externa no se evidencia que los demandados se hubiesen apartado de los puntos de agravio expuestos por el Ministerio Público en su apelación, ni que no se hubiese considerado la respuesta del imputado a dicho recurso; pues además, de no advertirse la denunciada incorporación del art. 393 Ter parágrafo I.5 de la referida normativa como un elemento nuevo, pues al contrario la misma fue invocada por el Fiscal de Materia en la imputación formal cuando se sostuvo la solicitud de aplicación de procedimiento inmediato conforme dispone el art. 393 bis y siguientes del CPP, también se evidencia que los Vocales demandados, expusieron las razones de hecho y de derecho que sustentaban su decisión de imponer la detención preventiva, labor que de ninguna manera constituye incongruencia, pues conforme la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo, el Tribunal de alzada “deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”. En ese entendido, por las razones ampliamente expuestas que denotan que no existió actuación ilegal u omisión indebida en el Tribunal de alzada, al momento de emitir el Auto de Vista 31/2019 -hoy cuestionado-, corresponde denegar la tutela solicitada.”
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0791/2019-S1 Sucre, 4 de septiembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad
Expediente: 28801-2019-58-AL Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 2/2019 de 30 de abril, cursante de fs. 44 a 51 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio César Torrico Salinas en representación sin mandato de Cristhian Rivera Cayo contra Gregorio Orosco Itamari, Presidente; y, José Romero Solíz, Vocal, ambos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 29 de abril de 2019, cursante de fs. 14 a 21 vta., el accionante, por intermedio de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Por Auto Interlocutorio 37/2019 de 17 de enero, la Jueza de Instrucción Penal Primera del departamento de Oruro, en audiencia de medida cautelar llevada a cabo en ambientes de la clínica "Natividad", le impuso medidas sustitutivas a la detención preventiva, Resolución que fue apelada por el Ministerio Público argumentando que no podía aplicarse una medida cautelar en ausencia de éste; por lo que, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia -ahora demandados-, por Auto de Vista 31/2019 de 7 de febrero, revocaron el citado fallo, disponiendo la medida extrema en su contra sin considerar que el razonamiento de la Jueza cautelar, se basó en la ausencia de elementos de convicción sobre los peligros procesales invocados por el Representante Fiscal y la inasistencia de dicha autoridad conllevó a la falta de fundamentación, tomando en cuenta que, al tratarse de un delito flagrante, la imputación formal, no hizo referencia al art. 393 Ter parágrafo I.5 del Código de Procedimiento Penal (CPP), aplicable al procedimiento inmediato.
En la audiencia de apelación, el Fiscal de Materia, alejándose de los fundamentos de su imputación, señaló que se impuso la medida sustitutiva a la detención preventiva porque no asistió a la audiencia de medidas cautelares; lo cual, no es evidente; toda vez que, existía una ausencia de fundamentos de los elementos de convicción; otro alegato, del referido Fiscal, es que, se trataba de un hecho flagrante, habiendo solicitado en el requerimiento formal, la aplicación del procedimiento inmediato; por lo que, debería disponerse su detención preventiva, aspectos que no fueron tomados en cuenta por la a quo; el Tribunal de alzada, aprovechó para incorporar nuevos argumentos sobre la obligatoriedad de disponer su detención preventiva en base al art. 393 Ter parágrafo I.5 del CPP, sin percatarse que en la imputación formal no menciona tal disposición, donde figura la concurrencia de los arts. 233.1 y 234 numerales 1, 2 y 10 del adjetivo penal; quedando clara, la incorporación o tesis sobre la aplicación de la citada normativa sin necesidad de requerimiento, ni de audiencia o fundamentación previa, por lo que los Vocales demandados, se alejaron de los alcances del art. 398 del citado Código y lo señalado por la .
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