0806/2022-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0806/2022-S3 Sucre, 8 de julio de 2022

SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional

Expediente: 42726-2021-86-AAC Departamento: Beni

En revisión la Resolución 06/2021 de 1 de septiembre, cursante de fs. 325 a 328 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Yesenia Carvajal Cardozo en representación del menor de edad AA contra José Luis Vaca Villarroel, Juez de Instrucción Penal Primero de Guayaramerín del departamento de Beni; Nilo Aguirre Alvarado, Fiscal de Materia; y, Rodrigo Callisaya Quispe, funcionario policial.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante por memorial presentado el 30 de agosto de 2021, cursante de fs. 256 a 263, manifestó lo siguiente:

I.2. Hechos que motivan la acción

Después del fallecimiento de su padre Emil Balcázar Lara, su madre Yesenia Carvajal Cardozo en su representación por ser menor de edad, el 29 de abril de 2021, inició el trámite de aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Guayaramerín del departamento de Beni.

Su difunto padre antes de viajar a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, le dejó las llaves de sus dos casas y del vehículo que tenía en Guayaramerín del referido departamento así como toda la documentación relativa al derecho de propiedad de esos bienes inmuebles, indicando que si algo pasaría con su vida, esos bienes pasarían a ser suyos, manifestando que sus hermanos que viven en la primera ciudad señalada ya serían mayores de edad y que les "dio" todo; por lo que, no necesitaban nada más; prometiéndole que a su retorno tramitaría los papeles de los dos bienes inmuebles y del vehículo a su nombre, encargándole que durante su ausencia pueda alimentar a sus mascotas, por lo que, todos los días pasaba por las casas de su padre para darles de comer a sus perritos, siendo visto por los vecinos de ambos barrios, situación que también fue de conocimiento de sus hermanos mayores, al extremo que uno de ellos le envió Bs300.- (trescientos bolivianos) para alimentar a los canes; en ese sentido, un día se percataron que la puerta de ingreso de una de las casas de su padre estaba forzada y en la otra, donde cuidaba un albañil, el vehículo estaba con la capota abierta y las tuercas de las llantas aflojadas, situación que puso a conocimiento de sus cuatro hermanos vía WhatsApp, quienes autorizaron que ponga las cosas a buen recaudo, por lo que, con su consentimiento, sacaron junto a su madre las escasas pertenencias que tenía su padre en la casa del Barrio Simón Bolívar y el vehículo que estaba en la casa ubicada en la Av. Oscar Unzaga de la Vega, ambos de la ciudad de Guayaramerín del citado departamento.

Sus hermanos al enterarse que su madre estaba tramitando en su representación la aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario, se molestaron y el 17 de mayo de 2021, realizaron de forma separada el trámite notarial de aceptación de la herencia en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, de forma posterior a su trámite judicial y cuando obtuvieron su resolución notarial de aceptación de herencia, su hermana, Alba Mireya Balcázar Velasco -ahora tercera interesada-, llamó a su madre coaccionándola para que le entregue el vehículo de su padre, para que lo venda en Bs2 000.- (dos mil bolivianos) y repartirse el dinero entre todos los herederos, por lo que, ante la negativa de su madre la amenazó con denunciarla por robo; de esa manera, el 25 de junio del mismo año, junto con su otra hermana, Selva Carmiña Balcázar Velasco -hoy también tercera interesada-, presentaron la denuncia penal con base a hechos falsos contra su madre y su padrastro; quienes desde su primer apersonamiento en el proceso penal hicieron conocer todos los detalles descritos, incluso entregaron un disco versátil digital (DVD) conteniendo la grabación de la llamada que su hermana Alba Mireya Balcázar Velasco le hizo a su madre; y ofrecieron como prueba de descargo su certificado de nacimiento, la grabación del señalado audio y capturas impresas de mensajes de WhatsApp que acreditan que las denunciantes conocían todo lo que pasaba en la ciudad de Guayaramerín del departamento de Beni y aceptaron que su persona con la ayuda de su madre ponga los bienes materiales a buen recaudo, considerando que tenía en su poder las llaves de los dos bienes inmuebles y del vehículo; motivo por el cual, ingresaba a las casas de su padre en su condición de heredero.

Dentro de ese proceso penal, su hermana Selva Carmiña Balcazar Velasco se limitó a presentar declaraciones juradas de supuestos testigos conteniendo mentiras, además de solicitar allanamiento y secuestro del vehículo de su padre, mismo que se encontraba en su poder en su condición de coheredero, planteando estas peticiones sin acreditar ningún derecho propietario o posesorio, aspecto que fue observado por el Fiscal de Materia ahora coaccionado; posteriormente, su madre presentó al "...Juzgado Civil-Comercial Nº 2..." (sic) con motivo de la demanda de aceptación de la herencia, una fotocopia simple de la minuta de transferencia del vehículo a nombre de su fallecido padre, la cual fue obtenida del citado Juzgado por su hermana, quien nuevamente solicitó allanamiento y secuestro de los bienes que pertenecían a su padre y que estaban bajo su posesión. En virtud a ello el citado Fiscal de Materia respondió mediante decretos de 22 de julio y 2 de agosto de 2021; por el primero, se remitió al decreto de 20 de igual mes y año; y, por el segundo dispuso que pese a señalar que el documento presentado no tenía fuerza de ley ni acreditaba derecho de propiedad por tratarse de una fotocopia simple, ordenó al funcionario policial ahora coaccionado a realizar actuaciones pertinentes para obtener la dirección y el croquis del domicilio para que con esas pruebas solicite al Juez de la causa, la respectiva orden de allanamiento.

En ese contexto, su madre y padrastro, el 10 de agosto de 2021, para demostrar la inexistencia de delito y la posesión legal de los bienes hereditarios de su parte, presentaron fotocopia legalizada del trámite de aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario radicado en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Guayaramerín del departamento de Beni, pidiendo que al transcurrir más de veinte días de la investigación preliminar, se decrete el sobreseimiento por no constituir delito, lo cual no mereció ningún pronunciamiento por parte del Fiscal de Materia; más al contrario, la citada autoridad sin considerar que se trataba de bienes hereditarios pertenecientes a cinco coherederos, incluida su persona que es menor de edad y que actúa a través de su madre, sin valorar la documentación presentada por la última nombrada, a sola petición de su hermana Selva Carmiña Balcázar Velasco, emitió el requerimiento de 11 de igual mes y año, solicitando al Juez de la causa, libre mandamiento de allanamiento, requisa y secuestro sin notificar a las partes ni fundamentar sobre el derecho propietario, como tampoco hacer mención a la existencia de otros coherederos, menos solicitar la intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y de la oficina del Adulto Mayor, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Guayaramerín del citado departamento; a pesar de ello, el Juez hoy accionado, sin hacer uso de sus facultades ni precautelar los derechos de un menor de edad y de personas adultas mayores, emitió el Auto Motivado de igual fecha, ordenando el allanamiento, la requisa y el secuestro en los dos inmuebles con direcciones ambiguas sin identificación de sus propietarios, salvando su responsabilidad ante excesos o denuncia falsa, además de librar el Mandamiento de Allanamiento 028/2021 de 11 de agosto, que fue ejecutado el 13 de igual mes y año. A parte de ello, cuando su persona en calidad de menor de edad quiso presentar ante el funcionario policial ahora coaccionado su declaración testifical, este nunca quiso recibirla arguyendo que era menor de edad y que debía hacerlo ante la DNA del citado Gobierno Autónomo Municipal.

Independientemente de los defectos formales y de la vulneración del derecho al debido proceso para el allanamiento, requisa y secuestro observados, la conculcación de sus derechos y garantías constitucionales radicaría en que el Fiscal de Materia ahora coaccionado teniendo todos los elementos indiciarios y probatorios aportados por las partes y en especial, por su madre no fueron valorados, omitiendo actuar con objetividad e imparcialidad, pues las denunciantes acusaron a su madre de robo agravado de los bienes de su padre sin hacer mención que su persona, además de ser menor de edad también tiene la calidad de coheredero del mismo progenitor con los mismos derechos, estando en posesión legal de los bienes denunciados como robados, dicha omisión exprofesa de las denunciantes fue aclarada por su madre al Fiscal de Materia hoy coaccionado mediante memorial de 14 de julio de 2021, que no fue analizado, tampoco puso en conocimiento de la autoridad judicial; asimismo, el funcionario policial asignado al caso al negar su declaración testifical vulneró su derecho a expresarse libremente, sin tomar en cuenta su condición de coheredero y copropietario de los bienes supuestamente robados y allanados, además de despojarlo ilegalmente de su posesión legal sobre el vehículo.

Aparte de ello, el Fiscal de Materia ahora coaccionado a tiempo de presentar su requerimiento de allanamiento, requisa y secuestro, no cumplió con el art. 73 del Código de Procedimiento Penal (CPP), aspecto que tampoco fue observado por el Juez hoy accionado, atentando de ese modo con su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, que por su situación de minoridad a pesar de no tener la calidad de denunciante ni de denunciado en el proceso penal de referencia se encuentra afectado en sus derechos, ya que no puede acudir a otras instancias pese a tener derechos; asimismo, resulta ilógico para su persona entender por qué el citado Fiscal de Materia únicamente secuestró el vehículo de su padre y no así los bienes supuestamente robados designados a su madre como depositaria de dichos bienes.

Por último, denunció que el Fiscal de Materia ahora coaccionado ejecutó el mandamiento de allanamiento, requisa y secuestro, sin la intervención de la DNA y de la Oficina del Adulto Mayor, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Guayaramerín del departamento de Beni, afectando sus derechos a la privacidad, a la intimidad, a la honra, al honor y a la imagen, incumpliendo los arts. 21.2 y 25.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece la inviolabilidad de domicilio; ya que los actos de allanamiento fueron observados por sus vecinos, quienes narran de manera distorsionada los hechos, situación que lesiona sus derechos antes mencionados, conculcando de ese modo el art. 25.I de la Norma Suprema.

I.2.1. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de falta de fundamentación y motivación, a la sucesión hereditaria, a la privacidad, a la intimidad, a la honra, al honor, a la propia imagen y a la dignidad, citando al efecto los arts. 13, 14, 22, 56.III, 60, 109, 115.II, 117.I, 119, 137 y 180 de la CPE; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 1, 3.1 y 16.1 y 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

I.2.2. Petitorio

I.3. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 1 de septiembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 323 a 324 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.3.2. Informe de las autoridades accionadas

Nilo Aguirre Alvarado, Fiscal de Materia, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, ni remitió informe alguno a pesar de su citación, cursante a fs. 265.

I.3.3. Intervención de las terceras interesadas

I.3.4. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y del análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Consta documento transaccional de desvinculación de unión de hecho, tenencia de hijo, asistencia familiar y división y partición de bienes de 13 de junio de 2013, suscrito entre Emil Balcázar Lara -padre fallecido del menor de edad AA, hoy accionante- y Yesenia Carvajal Cardozo -madre y representante del accionante-, en la que reconocen que en su relación de siete años de concubinato, procrearon a un hijo, respecto de quien acordaron en la Cláusula Tercera que estaría bajo la tenencia, guarda, cuidado y protección de la madre, pudiendo el padre visitar al referido menor previa coordinación con la nombrada (fs. 196 y vta.).

II.2. Cursa Testimonio 535/2017 de 9 de noviembre, correspondiente a una escritura pública de transferencia de un lote de terreno efectuada por Virginia Choque Montecinos en favor de Emil Balcázar Lara, con una superficie de 375 m2, ubicado sobre la Calle Oscar Unzaga de la Vega, esquina calle 13 de la ciudad de Guayaramerín del departamento de Beni (fs. 145 a 146 vta.); asimismo, consta folio real con matrícula computarizada 8.02.2.01.0006529 correspondiente al bien inmueble citado anteriormente (fs. 144 y vta.). De igual forma consta Testimonio 166/2017 de 20 de igual mes, de escritura pública de transferencia de un bien inmueble realizada por Hugo Camacho Salvatierra y Nilca Méndez Melgar de Camacho a favor de Emil Balcázar Lara, con una superficie de 437.50 m2 ubicado sobre la calle 13 entre calles Lucio Velasco y Nicolás Armentia, manzana 40, Distrito 6, barrio Simón Bolívar de la misma ciudad (fs. 150 y vta.); así también se adjunta el folio real con matrícula 8.02.2.01.0008205, perteneciente al bien inmueble descrito precedentemente (fs. 149 y vta.).

II.3. Mediante memorial de 29 de abril de 2021, Yesenia Carvajal Cardozo en representación legal del accionante interpuso demanda de aceptación de la herencia con beneficio de inventario al fallecimiento de su padre Emil Balcázar Lara acaecido el 3 de igual mes y año en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz (fs. 46 a 47 vta.). Mediante Auto de 4 de ese mes y año, el Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Guayaramerín del departamento de Beni, admitió la referida demanda para que se tramite en la vía voluntaria con el conocimiento de Alba Mireya, Yulka, Ernesto Yasser y Selva Carmiña, todos de apellidos Balcázar Velasco (fs. 48).

II.4. Consta Testimonio 723/2021 de 11 de junio, correspondiente a una escritura pública sobre proceso sucesorio sin testamento y consiguiente aceptación de herencia del causante Emil Balcázar Lara a favor de sus hijos Alba Mireya, Selva Carmiña, Yulka y Ernesto Yasser, todos de apellidos Balcázar Velasco -las dos primeras nombradas ahora terceras interesadas- (fs. 9 a 11 vta.).

II.5. Por memorial de denuncia de 25 de junio de 2021, interpuesto por las hoy terceras interesadas contra Yesenia Carvajal Velasco y Bladimir Acepeco Chinchilla -madre y padrastro del accionante, respectivamente- por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y allanamiento de domicilio y sus dependencias, alegando que mediante Testimonio 723/2021 fueron declaradas herederas al fallecimiento de su padre Emil Balcázar Lara; motivo por el cual, llegaron a la ciudad de Guayaramerín del departamento de Beni, donde el nombrado tenía dos bienes inmuebles y un vehículo; empero, se sorprendieron al ver que las puertas fueron violentadas por los denunciados, llevándose los bienes muebles y los documentos de propiedad, además del vehículo; asimismo, refirieron que si bien la denunciada tuvo un hijo con su padre; empero, el último nombrado vivía solo ya que ella tenía otro marido (fs. 6 y vta.). Consta informe de inicio de investigaciones de igual fecha, emitido por Nilo Aguirre Alvarado, Fiscal de Materia -ahora coaccionado- (fs. 4).

II.6. A través de memorial presentado el 14 de julio de 2021, la madre y representante del accionante, puso en conocimiento del Fiscal de Materia ahora coaccionado que el padre de su hijo menor de edad AA antes de viajar por problemas de salud a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, dejó al menor las llaves de sus dos bienes inmuebles y del vehículo, además de los documentos de propiedad de dichos bienes inmuebles, encargando que durante su ausencia alimente a sus perritos; motivo por el cual, concurrían todos los días a su casa para alimentar a sus mascotas hasta que recibieron la noticia de su fallecimiento; sin embargo, a pesar de aquello continuaron cuidando a los canes hasta que cierto día se percataron que las puertas de los referidos bienes inmuebles estaban violentadas y el vehículo con la capota levantada, situación que comunicaron a los hijos del difunto que vivían en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, quienes les pidieron poner en buen recaudo los bienes de su padre y el vehículo; por lo que, llevaron esos bienes a un lugar seguro; empero, al comunicarles que estaba haciendo un trámite de aceptación de la herencia a nombre de su hijo se molestaron y las relaciones cambiaron completamente (fs. 33 a 35 vta.). Cursa certificado de Nacimiento del accionante, que refiere como fecha de nacimiento el 3 de septiembre de 2007, siendo sus padres Emil Balcázar Lara y Yesenia Carvajal Cardozo (fs. 36 y 128).

II.7. Mediante memorial presentado el 20 de julio de 2021, ante el Fiscal de Materia hoy coaccionado, la tercera interesada Selva Carmiña Balcázar Velasco formuló querella contra la madre y el padrastro del accionante, por la presunta comisión del delito de robo agravado, reconociendo que su padre en vida tuvo un hijo con la denunciada; empero, que el nombrado vivía solo ya que ella tenía otro marido (fs. 55 a 57). Mediante Auto de 21 de ese mes y año, el citado Fiscal de Materia admitió la querella presentada, disponiendo que por Secretaría se pase a conocimiento del juez de control jurisdiccional (fs. 74). Por memorial presentado en esa fecha, el Fiscal de Materia hoy coaccionado puso en conocimiento de José Luis Vaca Villarroel, Juez de Instrucción Penal Primero de Guayaramerín del departamento de Beni -ahora accionado- la formalización de la querella presentada por la hoy tercera interesada Selva Carmiña Balcázar Velasco, adjuntando en el Otrosí 1° el memorial de denuncia (fs. 75).

II.8. A través de escrito de 22 de julio de 2021, la ahora tercera interesada Selva Carmiña Balcázar Velasco en su condición de heredera legal de Emil Balcázar Lara, reiteró al Fiscal de Materia hoy coaccionado la solicitud de allanamiento de domicilio y secuestro en el bien inmueble ubicado en la calle Walter Lenz, domicilio de Rosemberth Chávez Ruiz a objeto de secuestrar el vehículo tipo jeep, color azul, RAV 4, a gasolina, modelo 1998, reportado como robado con el fin de que no sea reubicado y ocultado por los querellados (fs. 90). Asimismo, por memorial de 28 de julio de 2021, la nombrada reiteró la solicitud de allanamiento y secuestro de movilidad y electrodomésticos robados, adjuntando una fotocopia simple del documento privado de compra venta de una vagoneta, marca Toyota RAV 4, a gasolina, modelo 1998, color azul marino, suscrito entre Daniel Paz Chávez como vendedor y Emil Balcázar Lara como comprador (fs. 95 a 96). Por requerimiento de 2 de agosto de igual año, el Fiscal de Materia ahora coaccionado estableció que la mencionada fotocopia no tiene fuerza de ley para determinar el derecho propietario, ordenando al funcionario policial asignado al caso realizar las actuaciones pertinentes para contar con la dirección, croquis de domicilio y demás pruebas para posteriormente solicitar al Juez de la causa el allanamiento de domicilio (fs. 98).

II.9. Cursa informe de 2 de agosto de 2021, efectuado por Rodrigo Callisaya Quispe, funcionario policial asignado al caso -ahora coaccionado- a través del cual sugiere al Director de la FELCC de Guayaramerín allanar los domicilios indicados por la tercera interesada Selva Mireya Balcázar Velasco, ubicados en las calles Walter Lenz entre calles Nicolás Costanovig y Vaca Diez; y, en la calle Costanovig entre calles Beni y 16 de Julio, ambos de la ciudad de Guayaramerín del departamento de Beni, existiendo la posibilidad de que en su interior estén los objetos sustraídos de la casa del barrio Simón Bolívar (fs. 101 y vta.). Mediante informe complementario de 9 de agosto del mismo año, el mencionado funcionario policial, adjuntó el croquis de los domicilios ubicados en la calle Walter Lenz entre calles Nicolás Costanovig y Vaca Díez; y, en la calle Nicolás Costanovig entre calles Beni y 16 de Julio (fs. 117).

II.10. Por memorial de 9 de agosto de 2021, la madre y el padrastro del accionante presentaron ante el Fiscal de Materia hoy coaccionado fotocopias legalizadas de todo el proceso civil de aceptación de herencia con beneficio de inventario al fallecimiento de Emil Balcázar Lara (fs. 123). Cursa certificado de defunción de Emil Balcázar Lara acaecido el 3 de abril de ese año (fs. 129).

II.11. Mediante del memorial presentado el 11 de agosto de 2021, el Fiscal de Materia ahora coaccionado requirió al Juez hoy accionado librar mandamiento de allanamiento, requisa y secuestro de elementos probatorios del inmueble cuya descripción y croquis se encontraría en el sobre cerrado adjunto, con la habilitación de días y horas inhábiles (fs. 220). Cursa Auto Motivado de la misma fecha, emitido por la citada autoridad judicial a través del cual mandó y ordenó el allanamiento, requisa y secuestro en los bienes inmuebles ubicados, el primero en la calle Walter Lenz entre Nicolás Costanovig y Vaca Diez; y, el segundo en la calle Nicolás Costanovig entre Beni y 16 de Julio, ambos de la ciudad de Guayaramerín del departamento de Beni con el fin de encontrar los objetos sustraídos, con la facultad de ruptura de seguros, chapas y candados, a los efectos de proceder al secuestro de lo especificado con habilitación de días y horas extraordinarias, encomendando su ejecución al Fiscal de Materia ahora coaccionado y la intervención de la fuerza policial (fs. 221). Consta Mandamiento de Allanamiento 028/2021 de esa fecha, librado por la autoridad judicial ahora accionada (fs. 222).

II.12. A través de Informe Psicológico caso FELCC 108/2021 de 12 de agosto, la Psicóloga de la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Guayaramerín del departamento de Beni, informó al Fiscal de Materia hoy coaccionado que durante la entrevista efectuada el accionante de 13 años de edad, el mismo refirió que: "En el mes de mayo falleció mi padre no recuerdo la fecha exacta......días antes de fallecer el vino a mi casa y nos dejó las llaves de su casa y del carro. Después que el falleció una semana después mi primo y yo íbamos a su casa a dar comida a los perros y fijarnos que faltaba y si estaba todo bien, cuando fuimos un día llegamos y nos dimos cuenta que la puerta estaba forzada el palo estaba en un costado revisamos y mire que faltaba las garrafas una de la cocina y el otro que estaba en el pasillo (...) Ya después mi madre le comento a mi hermana Mireya y ella nos dio permiso de sacar las cosas para que no le sigan robando sus cosas de mi papá, ya después fuimos a sacar las cosas y las tenemos en un depósito todo" (sic); por lo que recomendó, no involucrar a profundidad al menor de edad AA en los conflictos que atraviesa su madre para no provocar alteraciones emocionales y precautelar la integridad física y emocional del nombrado (fs. 227 a 228).

II.13. Constan actas de allanamiento, registro, secuestro e incautación de 13 de agosto de 2021, suscritas por el Fiscal de Materia y el funcionario policial hoy coaccionados, con la participación de las partes procesales y sin la presencia de la DNA ni de la Oficina del Adulto Mayor, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Guayaramerín del departamento de Beni (fs. 234 a 235 y 237 a 238).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Excepción al principio de subsidiariedad

La SCP 0858/2021-S3 de 8 de noviembre, reiterado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0088/2021-S3 de 20 de abril, y 1879/2012 de 12 de octubre, refirió sobre el interés superior de la niña, niño y adolescente, que: "'...a partir del interés superior como principio que ampara a los menores de edad, por cuyo motivo este Tribunal en acciones de libertad ya prescindió de la subsidiariedad excepcional que la caracteriza; dada la situación especial de este sector vulnerable de la sociedad que goza de la preeminencia en sus derechos fundamentales, en acciones de amparo constitucional también deberá relegarse el carácter subsidiario que exige la interposición de los medios intra procesales vigentes en forma previa a su activación, tomando en cuenta que un excesivo celo procesal podría poner a la persona afectada -accionante menor de edad- en situaciones no deseadas por el orden constitucional, materializando la transgresión de sus derechos cuando a lo que se propende con la interposición de las acciones de tutela es a lograr la máxima eficacia y tutela de los derechos consagrados por nuestra Norma Suprema'" (las negrillas nos corresponden).

III.2. Los alcances del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente

La referida SCP 0858/2021-S3, aludiendo a la SCP 0088/2021-S3 -citada precedentemente- respecto del interés superior de la niña, niño y adolescente, estableció lo siguiente: "Por disposición del art. 58 de la CPE: "Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones".

Asimismo, a efectos de garantizar la materialización de sus derechos, el art. 60 de la CPE, impone deberes al Estado y a la familia, disponiendo que: "Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado" (las negrillas fueron agregadas), prohibiendo y sancionando toda forma de violencia contra ellos tanto en la familia como en la sociedad, a través del art. 61.I de la Norma Suprema.

En el contexto normativo internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Bolivia mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990 -entre otros aspectos- establece en su art. 3, que: "1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño" (sic [...]); es decir, que otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, imponiendo con ello a los Estados parte, el deber de atención primordial del interés superior del niño, debiendo garantizarse su protección y cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres.

Los lineamientos de esos instrumentos internacionales, también se encuentran reconocidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sobre los derechos del niño establece que: "Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado".

Conforme a la normativa señalada, así como a la del Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SUDH y SIDH), se consolida la vigencia y el respeto del principio del interés superior del niño, el cual se constituye en el principio rector y básico de preeminencia del resguardo a las niñas, niños y adolescentes, que tiene un alcance esencialmente interpretativo de las medidas que puedan afectarles directa o indirectamente; permitiéndose conforme a ese postulado a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional y de la normativa especial familiar, reforzar el deber de garantizar la prioridad del interés superior de los menores de edad, que dentro del mandato constitucional conlleva actuaciones imperativas tendientes al respeto de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia -art. 60 de la CPE-, y/o en su caso garantizando el ejercicio y materialización de sus derechos.

Por su parte, el art. 1 del CNNA prevé y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a toda niña, niño y adolescente; esto con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia; determinando además en el art. 12 literal b del citado Código, como prioridad social, que es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar a la niña, niño y adolescente, con absoluta prioridad el ejercicio y el respeto pleno de sus derechos, estableciendo además, que toda niña, niño y adolescente, tiene derecho a ser atendido con prioridad por las autoridades, judiciales y administrativas.

En ese marco, la SCP 0195/2018-S4 de 14 de mayo, establece que: "Teniendo en cuenta que las niñas, niños y adolescentes carecen de la madurez biológica y psicológica suficiente y necesaria, para afrontar un conflicto por sí solos, debido a las etapas de desarrollo que atraviesan antes de convertirse en adultos, diferenciándose de estos incluso por sus necesidades emocionales y educativas, el Estado está obligado a adoptar políticas especiales y acciones afirmativas en favor de ellos, al constituir un grupo vulnerable reconociendo previamente su condición de sujetos de derechos y garantías, destinadas a eliminar las situaciones de discriminación o intolerancia que sufren en razón de su edad, promoviendo la efectiva observancia del principio de igualdad, en consideración a sus características especiales".