0794/2020-S1

Transcurrido el plazo determinado en el Auto 016/2020 de 10 de febrero (4 meses), solicitó nuevamente la cesación de su detención preventiva al amparo del art. 239.2 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173, argumentando que:

1. a)El art. 1 de dicha Ley 1173 estableció que uno de los objetivos es evitar el abuso de la detención preventiva; y por ello, la Disposición Transitoria Décimo Segunda de la indicada Ley, estableció que "...en las causas anteriores a su vigencia que se encuentren con detenidos preventivos, se debe fijar necesariamente un plazo razonable para la duración de la medida, extremo que ha tenido lugar a través del Auto 016/2020 de 10 de febrero, que ha determinado ampliar la detención preventiva por 4 meses más, es decir hasta el 07 de junio de 2020" (sic);
2. b)El art. 239.2 del CPP modificado por la Ley 1173 establece que una causal para que opere la cesación de la detención preventiva es el cumplimiento del plazo fijado para la misma, por lo que de la interpretación finalista y favorable de ese precepto legal, se puede establecer que el transcurso del tiempo genera efectos jurídicos, siendo el principal que ante el cumplimiento de plazo opera su cesación;
3. c)La ampliación de la detención preventiva fue realizada cuando la causa se encontraba en etapa de juicio oral, actuado con el cual se ha dado cumplimiento a la disposición transitoria décimo segunda de la Ley 1173, no existiendo a la fecha de la solicitud de cesación, pues para una nueva ampliación requiere del cumplimiento del último párrafo del art. 233 de la misma norma, es decir, cuando el caso sea complejo y cuando existan actos pendientes de investigación; y,
4. d)La Circular 06/2020 de 6 de abril, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia delimitó los criterios interpretativos en los casos de cesación a la detención preventiva y el control del plazo de duración de la misma.

Posteriormente, en virtud a lo expuesto, interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto 31/2020, alegando que:

1. 1)Se vulneró el derecho al debido proceso en su vertiente congruencia (interna y externa), toda vez que, se señaló que su solicitud de cesación se efectuó en mérito a lo establecido en el art. 239.2 del CPP modificado por la Ley 1173, no obstante, se manifestó que se deben desvirtuar los riesgos procesales que determinaron su detención preventiva y demostrar con nuevos elementos que ya no concurren los motivos que los fundaron; es decir, se tomó en cuenta el art. 239.1 del indicado cuerpo normativo modificado; asimismo, en la parte resolutiva se declaró infundada su solicitud manteniéndose incólume el Auto de 7 de junio de 2019 -en el que se dispuso la medida cautelar- olvidándose que el mismo fue modificado por el Auto 016/2020 de 10 de febrero, siendo posteriormente que en la vía de aclaración recién se refirió que este último Auto aludido se encontraba ejecutoriado;
2. 2)Se lesionó el derecho al debido proceso en su elemento de legalidad, por la errónea interpretación y aplicación del art. 239.2 del CPP, modificado por la Ley 1173 pues el Tribunal a quo alegó que por el paso del tiempo no se puede conceder la cesación de la detención preventiva, más aun encontrándose pendientes actuaciones investigativas a realizarse en el juicio oral y contradictorio; sin considerar que la causal de procedencia del indicado artículo es justamente "el paso del tiempo" pues ese transcurso de tiempo genera efectos jurídicos en la detención preventiva, haciendo viable la cesación cuando se cumpla el plazo establecido por la autoridad jurisdiccional;
3. 3)Se transgredió el principio de temporalidad de las medidas cautelares al mantenerse indefinidamente su detención preventiva, siendo que el referido principio debe ser contemplado no solamente cuando el proceso se encuentra en etapa investigativa sino también en juicio oral y contradictorio, por lo que, la detención preventiva necesariamente debe tener un plazo razonable y fijo de cumplimiento, por ello el art. 233 del CPP modificado por la Ley 1173 que a su vez fue modificado por la Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019 señaló que en etapa de juicio también se puede aplicar medidas cautelares debiendo aplicarse un plazo;
4. 4)Se conculcó el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, toda vez que, en el Auto 031/2020 -impugnado- si bien se manifestó que el plazo de cuatro meses de ampliación de la detención preventiva se paralizó por causas ajenas y que no se cumplieron las actuaciones investigativas pendientes como la pericia genética, tal argumento es totalmente insuficiente y escueto, pues el plazo suspendido por la cuarentena dispuesta por la pandemia no puede ser cargada al imputado y utilizado en su contra, debiendo aplicar lo establecido por el punto 5 de la Circular 06/2020 que estableció que "...todos los administradores de justicia a momento de resolver las peticiones relacionas con la vida, la salud pública y LIBERTAD de las personas, tomen en cuenta la aplicación de los criterios de interpretación progresivos, proporcionales, FAVORABLES, y reforzados..." (sic).

Luis Fernando Colque Chirinos, Fiscal de Materia en audiencia manifestó que:

1. i)El Auto de Vista 96/2020, se encuentra conforme lo establece el art. 124 del CPP; y, siendo que el delito que se investiga es violación agravada, cuyo resultado del mismo es un embarazo, por lo que, considerando la jurisprudencia nacional e internacional así como los tratados, se debe ser cuidadoso en el tratamiento de estos casos porque son considerados de lesa humanidad, consecuentemente, al existir una colisión de derecho y garantías deben primar los de la víctima más aun al tratarse de la agresión sexual a una menor de edad;
2. ii)El reclamo principal del recurso de apelación incidental planteado por el ahora accionante, emerge al no darse curso a la solicitud de cesación de la detención preventiva; y, ii) Respecto al art. 239.2 del CPP modificado por la Ley 1173, se hace mención que el plazo de la detención preventiva fue ampliado pues faltarían actuados investigativos por efectuar; por lo que, se solicitó se deniegue la tutela.

La Sala Constitucional Segunda del Departamento de Chuquisaca, mediante Resolución 023/2020 de 4 de julio, cursante de fs. 61 a 65, concedió la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)En relación a los cinco motivos del recurso de apelación incidental, se tiene que si bien es cierto que el ahora impetrante de tutela alegó como primer motivo la existencia de un indebido procesamiento -que lo reiteró en los demás motivos de apelación-; no obstante, el mismo está vinculado a diferentes institutos y partes del Auto 031/2020 emitido por el Tribunal a quo; por lo que, todos los aspectos impugnados debieron ser respondidos por la autoridad judicial ahora demandada, y no como ocurrió que de manera muy general se identifica los motivos recursivos sin precisarlos con claridad, y a partir de ello indicar que hay una conexitud entre todos los motivos planteados, además, no se invocó expresamente la norma aplicable, ni los supuestos que contienen, el sentido, el alcance de las mismas en un contexto de interpretación conforme a la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; así también no se explicitó las razones y los criterios expuestos por el Tribunal de primera instancia que resultan acordes al marco normativo y los principios que rigen las medidas cautelares;
2. b)El Vocal ahora demandado, está obligado a resolver de manera concreta las problemáticas planteadas, así en lo concerniente al cumplimiento del plazo de la detención preventiva, debió explicar jurídicamente el por qué ese cumplimiento no tiene ningún efecto y por qué se debe ampliar dicha medida sin límite de tiempo, más aun teniendo en cuenta que para entonces no existiría ninguna solicitud de ampliación por parte del Ministerio Público o por la víctima;
3. c)Se debió tomar en cuenta que cuando se cuestiona la incorrecta aplicación de la norma por parte del Tribunal en una resolución de medidas cautelares en las que por regla no opera la nulidad de obrados, le asiste el deber de corregir y de contemplar en su caso la fundamentación desplegada en el fallo recurrido, circunstancia en la cual se debió justificar en derecho la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad de la decisión de mantener la detención preventiva prescindiendo del plazo establecido, lo que no se advierte en el Auto de Vista 96/2020;
4. d)Si bien se señaló que existen actos pendientes que deben realizarse en el juicio oral y contradictorio y que no se efectuaron en etapa preparatoria, no se expresa de qué manera, para su cumplimiento resulta necesario que el procesado tenga que estar con detención preventiva y sea la única manera de evitar el riesgo de obstaculizar en la realización del actuado, y si ese sacrificio en el derecho a la libertad de manera indefinida, beneficia de sobremanera al proceso; y,
5. e)En lo concerniente al plazo de las medidas cautelares es importante señalar que si bien el art. 221 del CPP prevé las finalidades en general, sin embargo, la autoridad jurisdiccional en cada caso concreto establecerá como garantizará la no obstaculización de actuados en cualquiera de las etapas del proceso; debiendo tomarse en cuenta que la Ley 1173, incorporó como uno de los requisitos de la detención preventiva que se tenga que fijar un plazo el cual no puede ser considerado de carácter absoluto.

II.3. Por memorial de 8 de junio de 2020, Crisaldo Saigua Flores -ahora impetrante de tutela-, solicitó nuevamente cesación de la detención preventiva por cumplimiento de plazo (fs. 9 a 10 vta.); en merito a lo cual, previa audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, mediante Auto 031/2020 de 11 de junio, declararon infundado el incidente de cesación, quedando subsistente el Auto de 7 de junio de 2019, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)La defensa del imputado delimitó el marco de discusión del incidente de cesación de la detención preventiva, invocando el art. 239.2 del CPP modificado por la Ley 1173, manifestando que el plazo de cuatro meses de la detención preventiva se habría cumplido, además, conforme prevé el art. 250 del CPP, las medidas cautelares tienen carácter provisional, por lo que, pueden ser modificadas aun de oficio;
2. 2)El art. 221 del citado cuerpo legal, hace alusión a la finalidad que se debe alcanzar con su aplicación; no obstante, por el paso del tiempo no puede concederse una cesación de la detención preventiva, más aun si se encuentran pendientes actos investigativos a realizar directamente en el juicio oral y contradictorio como la pericia genética;
3. 3)Que si bien es cierto que el plazo de los cuatro meses impuestos se ha cumplido, en el caso de autos la víctima es una menor de edad quien tuvo un hijo producto de esas agresiones sexuales sufridas; por lo que, por lo previsto en el art. 60 de la CPE tiene una protección reforzada a fin de efectivizar el derecho de la menor; y,
4. 4)En la etapa de juicio oral y contradictorio, el tribunal no se encuentra vinculado al plazo de la detención preventiva; por lo que, el acusado para acogerse a una medida menos gravosa deberá desvirtuar los riesgos procesales que determinaron su detención preventiva y con nuevos elementos deberá demostrar que no concurren los motivos que la fundaron o tornen convenientes que sea sustituida por otra medida (fs. 11 a 14).