0796/2020-S1

El impetrante de tutela a través de su abogado y representante sin mandato, ratificó el tenor integro de su acción de libertad y ampliando, señaló que:

1. a)En primera instancia la referida acción tutelar fue presentada vía buzón judicial y recién "hoy" faltando una hora, le notificaron con el Auto y señalamiento respectivo de esta audiencia, por lo que se vio obligado a venir personalmente y presentar la prueba, al efecto pide que se considere en la resolución que en derecho corresponda;
2. b)Llamó la atención el informe de la Jueza demandada, porque es su segundo memorial de cesación a la detención preventiva, siendo que anteriormente presentaron otro escrito, el cual hasta la interposición de la presente acción tutelar no se tuvo conocimiento de algún decreto, pero por lealtad procesal debe señalar que ante esta última solicitud se fijó audiencia para el 19 de abril de 2020;
3. c)A pesar de que todos los sujetos procesales se encontraban en audiencia, no existía razón para suspender el acto procesal, empero una de las causídicas indicó que el "Dr. Leon" también era apoderado de una de las víctimas, quien además no se había notificado, siendo que consta en antecedentes como ser el audio y video presentados, el mismo se encontraba en la sala virtual;
4. d)El Presidente del Tribunal de manera maliciosa haciendo referencia a la Circular "12/2020" de 8 de abril -siendo lo correcto 12/2020 -SP-TDJLP-, indicó que no se puede desarrollar la audiencia, porque no se habría notificado personalmente a las supuestas víctimas, no obstante que la norma adjetiva penal refiere a quienes, como y donde se tiene que notificar, además para interponer la presente acción tutelar, tuvo que acudir al Tribunal Supremo de Justicia para informarse sobre los alcances de dicha Circular, el cual hasta la fecha solo habría la Circular 11/2020 y no así la Circular 12/2020 -SP-TDJLP, que fue la base fáctica jurídica para la "anormal suspensión" de la audiencia;
5. e)Ante la irregular suspensión del actuado, pidió a la autoridad judicial que se desarrolle la audiencia, porque estaban todos los sujetos procesales, y en caso de suspenderla se programe nuevo día y hora de audiencia, y para el efecto las partes proporcionen sus números de celular y correo electrónico, máxime si dos de las presuntas víctimas se encuentran en EE.UU., empero pese a ello, el Juez Presidente no tomó en cuenta su solicitud, sino simplemente dio un plazo de veinticuatro horas para proporcionar los datos de los correos electrónicos y números de celular;
6. f)Al día de "hoy" 30 de abril de 2020, se advierte que transcurrieron once días desde la suspensión sin que haya un nuevo señalamiento de audiencia para considerar su solicitud de cesación a la detención preventiva, al respecto debió tomarse en cuenta las modificaciones que hizo la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- que entró en vigencia el 4 de noviembre de referido año, que en su art. 113.II señala que el juez o tribunal en ningún caso puede suspender las audiencias, pero ante la imposibilidad de llevar a cabo dicho actuado por causa de fuerza mayor o caso fortuito se puede señalar audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, debiendo habilitarse para ello incluso horas inhábiles;
7. g)Toda la normativa incluida el art. 239 del CPP fue vulnerada por las tres autoridades, siendo que de por medio está el derecho a la libertad de locomoción, la salud y la vida, porque su solicitud de cesación a la detención preventiva se basó en el art. 239. 1 y 5 del CPP, al respecto debe tomarse en cuenta la línea jurisprudencial relativa a las acciones de libertad de pronto despacho tal el caso de la SCP 0994/2016-S2 de 7 de octubre, que habla de la nueva tipología de las acciones de libertad;
8. h)Si bien se ha suspendido maliciosamente la audiencia sin que exista un motivo justificado, se tenía la obligación de señalar nuevo día y hora de audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas, al respecto la SCP 0078/2010-R de 3 de mayo, de igual forma habla sobre las sub reglas de la acción de libertad y una de ellas refiere que procede cuando las audiencias se suspenden de manera injustificada tal como sucedió en el caso de autos;
9. i)Se escuchó con atención el informe de la Jueza demandada, empero llamó la atención que no se cumplió los plazos procesales, siendo que esta acción tutelar es la segunda, ya que anteriormente se dictó un fallo en su favor, pero lamentablemente se tiene el mismo discurso, porque unos hablan de un juicio oral sobre el cual nunca se negó la existencia de una sentencia de primera instancia, pero la misma será objeto de recurso de apelación;
10. j)Mientras tanto no exista un fallo firme, no pueden lavarse la boca indicando que hay una sentencia, siendo que tienen quince días para impugnar la resolución de primera instancia, no obstante de ello siguen utilizando y señalando que las víctimas son sus hijas, aspecto que atentó contra el principio de presunción de inocencia, ya que lo ven como si fuera el culpable;
11. k)El informe señala que no existe discriminación, siendo que en el proceso ocurrieron irregularidades, porque en una anterior acción de libertad incluso se dispuso se emita mandamiento de libertad, es decir, se guarde arresto domiciliario, pero llamó la atención que las autoridades demandadas de mala fe hayan referido que su persona interpuso cesación a la detención preventiva el 17 de abril de 2020, que fue resuelta el 19 de igual mes y año, es decir, que haya decidido presentar una nueva solicitud consintiendo los alcances de la resolución emitida, al respecto iniciará la acción que en derecho corresponda;
12. l)Las circulares en ninguno de sus parámetros señala que las supuestas víctimas sean notificadas de forma personal máxime si se notificaron a sus abogados los cuales también fungen como apoderados en el juicio oral, por lo que están demostrando con pruebas sobre la mala actuación de las autoridades demandadas, al respecto cabe hacer notar que en una anterior acción de libertad el Juez José Luis Quiroga Flores indicó que estaban muy molestos con su abogado por haber planteado esa acción de defensa, siendo que lo único que piden es que su actuar se adecue a procedimiento;
13. m)Al respecto, ofrece como prueba un CD en la cual precisamente se encuentra la grabación de audio y video de la anómala suspensión de audiencia de 19 de referido mes y año, aspecto que solicitó pueda considerarse, porque incluso reclamó de que no se tiene que acudir a ninguna formalidad por estar atravesando una pandemia;
14. n)Se tiene que dar cumplimiento a lo que ya se ordenó por una "Sala Constitucional" similar "al de ustedes" por el derecho a la salud; además iniciará una acción penal contra el Secretario del Tribunal de Sentencia por haber dado un informe que justamente no fue completamente verídico, siendo que se notificó a todas las partes del proceso; y, ñ) Se planteó la presente acción de libertad de pronto despacho a objeto de que las autoridades determinen su situación jurídica, en cumplimiento de la solicitud de cesación a la detención preventiva, "...pero más allá de ello que justamente a lo que es el derecho a la salud y a la vida..." (sic).

Ante la interrogante de los Vocales de la Sala Constitucional Tercera, aclaró que:

1. 1)La primera acción de libertad fue resuelto en la Sala Constitucional Primera referente a los derechos a la salud y la vida, la misma que fue dado curso mientras dure la pandemia;
2. 2)Entre tanto, la presente acción tutelar de pronto despacho, es para que la autoridad jurisdiccional señale dentro de los plazos previstos por ley la audiencia de cesación a la detención preventiva; y,
3. 3)La audiencia de 19 de abril del 2020 fue instalado por las autoridades demandadas, empero la misma fue suspendida, sin que hasta el día de "hoy" se haya señalado nueva audiencia.

Iván Elmer Perales Fonseca, Presidente del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe prestado en audiencia, señaló que:

1. i)La Oficina Gestora de Procesos informó que no pudo dar cumplimiento a las notificaciones de las víctimas por lo que el Secretario dio lectura a dicho informe; al respecto el accionante no puede resaltar cosas a su favor y omitir otras, puesto que si se revisa el video de la audiencia de 19 de abril de 2020 el nombrado de forma clara expresó y aceptó que una de las víctimas había participado de forma personal en el juicio y que era evidente para "él la participación" dado que estaba representada por su hermana mayor;
2. ii)El peticionante de tutela indica que el "Dr. Leon" seria su apoderado de la supuesta víctima, siendo que el citado abogado nunca se apersonó, menos existe un memorial en la cual se señale el domicilio procesal del nombrado, posiblemente de su hermana, por cuanto la audiencia no fue normal sino virtual, al respecto no leyeron las circulares del Tribunal Supremo de Justicia que señala que, se debe procurar respetar los derechos de las partes, siendo necesario por lo tanto la notificación a las víctimas sea vía WhatsApp o correo personal;
3. iii)Tal como señaló la Jueza Patricia Mabel Aguilar Aguilar, ninguno de los imputados presentó recurso de reposición a objeto de que se verifique el entendimiento de suspensión de la audiencia, sino que únicamente se limitaron a pedir nuevo día y hora de audiencia, en la cual se indicó que al no haber domicilio no se iba a llevar el actuado por falta de notificaciones, decisión que no fue impugnada;
4. iv)Conforme a las fotografías de la carta "CITE 065/2020" dirigida a Alan García, Juez del Tribunal Anticorrupción y Silvia Portugal, Vocal de la Sala Penal Primera, no es una resolución sino un oficio, que deduce el por tanto de una acción de libertad que señala se disponga la medida sustitutiva a la detención preventiva;
5. v)Seguramente los Vocales constitucionales habrán encontrado la manera legal o jurisprudencial de que un Tribunal de garantías disponga "directamente reposición de un imputado", aspecto que esperamos se pronuncie tal como ocurrió en el caso "Montenegro", ante dicha decisión preguntaron el porqué de la notificación, siendo que nunca fueron demandados, no conocieron dicha acción tutelar porque la referida nota estaba dirigida a Alan García y Silvia Portugal;
6. vi)El Tribunal de Sentencia Penal envió a la "Sala Constitucional" un memorial de complementación a objeto de que aclare porque estaba disponiendo un mandamiento de libertad de manera inmediata y si debían emitir las medidas sustitutivas a la detención preventiva de forma directa, o previa audiencia;
7. vii)La resolución constitucional que se hubiera emitido en diciembre de 2019, da a entender que es contra Alan Garcia porque se le negó la cesación a la detención preventiva, una vez recurrida en apelación fue denegada y confirmada por el Tribunal de alzada, por lo que después de cuatro meses -17 de abril de 2019- se vuelve a solicitar la cesación a la detención preventiva "...ahora de forma dual dejó entender están buscando que su sala conceda la tutela..." (sic);
8. viii)Existe otra disposición que está pendiente de resolución, aspecto que es incongruente y contradictorio, maliciosa, dolosa y contra la lealtad procesal, por cuanto, una vez logrado la concesión de la tutela y se logre la medida sustitutiva a la detención preventiva, si se diera el caso de la concesión de la tutela y disponga una audiencia de cesación a la detención preventiva, ¿cuál sería el efecto de la resolución Constitucional dictada por la Sala Constitucional Primera, se la dejaría sin efecto o tendrían que estar limitados al razonamiento de la referida Sala? siendo que no les remitieron ningún tipo de actuado;
9. ix)Existen hechos evidentes, porque si el impetrante de tutela consideraba que la decisión del Tribunal a quo estaba equivocada, errónea, maliciosa o no está cumpliendo, debieron haber presentado el recurso de reposición, de esta forma con el voto de los jueces se habría decidido confirmar la suspensión de la audiencia o llevar a cabo la audiencia cumpliendo además la notificación a las víctimas;
10. x)De la lectura de la referida se puede notar que este Tribunal no puede directamente dar por entendido la forma o modo que la Sala conveniente debe llevar a cabo siendo que la acción tutelar no fue contra "nosotros" sino contra otro, por lo que no hubo ninguna conculcación de derechos porque la audiencia se suspendió con una causal clara y expresamente señalada en la ley por no haberse notificado a la víctima tal como indica la "gestora" y el Secretario; y,
11. xi)Si les van a procesar, pues están en su derecho, pero también contestaran conforme establece la ley, ya que tienen los antecedentes, los informes de la gestora y del Secretario, porque del audio de la audiencia se puede ver como los abogados reconocen que Ashly Heredia no estaba notificada aunque dijeron que el "Dr. Leon" era su apoderado, empero no existe un poder de representación, solicitando al efecto se deniegue la tutela.

Patricia Mabel Aguilar Aguilar, Jueza del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 14 a 15, manifestó que:

1. a)En el referido Tribunal se sustanció el juicio oral público y contradictorio seguido por el Ministerio Publico y acusación particular contra Ricardo Pascual Heredia Rodríguez por la supuesta comisión de delitos contra la libertad sexual de tres mujeres (entre ellas las hijas del nombrado), cuyo proceso estaba a cargo bajo la Presidencia de Iván Elmer Perales Fonseca;
2. b)El 14 de febrero de 2020 por Sentencia 16/2020 se declaró autor y culpable al ahora accionante por la supuesta comisión del delito de "acoso sexual y violación";
3. c)Luego de la solicitud correspondiente, se fijó audiencia de consideración de solicitud de cesación a la detención preventiva para el 19 de abril de igual año;
4. d)Iván Elmer Perales Fonseca en su calidad de Juez Presidente dispuso que por Secretaria se informe sobre las diligencias de notificación, por lo que el Secretario del Tribunal informó que no se cumplieron con las formalidades de ley, razón por la cual dispuso la suspensión de la audiencia y que se proporcionen a la Oficina Gestora de Procesos los datos de las víctimas a efectos de su notificación;
5. e)Posteriormente, la defensa técnica del peticionante de tutela hizo uso de la palabra, empero no interpuso el recurso procesal correspondiente (recurso de reposición) para impugnar la providencia emitida por el Juez Presidente, es decir jamás pidió que la decisión sea revocada o modificada, sino que demostró aquiescencia con la suspensión de la audiencia con los términos expresados por la autoridad judicial; y,
6. f)Como se puede evidenciar, este Tribunal no conculcó ningún derecho del impetrante de tutela, haciéndose notar que todos los procesos radicados son considerados por igual sin preferencia ni discriminación, es decir, se actuó con imparcialidad e independencia, razón por la cual corresponde denegar la tutela impetrada, ya que con carácter previo a inteponer la presente acción el nombrado debió agotar la subsidiariedad.

José Luis Quiroga Flores, Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe prestado en audiencia, señaló que:

1. 1)Invoca la estricta observancia de la SCP 1040/2019-S2 de 27 de noviembre, respecto a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad que rememoró la "SC 8/2010²" siendo que la parte accionante en ningún momento activó el recurso de reposición consagrado en el art. 401 del CPP, ni siquiera solicitó la revisión de la decisión asumida por Presidencia para que de esta forma se pueda revocar la decisión y continuar con la sustanciación del juicio;
2. 2)Asimismo la SCP 0810/2019-S4 de 12 de septiembre, establece un razonamiento respecto a los actos consentidos el cual debe ser de libre voluntad, no existiendo causa para dar curso a la tutela cuando se advierte este supuesto en los hechos denunciados, por cuanto este Tribunal no puede estar a disposición de la indeterminación o ambivalencia de ninguna persona, porque ello provocaría una incertidumbre en los actos jurídicos, el cual conforme al ordenamiento jurídico sustantivo como norma procesal tiene sus efectos inmediatos;
3. 3)Durante el periodo de la cuarentena después del acto cuestionado -19 de abril de 2020- se habría celebrado otro recuso heroico ante la Sala Constitucional Primera a cargo de la Vocal Miriam Aguilar e Israel Campero, quienes habrían concedido la tutela, cuya finalidad y objeto realizar un acto que quede pendiente, dar celeridad eficacia a un acto pendiente y en estos casos;
4. 4)Asimismo, existe Sentencia Constitucional que refiere la imposibilidad de que a través de otro recurso impugnado, cuestionar decisiones de autoridades, personas particulares o autoridades públicas de concederse la tutela según sea el caso puede generar una disfunción, es decir, que se emitirían dos o varios fallos contradictorios dictados por las Salas Constitucionales que forman parte del distrito judicial de La Paz;
5. 5)La acción de pronto despacho tiene por objeto dar celeridad a actos que estén pendientes, motivo por el cual se debe denegar la tutela por los argumentos ya vertidos y esgrimidos, motivos por los cuales solicitó el rechazo in limine de esta solicitud por no haber observado el principio de subsidiariedad además de la concurrencia de actos consentidos; y,
6. 6)Existía además en ese momento una circular que restringía y prohibía llevar a cabo audiencias en casos en los que no entra en el catálogo de tres vertientes, que son mayores de sesenta años, mujeres embarazadas o personas con enfermedad terminal.

Ante las interrogantes del Vocal Rene Oscar Delgado Ecos, señaló que:

1. i)El 19 de abril de 2020 se llevó a cabo una audiencia en la cual el abogado "Alanes" del ahora peticionante de tutela reconoció que había participado de forma personal la víctima Ashly Heredia y que evidentemente no se había notificado la misma; y,
2. ii)El citado abogado dio lectura a un memorial de complementación y enmienda presentado a la "Sala Constitucional" para que la misma aclare y señale el modo de cumplimiento de su disposición, el cual es un oficio que ha remitido, que decía únicamente se disponga la medida sustitutiva a la detención preventiva sin aclarar que era un mandamiento de libertad, previo a una resolución de escritorio o una audiencia de cesación con las víctimas, el Ministerio Publico, la "Defensoría", eso es lo que ha señalado el 19 de referido mes y año el informe de la Gestora de Procesos y el informe del Secretario, y se dispuso la suspensión de la audiencia, eso es lo que se ha señalado.

La Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, mediante Resolución 048/2019 de 30 de abril, cursante de fs. 36 a 39, concedió la tutela impetrada, por lo que dispuso que las autoridades demandadas fijen nueva audiencia de cesación a la detención preventiva dentro del plazo previsto en el art. "239 parr. Segundo" del CPP, con los siguientes fundamentos:

1. a)El impetrante de tutela refirió que la audiencia no podía llevarse a cabo en virtud de las Circulares 11/2020 y 12/200 dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia y el Protocolo de Actuación del Órgano Judicial, situación ésta que no es evidente porque los abogados de las víctimas se encontraban presentes en la sala virtual, además ninguno de dichos instrumentos faculta a la autoridad jurisdiccional suspender la audiencia;
2. b)Asimismo, manifestó que en el momento en el cual se estaba decidiendo la suspensión de la audiencia, solicitó un nuevo señalamiento, sin embargo las autoridades ahora demandadas no dieron curso a dicha solicitud sino más bien otorgaron a los abogados el plazo de veinticuatro horas para que señalen las direcciones electrónicas y/o números de celular;
3. c)De los antecedentes de la acción de libertad así como los informes prestados, se advierte que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante por la presunta comisión del delito de acoso sexual y violación, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de La Paz, dictó sentencia condenatoria contra el nombrado;
4. d)Sin embargo, tomando en cuenta que el referido fallo no se encuentra ejecutoriada, el imputado -ahora peticionante de tutela- solicitó la cesación a la detención preventiva, motivo por el cual el citado Tribunal fijó audiencia para el 19 de abril de 2020, en la cual previo informe del Secretario decidió suspender dicho actuado, indicando que las víctimas no se encontraban legamente notificados a pesar que sus abogados estaban presentes en una sala virtual;
5. e)Se indicó que las Circulares 11/2020 y 12/2020 -SP-TDJLP y el Protocolo de actuación del Órgano Judicial impedirían a los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia realizar audiencias de cesación a la detención preventiva de personas privadas de libertad que no se encuentran comprendidas en dichas circulares debido al estado de emergencia sanitaria de pandemia del Coronavirus, al respecto dichas circulares si bien no precisan con relación a todos los privados de libertad, sino exclusivamente solo a los comprendidos en tres categorías (imputado adulto mayor, con enfermedad terminal o crónica y mujeres embarazadas o que tengan a su cuidado menores de edad) empero, no se debe perder de vista que en estados de excepción (amenaza de pandemia del Coronavirus) de ninguna manera pueden suspenderse los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, mucho menos cuando una persona se encuentra privada de libertad personal;
6. f)En el caso concreto, las autoridades demandadas al momento de suspender la audiencia por falta de notificación a las víctimas, tenían la obligación de oficio señalar nuevo día y hora de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva sin esperar que se interponga el recurso de reposición, tal como afirman las mencionadas autoridades;
7. g)La suspensión de la audiencia de cesación a la detención preventiva, se debe precisamente por la falta de notificación que debió realizar el funcionario encargado, es decir, que el incumplimiento de deberes u obligaciones del personal de apoyo jurisdiccional de ninguna manera se puede atribuir al solicitante de tutela que se encuentra privado de libertad, más aun si en este momento nos encontramos en un estado de emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia del Coronavirus;
8. h)Al no haberse efectuado un nuevo señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, se lesionó el derecho a la justicia y la garantía del debido proceso en su vertiente de una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas; e,
9. i)Con relación al reclamo de que el impetrante de tutela en el mismo proceso hubiera interpuesto otra acción de libertad contra Alan García, Juez del Tribunal Anticorrupción y Silvia Portugal, Vocal de la Sala Penal Primera, sobre ese argumento no se presentó ningún documento o elemento de prueba que acredite ese extremo.