0801/2023-S3

La parte accionante a través de su abogado ratificó el contenido íntegro del memorial de la acción de libertad, y ampliando en audiencia, manifestó que:

1. a)Las autoridades accionadas no dieron curso a su petición de traslado del impetrante de tutela al Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre. Se necesitan recursos para cubrir su tratamiento y es un peligro para su salud que no se encuentre medicado, pues su enfermadad no tiene cura y requiere de un tratamiento constante, de lo contrario corre peligro también su vida y la de las personas que lo rodean; y,
2. b)Se encuentra indebidamente privado de libertad porque se desconoció lo establecido en el art. 86 del CPP, refiriendo sobre la enajenación mental que: '"...si durante el proceso se advierte que el imputado padece de alguna enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso el Juez o el Tribunal podrá de oficio o a petición de parte, que no lo han hecho ninguno de los dos y dice además comprobado el extremo de esta enfermedad mental ordenara por resolución la suspensión del proceso hasta que desaparezca su incapacidad...'" (sic), y no se consideró su enfermedad mental, por ello se pidió la modificación de la medida cautelar de detención preventiva, requiriendo su internación en dicha Clínica.

Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito cursante de fs. 54 a 57, manifestó que:

1. 1)El Tribunal Constitucional Plurinacional, en diversas resoluciones determinó los requisitos que debe tener toda acción de libertad, así como también los presupuestos para establecer la legalidad ordinaria y el ámbito de competencia de la jurisdicción constitucional. Al respecto, la SCP 0032/2015-S2 de 16 de enero refirió que existen requisitos que se deben cumplir para el control de constitucionalidad y que no es suficiente la mera relación de hechos o la sola enunciación de normas, ante lo cual no se puede activar el control constitucional;
2. 2)La SCP 0255/2014 de 12 de febrero, reiterando lo expresado por el Tribunal Constitucional, refirió que la interpretación de las normas legales infra constitucionales, de manera general, es atribución exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios. En ese sentido, a través de esta acción de defensa no es posible que esa labor sea conocida por la jurisdicción constitucional como una instancia casacional adicional o complementaria ante la que pueda solicitarse un nuevo análisis de la interpretación efectuada, salvo que la problemática concreta adquiera relevancia constitucional, cuando se advierta afectación a algún derecho fundamental o garantía constitucional y un evidente desconocimiento de los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, entendimiento reiterado por la SCP 1876/2014 de 25 de septiembre;
3. 3)Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1737/2014 de 5 de septiembre y 0718/2015-S3 de 3 de julio, hicieron mención a que las acciones de defensa no se constituyen en un recurso ni una instancia de impugnación a lo resuelto por otras jurisdicciones;
4. 4)Respecto al debido proceso, se debe considerar que es comprendido como el derecho a un proceso justo y equitativo, que contiene el conjunto de requisitos de obligatoria observancia en instancias procesales y que se haya constituído por diferentes elementos, entre ellos, el deber de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales. Al respecto, la SCP 1913/2012 de 12 de octubre, estableció que el debido proceso es una institución de Derecho Procesal Constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos o a los que debe regirse todo proceso judicial administrativo o corporativo observando todas las formas propias del mismo, así como los presupuestos normativamente preestablecidos para hacer posible la materialización de justicia en igualdad de condiciones; asimismo, sobre la valoración de las pruebas en la jurisdicción constitucional, citó a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0711/2014 de 10 de abril y 0316/2019-S4 de 5 de junio;
5. 5)Conforme a la jurisprudencia constitucional mencionada anteriormente, se tiene que un tribunal o juez de garantías está impedido de revisar o sustituir a la jurisdicción común; por cuanto, la interpretación de la legalidad ordinaria se realiza plenamente por jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales ordinarios, en razón a que la acción de libertad no se constituye en una instancia procesal más de revisión de resoluciones; es decir, no es una instancia casacional, excepto en algunos casos;
6. 6)Del contenido de esta acción de libertad, se evidenció que la parte peticionante de tutela no expuso el nexo de causalidad entre los derechos denunciados y sus presuntas conductas vulneratorias; puesto que, si bien, denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la vida, a la integridad psicológica y a la salud; no explicó a partir de qué acciones o fundamentos de su autoridad se vulneró sus derechos, y con relación al debido proceso no precisó el elemento que considera lesionado. De igual forma, señaló que el Auto de Vista cuestionado lesiona los indicados derechos; sin embargo, no explicó de manera precisa y concreta cuál es el fundamento expresado de manera errónea;
7. 7)En cuanto a la valoración de la prueba, la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de pronunciarse, porque es una atribución exclusiva de las autoridades jurisdiccionales;
8. 8)La acción de libertad no es una instancia procesal más de revisión de resoluciones, excepto cuando exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, y cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; para ello, el accionante al momento de formular su acción de defensa e impugnar la valoración de la prueba, debe fundamentar y demostrar que existió irracionalidad u omisión valorativa;
9. 9)En el caso concreto, la parte impetrante de tutela no cumplió con la labor de fundamentación que exige la jurisprudencia constitucional, limitándose a señalar que el al emitir el Auto de Vista 208/2021 de 13 de julio, sólo se basó en la concurrencia de los peligros procesales de fuga y obstaculización que dieron lugar a la detención preventiva del peticionante de tutela, y que no valoró correctamente la prueba que adjuntó -valoraciones clínicas, historial médico, informes, recomendaciones, certificados de discapacidad y otros- que demuestran que tiene una enajenación mental y recomiendan su internación en un Instituto Psiquiátrico, pero no indicó porqué esa valoración no es correcta o irracional; es decir, la razón por la que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad, ya que el Tribunal de alzada no realizó la valoración de la prueba porque su competencia es de revisión, en sentido que su labor se limita a verificar si la autoridad de primera instancia cumplió o no las reglas previstas por el art. 173 del CPP; y,
10. 10)En audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, la parte accionante, como parte apelante no cumplió con la debida carga argumentativa contra la determinación apelada, extremo que se fundamentó en el Auto de Vista cuestionado, a pesar de ello revisó el Auto Interlocutorio de primera instancia e indicó que la Jueza a quo, consideró la prueba respecto al estado psíquico del impetrante de tutela concluyendo que no es suficiente para acreditar su estado, por esa razón, al no haberse vulnerado ningún derecho que se alega en esta acción tutelar, solicitó se deniegue la tutela impetrada, sea con costas.

Zullma Raiza García Basualdo, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Arani del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito, cursante de fs. 52 a 53, y en audiencia, manifestó que:

1. i)Mediante Auto Interlocutorio de 9 de junio de 2021, se dispuso la detención preventiva del imputado -hoy peticionante de tutela-, por el lapso de seis meses, en virtud a la existencia de suficientes elementos de convicción acreditados por el Ministerio Público que hacen a la posible participación del mencionado en la comisión del delito de lesiones graves y gravísimas;
2. ii)Al desarrollarse la audiencia de medidas cautelares, el abogado de la defensa suscitó un incidente respecto a la discapacidad que tiene el imputado, la cual asciende al 68%, que aparentemente le impediría realizar una correcta defensa, vulnerándose con ello el debido proceso. Al efecto, se acompañó la documentación emitida el 2015, por el Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios de la ciudad de Cochabamba, que responde a su internación en esa época y se indicó que el Fiscal de Materia, al no haber valorado de manera correcta la situación actual del imputado, no fundamentó correctamente la imputación formal y resolvió rechazar el incidente; toda vez que, el Ministerio Público en audiencia demostró con abundante documentación la posible participación del imputado en la comisión del delito;
3. iii)La defensa del accionante no presentó documentación que haga entender que la discapacidad del imputado en alguna medida lo limitaría en actos de orden público, como se da en el caso en investigación, ni tampoco desde el 2015, respecto a la permanencia del imputado en el mencionado Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios no se estableció que el nombrado cumplió a cabalidad con su tratamiento y si habría mejorado o empeorado, o en su caso, estuviera recibiendo un tratamiento médico para estabilizarse; por lo que, no existe ninguna información seria y actualizada sobre su discapacidad que hizo valer en ese momento;
4. iv)Ante ese hecho grave la "comunidad" de Arani manifestó su molestia e intentó tomar la justicia en sus manos, debido a que no sería la primera vez que el impetrante de tutela se involucró en delitos que hacen a la integridad física de las personas, conforme explicó el Fiscal de Materia en audiencia;
5. v)En la investigación existe una víctima plenamente identificada que es Cristian Chura Balderrama, a quien en su momento se le otorgó un certificado médico por el que se acreditó un impedimento legal de setenta días, desconociéndose hasta ese momento varios aspectos, como si la víctima ya fue dada de alta o si continúa hospitalizado, si a raíz de las lesiones quedó con alguna secuela y si posteriormente requería de alguna otra intervención quirúrgica, por cuanto la lesión que recibió fue en su rostro;
6. vi)No todos los casos son similares; por lo que, dentro de la denuncia que realizó "Gabina González" que es una persona de la tercera edad, en su momento también fue víctima del carácter agresivo del peticionante de tutela, se dispuso, luego de haberse demostrado que efectivamente el mismo tenía algunos trastornos mentales, que sea tratado en el Instituto Psiquiátrico de San Juan de Dios, y en ese instante sus hermanos y el afectado se comprometieron a realizar un seguimiento al tratamiento y que evitaría involucrarse en actos delictivos. Finalmente, tanto Omar como Ronaldo, ambos de apellidos Guevara Ponce señalaron que se encargarían de cubrir todos los gastos de internación, por ello se dió curso a su petición pero al poco tiempo el imputado nuevamente se involucró en otro acto delictivo, específicamente con un chofer, a quien por no llevarlo en su movilidad directamente lo empezó a golpear frente a los demás pasajeros;
7. vii)En el Auto Interlocutorio de 9 de junio de 2021, no se le negó la posibilidad de que el imputado sea remitido a un Centro Psiquiátrico, pues en la parte final, se salvó ese derecho, disponiéndose que previamente se proceda a la acreditación de documentos actualizados, así como informes emitidos por dependencias del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), conforme lo sostuvo el Ministerio Público, para resolverse posteriormente lo que corresponda, reiterando que la documentación que se maneja no certifica si el accionante estaría imposibilitado de cometer algún acto delictivo, por cuanto la discapacidad que se sostiene no es física;
8. viii)Existiendo una denuncia sentada por Serafín Balderrama Cruz y una víctima identificada como Cristian Chura Balderrama, por un delito que se viene investigando respecto a la posible participación de dos imputados, Omar y Arnaldo, ambos de apellidos Guevara Ponce y la molestia de toda la "comunidad" de Arani respecto al comportamiento de su familia que no sería la primera vez que vienen agrediendo a cualquier persona, se dispuso que ambos permanezcan en el Centro Penitenciario El Abra del departamento de Cochabamba; por cuanto si se quedaban en el municipio inclusive los iban a quemar; por lo que, no existe detención ilegal, más aún si el referido Auto Interlocutorio fue apelado ante el superior en grado; y,
9. ix)En audiencia de esta acción de libertad, resaltó que la parte impetrante de tutela presentó ante su autoridad el certificado médico del Instituto Psiquiátrico San Juan De Dios de 8 de septiembre de 2015, que fue extendido a raíz de un anterior proceso penal seguido contra el peticionante de tutela, que también tuvo conocimiento. En ese momento, se estableció que el mencionado tenía esos traumas psicológicos delirantes y otros aspectos que hacen su conducta, por ello, dispuso que el imputado sea trasladado al mencionado Instituto Psiquiátrico, pero desde ese momento hasta la interposición de esta acción tutelar, el hermano mayor del imputado, Ronaldo Guevara Ponce, no tramitó la declaración de interdicción del imputado a efectos de contar con la documentación objetiva que acredite que es una persona con discapacidad mental, conforme lo establecen los art. 58 y 59 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, para que exista una persona responsable de los actos que pueda asumir el mencionado. No se tiene conocimiento de la declaratoria de interdicción del prenombrado, pero es un peligro no solamente para la víctima, también se constituye en un riesgo para todo el municipio.

El "Dr. Velásquez", médico tratante del accionante, intervino en la audiencia con fines informativos, manifestando que:

1. a)El prenombrado se apersonó el 9 de diciembre de 2009, con antecedentes de una enfermedad que comenzó de forma insidiosa hace aproximadamente un año atrás, ese cuadro fue evolucionando progresivamente caracterizándose casi siempre por la presencia de ideas delirantes de daño, perjuicio y persecución;
2. b)Se trató al mencionado en primera instancia y se le dio medicamentos apropiados para su enfermedad, a partir de ese memomento continuó apersonándose al hospital para su tratamiento, e incluso se internó en una oportunidad y se escapó;
3. c)La última internación del paciente fue de 26 de junio de "este año", en la cual presentó un cuadro con las mismas características e ideas delirantes de daño, perjuicio, alucinaciones auditivas y además presentó una conducta agresiva y violenta; por lo que, el paciente actualmente presenta un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, que es una enfermedad crónica de naturaleza congénita y no tiene cura, pero se puede controlar con el tratamiento sostenido y con medicamentos y controles periódicos por consulta externa; y,
4. d)El paciente se encuentra con síntomas pero con tratamiento con base a medicamentos antipsicóticos y antidepresivos, su pronóstico relacionado a su enfermedad es muy malo pero los pacientes con esa enfermedad pueden recibir tratamientos ambulatorios por tiempo indefinido y el tratamiento debe ser sostenido y con el apoyo familiar.

La Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 5/2021 de 16 de julio, cursante de fs. 61 a 64 vta., denegó la tutela solicitada, recomendando que la parte impetrante de tutela active el trámite que en derecho corresponda formulando el incidente debido a la situación del estado mental, debiendo al efecto acreditar con prueba idónea y actualizada en caso de existir algún grado de inimputabilidad; en virtud a lo establecido por los arts. 86 del CPP; 125 de la CPE, 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); todo ello con base en los siguientes fundamentos:

1. 1)En el presente caso, se advierte que la acción de libertad emerge de un proceso penal que tiene una imputación formal y que se encuentra bajo control jurisdiccional del Juez de la causa; y en consecuencia, no está indebidamente perseguido ni privado de su libertad y no concurren los presupuestos establecidos por el art. 47 del CPCo, por lo que con dicha acción no puede pretenderse que se reconsidere la detención preventiva y se disponga que el imputado sea trasladado de manera inmediata al Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre; y,
2. 2)Esa situación no se encuentra dentro la competencia de la acción de libertad porque para la modificación de la medida cautelar de detención preventiva, existe el mecanismo procesal correspondiente en la jurisdicción ordinaria, en consecuencia, no se puede ingresar a revalorizar la prueba que es una atribución exclusiva del juez ordinario.