Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0798/2019-S1 Sucre, 4 de Septiembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 28330-2019-57-AAC Departamento: Beni
En revisión la Resolución 009/2019 de 20 de marzo, cursante de fs. 435 a 446, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lidio Rivarola Antelo en representación de Fernando Barba Bello contra Edwin Aguayo Arando y Olvis Egüez Oliva, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 27 de febrero de 2019, cursante de fs. 322 a 334, el accionante a través de su representante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Luego de dictarse la Sentencia de 9/2010 de 5 de junio -dentro del proceso penal seguido en su contra por el supuesto delito de giro defectuoso de cheque-, se presentó apelación restringida, emitiéndose Auto de Vista de 6 de noviembre de 2017, que después de siete años declaró su improcedencia, decisión contra la cual formuló recurso de casación, para finalmente pronunciarse el , que resuelve por la inadmisibilidad del mismo.
Primera vulneración, Señala que desde el inicio del proceso existieron vicios de nulidad absoluta, que no fueron considerados por el Tribunal de alzada, pues en la apelación restringida se denunció la nulidad, -por- vulneración de derechos emergente de la notificación con la querella, al no haber sido notificado personalmente o por cédula, sino por edictos, afectando sus derechos al debido proceso y a la defensa, pues por su condición de ganadero difícilmente tiene acceso a información de prensa; situación que fue reclamada por medio de un incidente que fue rechazado, apelando -incidentalmente- esta determinación conjuntamente el recurso de apelación restringida.
Este defecto absoluto no susceptible de convalidación, fue denunciado en el recurso de casación, señalando los Magistrados demandados que no correspondía a la competencia casacional, por emerger de un recurso incidental, negando la posibilidad de examinar si concurre o no ese defecto, y sin pronunciarse porque se rechazó su denuncia en ese sentido; es decir, no sobre si es o no una cuestión incidental, sino que debió pronunciarse sobre la admisibilidad de su recurso, fundamentando porque no considera pertinente analizar ese defecto; situación que constituye inobservancia a las reglas de los principios pro homine y pro actione, vinculados al debido proceso, y constituye una incongruencia omisiva.
Segunda vulneración, en su recurso de casación dio cumplimiento a los requisitos de admisibilidad -por vía de la flexibilización-, al invocar y desarrollar el defecto absoluto en que fundó su primer motivo casacional, señalando el precedente contradictorio y efectuando una relación respecto a la contradicción entre el Auto de Vista impugnado con el precedente; es así que denunció la nulidad de dicho fallo al no haberse pronunciado sobre los puntos impugnados, incurriendo en falta de motivación, lo que también constituye un defecto absoluto; así también, se señalaron los agravios expuestos en el recurso de apelación restringida y respecto a los cuales se hace una mera relación; explicando la omisión en la que incurrieron los Vocales al no fundamentar ni motivar su fallo; aspectos sobre los que las autoridades, ahora demandadas, a tiempo de resolver la admisibilidad del recurso de casación, omitieron analizar su contenido, minimizando su alcance, señalando que esos reclamos simplemente se tratan de cuestiones incidentales, siendo que ellos reconocen que la denuncia es por la existencia de defectos absolutos, tópico sobre el cual omiten pronunciarse, emitiendo una consideración final sin ningún tipo de fundamento legal propio, que demuestra que no se consideraron los agravios expuestos relativos en su generalidad a defectos absolutos, analizando únicamente el que posiblemente no estaría fundamentado omitiendo pronunciarse sobre los demás incurriendo en incongruencia omisiva.
Además, se citó precedentes contradictorios pero inexplicablemente se impidió que se materialice la justicia a su favor; se observó los presupuestos de flexibilización de los requisitos de admisión del recurso de casación, cuando se denuncia defectos absolutos; empero su recurso contrario a otros que con igual sentido se presentó fue declarado inadmisible, criterio que rompe con el principio de igualdad y genera inseguridad jurídica, porque en supuestos similares dio un tratamiento diferente, rompiendo con la línea asumida en la ; pues ante la denuncia de defectos absolutos el Tribunal Supremo de Justicia tiene la obligación de ingresar al fondo de la problemática denunciada, aun así no se tengan cumplidos los criterios de flexibilización, tal como se establece en la ; sin embargo, el , omitió resolver la denuncia de defectos absolutos, fundando su decisión en cuestiones formales, vulnerando su derecho a la defensa.
Tercera vulneración, con la declaratoria de inadmisibilidad se restringió la posibilidad de acudir a un recurso idóneo para la verificación de la presunta concurrencia de defectos absolutos en la tramitación del proceso penal seguido en su contra, denegando la posibilidad de analizar los graves defectos con los que se tramitó su causa, generando un procesamiento indebido y pernicioso al estado de derecho, defectos que se encuentran viciados de nulidad absoluta desde el primer momento en que se restringió su derecho a la defensa.
Cuarta vulneración, la inadmisibilidad asumida es arbitraria porque incumple con el test de razonabilidad y proporcionalidad desarrollada por la jurisprudencia constitucional; además de ser injusta, pues no toma en cuenta que la Sentencia dispone la restricción de su derecho a la libertad, con base en el mero cumplimiento de requisitos formales, los que fueron omitidos en su consideración, no existiendo objetividad en el análisis de su recurso al no haberse verificado las denuncias de defectos absolutos; asimismo, esa decisión al haber omitido considerar sus agravios, sin fundamentos válidos y objetivos, restringe su derecho al recurso judicial efectivo y pone en vilo su libertad personal; evidenciándose que las autoridades no han justificado conforme lo pedido, lo motivos para denegar la posibilidad de conocer y resolver su recurso en el fondo, resultando desproporcional a sus derechos.
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