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TCP

0801/2019-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
14 de noviembre de 2019SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0801/2019-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0801/2019-S3 Sucre, 14 de noviembre de 2019

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional

Expediente: 29789-2019-60-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 092/2019 de 28 de junio, cursante de fs. 412 a 417 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rosmeri Barrados Cortez y Daniela Minoska Cadima Sandoval contra Carmen Soledad Chapetón Tancara, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 17 y 26 de junio de 2019, cursantes de fs. 247 a 268 y 271 a 274 vta., las accionantes expresaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Rosmeri Barrados Cortez ejerció funciones laborales en el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz durante diez años, iniciando las mismas en la gestión 2009 hasta el 2018, periodo durante el que suscribió diecinueve contratos, de los cuales los últimos seis se realizaron en la modalidad eventual de manera continua sin que exista ruptura superior a los tres meses. En igual sentido, Daniela Minoska Cadima Sandoval firmó con dicha institución seis contratos consecutivos ininterrumpidos desde la gestión 2016 al 2018 de forma sucesiva no acaeciendo disolución mayor a tres meses; labores que cumplieron con eficiencia, disciplina y responsabilidad en las diferentes labores que realizaban.

Los contratos que suscribieron fueron renovados periódicamente acorde a lo establecido en los arts. 1 y 3 de la Resolución Ministerial (RM) 193/72 de 15 de mayo de 1972, existiendo continuidad entre los mismos con el advertido que no se tuvo justificación técnica para la elaboración de esos contratos sucesivos. Siguieron trabajando en dicha institución las primeras semanas de enero de 2019, empero, les prohibieron "...el marcado [del] biométrico o nuestros registros en los libros de control..." (sic), y después de transcurrido varios días les impidieron ingresar a las oficinas de esa entidad dándoles a conocer que no podían hacer nada y que todo dependería del presupuesto del referido Gobierno Municipal.

Se apersonaron a la Jefatura Regional de Trabajo El Alto, institución que convocó a una audiencia pública donde la demandada no demostró ni justificó sus despidos, ya que durante el tiempo que trabajaron no se tramitó ningún proceso disciplinario que ameritaría su destitución; ante esa situación, la aludida Jefatura emitió las Conminatorias MTEPS-VMTEPS-J.R.T.E.A./CONMIN/023/2019 y MTEPS-VMTEPS-J.R.T.E.A./CONMIN/024/2019 ambas de 25 de abril, disponiendo la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaban más el pago de sueldos devengados y cualquier otro beneficio inherente, sea en el plazo improrrogable de tres días hábiles; determinación con la que fue notificado dicho Gobierno Municipal el 29 de abril y 2 de mayo de 2019; sin embargo, al no existir respuesta alguna por parte de la empleadora, por memoriales de 6 y 7 del referido mes y año, solicitaron a la Jefatura señalada el cumplimiento de lo dispuesto en las indicadas Conminatorias.

Ante esa situación, fueron convocadas por el citado Gobierno Municipal para el supuesto acatamiento de las mencionadas Conminatorias, una vez apersonadas en esa entidad advirtieron que se trataba de un contrato eventual con inicio desde el 14 de mayo de 2019, contrario a la decisión asumida por dicha Jefatura de Trabajo siendo que no se refirió nada respecto al pago de sueldos devengados y otros beneficios, además observaron "...una discontinuidad entre contratos de CINCO MESES, donde perderíamos la continuidad de años de trabajo con la Institución accionada..." (sic), por ese motivo no firmaron el aludido documento; poniendo en conocimiento este antecedente a la citada entidad estatal con la finalidad de que puedan verificar el cumplimiento o no de las señaladas Conminatorias.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

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