0792/2019-S4

En revisión la Resolución de 30 de abril de 2019, cursante de fs. 654 a 658, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Guillermo Aue Chávez contra Arminda Méndez Terrazas y Victoriano Morón Cuellar, ambos Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental Justicia de Santa Cruz. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memorial presentado el 24 de abril de 2019, cursante de fs. 513 a 522 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho: I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público a instancias de Marcelo Morales Urquizu -ahora tercero interesado- y otro por la supuesta comisión de los delitos de estafa y estelionato, opuso las excepciones de incompetencia en razón de materia y de prejudicialidad, puesto que los hechos denunciados surgen a raíz de contratos civiles cuya validez no puede reclamarse en la vía penal, respetando el principio de intervención mínima o última ratio del derecho penal. Por Auto interlocutorio 238/2018 de 17 de septiembre, el Juez de Instrucción Penal Octavo del departamento de Santa Cruz, rechazó ambas excepciones de forma confusa e incompleta, incurriendo en interpretaciones ajenas a derecho. Contra dicho Auto interlocutorio, interpuso recurso de apelación incidental sosteniendo como agravios la violación al debido proceso en su vertiente de motivación y fundamentación de las Resoluciones, dado que los fundamentos del citado fallo eran los mismos a los esgrimidos por el denunciante -ahora accionante- y que no hubo un pronunciamiento sobre si la cuestión versa o no sobre un asunto civil ni sobre la aplicación o no al caso del art. 568 del Código Civil (CC), relativo al cumplimiento o incumplimiento de contratos accionables en la vía civil. Mediante Auto de Vista 72 de 21 de marzo de 2019, la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró improcedente su recurso de apelación incidental de forma contradictoria, ya que se indicó que del análisis de los documentos suscritos con el denunciante se dieron actitudes y actos de orden penal, lo que implicaba ingresar al fondo; sin embargo, luego se dice que su excepción de prejudicialidad no fue argumentada adecuadamente; de igual forma, se señaló que el denunciante no reclamó el resarcimiento o pago del daño causado, sino una sanción y castigo del delito forzando el aparato penal del Estado. A su vez, el Auto de Vista 72, incurre en incongruencia omisiva y fundamentación incompleta al no considerar el recurso de apelación y revisar el Auto Interlocutorio 283/2018, puesto que el a quo consideró al contrato como un instrumento criminalizado, pese a no tener competencia para analizar las cláusulas de éste, es así que no se señaló nada sobre si la controversia versa sobre una cuestión civil ni que un contrato tiene fuerza entre partes y solo pueden ser disueltos por consentimiento o intervención judicial competente así tampoco se emitió criterio sobre la aplicación del art. 568 del CC, aspectos que demuestran que los Vocales ahora demandados no realizaron una revisión prolija del caso y no absolvieron los puntos objetados en la apelación incidental, limitándose a señalar que el Auto apelado se encontraba fundado y que se valoró la prueba. I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados El accionante señaló como lesionado su derechos al debido proceso en sus vertientes defensa, impugnación y a obtener Resoluciones debidamente fundamentadas, citando al efecto a los arts. 115.II y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia:

1. a)Se anule o deje sin efecto el Auto de Vista 72, dictado por los Vocales demandados; y,
2. b)Se disponga que los mismos emitan una nueva Resolución debidamente fundamentada y conforme a normas invocadas. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional Celebrada la audiencia pública el 30 de abril de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 637 a 654, presente el accionante asistido de su abogado; el tercero interesado Marcelo Morales Urquizu, acompañado de su defensa y ausente las autoridades y ex autoridad demandadas, se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación de la acción El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó el tenor íntegro de la demanda de acción de amparo constitucional. I.2.2. Informe de las autoridades demandadas Arminda Méndez Terrazas y Victoriano Morón Cuellar, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental Justicia de Santa Cruz, presentaron informe escrito de 30 de abril de 2019, cursante de fs. 540 a 542, señalando lo siguiente:
3. 1)De la lectura del Auto de Vista 72, se tiene que se encuentra fundamentado y motivado conforme el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ingresando al análisis de los argumentos expuestos por impetrante de tutela conforme las atribuciones otorgadas por el art. 398 del mismo Código, para así concluir que el Ministerio Público al emitir la imputación, calificó provisionalmente los delitos previstos en los arts. 335 y 337 del Código Penal (CP), por cuanto no se persigue el pago de una deuda civil sino la punición de conductas antijurídicas sancionables en la vía penal;
4. 2)Si bien existen acuerdos pactados de forma escrita a través de un contrato, no está en discusión en el proceso penal el cumplimiento o incumplimiento de las cláusulas insertas, sino se busca la sanción penal al imputado por los supuestos delitos de estafa y estelionato, por lo que en la etapa preliminar se recolectaron elementos indiciarios sobre los hechos denunciados; es así que, tanto la Jueza a quo de Instrucción como el Tribunal de alzada no podrían ingresar al análisis de fondo de la excepción de incompetencia en razón de materia, sino simplemente verificar la existencia de actos de orden civil o penal a fin de cumplir con las formalidades exigidas en los arts. 46, 308.2 y 310 del CPP;
5. 3)Para determinar la competencia o incompetencia que se alude, debe establecerse la naturaleza del hecho que se pretende juzgar, dado que la denuncia se encuentra dentro del orden público con afectación a la víctima; por lo cual, su conocimiento corresponde a un Juez en materia Penal;
6. 4)Es evidente que entre el imputado y el denunciante se suscribieron tres documentos y no solamente el documento de promesa de venta a futuro como pretende hacer ver el imputado, por lo que del resultado de estos tres documentos se dieron actitudes y actos de orden penal, al aparentemente tener la finalidad de sonsacar dinero a la víctima;
7. 5)El imputado no precisa de qué manera el proceso penal se relaciona con un asunto de carácter civil, en cambio la acción penal de referencia está dirigida contra quien supuestamente incurrió en ilícitos penales los cuales necesariamente deben ser investigados; y,
8. 6)Por los fundamentos expuestos se podrá observar que no se vulneraron los derechos invocados por el accionante, por lo que solicitó se deniegue la tutela. I.2.3. Intervención de los terceros interesados Marcelo Morales Urquizu, en audiencia a través de su defensa solicitó se deniegue la tutela expresando lo siguiente:
9. i)El accionante no estableció de manera específica sobre qué artículo realiza su petición sobre el derecho supuestamente lesionado, pues concentra su fundamentación en una descripción de hechos concernientes a la vía ordinaria, tratando de justificar que el contrato de compra y venta no se materializó, pretendiendo que se revalorice la prueba, olvidando que la acción de amparo constitucional no es una instancia adicional a los procesos judiciales o administrativos;
10. ii)Como víctima fue desplazado patrimonialmente, por medio del engaño o artificio del impetrante de tutela para suscribir un documento con la promesa de la transferencia de un inmueble, lo que no aconteció al estar en litigio y no ser de propiedad de éste, quien al tener conocimiento de ello actuó dolosamente a sabiendas que no cumpliría con el contrato criminalizado,
11. iii)Dicho contrato estipulaba claramente que el comprador, en caso de incumplimiento podría optar por la vía civil o penal, la cual activó en busca de la imposición de una pena, conforme el art. 14 del CPP;
12. iv)Se sindicó la comisión de los delitos de estafa y estelionato que son de acción penal pública, a lo que el Ministerio Público no optó por formalizar una imputación formal, sino en virtud de una conminatoria, presentó acusación formal en contra del imputado; es decir, la investigación ya concluyó; y,
13. v)Las autoridades demandadas realizaron una exposición de los motivos de hecho aplicados al caso concreto de acuerdo a la problemática planteada en las excepciones aludidas. 1.2.4 Intervención del Ministerio Público Mirael Salguero Palma, Fiscal Departamental de Santa Cruz; Ángela Rocío Medrano Urquizu; y, Luis Enrique Rodríguez Suarez, Fiscales de Materia, no se hicieron presentes en la audiencia de consideración de esta acción de defensa ni presentaron informe, pese a su legal citación cursante de fs. 527, 531 y 532. Carmen Delia Moreno Ferreira, Fiscal de Materia, a través de informe escrito de 29 de abril de 2019, cursante a fs. 543 y vta., señaló que el 23 de febrero de 2018, Erick Zeballos Rivas, presentó denuncia escrita contra José Guillermo Aue Chávez -hoy accionante- por el delito de estafa y estelionato, lo que dio curso a que se sigan las investigaciones y se emita imputación formal; el 17 de agosto del mismo año, ante la declaratoria de rebeldía del denunciado, éste presentó las excepciones de incompetencia por razón de materia y prejudicialidad, las que fueron rechazadas ordenándose la continuación de la tramitación del proceso penal; dicha decisión fue motivo de apelación sin demostrarse el agravio sufrido además de ser presentada fuera de término, así también se informó que, el caso mereció una conminatoria que fue resuelta el 15 de abril de 2019. I.2.4. Resolución La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución de 30 de abril de 2019, cursante de fs. 654 a 658, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 72, dictado por las autoridades ahora demandadas, disponiendo que en un plazo no mayor a tres días dicten una Resolución debidamente fundamentada y conforme a los argumentos expresados, bajo los siguientes fundamentos: a) Los Vocales demandados refirieron que la conducta del hoy accionante tiene relevancia penal; es decir, que tendría que ser de conocimiento de un Juez en materia Penal; empero, a través de la excepción de incompetencia se cuestiona la materia, por lo que para resolver la misma se tiene que ingresar a verificar cual es la naturaleza de lo denunciado si evidentemente corresponde al ámbito penal y si las conductas denunciadas están tipificadas como delitos; sin embargo, en el caso particular, al impetrante de tutela se le imputa el cometer actos de relevancia penal; pero, el Auto de Vista cuestionado no especificó de acuerdo a la naturaleza a qué hechos se sumarian los tipos penales atribuidos ni se sostiene que en caso de emitirse una sentencia la sanción se adecue a la conducta de los tipos penales sindicados; y, b) Se desconoce que el ámbito penal es de última ratio; es decir, que se debe agotar hasta la última instancia para recién acudir a esta vía; sin embargo, las autoridades demandadas manifestaron lo contrario, con base a lo indicado por el denunciante que decidió activar la vía penal, sin considerar que no es la idónea para cobrar deudas sino para sancionar a quien cometió un delito, en todo caso dichas autoridades no explicaron qué conductas se hubieran adecuado a la naturaleza de los tipos penales de estafa y estelionato, por ello su Resolución no fue fundamentada ni motivada, al no otorgar certeza a las partes. En vía de complementación y enmienda, se determinó que al haberse presentado acusación en el proceso penal y habiendo sido remitido a un Tribunal de Sentencia, correspondía que las autoridades demandadas no solo emitan una nueva Resolución sino verificar su cumplimiento, por lo que deberán solicitar el cuaderno procesal a la autoridad que ejerza el control jurisdiccional, para que en el plazo de tres días se emita el fallo ordenado.