Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0803/2019-S1 Sucre, 4 de septiembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 28291-2019-57-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 1 de 22 de marzo de 2019, cursante de fs. 1193 vta. a 1198 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alfredo Castro Higueras contra Jessica Paola Saravia Atristain, Directora Ejecutiva; y, Asunta Arteaga Menacho, Directora Regional de Santa Cruz ambas de la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 16 de enero y 18 de febrero, ambos de 2019, cursantes de fs. 586 a 599, 629 a 634; y, 636 y vta., el accionante expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 2002 compró un bien inmueble con el dinero que recibió su hija como indemnización por una mala praxis médica que sufrió; posteriormente, el 2015 realizó el traspaso de dicho inmueble a favor de la prenombrada, ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Barrio Lindo, calle Teniente Armando Marco, 26 B, Unidad Vecinal (UV) 005, Manzana 16, registrado en Derechos Reales (DDRR) bajo la matrícula computarizada 7.01.1.99.0008527; realizándose sobre el mismo un contrato de arrendamiento el 28 de agosto de 2017, actuando su persona en representación de su hija, desconociendo que sobre el bien inmueble se habría instalado una casa clandestina de juegos de azar por parte del arrendatario Robert Jonny Vargas Campos, incumpliendo la cláusula cuarta del contrato, que señalaba que el inmueble solo podía ser usado como vivienda.
El 2 de octubre de 2017, la AJ, intervino el referido inmueble, encontrando en el mismo dieciséis máquinas de juego, habiendo realizado el decomiso correspondiente y colocado los precintos de seguridad a cada una de las máquinas.
El 14 de noviembre de 2017 se emitió el Auto de Apertura de Proceso Administrativo 09-00091-17 contra su hija y Robert Jonny Vargas Campos por la presunta infracción prevista en el art. 28.I.2 incs. a), b) y c) de la Ley de Juegos de Lotería y de Azar -Ley 060 de 25 de noviembre de 2010-; posteriormente, el 26 de diciembre del 2017, se dictó la Resolución Sancionatoria 10-00098-17, estableciendo la existencia de las referidas infracciones; en mérito a lo cual, el 2 y 26 de febrero de 2018, su hija interpuso nulidad de notificación o de obrados hasta el vicio más antiguo.
El 22 de marzo de 2018, mediante Auto 11-00079-18, la AJ dispuso anular obrados hasta el vicio más antiguo (Auto de Apertura de Proceso Administrativo 09-00091-17), debiendo emitirse un nuevo auto de apertura, esta vez en contra de su persona y de Robert Jonny Vargas Campos, así continuó la tramitación del proceso administrativo dictándose la Resolución Sancionatoria 10-00050-18 de 6 de junio de 2018, en la que se le considera responsable y propietario de las máquinas -sin tener pruebas contundentes y sin tomar en cuenta lo manifestado por las declaraciones de sus testigos y de su hija- imponiendo la multa de UFV´s80 000,00.- (ochenta mil unidades de fomento a la vivienda) y el decomiso de las máquinas de juego ilegales. Ante dicha decisión interpuso recurso de revocatoria, arguyendo que las autoridades de la AJ no dieron con el paradero del verdadero responsable de la infracción, solicitando -a su vez- el levantamiento de la retención de fondos de su cuenta bancaria donde percibe su jubilación; empero, obtuvo el "Auto de rechazo del recurso de revocatoria" 12-00356-18 de 19 de julio de 2018, que desestima el mismo al no haber cumplido con el depósito bancario o boleta de garantía que garantice la sanción impuesta en la aludida Resolución Sancionatoria, emitiéndose luego el Auto de Firmeza Administrativa 27-00071-18 de 14 de agosto de 2018 declarando agotada la vía administrativa.
Señaló que no se analizó el fondo del petitorio de su recurso de revocatoria, que al desestimar el mismo por incumplir con los requisitos de forma exigidos, se transgredió la jerarquía constitucional, y que la AJ pretende sobreponer una resolución a lo establecido en la Constitución Política del Estado y las leyes, las cuales garantizan la impugnación de los actos administrativos, entre ellas los arts. 4, 16 y 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo -Ley 2341 de 23 de abril de 2002- y 28 del Reglamento de la Ley 2341 -Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003-, citando además parte del fundamento de la .
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