0805/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0805/2019-S1 Sucre, 4 de septiembre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 28360-2019-57-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 26/2019 de 1 de abril, cursante de fs. 135 a 140, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan José Wilson Kaliman Romero contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 28 de febrero y 13 de marzo, ambos de 2019, cursantes de fs. 51 a 59 vta., y 63 a 66 vta., el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro de la demanda de cumplimiento de pago de obligación pendiente instaurada en su contra por Paola Patricia Álvarez Banzer en representación legal de la empresa Sociedad Industrial el Sur Sociedad Anónima (SIDS S.A.) -ahora tercera interesada-, que fue admitida por Auto de 13 de enero de 2016, su persona contestó a la demanda presentando en la oportunidad diversas excepciones; sin embargo, por decreto de 16 de febrero del citado año, una vez admitida y contestada, el Juez de la causa conminó a la demandante a readecuar su demanda a la nueva normativa conforme al art. 362 y siguientes del Código Procesal Civil (CPC), disponiendo que la misma sea nuevamente corrida en traslado; empero, dicho aspecto no aconteció, por cuanto presentada la nueva demanda por providencia de 26 de ese mes y año, el Juez a quo en aplicación de la Disposición Transitoria Quinta parágrafo I inciso a) del indicado Código, concedió un plazo común y perentorio de quince días a las partes para proponer los medios probatorios pertinentes, sin disponer el nuevo traslado como lo sostuvo en el decreto de 16 de febrero de 2016, a partir de lo cual señala que no se le dio la oportunidad de readecuar su contestación a la nueva demanda ni el planteamiento de sus excepciones, lo que considera como una medida de hecho que fue ratificada por los Tribunales de apelación y casación, obviando otorgarle el plazo de los treinta días establecido en los arts. 125.I y 363.III del CPC, lesionando sus derechos a la defensa y a la igualdad entre las partes.

Alega que de esta primigenia decisión ilegal, emergió la Sentencia 52/2017 de 2 de mayo, desfavorable a sus intereses económicos al haber declarado improbadas sus excepciones por estar planteadas conforme al anterior Código de Procedimiento Civil, obligándolo a cancelar una deuda que no adquirió, aspecto por el cual interpuso recurso de apelación que fue resuelto a través del Auto de Vista SCC II 205/2017 de 4 de julio, que confirmó la Sentencia impugnada, bajo el entendimiento que su persona en conocimiento del nuevo orden legal tenía la facultad de readecuar su respuesta a la demanda y que al no haberlo hecho en tiempo hábil el mismo fue consentido y convalidado, ratificando tácitamente las excepciones opuestas conforme al anterior Código de Procedimiento Civil.

Respecto al primer agravio, sostiene que a lo largo del proceso y en las diferentes instancias reclamó la vulneración de su derecho a la defensa, por no haberse procedido al traslado de la nueva demanda, resultando aberrante que tanto el Tribunal de apelación como el de casación señalen que habría consentido dicho acto y precluído su derecho a reclamar al no haber presentado el recurso de apelación a la determinación de la audiencia preliminar de 2 de junio -se entiende de 2016-, cuando su persona contestó y planteó excepciones en un solo memorial; por lo que, en tal virtud resulta incongruente que se pretenda que su persona apele solo sobre el tema de las excepciones, cuando su observación va más allá, cuestionando todo el desarrollo del proceso; por ello, al no haberse referido al fondo del agravio que no es otra cosa que demostrar la ilegalidad con la que actuó el Juez a quo, los Magistrados demandados incurrieron en una incongruencia que lesiona su derecho al debido proceso en su vertiente a la defensa, no siendo cierto lo manifestado por las referidas autoridades de que su reclamo no fue oportuno, cuando el mismo fue debidamente planteado en apelación.

Con relación al segundo agravio, que a criterio de los Magistrados demandados no habría sido reclamado en su recurso de apelación, tampoco resulta evidente, pues el mismo fue debidamente denunciado en el punto tres del citado recurso, resultando en consecuencia otra incongruencia en la que los Magistrados demandados incurrieron, al no responder un agravio que si fue planteado en el recurso de apelación.

De lo que se advierte que los Magistrados demandados no resolvieron sus agravios expresados en el recurso de casación o los resuelve con argumentos totalmente incongruentes que no condicen con la verdad histórica de los hechos.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El impetrante de tutela considera lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes de defensa, igualdad entre las partes y congruencia, infiriéndose del sustento argumentativo también a la fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 115.II; 117.I y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, dejando sin efecto legal el AS 702/2018³, ordenándose la emisión de un nuevo Auto Supremo que considere el fondo de las pretensiones alegadas como agravios formulados en el recurso de casación, procediendo a la anulación de obrados hasta que el Juez de primera instancia corra traslado con la nueva demanda presentada en su contra, a efectos de que el peticionante de tutela conteste la misma en los términos y plazos que disponen los arts. 125.I y 363.III del CPC.