0794/2023-S1

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. De la revisión del Sistema Informático de este Tribunal, Eleazar Chiqueno Picaneray -ahora accionante-, interpuso una anterior acción de libertad contra Marianela Jimena Salazar Siles, Jueza de Instrucción Penal Cuarta del departamento de Santa Cruz, denunciando la lesión al debido proceso, en su elemento de seguridad jurídica, vinculados con sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la seguridad personal, a la vida, presunción de inocencia; toda vez que, tanto la imputación formal presentada por el Ministerio Público, el Auto Interlocutorio 181/2021 emitido por la Jueza de Instrucción Penal Octava disponiendo su detención preventiva y confirmada por el Tribunal de alzada, no se tomó en cuenta su condición de indígena Ayoreo y que por ende, correspondía cumplir con lo dispuesto en los arts. 10 y 391 del CPP, referentes a que correspondía nombrársele un intérprete, según sus usos costumbres. La acción de defensa fue resuelta por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del citado departamento, constituido en Tribunal de garantías, que por Resolución 17/2021 de 21 de octubre, denegó la tutela solicitada. Mediante SCP 1566/2022-S4 de 28 de noviembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada; en revisión, confirmó la Resolución 17/2021 de 21 de octubre, emitida por el Tribunal de garantías; y en consecuencia, denegó la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al fondo de la problemática planteada. Asimismo, en conclusiones II.1 de la referida SCP, detalla lo siguiente: Mediante Certificado de Trabajo de 7 de agosto de 2021, el Presidente de la Comunidad Ayorea Degüi del departamento de Santa Cruz, certificó que Eleazar Chiqueno Picaneray -ahora solicitante de tutela-, prestaría sus servicios como jardinero, en la Asociación de Residentes Ayoreos Degüi (ARAD), por más de dos años; asimismo, se tiene que por Declaración Voluntaria de Viviente de la Comunidad -no se establece la fecha-, el Presidente de la CANOB, declaró que el impetrante de tutela, sería Ayoreo y viviría en su comunidad, junto con sus padres... II.2. Se tiene en el Sistema Informático de este Tribunal, que el Eleazar Chiqueno Picaneray -ahora accionante-, interpuso una acción de amparo constitucional contra Walter Pérez Lora, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; Freddy Coronel Alacoma, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo; Marianela Jimena Salazar Siles, Jueza de Instrucción Penal Cuarta; Anay Añez Mendoza, Jueza de Instrucción Penal Octava, todos de la Capital del citado departamento; y, Gustavo Adolfo Bohorques Trujillo y Wilson Ortiz Bascope, Fiscales de Materia, en la que denuncia la lesión de sus derechos a la dignidad, a la libertad, a la "seguridad personal", al debido proceso y a la presunción de inocencia, así como al principio de seguridad jurídica; en razón a que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de homicidio, se determinó como medida cautelar su detención preventiva; sin embargo, todo el procedimiento aplicado en dicha causa penal adolece de defectos absolutos insubsanables, ya que tiene la condición de indígena ayoreo; consecuentemente en aplicación de los principios de pluriculturalidad y plurinacionalidad, de conformidad a lo previsto por el art. 391 del CPP, se debió nombrar un traductor y/o perito para que lo asista y oriente respecto al comportamiento de sus usos y procedimientos propios, además explique "al tribunal" la cultura jurídica Ayorea en contraposición a la cultura jurídica de la justicia ordinaria, extremo que fue obviado por las autoridades fiscales y jurisdiccionales encargadas de tramitar la causa -ahora accionadas-, a tal punto que la "Jueza de Instrucción Penal Octava" "vació" todos los requisitos para la detención preventiva, pretendiendo que acredite los presupuestos de trabajo, domicilio, etc., cuando los mismos son de imposible cumplimiento por su condición de indígena, que está bajo la tutela de sus padres y todavía dentro sus usos y procedimientos propios, decisión que fue recurrida de apelación, pero el Vocal ahora demandado confirmó la misma, generando con ello un riesgo a su vida ante la pandemia por COVID-19, por el hacinamiento y encierro sin guardar distancia física y si le pasa algo la "Fiscalía" y "la Juez", no responderán por su vida; asimismo, por los motivos expuestos presentó acción de libertad, que fue tramitada por el Tribunal de Sentencia Penal de la Capital del departamento de Santa Cruz, como Tribunal de garantías, cuyos miembros tampoco restablecieron sus derechos, indicando que no están facultados para ver ese tipo de anormalidades. La acción de defensa fue resuelta por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que por Resolución 208 de 3 de noviembre de 2021, concedió en parte la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 352 de 13 de septiembre del citado año, dictado por Walter Pérez Lora, Vocal de la Sala Penal Primera del indicado Tribunal, ordenando emita uno nuevo, conforme las razones expuestas en esta Resolución de garantías; y, denegó la tutela respecto a Freddy Coronel Alacoma, María Jimena Salazar Siles, Wilson Ortiz Bascopé y Anay Añez Mendoza. Mediante SCP 1247/2022-S3 de 26 de septiembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en revisión, revocó en parte la Resolución 208 de 3 de noviembre de 2021, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, denegó la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al fondo de la problemática planteada. II.3. Cursa Auto 13/2022 de 16 de febrero, emitido por Jesús Egüez Ayala y Lucio Condori Rodríguez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz -autoridades judiciales demandadas-, en el que disponen la apertura de juicio penal contra el hoy accionante, señalando audiencia pública para el 21 de marzo del 2022 (fs. 2). III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la dignidad, libertad debido proceso en su componente seguridad jurídica y presunción de inocencia; toda vez que, en el proceso penal que se sigue en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio, presentó apelación incidental contra el Auto 181/2021 de 8 de agosto de medidas cautelares emitido por la Jueza de Instrucción Penal Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, mismo que fue confirmado por el Juez de alzada; no obstante, en primera instancia el Fiscal asignado al caso, quien presentó la imputación formal no nombró un traductor ni perito para que pueda ser asistido, situación que no fue observada por la Jueza a pesar de tener conocimiento que es un ciudadano ayoreo que fue acreditado en audiencia de medidas cautelares. Asimismo, contra dichas irregularidades formuló acción de amparo constitucional, tutela que fue concedida; sin embargo, no fue cumplida por el Tribunal ad quem; al respecto, al encontrarse la causa radicada en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, no se necesita un traductor, sino un intérprete que hable samuco - ayoreo; por lo que, solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se ordene "...la reparación de los defectos legales-saneamiento procesal Art. 167° (PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD) NUMERAL VI, con relación al Art. 203° de la Constitución Política del Estado y otras, o en su defecto dar cumplimiento a la Sentencia emitida a mi favor, pidiendo que de una santa vez cese de la persecución indebida en mi contra y ordene mi LIBERTAD, por estar ilegalmente detenido" (sic). En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas:

1. 1)Sobre la identidad de objeto sujeto y causa: La cosa juzgada constitucional;
2. 2)El enfoque interseccional para el análisis de personas privadas de libertad pertenecientes a naciones y pueblos indígena originario campesinos;
3. 3)La interpretación intercultural de los hechos, del derecho, de los derechos fundamentales y sus dimensiones;
4. 4)La interpretación intercultural cuando uno o más miembros de una nación y pueblo indígena originario campesino se encuentran sometidos en un proceso penal;
5. 5)El derecho a la reparación en el ordenamiento jurídico boliviano y su alcance a la luz de las normas del bloque de constitucionalidad; y,
6. 6)Análisis del caso concreto. III.1. Sobre la identidad de objeto sujeto y causa: La cosa juzgada constitucional El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2019-S2 de 26 de marzo, desarrolló el siguiente entendimiento: La jurisprudencia constitucional entiende que la cosa juzgada constitucional, comprende dos aspectos:
7. i)Situaciones fácticas idénticas ya juzgadas; y,
8. ii)La imposibilidad de interposición de recurso ordinario o extraordinario contra cualquier resolución constitucional, sea Sentencia, Auto o Declaración Constitucional Plurinacional. La SCP 0038/2012 de 26 de marzo1, emitida en una acción de libertad, establece que la activación de una anterior acción tutelar con identidad de objeto, sujeto y causa que tenga calidad de cosa juzgada es una causal para la denegatoria de la acción de libertad, salvo que el Tribunal Constitucional Plurinacional no hubiese ingresado al análisis de fondo de la problemática, Sentencia que confirmó el precedente contenido en la SC 183/00-R de 1 de marzo. Por su parte, la SCP 0564/2014 de 10 de marzo2, en el marco de lo previsto en el art. 203 de la CPE, que señala que contra las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional no cabe recurso ordinario ulterior alguno; explica que ningún juez, jueza, tribunal o autoridad e inclusive el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, puede revisar lo resuelto en una anterior resolución constitucional plurinacional, si es que ésta tiene cosa juzgada constitucional; es decir, si se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada en dicha acción de defensa. En el mismo sentido, cabe señalar que el art. 29.7 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece que: "No serán admitidas Acciones de Defensa en los casos en los que exista cosa juzgada constitucional". III.2. El enfoque interseccional para el análisis de personas privadas de libertad pertenecientes a naciones y pueblos indígena originario campesinos (NPIOC) El enfoque interseccional se constituye en una herramienta útil para analizar la vulneración de los derechos, en especial de la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan e influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad, que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación. El enfoque interseccional, se está incorporando de manera gradual, permitiendo superar un análisis unidimensional, para introducir una interpretación múltiple de la discriminación y las interacciones entre los factores o categorías de discriminación, que se está materializando a través de informes de las instancias de seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los instrumentos3, tanto en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), como en los Sistemas Regionales. El Tribunal Constitucional Plurinacional, como máximo garante de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, desarrolló de manera enriquecedora el enfoque interseccional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0010/2018-S2 de 28 de febrero y 0394/2018-S2 de 3 de agosto; sobre cuya base, analizó la situación de los adultos mayores y de las niñas y adolescentes mujeres, víctimas de violencia; sin embargo, este enfoque también se aplica a diferentes categorías de discriminación intersectorial, donde la interacción y concurrencia de estas categorías, producen una forma particular y específica de discriminación. En este marco, el enfoque interseccional con relación a los miembros de naciones y pueblos indígena originario campesinos (NPIOC) privados de libertad, analiza estos dos factores de discriminación y sus interacciones, entendiendo que los derechos deben conectarse permanentemente con la finalidad de identificar y contrarrestar las situaciones concurrentes de vulnerabilidad y sistemas de opresión respecto a algunas colectividades y personas. Este análisis además, permite que a través de la justicia, se generen respuestas a situaciones de discriminación y segregación estructural, otorgando una respuesta transformadora y reparadora. En el ámbito del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, existen normas específicas vinculadas a las personas privadas de libertad, que provienen de NPIOC. Una de las más importantes es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, cuyo art. 8.1 establece: "Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario". Dicha norma, se vincula con el art. 10 del mismo Convenio, que expresamente señala: 1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. Conforme a lo anotado, estas normas establecen criterios que tienden a transformar y reparar la situación de los miembros de pueblos indígenas privados de libertad, que se encuentran sometidos a normas de un sistema jurídico ajeno y de sanciones o medidas cautelares que les son ajenas, y que al ser aplicadas, generan mayor vulnerabilidad y no respetan la diversidad ni el pluralismo jurídico. En el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, cabe mencionar a los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas4, cuyo Principio III, señala: Principio III Libertad personal 1. Principio básico (...) Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de los pueblos indígenas, deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento conforme a la justicia consuetudinaria y en consonancia con la legislación vigente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)5, destacó la necesidad que la administración de justicia adopte una perspectiva interseccional, tratándose de personas pertenecientes a NPIOC, señalando que los Estados tienen la obligación de: ...a través de la administración de la justicia, incorporen las necesidades específicas de las mujeres indígenas en sus actuaciones, respetando su identidad cultural, etnia, su lengua, e idiosincrasia, incluso creando sistemas y métodos de peritaje cultural en casos de violencia. En general, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, tanto a nivel normativo como jurisprudencial, estableció que los miembros de los pueblos indígenas, tienen derecho irrestricto a que se respete su integridad personal, aun cuando se encuentren privados de libertad6; a evitar que se instauren procesos que desconozcan su cultura e identidad y sobre todo impedir que se les discrimine7; y de manera concreta, se establece que para garantizar el acceso a la justicia de los miembros de comunidades indígenas, los Estados deben adoptar medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, sus valores, usos y costumbres8. En el ámbito interno, también existen normas, así como jurisprudencia constitucional específica, para el análisis interseccional de la situación de personas privadas de libertad pertenecientes a NPIOC, que serán analizados a detalle en el punto referido a la: La interpretación intercultural cuando uno o más miembros de una nación y pueblo indígena originario campesino se encuentran sometidos en un proceso penal. III.3. La interpretación intercultural de los hechos, del derecho, de los derechos fundamentales y sus dimensiones

1. a)Flexibilizar los requisitos formales, cuando estos impidan un real acceso a la justicia; y en el ámbito constitucional, la reconducción procesal de acciones, que se constituye en un deber, tratándose de NPIOC9;

1. b)Considerar el principio de respeto a los derechos humanos y los criterios constitucionalizados para su interpretación, con el entendido que los derechos de las NPIOC son humanos en su dimensión colectiva, y por ende, en el marco de la igualdad jerárquica de derechos contenida en el art. 13.III de la CPE, gozan de los criterios de interpretación contenidos en la Norma Suprema, como los de favorabilidad conforme a señalado en los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, el de progresividad y la directa justiciabilidad de los derechos humanos10; y,

1. c)La interpretación plural o intercultural del derecho, cuando en un proceso judicial o administrativo intervienen NPIOC, en el marco de sus características, principios, valores y cosmovisión; dando efectividad a lo previsto por el art. 8.1 del Convenio 169 de la OIT; y, conforme concluyó la referida SCP 0487/2014, la justicia constitucional y las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial, están obligadas a interpretar el derecho a partir del propio contexto de la NPIOC correspondiente.

En el marco de lo señalado por la citada SCP 0487/2014, la interpretación plural o intercultural del derecho, puede ser comprendida en dos dimensiones:

1. a)Cuando uno o más miembros de las NPIOC intervienen en un proceso del sistema ordinario o agroambiental; y,
2. b)Cuando se alegue lesión a derechos individuales al interior de la jurisdicción indígena originaria campesina (JIOC).

1. 1)El fiscal durante la etapa preparatoria y el juez o tribunal durante el juicio serán asistidos por un perito especializado en cuestiones indígenas; el mismo que podrá participar en el debate, y,

1. 2)Antes de dictarse sentencia, el perito elaborará un dictamen que permita conocer con mayor profundidad los patrones de comportamiento referenciales del imputado a los efectos de fundamentar, atenuar o extinguir su responsabilidad penal; este dictamen deberá ser sustentado oralmente en el debate (las negrillas son nuestras).

Sobre la base normativa y jurisprudencial analizadas, tanto el Ministerio Público como las autoridades judiciales dentro de los procesos penales, en los casos en los que la persona imputada pertenezca a una NPIOC, están obligados a:

1. 1)Comunicar a la máxima autoridad de su comunidad o a su representante, respecto al proceso penal seguido contra el miembro de la NPIOC;
2. 2)El Ministerio Público y la autoridad judicial deben ser asistidos por un perito especializado en cuestiones indígenas, o en su defecto, por una autoridad o exautoridad de la NPIOC;
3. 3)El Ministerio Público y las autoridades judiciales deberán interpretar interculturalmente los hechos y el derecho, con la ayuda del perito especializado o de las autoridades o exautoridades de la NPIOC;
4. 4)La imposición de las sanciones penales a miembros de los pueblos indígenas, debe tener en cuenta sus características económicas y culturales, dando preferencia a tipos de sanción distintos al encarcelamiento; y,
5. 5)Para la ejecución de la condena se considerará la opinión de la autoridad originaria de la NPIOC correspondiente, con el objeto que la ejecución de la condena, cumpla con la finalidad de la pena y se respete la identidad cultural del condenado.

1. a)La restitución; esta medida resulta ser la que debería devolver a la víctima a una situación idéntica a la que se encontraba antes de sufrir alguna vulneración a sus derechos12;
2. b)La indemnización; esta medida de reparación es una de las más comunes utilizadas por la Corte IDH, se refiere a una compensación económica tanto por los daños materiales como por los inmateriales que haya sufrido la víctima, como consecuencia de la vulneración de un derecho humano13;
3. c)La rehabilitación; en casos en los que la Corte IDH aplica esta medida de reparación, señala que: "...es preciso disponer una medida de reparación que brinde una atención adecuada a los padecimientos físicos y psicológicos sufridos por las víctimas de las violaciones establecidas en la presente Sentencia..."14; por ende, las medidas de reparación serán destinadas a los daños inmateriales, principalmente a los morales y físicos que vaya a sufrir la víctima como consecuencia de las violaciones a sus derechos humanos;
4. d)La satisfacción; esta medida tiende a generar en la víctima un sentimiento de reconocimiento positivo como consecuencia de los daños que pudiere haber sufrido por la violación de sus derechos humanos. Al respecto, Martín Beristaín señala: "Las medidas de satisfacción se refieren a la verificación de los hechos, conocimiento público de la verdad y actos de desagravio; las sanciones contra perpetradores; la conmemoración y tributo a las víctimas"15. En resumen, estas medidas corresponden principalmente a actos, por parte del Estado responsable, de desagravio de los daños, tanto morales como al proyecto de vida, ocasionados a consecuencia de una violación de derechos humanos; y,
5. e)La garantía de no repetición; esta medida, principalmente, está dirigida a mitigar los daños colectivos. Así por ejemplo, con la tipificación de algún delito, se genera en toda la sociedad, de alguna manera, un sentimiento de confianza hacia el Estado, en el sentido de tener cierta seguridad que no se repetirán circunstancias que originen violaciones de derechos humanos.

Así, se constata que la Corte IDH, ordenó una vasta diversidad de medidas para garantizar la no repetición de vulneración de derechos fundamentales, que se pueden dividir en dos grandes grupos:

1. i)Medidas de capacitación, formación o educación en materia de derechos humanos, para funcionarios públicos y otros grupos; y,
2. ii)La adopción de medidas en derecho interno.