0799/2019-S1

Maggi Susana Corrillo Romero, en audiencia manifestó que:

1. i)La vía constitucional se abre ante la presunta vulneración de derechos y garantías, no así para que la parte accionante obtenga respuestas que le convengan; a cuyo efecto la Constitución Política del Estado estableció que la presunta vulneración tiene que restringir, suprimir o amenazar un derecho reconocido por la propia Norma Suprema y en el caso concreto no se hizo mención a la forma cómo se lesionaron los derechos del ahora peticionante de tutela, pues solamente expresó su disconformidad con la Resolución Jerárquica FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 154/2018;
2. ii)Como parte denunciada a través de la prueba documental se desvirtuó cada una de las acusaciones y en ese entendido se valoró la prueba; y,
3. iii)Presentó renuncia al cargo de Fiscal de Materia que fue aceptada hace un mes por el Fiscal General del Estado; por lo que, inclusive debe considerarse la pérdida del objeto procesal o la sustracción de materia, máxime si no se vulneró ningún derecho.

I.2.4. Resolución La Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera Uriondo (Concepción) del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, a través de la Resolución 01/2019 de 29 de marzo, cursante de fs. 183 a 189, denegó la tutela bajo los siguientes fundamentos:

1. a)No se evidenció que se haya lesionado el derecho a recurrir del ahora accionante, por cuanto las partes hicieron uso efectivo del recurso jerárquico que fue admitido y resuelto;
2. b)Respecto a la presunta lesión del derecho al debido proceso en su elemento motivación y fundamentación de las resoluciones, corresponde señalar que ese elemento constitutivo del debido proceso no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, pues solo exige que en la estructura de forma y fondo de la determinación asumida esta sea concisa y clara; y,
3. c)El memorial de recurso jerárquico de 27 de agosto de 2018, establece como agravios que la Resolución Sumariante ASMP/MAVB 024/2018 impugnada carece de falta de pronunciamiento respecto a cada cuestionamiento incurriendo en incongruencia omisiva y que no hubo una revisión minuciosa de los elementos colectados; empero, del análisis exhaustivo de la referida Resolución se advierte la debida motivación y fundamentación exigida; por cuanto, existe una relación de antecedentes procesales, argumentos y análisis de la problemática suscitada, evidenciándose que sí se respondieron los puntos cuestionados (4.2, 4.3 y 4.4); y el hecho, que esas respuestas no sean del agrado de una de las partes no constituye vulneración de los derechos invocados. II. CONCLUSIONES De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso disciplinario seguido a instancias de Claudio Miguel Ávila Navajas -ahora accionante- en representación del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo del departamento de Tarija, contra Maggi Susana Corrillo Romero -ahora tercera interesada-, por la posible comisión de las faltas disciplinarias graves y muy graves previstas en los arts. 120. 3 y 6 y 121.9 y 20 de la LOMP, admitida la denuncia por Resolución de Admisión 47/2017 de 27 de noviembre, concluidos los trámites de rigor, se dictó Resolución de primera instancia ASMP/MAVB 014/2018 de 18 de mayo, por la autoridad sumariante, quien determinó declarar responsable a la procesada. Fallo que fue impugnado por la misma, mereciendo Resolución Jerárquica FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 131/2018 de 22 de junio que revocando el fallo de primera instancia, determinó que no es responsable de las faltas endilgadas en su contra; y por ello, no corresponde imponérsele sanción alguna (fs. 1 a 10 vta.; 30 a 56; y, 64 a 83). II.2. El 27 de agosto de 2018, el ahora peticionante de tutela interpuso recurso jerárquico contra la Resolución Sumariante ASMP/MAVB 024/2018 de 10 de agosto -que declara a Maggi Susana Corrillo Romero no responsable por las faltas disciplinarias-, alegando, entre otros aspectos, que:
4. 1)La Resolución impugnada carece de la debida fundamentación; por cuanto, asume la existencia de tres periodos de inactividad de actos investigativos en los que hubiera incurrido la procesada -ahora tercera interesada- el primero de ellos según su razonamiento no alcanzaría los treinta días; por lo que, no merece mayor abundamiento. Respecto al segundo, omite exponer el razonamiento empleado para considerar que tanto la suplencia legal que ejerció, como la asistencia a audiencias, el rol de turnos de 2017, y las veintidós resoluciones que emitió la procesada (mismas que son resultado de un trabajo de la Fiscalía Corporativa que implica el trabajo de otros dos fiscales) impidieron atender la investigación en cuestión;
5. 2)En lo que respecta al tercer periodo de inactividad, la autoridad sumariante asumió la justificación de cincuenta días hábiles con la declaratoria en comisión del 11 de agosto de 2017, un día de vacación el 25 de igual mes y año, tres días de declaratoria en comisión el 12, 13 y 14 de septiembre de similar año, dos días de vacación el 10 y 11 de octubre del señalado año y la emisión de cuarenta resoluciones, agregando además que se debe considerar también "...la complejidad de los casos que conoce la FPDC ya que no es lo mismo ser un fiscal de la FPDC que un fiscal de la fiscalía coorporativa de Delitos patrimoniales..." (sic). Criterio que resulta impreciso y genera incertidumbre; toda vez que, no explica de manera razonada cómo la declaratoria en comisión de cuatro días y los días de vacación que gozó la procesada justifican la inactividad; máxime si el art. 112 de la LOMP establece que el Ministerio Público en la programación de las vacaciones debe garantizar la continuidad del servicio; tampoco explica cómo las cuarenta resoluciones que emitió justifican los cincuenta días de inactividad en la investigación del caso TAR 1503910, cuando se tiene la constancia que las referidas resoluciones no son de la "autoría" de la Fiscal de Materia procesada, sino del trabajo de la FEPDC conformada por tres autoridades fiscales; consiguientemente, no se encuentra en el razonamiento empleado una respuesta que satisfaga los cuestionamientos descritos, advirtiéndose además una defectuosa valoración de la prueba aportada por la funcionaria procesada al respecto;
6. 3)Sobre el argumento empleado relativo a la presunta complejidad de los casos que conoce la FEPDC, corresponde señalar que tal afirmación resulta especulativa y carece de sustento probatorio y normativo; ya que, no se demostró cuan complejas eran las causas que tenía a su cargo la Fiscal de Materia procesada -ahora tercera interesada- y que permita sustentar y justificar por qué existieron en una sola investigación dos periodos de inactividad, uno de cuarenta y dos días hábiles y otro de cincuenta días hábiles;
7. 4)La Resolución Sumariante ASMP/MAVB 024/2018 vulnera el principio de legalidad y es contrario a otros fallos pronunciados de manera uniforme sobre la misma problemática; por cuanto en la Resolución Sumariante ASMP/MAVB 014/2018 primigenia que dispuso declarar responsable a la procesada por las faltas contenidas en el "art. 121 numeral 20" (sic) de la LOMP, se tiene que, los alegatos expuestos para tratar de justificar la inactividad no alcanzaban para desvirtuar la falta disciplinaria muy grave por la que se la procesó, referida a la inactividad injustificada por más de treinta días; consiguientemente, asumir un entendimiento contrario en la segunda Resolución pronunciada por la misma autoridad sumariante, constituye una negación del contenido de la referida falta disciplinaria; por cuanto, la emisión de Resoluciones por toda una fiscalía corporativa no puede justificar la inactividad investigativa de uno de ellos sin que se haya demostrado que todas esas causas le fueron asignadas; máxime, si en el caso en examen se trata de dos periodos de inactividad, lo que significa que es un hecho reiterativo y constante que denota dejadez y desinterés de la procesada en la investigación del caso TAR 1503910 quien en el recurso jerárquico de 5 de junio de 2018, señaló que la referida inactividad no fue por falta de tiempo, sino porque no lo consideraba necesario considerando que "...jugar a la panfletería sin son ni ton de que requieran por requerir..." (sic);
8. 5)El razonamiento empleado para exonerarla con el pretexto que tenía mucho trabajo, nos lleva a la conclusión que la Fiscal de Materia procesada sería inmune a la falta disciplinaria endilgada, en franca contradicción a lo dispuesto por el art. 55.I de la LOMP que establece la obligación de los fiscales de ajustar sus actuaciones al cumplimiento de los plazos y en tiempo razonable, siendo que el límite de los mismos para tener paralizada la investigación es de treinta días, mismos que si son sobrepasados constituyen un acto desidioso que merece sanción disciplinaria;
9. 6)La autoridad sumariante deslindó de responsabilidad a la procesada con argumentos que no guardan coherencia con la postura adoptada por la antes referida en el proceso disciplinario, quien pretendió explicar que no realizó ningún acto de investigación desde el 22 de agosto de 2017 hasta la presentación de la acusación el 27 de noviembre de igual año, porque consideraba que su investigación ya había concluido, argumento que de ninguna manera justifica su inactividad; máxime, cuando esta inactividad es reiterada como en el presente caso donde se produjo en dos oportunidades; y,
10. 7)La actuación contenida en la Resolución impugnada, es contraria al razonamiento empleado en casos análogos, que denota un tratamiento diferenciado y preferencial con la procesada; por cuanto, existen fallos emitidos por el Ministerio Público que sancionaron con destitución por la inactividad investigativa que superó los treinta días (Resolución AS/FDLPZ/J.A.S.A N° 006/2016-RF de 29 de enero; FGE/RART/DAJ/RJ-PD 024/2016 de 3 de marzo; FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 034/2016 [fs. 84 a 89 vta.]). II.3. Ramiro José Guerrero Peñaranda, entonces Fiscal General del Estado, por Resolución Jerárquica FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 154/2018 de 14 de septiembre, resolvió el recurso jerárquico interpuesto por el ahora accionante, señalando que:
11. i)El impugnante a pesar de citar sentencias constitucionales relativas al debido proceso en su elemento de resolución fundada, se limitó a expresar una miscelánea de cuestionamientos genéricos y referenciales de disconformidad contra la Resolución Sumariante ASMP/MAVB 024/2018, sin explicar en qué consistió la carencia de fundamentación, de qué forma se contravino el debido proceso, cuáles fueron los supuestos de motivación arbitraria, tampoco señaló las pruebas que contienen una valoración arbitraria o irrazonable, cuáles no fueron valoradas, resultando su petitorio ambiguo, incongruente e incoherente, pues solo se limitó a afirmar que se efectuó una justificación inadecuada de la falta de actividad investigativa;
12. ii)En contrapartida a lo expuesto precedentemente, en la Resolución Sumariante ASMP/MAVB 024/2018 se estableció que hubo inactividad de actos investigativos por más de treinta días dentro del caso penal TAR 1503910 y se explicó los motivos del porqué está justificadas por las pruebas de descargo presentadas y que ameritaron análisis y consideración en el fallo impugnado;
13. iii)Respecto a que la Resolución Sumariante ASMP/MAVB 024/2018 vulneró el principio de legalidad y es contraria a otros fallos pronunciados de manera uniforme sobre la misma problemática; se tiene que, el recurrente no explica por qué se hubiera quebrantado el principio constitucional previsto en el art. 115.II concordante con el art. 5.1 de la LOMP, limitándose a señalar que dicha Resolución fuera contraria a otros fallos disciplinarios pronunciados sobre la misma problemática y cómo fue la Resolución Sumariante ASMP MAVB 014/2018 que determinó la destitución de la Fiscal de Materia procesada y que el hecho de asumir un entendimiento diferente en la segunda Resolución constituye una negación de la falta disciplinaria descrita en el "art. 121 numeral 20" (sic) de la citada Ley; empero, de la revisión de actuados procesales se advierte que la Resolución emitida por la autoridad sumariante no desentrañó los elementos configurativos de cada tipo disciplinario, denotando ausencia de fundamentación jurídica y valoración probatoria de utilidad para establecer la responsabilidad o no de la procesada, denotándose la ausencia de motivos de hecho y de derecho; por lo que, se resolvió anular obrados hasta la emisión de un nuevo fallo. Y en el caso concreto, sí se cumplió esta labor, teniendo como precedente el periodo de inactividad de actos investigativos comprendidos en los periodos del 12 de mayo al 17 de julio de 2017 y del 28 de agosto al 31 de octubre de igual año y el recurrente solo se circunscribió a reafirmar que hubo inactividad de actos investigativos por más de treinta días en dos periodos; sin embargo, no cuenta con la suficiente carga argumentativa ni el respaldo probatorio y normativo del por qué tendría que declararse responsable de la falta endilgada a la Fiscal de Materia procesada, cuando al contrario, ésta demostró por todos los medios legales probatorios útiles y pertinentes de descargo ofrecidos y producidos el justificativo de la inactividad de actos investigativos por más de treinta días o más;
14. iv)Respecto a que la Fiscal de Materia procesada sería inmune a la falta disciplinaria endilgada en su contra, corresponde señalar que, para la declaratoria de responsabilidad disciplinaria contra Fiscales de Materia del Ministerio Público por las faltas disciplinaria procesadas, deben cumplirse los elementos configurativos del tipo; es decir, el cumplimiento de la normativa del art. 65 inc. a) del Reglamento del Régimen Disciplinario del Ministerio Público que establece que la Resolución de primera instancia emitida en audiencia sumaria podrá declarar a la autoridad procesada responsable cuando exista plena prueba sobre la existencia de los hechos investigados y la participación del procesado en la falta, imponiéndosele la sanción correspondiente, dejándose claramente establecido que los procesos disciplinarios se sustancian en el marco del cumplimiento de la normativa prevista en la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica del Ministerio Público y el Reglamento de Régimen Disciplinario del Ministerio Público y los principios orientadores del debido proceso;
15. v)La carga laboral consignada, debe ser demostrada por todos los medios legales probatorios útiles y pertinentes, para desvirtuar el elemento injustificado como presupuesto exigido en el tipo disciplinario procesado por el de justificado, tal como ocurrió en el presente caso, dado que nunca estuvo en investigación que la procesada asignada al caso TAR 1503910 hubiere dejado de lado la investigación por la atención de otros despachos, que además forma parte del cumplimiento de las funciones establecidas en el art. 40 de la LOMP y si hubo inactividad de actos investigativos por más de treinta días, la Fiscal de Materia denunciada a través de las pruebas de descargo valoradas justificó por qué no realizó aquella obligación; por ende, no se cumplió con uno de los presupuestos exigidos de la falta disciplinaria procesada;
16. vi)Si bien es cierto que la carga de la prueba le corresponde a la parte denunciante, no es menos evidente que la Fiscal de Materia procesada en ejercicio de su derecho constitucional de asumir defensa técnica y material presentó prueba para justificar por qué no realizó actos investigativos y las razones de la inactividad, desvirtuando la responsabilidad disciplinaria;
17. vii)El recurrente en la intención de revertir la decisión asumida por la autoridad sumariante, de manera innecesaria continúa cuestionando por qué se esperó emisión de la acusación, aspecto que no corresponde considerar en la Resolución Jerárquica, pues no tiene vinculatoriedad con el tipo disciplinario procesado; sin embargo, pudo evidenciarse que efectivamente hubo inactividad de actos investigativos; empero, la misma fue debidamente justificada por las pruebas de descargo presentadas por la procesada y tampoco resulta menester considerar los argumentos del recurso jerárquico de 5 de junio de 2018, suscrito por la procesada -ahora tercera interesada- por no corresponder en derecho, denotándose la intención manifiesta de hacer incurrir en error de hecho y de derecho, al pretender su revisión, consideración y análisis;
18. viii)Por las pruebas documentales de descargo, se evidencia que la servidora pública procesada -ahora tercera interesada- en el tiempo comprendido de inactividad de actos investigativos en el segundo periodo del 12 de mayo al 17 de julio de 2017 demostró haber hecho uso de su derecho a la vacación, haber ejercido la suplencia legal de su homólogo Miguel Ángel Tapia Paz, la emisión de veintidós resoluciones de imputación, acusaciones, rechazos, ampliación de imputación, sobreseimientos, por una parte y por otra, en el tercer periodo del 22 de agosto al 31 de octubre de similar año, estuvo declarada en comisión, el pronunciamiento de cuarenta resoluciones consistentes en acusaciones, imputaciones, sobreseimientos, rechazos, con conocimiento del control jurisdiccional, asistencia a audiencias, suplencia legal y recepción de despacho hasta nuevas instrucciones del Fiscal de Materia Bismark Arispe, la recepción de despacho de la Fiscal de Materia Carla Patricia Oller Molina, todas y cada una de ellas consignadas de manera expresa y cronológica en la Resolución Sumariante ASMP/MAVB 024/2018; además, de los informes de 23 de enero de 2018, suscritos por el encargado de informática Rolando Héctor Gareca de la Fiscalía Departamental de Tarija que reveló la carga laboral mensual de la gestión 2017 de la ahora procesada;
19. ix)También se justificó la enorme carga procesal, ya que en los meses comprendidos de mayo a octubre de 2017, hubo trámites penales en juicio, en etapas preliminar y preparatoria, desentrañados ampliamente en la Resolución Sumariante ASMP/MAVB 024/2018 de primera instancia, más aun tratándose de una Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción que son casos de prioridad y relevancia social por la naturaleza, complejidad y multiplicidad de denunciantes y denunciados;
20. x)Respecto a que la Resolución impugnada es contraria al razonamiento empleado en casos análogos, cuestionando un trato diferenciado y preferencial hacia la procesada y por lo mismo no existiría transparencia en el actuar del Ministerio Público; corresponde referir que, las Resoluciones Jerárquicas AS/FDLP/J.A.S.A. 006/2016-RF, y la FGE/RART/DAJ/RJ-PD 024/2016 que dispusieron la destitución sin que sea justificativo la emisión de imputaciones, rechazos, acusaciones realizadas, ni la elaboración de informes, declaratorias en comisión, agenda diaria que no estuvo acompañada de otra prueba y que corrobore la asistencia a las audiencias y que no suman los días hábiles de inactividad, aludiendo además la SCP 0682/2015-S2 de 30 junio respecto a los deberes de los fiscales, la Resolución FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 034/2016 que ordenó la destitución de una fiscal por haber excedido treinta días de inactividad injustificada, mientras que en el caso de autos se procede de manera diferente dando por justificada tal inactividad con criterios indebidos;
21. xi)Respecto a que la Resolución Jerárquica FGE/RART/DAJ/RJ-PD 024/2016 por la cual se declaró responsable a la Fiscal de Materia procesada no tiene vinculatoriedad horizontal en el caso en examen; por cuanto, se afirmó en la Resolución primigenia que ante la inactividad denunciada no se contaba con los descargos necesarios para señalar cuales fueron los motivos que impidieron que la Fiscal de Materia procesada promueva actividad investigativa; por ende, tampoco trae a colación su consideración de relevancia dentro de la presente Resolución Jerárquica, descartándose que hubieran criterios indebidos y absurdos como erróneamente sostiene la parte recurrente, debiendo además considerarse que las Resoluciones invocadas resuelven casos concretos con diferentes particularidades en cuanto a la prueba producida y los elementos fácticos, probatorios y jurídicos; y,
22. xii)Con relación al procesamiento disciplinario por el tipo descrito en el "art. 121 numeral 20" (sic) de la LOMP existe abundante precedente disciplinario (Resoluciones Jerárquicas FGE/RJGP/DAJ/RJ 052/2014 de 2 de abril; FGE/RJGP/DAJ/RJ 069/2014 de 21 de abril, FGE/RJGP/DAJ/RJ 175/2015 de 15 de septiembre) concluyéndose que, para el procesamiento de la falta disciplinaria muy grave descrita en el "art. 121 numeral 20" (sic) de la LOMP y determinar la responsabilidad de la misma se deben demostrar tres elementos: el primero, que exista inactividad de actos investigativos; y, segundo, que dicha inactividad sea injustificada y que la misma sea por treinta días o más; por lo que, se concluye que la carga probatoria corresponde a ambas partes y en el presente caso concreto no se demostró que la procesada incurrió en vulneración de la normativa disciplinaria respecto a la falta descrita en el supra citado artículo y ley mencionados supra y al no advertirse la vulneración de derechos y garantías constitucionales referidas por el recurrente relativas a la falta de valoración probatoria, ni se demostró los agravios señalados corresponde confirmar la Resolución de primera instancia (fs. 90 a 102). III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El accionante alega que se lesionaron sus derechos al debido proceso en sus elementos congruencia y fundamentación de las resoluciones y a recurrir; toda vez que, la Resolución Jerárquica FGE/RJGP/DAJ/RJ-PD 154/2018 de 14 de septiembre -ahora cuestionada- lejos de tener respuestas razonadas a cada uno de los agravios que formuló, ignoró los mismos, dando respuestas evasivas y que se limitaron a reiterar los argumentos del fallo de primera instancia, en lugar de ingresar a valorar en el fondo cada uno de los aspectos cuestionados. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. III.1. El principio de congruencia