Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0793/2019-S3 Sucre, 14 de noviembre de 2019
SALA TERCERA Magistrado Relator: MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de amparo constitucional
Expediente: 28329-2019-57-AAC Departamento: Beni
En revisión la Resolución 011/2019 de 21 de marzo, cursante de fs. 314 a 319 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Teresa Tarcila Flores Moisés de Ruíz y Bernardo Ruíz Murillo contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 28 de febrero de 2019, cursantes a fs. 1 y 225 a 230, los accionantes expresaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Por un supuesto documento de reconocimiento y subrogación de deuda y compromiso de pago de 18 de mayo de 2005, habrían asumido una primera deuda perteneciente a Carmen Portales Ávila con la acreedora Cinthia Alpire Céspedes de Mendoza y otra segunda con la primera nombrada, totalizando una suma de $us40 000.- (cuarenta mil dólares estadounidenses), otorgando como garantía un fundo rústico ubicado en el departamento del Beni.
Interpusieron una demanda civil de nulidad del indicado documento por vicios en su forma, así como del Testimonio 193 de 15 de julio del mencionado año, por ilicitud en la causa; ante esta situación, a través de la Sentencia 16/2018 de 2 de febrero, emitida por el Juez Público Civil y Comercial Cuarto de Trinidad del departamento del Beni, su pretensión fue declarada probada en lo referido a la falta de los requisitos de forma de los mencionados documentos, declarándose la nulidad de ambos.
La demandada en el proceso civil referido, interpuso recurso de apelación contra dicha Sentencia, mereciendo el Auto de Vista 101/2018 de 4 de junio, pronunciado por la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, que revocó la anterior decisión de manera abusiva, arbitraria e ilegal; ante lo cual, se planteó recurso de casación expresando varios agravios y cuestionando la apreciación de la prueba realizada por el Tribunal de alzada; este último recurso ordinario fue admitido por el , refiriéndose solamente a algunos de los agravios alegados, para finalmente ser resuelto a través del , emitido por las autoridades demandadas, el cual no expresa ni resuelve los siguientes agravios expresados en el memorial de recurso de casación:
- a)La calidad de cosa juzgada del documento de reconocimiento y subrogación de deuda y compromiso de pago (punto dos);
- b)La calidad de verdad material del mismo documento (punto tres) y el principio de verdad material plasmado en el art. 134 del Código Procesal Civil (CPC), considerando la confesión espontánea de los demandados en el proceso civil y los elementos de prueba "...cursante a fs. 2 y 3, 26 a 29 vta., 115 a 120..." (sic);
- c)La incongruencia del antedicho Auto de Vista al disponer la revocatoria y señalar que el indicado contrato no tiene validez respecto a Carmen Portales Ávila y luego otorgarle valor (punto siete);
- d)La inobservancia del art. 157.III del CPC (punto nueve); y,
- e)La aplicación de la jurisprudencia ordinaria delineada por el , pese a que se reclamó la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de igualdad procesal.
Entonces, el vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia; agregando que, no existe suficiente fundamentación, al referirse a la figura contractual de la subrogación y sus clases para luego aplicar de manera contradictoria la figura de la expromisión al momento de resolver el litigio.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Los accionantes consideraron como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, citando al efecto los arts. 115, 116, 117 y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE), 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I.1.3. Petitorio
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