0792/2019-S2

Es agricultor y en tal calidad poseyó y trabajó el predio "VALLEJOS" de su "...propiedad, por posesión..." (sic), que fue sometido el 2009 a saneamiento simple a pedido de parte, proceso sustanciado con una serie de irregularidades que acusó a través de la demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Agroambiental, dentro de la cual las autoridades ahora demandadas, emitieron la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2° 019/2018 de 11 de mayo que:

1. a)En su tercer Considerando Punto I, estableció que no existía error respecto a la acumulación, habiéndose también acumulado otros predios; empero, no se aclaró que, los mismos "...SE ENCUENTRAN AL MARGEN SUD DEL RÍO ROCHA EN CAMBIO MI PROPIEDAD ESTÁ AL NORTE..." (sic), además de referirse al inmueble como "NEDERID" y no "VALLEJOS",
2. b)Se señaló que existió una notificación y no presentó ningún recurso contra la Resolución Administrativa (RA) USCC 002/2011 de 15 de noviembre; empero, precisamente no pudo refutarla debido a la inexistencia de esa diligencia;
3. c)A su parecer, era ridículo manifestar que el saneamiento podía abarcar una zona, municipio o varios municipios, provincias y hasta departamentos, resultando impertinente el ejemplo empleado por los Magistrados demandados; toda vez que, el proceso estaba delimitado por la Resolución Determinativa que especificaba los datos del objeto de saneamiento, encontrándose su predio "VALLEJOS" fuera del mismo;
4. d)En los puntos I y II se hacía referencia a la competencia a nivel nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), aspecto nunca cuestionado; sino que se observó que la Resolución Determinativa delimitaba dicha competencia; por lo que, "...reiteramos, sostenemos, insistimos y perseveramos que el INRA. No tenía competencia..." (sic);
5. e)Las publicaciones de edictos están reservadas para "...personas inciertas..." (sic) o con domicilio desconocido, que no era el caso; por lo que, consideró mal interpretado el art. 73 (no identificó de qué cuerpo legal);
6. f)Se afectó su derecho a la defensa "...ya que no nos dio ninguna posibilidad contra el Auto Supremo No 235 de 04 de abril de 2018" (sic);
7. g)"...la Autoridad jurisdiccional ha incumplido con un deber legal claro, concreto y específicamente por los Arts. 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado..." (sic), suprimiendo el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justicia, además profiriéndole un trato discriminatorio "...modificando en última instancia lo dispuesto en dos instancias previas..." (sic);
8. h)Se transgredió el principio de legalidad pues "...Queda perfectamente claro que, no se me ha permitido defenderme en igualdad de condiciones" (sic); e,
9. i)Conforme demostró por la documentación adjunta, toda su vida trabajó en un terreno cumpliendo la función social que le dio -a su criterio- derecho a la propiedad privada; y, correspondía su tutela en observancia de los arts. 405 y 406 de la Norma Suprema.

Mediante memorial de ampliación de 12 de marzo de 2019, que cursa de fs. 810 a 920 vta., el accionante amplió su demanda contra Gregorio Aro Rasguido, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental; y, aclaró que "La Resolución que se impugna es la SENTENCIA AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S2a N° 019/2018 DE 11 DE MAYO..." (sic), la cual:

1. 1)No cumplió con los presupuestos establecidos en los arts. 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil (CPCabrog.), aplicables al caso en virtud del art. 78 de la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) modificada por la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006; en razón a que no se efectuó un análisis y evaluación fundamentada de los medios probatorios que acompañaron la demanda;
2. 2)No consideró ni valoró el expediente agrario 266-I, "...o sea 200 folios, que recién el INRA presentó en fecha 16 de mayo de 2015 (...) o sea después de haberse emitido la sentencia..." (sic);
3. 3)El memorial "...de fs. 173 a 174..." (sic) -de impugnación contra la RA RA-SS 1266/2016 de 7 de junio-, no contó con ningún pronunciamiento por parte de los Magistrados demandados generándole indefensión;
4. 4)Existían tres contradicciones en la Sentencia:
5. i)Se demandó a Jhonny Oscar Cordero Nuñez como Director Nacional a.i. del INRA y no a Elizabeth Beatriz Yuque Apaza, persona desconocida pues Eugenia Beatriz Yuque Apaza ejercía el cargo precitado a momento de emitirse el fallo ahora cuestionado;
6. ii)En la parte considerativa se refiere a dos predios "Ministerio de Defensa" y "Nederid"; y, en la parte dispositiva a un solo predio, "Ministerio de Defensa" o "Nederid"; y,
7. iii)La parte considerativa hizo referencia al memorial de demanda de fs. "130 a 133" y sus subsanaciones de fs. "173 a 174" y "181"; empero, la parte dispositiva no hizo referencia a las subsanaciones;
8. 5)No se aplicaron "...los principios, valores, derechos y deberes consagrados en esta constitución..." (sic), por haberse basado su decisión en la RA USCC 002/2011, sobre la cual el accionante tenía duda razonable, respecto a la fecha de emisión;
9. 6)No se resolvió el traslado dispuesto por el Auto de Admisión de 4 de octubre de 2016; por lo que, -según concluye- la Sentencia cuestionada, lesionó "desde ese entonces" (sic) el debido proceso respecto a la legalidad y seguridad jurídica, generándole indefensión;
10. 7)"...sin ningún respaldo jurídico, afirman en la Sentencia en VISTOS en la parte pertinente '...y en calidad de tercero interesado Ministro de Defensa Nacional Reymi Ferreira Justiniano...', aclarando que mi persona subsanó la demanda mediante memorial de fs. 181, que en la parte más importante del OTROSI 1° expresa '...señalo como a TERCEROS INTERESADOS AL MINISTRO DE DEFENSA (...)', vulnerando el derecho al debido proceso..." (sic);
11. 8)En el tercer considerando de los fundamentos jurídicos de la sentencia, se omitieron los argumentos técnico jurídicos expuestos en el Otrosí 1° del memorial de "fs. 173 a 174" del proceso contencioso administrativo, en el que -a su criterio- se explicó y demostró que la RA RA-SS 1266/2016 era ilegal y no reunía los requisitos mínimos establecidos para una debida motivación y fundamentación, generando indefensión;
12. 9)Ninguno de los Informes Técnicos TA-G 043/2017, 047/2017 y 049/2017, aclaró lo solicitado por decreto de 8 de mayo de 2017; y, las autoridades ahora demandadas, no exigieron tal aclaración;
13. 10)La providencia de 21 de noviembre de 2017, resultó ambigua "...en razón, que no existe certeza si corresponde en derecho o no, siendo contradictorio..." (sic) y no resolvió el memorial de 20 del mismo mes y año rechazándolo o admitiéndolo;
14. 11)El cuerpo 46 del expediente 266-1 se extravió; por lo que debió solicitarse su reposición para recién emitir la Sentencia ahora cuestionada; y, al no haberse procedido así -según afirmó- no se valoró de forma integral todos los elementos probatorios, existiendo una deficiente valoración probatoria;
15. 12)No se consideró el contenido de los arts. 393 y 394 de la CPE, afectando su derecho de propiedad;
16. 13)Las autoridades ahora demandadas, no fundamentaron las razones para declarar improbada su demanda, pues frente al cuestionamiento que hacía a la posesión del Ministerio de Defensa y la falta de sus antecedentes dominiales, no existió pronunciamiento;
17. 14)La Sentencia cuestionada en sus Fundamentos Jurídicos, en su tercer considerando, refiere que "...en mérito art. 3 del DS 29215, informe técnico legal y resolución administrativa USCC 002/2011 de 15 de noviembre de 2010 (...) se subsana y enmienda este error y dispone la acumulación no sólo del predio 'Neredid'..." (sic); por lo que, -según concluye el accionante- los Magistrados ahora demandados, aplicaron una norma de carácter general y no una específica, al no indicar cuál de sus incisos justificaba su decisión; asimismo, por hacer mención a un informe técnico legal sin identificarlo con número o fojas; además se refieren a la Ley del Órgano Judicial sin especificar a cuál de sus artículos hacían alusión;
18. 15)El art. 21.IV de la LSNRA, refería el plazo que tenían las partes para interponer el proceso contencioso administrativo ante el Tribunal Agroambiental; y, no podía aplicarse dicha norma en el presente caso para sustentar que "...el Director Departamental tiene toda la atribución de emitir resoluciones administrativas y a momento de identificar error u omisión (...) puede corregir, modificar o anular para re encausar el procedimiento..." (sic); por lo que, existió una aplicación incorrecta de la norma;
19. 16)Del contenido del art. 48 del Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007, no se evidenciaba que los Directores Departamentales (no indica cuáles), tuvieran facultad para anular procesos de saneamiento como ocurrió con la RA USCC 002/2011, que dejó sin efecto la Resolución Determinativa de área RDAS 027/2010 de 15 de julio, "...violando de esa manera el derecho al debido proceso..." (sic);
20. 17)El tercer considerando del fundamento jurídico de la Sentencia cuestionada, basó su decisión en la facultad del Director Departamental del INRA de Cochabamba para emitir un pronunciamiento anulando el procedimiento de saneamiento, sin tomar en cuenta el art. 266 del DS 29215, en cuya virtud -según su criterio- dicha autoridad actuó sin competencia, pues el control de calidad, supervisión y seguimiento, era atribución exclusiva del Director Nacional del INRA;
21. 18)El accionante cuestionó qué tenía que ver el art. 275 del DS 29215 con lo argumentado por las autoridades demandadas en la Sentencia "impugnada" (sic); por lo que, acusó la incorrecta aplicación de la norma; y,
22. 19)No obstante a la claridad del art. 66 de la Ley LSNRA, modificada por Ley 3545, las autoridades demandadas en la Sentencia, no aplicaron el contenido de los arts. 56.1 y 393 de la CPE, pue no consideraron que el Ministerio de Defensa "...engañó a los Magistrados (...) al presentar como prueba la Resolución Ministerial 9228 de 24 de marzo de 2011..." (sic), que se refería al Fundo Cotapachi; y, además usurpaba la atribución exclusiva del INRA según el art. 64 de la Ley 1715. Razones por las cuales solicitó dejar sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2° 019/2018.

Por otra parte, el accionante a través de su abogado en audiencia ratificó en su integridad la acción presentada y su ampliación, agregando que:

1. a)Ellos (no indicó quienes), "...ya sabían con anterioridad que se introduciría en 2011 un documento, situación que genera una duda razonable sobre la fecha de la resolución, hacen aparecer además una notificación por cédula siendo que debió notificarse de manera personal con la resolución que anula el proceso de saneamiento..." (sic); y,
2. b)En varias ocasiones solicitaron que se emitan informes geodésicos "...porque existían tres predios y dictan sentencia sin haber analizado el proceso de saneamiento porque no había terminado uno de ellos, no estableció hasta la fecha si existe o no sobreposición entre los dos predios..." (sic).