0807/2023-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0807/2023-S1 Sucre, 12 de julio de 2023

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción Popular

Expediente: 54354-2023-109-AP Departamento: Santa Cruz

En revisión de la Resolución 04/2022 de 2 de diciembre, cursante de fs. 1445 a 1453, pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Jorge José Valda Daza, Asesor de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y Director de Global Human Rights League en Bolivia; y, María Anelin Suarez Velásquez, Representante de la Asociación de Mujeres Ana Barba; contra Juan Santos Cruz, Ministro de Medio Ambiente y Agua; Magín Herrera López, Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal; Juan Carlos Calvimontes Camargo, Viceministro de Defensa Civil; Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz; Jhonny Omar Chávez Bascopé, Comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz; Omar Quiroga Antelo, Director Ejecutivo de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT); y, Adalberto Rojas Arteaga, Director Departamental del INRA de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 15 de septiembre de 2022, cursantes de fs. 68 a 89 vta., la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde hace varios años, se han venido produciendo incendios en la "Chiquitania y parte del Pantanal boliviano". Fenómeno suscitado por el inminente cambio climático, pero también, por actividades de agroexplotación y distribución de tierras fiscales para el asentamiento humano; fomentado por el mismo Estado a través de la promulgación de disposiciones normativas (DS. 3973 y Ley 741) y su débil capacidad institucional para hacer frente a cualquier contingencia. Lo que estaría incidiendo negativamente en las reservas naturales que tiene Bolivia (flora y fauna -medio ambiente/ecosistema-), llegando a lesionar los derechos a la seguridad ambiental, alimentaria y social de todos los que habitan en el departamento de Santa Cruz, entre estos, los pueblos indígenas originarios aledaños (Chiquitanos, Ayoreos, Guarayos, Cuyababa, Baures, Sirionó y Araona). Fenómeno que se llegó a agravar entre los meses de julio y octubre de 2019, y más aún, entre los meses de junio y noviembre de 2020; resultando afectadas de sobremanera, las Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP) del departamento de Santa Cruz y varios de sus Municipios, entre estos, San Antonio de Lomerío, San Matías, San Ignacio de Velasco, Urubichá, Postrervalle, Vallegandre y Concepción.

Si bien el 2019, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (GAD-Santa Cruz) promulgó la Ley Departamental (LD) 181, a través de la cual se implementó un plan de restauración para las zonas que resultaron afectadas por los incendios, la misma, no llegó a materializarse con ninguna acción concreta; lo que generó el incremento de zonas desprotegidas y preparadas para ser avasalladas por grupos de personas, entre estos los denominados interculturales, lo que es inadvertido por la Policía Boliviana y el Ministerio Público; además de concretizar: la pérdida de cuarenta millones de árboles con valor comercial; la muerte de 1200 especies; la destrucción de fuentes de alimentación, reproducción y refugio animal; la extinción de biodiversidad desconocida; el desplazamiento irregular de poblaciones; la emisión de carbono atmosférico crítico; la modificación de la biomasa vegetal, composición y estructura de los bosques; la alteración de los ciclos hidrológicos; la alcalinización de las aguas de las microcuencas; la mutación de la capa humífera; y, la turba de semillas.

Recientemente, según la Dirección de Recursos Naturales del GAD - Santa Cruz, existirían veinticinco puntos de incendio, lo que se traduciría en doscientas mil hectáreas afectadas; por lo que dieciséis Municipios del departamento de Santa Cruz se declararon en desastre natural, cifras que para el 2022 se fueron incrementando exponencialmente. Sin embargo, y de forma poco convencional, el Ministerio de Defensa, por intermedio del Viceministerio de Defensa Civil, atribuyendo responsabilidades a terceros, viene exponiendo ante la opinión pública otros datos, inferiores y diferentes a los referidos, sosteniendo que se estarían asumiendo todas acciones orientadas a solucionar el problema; lo que no llega a ser evidente.

Lo cierto es que actualmente son más de trescientas mil hectáreas de la "Chiquitania y parte del Pantanal boliviano", las que están siendo afectadas por los incendios producidos día a día; sin que se adopte al respecto ninguna acción concreta por parte de las autoridades competentes del Estado en todos sus niveles, con el fin de proteger tan importante región de Bolivia, ya sea, mediante la implementación de alguna política pública concerniente a desastres naturales, o por lo menos, de un plan de contingencia a corto, mediano o largo plazo, cuando era su deber proceder en consecuencia.

Es así que, se hace evidente una falta al deber de cuidado del medio ambiente y el incumplimiento o desatención de competencias por parte del:

Ministerio de Medio Ambiente y Agua; en:

"*Formular e implementar políticas generales, planes, normas, programas y proyectos para el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, protección y conservación del medio ambiente, y recursos hídricos articulados con los procesos productivos y el desarrollo social y tecnológico; *Formular estrategias, políticas, planes, normas, programas y proyectos en relación a servicios ambientales, gestión comunitaria, monitoreo, prevención; *Fomentar la gestión y custodia de los recursos de vida silvestre de los pueblos y comunidades indígenas, en coordinación con los mismos; *Ejercer las funciones de Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN), en el marco de las atribuciones establecidas en la legislación ambiental; *Formular y ejecutar políticas y normas para la protección y preservación de la vida silvestre, reglamentar la caza y comercialización de productos y sus derivados; *Coadyuvar, coordinar la formulación e implementación de normas y políticas para áreas protegidas, corredores de biodiversidad y ecosistemas especiales, en el marco del uso sustentable de los recursos naturales, la conservación y protección del medio ambiente e impulsar el desarrollo económico y social de las poblaciones vinculadas a las áreas protegidas; *Coordinar con las diferentes instancias competentes la planificación territorial y aprovechamiento de los recursos forestales y de la biodiversidad; *Coordinar la formulación de políticas para el uso sostenible de la tierra con instancias con competencias concurrentes; *Diseñar y desarrollar estrategias y políticas de planificación ambiental; *Coordinar con las instancias ambientales competentes a nivel departamental, municipal y sectorial las acciones relacionadas con la temática ambiental que surjan en los procesos de planificación; *Formular políticas para evitar la explotación forestal depredadora; *Implementar estrategias, planes y programas para la conservación y el aprovechamiento de los recursos forestales y manejo integral del bosque; e, *Implementar estrategias, planes y programas para la prevención y control de riesgos forestales" (sic).

Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal; en:

"*Formular e implementar políticas generales, planes, normas, programas y proyectos para el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, protección y conservación del medio ambiente, y recursos hídricos articulados con los procesos productivos y el desarrollo social y tecnológico; *Formular estrategias, políticas, planes, normas, programas y proyectos en relación a servicios ambientales, gestión comunitaria, monitoreo, prevención; *Fomentar la gestión y custodia de los recursos de vida silvestre de los pueblos y comunidades indígenas, en coordinación con los mismos; *Ejercer las funciones de Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN), en el marco de las atribuciones establecidas en la legislación ambiental; *Formular y ejecutar políticas y normas para la protección y preservación de la vida silvestre, reglamentar la caza y comercialización de productos y sus derivados; *Coadyuvar, coordinar la formulación e implementación de normas y políticas para áreas protegidas, corredores de biodiversidad y ecosistemas especiales, en el marco del uso sustentable de los recursos naturales, la conservación y protección del medio ambiente e impulsar el desarrollo económico y social de las poblaciones vinculadas a las áreas protegidas; *Coordinar con las diferentes instancias competentes la planificación territorial y aprovechamiento de los recursos forestales y de la biodiversidad; *Coordinar la formulación de políticas para el uso sostenible de la tierra con instancias con competencias concurrentes; * Diseñar y desarrollar estrategias y políticas de planificación ambiental; *Coordinar con las instancias ambientales competentes a nivel departamental, municipal y sectorial las acciones relacionadas con la temática ambiental que surjan en los procesos de planificación; *Formular políticas para evitar la explotación forestal depredadora; *Implementar estrategias, planes y programas para la conservación y el aprovechamiento de los recursos forestales y manejo integral del bosque; e, *Implementar estrategias, planes y programas para la prevención control de riesgos forestales." (sic). Viceministerio de Defensa Civil; en:

"*Supervisar la información del Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias. (SISRADE); *Gestionar ante las instancias correspondientes la declaración de zona de emergencia y/o desastre; *Cumplir las atribuciones y funciones establecidas en el Artículo 120 parágrafo II del Decreto Supremo No. 29894. Y Coordinar por delegación directa del Viceministro de Defensa Civil, las actividades de emergencia y auxilio con las Departamentales y Regionales de Defensa Civil; *Alertar a la población ante la probabilidad de la existencia de una emergencia; *Desastre que pueda provocar la alteración de las actividades normales en un territorio determinado; *Evitar o mitigar la pérdida de vidas humanas, bienes, materiales y el deterioro del medio ambiente, por efecto de emergencias y desastres naturales, tecnológicos y antrópicos; *Proporcionar transporte y otros requerimientos logísticos para la atención de emergencias con oportunidad, eficiencia y economía; *Optimizar los abastecimientos logísticos, para atender el manejo de desastres o emergencias por ocurrencia de eventos adversos en todo el territorio nacional; y, *Ejercer la Secretaria Técnica del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional" (sic).

Director Ejecutivo de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT); en:

"*Precautelar el manejo integral y sustentable de los recursos forestales y tierra en aplicación de la normativa legal vigente, por parte de las poblaciones locales, comunidades y pueblos indígena originario campesinos, Organizaciones Forestales comunitarias, así como actores privados; * Limitar, restringir o prohibir las prácticas de uso y manejo de tierras que produzcan su degradación en el marco de la ley; *Disponer o realizar inspecciones y auditorias forestales a las actividades autorizadas de acuerdo con la norma, así como a las actividades que involucren un probable uso inadecuado y no sustentable de los recursos forestales y tierra por operadores privados, comunidades, pueblos indígena originario campesinos y organizaciones forestales comunitarias; *Requerir a autoridades políticas, administrativas y jurisdiccionales, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, su participación en la tutela efectiva del Régimen Forestal; *Establecer una institución líder a nivel ejecutivo, programático y operativo, con capacidad de incidir en la sociedad civil y el Estado, para promover la conservación, preservación y restauración de bosques y tierra, certificando a los usuarios por el buen manejo del bosque; y, *Reducir la tasa de desmonte ilegal desarrollando programas de prevención, monitoreo y control de la deforestación, en coordinación con los órganos e instituciones competentes" (sic).

Fiscal Departamental de Santa Cruz; en:

"*Representar al Ministerio Público en el ámbito departamental al que pertenecen; *Ejercer la dirección funcional de la investigación criminal en casos de relevancia social o delegarla; *Designar a uno o más integrantes del Ministerio Público, para que actúen en comisión en casos determinados, reemplazarlos entre sí, formar equipos que trabajen conjuntamente cuando asuma directamente la dirección funcional en casos de relevancia departamental o que afecten gravemente al interés colectivo; *Coordinar con las instancias públicas pertinentes conforme a Ley; e, *Impartir órdenes e instrucciones a las y los Fiscales y servidoras y servidores dependientes, tanto las de carácter general como las relativas a asuntos específicos, en los términos y alcances establecidos en esta Ley" (sic).

Comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz; en:

"*Preservar los derechos y garantías fundamentales, reconocidos a las personas por la Constitución Política del Estado; *Proteger el patrimonio público y privado; *Proteger a la sociedad en caso de siniestros, calamidades, desastres y otros hechos naturales; *Cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico del país; *Las Unidades de Orden y Seguridad son responsables del desempeño de las funciones fundamentales de prevención y auxilio, a través de los servicios de patrullaje, bomberos, y seguridad física, seguridad penitenciaria, ferroviaria, turismo, minería, petrolera, forestal, vida silvestre y otros; y, *Tener a su cargo unidades especializadas de auxilio para la protección de la vida y los bienes, en caso de siniestros, incendios, inundaciones y otros desastres" (sic).

I.1.2. Derechos supuestamente lesionados

Considera lesionados los derechos al medio ambiente, a la vida, a la salud y a la salubridad, así como también los inherentes a la Madre Tierra; citando los arts. 15.I y II, 16.I, 18.I, 19.I, 21 núm. 2 y 33 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Que se conceda la tutela solicitada; y en consecuencia, se ordene:

"1. Se toma acción inmediata respecto a los avasallamientos. Se apliquen políticas públicas para la rehabilitación y restauración de las zonas identificadas y afectadas por los incendios desde el 2019 al presente. Se ordene al INRA la no emisión de titularidad sobre predios que son o fueron áreas forestales o protegidas.

2. Se conmine a las autoridades demandas a ejecutar nuevos y efectivos planes de acción que protejan nuestras áreas forestales protegidas, así como los parques que son reservas naturales protegidas. Se implementen postas sanitarias en las comunidades cercanas a los incendios para cuidar y restituir la salud respiratoria de los habitantes de las comunidades afectadas. Se genere una base de datos respecto a la flora y fauna afectada por los incendios. Se brinde la seguridad y los implementos necesarios para los voluntarios bomberos.

3. Se inicie las investigaciones necesarias por parte el Ministerio Publico y la Policía para que se dé con los responsables del origen de los incendios por chaqueos ilegales.

4. Para prevenir los incendios y mejorar las expectativas de conservación del Bosque Seco Chiquitano, es necesario establecer múltiples estrategias con distintos instrumentos y acciones pidiendo a las autoridades demandadas soliciten y acepten la ayuda internacional para la contingencia de los incendios en la Chiquitania, ya que la situación crítica puede extenderse aún más en el tiempo y el daño final podría llegar a ser mucho mayor al actual. Se conmine a las autoridades de Estado a que se inicien planes de acción con los países vecinos afectados como BRASIL, PARAGUAY Y PERU, en busca de mitigar de forma efectiva e inmediata el fuego.

5. Establecer una "Pausa Ecológica" en el Bosque Seco Chiquitano y declararlo de "Importancia Nacional" para la conservación y uso sustentable de sus recursos forestales maderables y no maderables, dada su condición de fragilidad, valor como patrimonio natural del país, importancia económica, social y ambiental. Esta Pausa Ecológica permitirá evaluar los daños de los procesos de deforestación e incendios establecer estrategias de restauración ecológica y protección.

6. Que las autoridades nacionales, departamentales y locales respeten el Plan de Uso de Suelo (PLUS) del departamento de Santa Cruz y particularmente que las autoridades departamentales extremen esfuerzos para su cumplimiento y aplicar las sanciones y penalidades correspondientes a los infractores y/o transgresores de esta norma fundamental para el desarrollo sustentable del departamento y de la Chiquitania. Solicitar a las autoridades, especialmente al Ministerio de Agua y Medio Ambiente, la Dirección General Forestal y a la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), refuerce acciones para preservar las Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP). Solicitar al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) extreme los cuidados en la dotación de tierras de acuerdo al ordenamiento territorial tanto departamental como municipal, realizando las consultas necesarias a todas las instancias gubernamentales pertinentes y especialmente a los gobiernos locales.

7. Apoyar a los gobiernos municipales de la Chiquitania en el ajuste e implementación de sus Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) teniendo en cuenta su potencial forestal, los valores que preservan el patrimonio natural, las fuentes de captación y provisión de agua, el riesgo de sequía, inundaciones e incendios, de tal modo que los planes de ocupación del territorio sean compatibles con la zonificación establecida en base a estos criterios.

8. Incluir en los POA de municipios y departamental un fondo para educación preventiva permanente, donde se transmita a la población las formas de manejo de fuego para uso productivo y/o doméstico, que se plantee alternativas productivas y sociales de adaptación al cambio climático y sea una fuente de educación para la salud social, donde se incluyan aspectos de reconocimiento de los servicios ecosistémicos, valoración del bosque y buenas prácticas de convivencia socio ambientalmente saludables.

9. Fortalecer mecanismos de gobernanza territorial, como la Plataforma Chiquitania Sostenible de la Red de Bosques Modelo, los Comité de Gestión de Áreas Protegidas, la Asociación de Comités de Gestión de AP de la Chiquitania, los Comité Impulsores y de Gestión de Cuencas, entre otras, para que tengan mayor protagonismo y capacidad de incidencia en las políticas públicas correspondientes.

10. Establecer un programa regional para la restauración del paisaje forestal que debe estar enfocado con las especies originarias del Bosque Chiquitano, excluyendo el uso de especies exóticas y canalizar recursos económicos para su implementación, haciendo notar que los costos para la prevención son significativamente menores que los costos de restauración" (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia virtual de la presente acción de defensa, se celebró el 2 de diciembre de 2022, según consta del acta cursante de fs. 1420 a 1445, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

En audiencia, explanó el siguiente argumento: Los planes estratégicos que se diseñaron con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, orientadas a mitigar los incendios, tienen incidencia nacional y no solo regional.

I.2.3. Intervención de terceros interesados

La Confederación de las Naciones de los Pueblos Indígenas - CIDOB; pese a que fue notificada con la acción popular, así como, con el Auto Constitucional de Admisión de 16 de septiembre de 2022 (fs. 1258), no intervino en la audiencia (virtual).

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz, a través de la Resolución 04/2022 de 2 diciembre, cursante de fs. 1445 a 1453, concedió en parte la tutela solicitada disponiendo lo siguiente:

"(...) dispone que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua por ser la institución regente del nivel nacional, convoque a la conformación de un Comité Interinstitucional o de otra denominación, en donde se encuentren presentes los diferentes nieles de Gobierno Nacional Departamental Municipal, así como los pueblos indígenas originarios campesinos, debidamente presentados, las asociaciones interculturales, las agrupaciones ganaderas, agrícolas y la sociedad civil en su conjunto, dada las competencias compartidas señaladas en el art. 299 numeral 2 de la Constitución Política del Estado, ello a efectos de que se coordinen no solamente acciones, sino también futuras políticas para la preservación, mitigación, fiscalización y ejecución entre otras, vinculadas a los desastres a los desastres naturales relativos al medio ambiente como ser los incendios forestales entre otros, a efectos de su preservación para el vivir bien de las generaciones presentes y futuras" (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de todos los antecedentes, se establece lo siguiente:

II.1. Documentación presentada por los accionantes, concerniente a las acciones asumidas por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (GAD - Santa Cruz), con relación a los incendios producidos en la "Chiquitania y parte del Pantanal boliviano".

1. "Veredicto Final del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (fs. 2 a 27). 2. Plan Estratégico para la Implementación del Plan de Recuperación de la Áreas Afectadas por los Incendios en el Departamento de Santa Cruz (28 a 66). 3. Disco Cd (fs. 69)".

II.2. Documentación presentada por el Director Ejecutivo de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), concerniente a los incendios producidos en todo el territorio nacional.

1. "Resolución Administrativa ABT Nº 142/2022 de 30 de junio de 2022. (fs. 111 a 114). 2. Denuncias realizadas ante el Ministerio Publico (fs. 115 a 144). 3. Estrategia Nacional (Para la Prevención, Control y Combate de Incendio Forestales y Post Evento 2022) (fs. 145)".

II.3. Documentación presentada por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (GAD - Santa Cruz), concerniente a la declaratoria de desastre natural en el departamento de Santa Cruz.

1. "Informe de Actividades Equipo de Bioseguridad, en el Marco de la Emergencia Departamental por Incendios Forestales (fs. 188 a 195). 2. Informe Técnico de Atención de Emergencia por Incendios Forestales Gestión 2022 (fs. 196 a 240). 3. Atención a Denuncias (Dirección de Ordenamiento Territorial) (fs. 241 a 359). 4. Reporte de Focos de Quema de la Secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (fs. 360 a 551). 5. Alertas emitidas por la Secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (fs. 552 a 694). 6. Resoluciones Administrativas (ABT - Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras) que determinan "Pausa de Quemas" (fs. 695 a 728). 7. Informe de Situación de Incendios Forestales (fs. 729 a 753). 8. Notas remitidas a la ABT, INRA, SERNAP y Viceministerio de Defensa Civil (fs. 754 802). 9. Disposiciones normativas Nacionales y Departamentales (803 a 1225). 10. Denuncias realizadas ante el Ministerio Publico e Informes Técnicos de sustento" (fs. 1259 a 1298).

II.4. Documentación presentada por el Comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz; concerniente a las "Acciones Asumidas, Casos, Denuncias por Incendios, Deterioro al Medio Ambiente en las Zonas de Protección y Específicamente en la Chiquitania y el Pantanal, desde la Gestión 2022" (fs. 1346 a 1399).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante considera lesionados los derechos al medio ambiente, a la vida, a la salud y a la salubridad, así como, los inherentes a la Madre Tierra; toda vez que, ante los incendios que se vienen produciendo en la "Chiquitania y parte del Pantanal boliviano", las autoridades demandadas no realizan ninguna acción concreta con el fin de proteger tan importante región, ya sea mediante la implementación de alguna política pública concerniente a desastres naturales, o por lo menos, de un plan de contingencia a corto, mediano o largo plazo; incurriendo así, en una falta al deber de cuidado del medio ambiente desatendiendo sus competencias; lo que estaría incidiendo negativamente en las reservas naturales que tiene Bolivia (flora y fauna -medio ambiente/ecosistema-), llegando a afectar a los que habitan el departamento de Santa Cruz, entre estos, a los pueblos indígenas originarios aledaños.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción popular

La acción popular, está configurada en el art. 135 de la CPE, el cual establece que:

"La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución" (negrillas añadidas).

De esta disposición constitucional se infiere que la acción popular protege derechos e intereses colectivos, además de los derechos e intereses difusos, conforme fue establecido en la SC 1018/2011-R de 22 de junio1, la cual refiere que: "Como se ha señalado la Constitución Política del Estado sostiene que la acción popular procede contra actos u omisiones que amenacen violar o violen derechos e intereses colectivos, sin hacer referencia a los intereses difusos; sin embargo dicha norma debe ser interpretada sistemáticamente y, en ese sentido, debe tenerse en cuenta que el mismo art. 135 de la CPE, hace referencia, como derechos e intereses protegidos, al patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, los cuales, con base en la distinción efectuada en el punto anterior, son específicamente considerados difusos y no así colectivos.

Consiguientemente, a partir de una interpretación sistemática del art. 135 de la CPE, se debe concluir que la acción popular protege, además de derechos e intereses colectivos, derechos e intereses difusos -ambos contenidos bajo el nomen iuris "Derechos Colectivos"- y, en ese sentido, cualquier persona perteneciente a colectividad o comunidad afectada puede presentar esta acción que, como su nombre indica, es popular" (El resaltado es añadido).

En ese entendido, es preciso establecer el ámbito de protección de la acción popular; es decir, respecto a la diferenciación entre derechos o intereses colectivos, difusos e individuales homogéneos; los cuales fueron desarrollados en el marco del mismo fallo constitucional, señalado líneas arriba; el cual, refirió que:

La SCP 0176/2012 de 14 de mayo2[2], siguiendo el razonamiento de la SC 1018/2011-R de 22 de junio, refirió que:

"...los derechos o intereses colectivos en sentido estricto y los derechos o intereses difusos que en esencia son transindividuales e indivisibles y necesariamente requieren una solución unitaria y uniforme, son tutelables por la acción popular, mientras que los derechos o intereses individuales homogéneos al tratarse de derechos subjetivos donde se busca el resarcimiento no se tutelan a través de la acción popular, puesto que en el derecho comparado se protegen por las acciones de grupo (Colombia) donde la sentencia determinará diferentes grados de afectación y de reparación económica."

En el marco de la referida Sentencia Constitucional; se estableció respecto a la subsidiariedad y el plazo para la inmediatez, el art. 136.I de la CPE, estableció que:

"La Acción Popular podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos e intereses colectivos. Para interponer esta acción no será necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir".

Por lo tanto, en esta acción de defensa, no rige el principio de subsidiariedad; toda vez que, no es necesario agotar la vía judicial ni administrativa para la restitución de derechos alegados como vulnerados; asimismo, esta acción puede ser interpuesta en tanto persista la vulneración de los derechos colectivos; razón por la cual, no se aplica la inmediatez.

Entendimientos que fueron reiterados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0014/2013-L; 0048/2013-L; 0160/2015-S1; 0110/2018-S2, entre otras.

En ese sentido, se puede colegir que los derechos o intereses colectivos y los derechos o intereses difusos que en esencia son trans individuales e indivisibles y necesariamente requieren una solución unitaria y uniforme, son tutelables por la acción popular; mientras que, los derechos de grupo o intereses individuales homogéneos al tratarse de derechos subjetivos donde se busca el resarcimiento se tutelan a través de la acción de amparo constitucional, conforme lo desarrollado por la indicada SCP 1018/2011-R de 22 de junio, al expresar lo siguiente:

"Cabe aclarar que los intereses de grupo no encuentran protección en la acción popular, pues, como se tiene señalado, en esos casos no existe un interés común -colectivo ni difuso-, sino un interés individual que, en todo caso, podrá ser tutelado a través de la acción de amparo constitucional, previa unificación de la representación" (El resaltado es añadido).

III.2. Disposiciones normativas relacionadas a competencias establecidas ("incumplidas o desatendidas")

El ordenamiento jurídico vigente (Constitución Política del Estado, Leyes, Decretos Supremos, y otros), a través de las disposiciones normativas que la componen, estableció competencias que deben ser observadas por toda entidad Estatal en el desarrollo de sus atribuciones, funciones, deberes y obligaciones.

En ese sentido, de la revisión integral de las disposiciones normativas que componente al ordenamiento jurídico vigente, se llega a evidenciar que; el Ministro de Medio Ambiente y Agua; el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Foresta; el Viceministerio de Defensa Civil; la Fiscalía Departamental; el Comando Departamental de la Policía; y, la Dirección Ejecutiva de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT); tienen las siguientes competencias:

Decreto Supremo 4857 de 6 de enero de 2023 del Ministerio de Medio Ambiente y Agua ARTÍCULO 90.- (ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA(O) DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA). Las atribuciones de la Ministra(o) de Medio Ambiente y Agua, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal

Viceministerio de Defensa Civil

Ley 260, Ley Orgánica del Ministerio Público de 11 de julio de 2012

ARTÍCULO 34. (ATRIBUCIONES). Las o los Fiscales Departamentales, dentro del ámbito territorial de sus funciones, tienen las siguientes atribuciones: 1. Representar al Ministerio Público en el ámbito departamental al que pertenecen. 2. Ejercer la dirección funcional de la investigación criminal en casos de relevancia social o delegarla. 3. Ejercer la supervisión del ejercicio de las investigaciones por los Fiscales de Materia. 4. Cumplir y hacer cumplir las instrucciones de la o el Fiscal General del Estado. 5. Elaborar el presupuesto de su departamento para ponerlo a consideración de la o del Fiscal General del Estado, así como su ejecución mensual en el marco de las leyes, bajo responsabilidad. 6. Conceder licencias a las o los Fiscales a su cargo, conforme a reglamento. 7. Establecer el rol de turnos y suplencias, de las o los Fiscales en su Departamento. 8. Coordinar el trabajo investigativo con las demás Fiscalías Departamentales y prestarles la cooperación que requieran. 9. Coordinar con las instancias públicas pertinentes conforme a Ley. 10. Impartir órdenes e instrucciones a las y los Fiscales y servidoras y servidores dependientes, tanto las de carácter general como las relativas a asuntos específicos, en los términos y alcances establecidos en esta Ley. 11. Designar a uno o más integrantes del Ministerio Público, para que actúen en comisión en casos determinados, reemplazarlos entre sí, formar equipos que trabajen conjuntamente cuando asuma directamente la dirección funcional en casos de relevancia departamental o que afecten gravemente al interés colectivo. 12. Disponer el desplazamiento temporal de fiscales por razones de servicio, garantizando la continuidad y la celeridad de las investigaciones, bajo responsabilidad. 13. Elevar informes escritos de sus labores a la o el Fiscal General del Estado trimestralmente y toda vez que ésta autoridad así lo requiera. 14. A requerimiento del Fiscal de Materia, solicitar a la autoridad policial competente la aplicación de procesos disciplinarios, para los servidores y servidoras policiales que sean separadas o separados de la investigación, por haber incumplido requerimientos Fiscales, o por haber actuado en forma negligente o ineficiente, bajo responsabilidad. 15. Autorizar la ejecución de las partidas presupuestarias asignadas a su Departamento. 16. Controlar el desempeño de las y los Fiscales a su cargo y llevar un registro de los actos iniciales y requerimientos conclusivos. 17. Resolver las objeciones de las resoluciones de rechazo e impugnación a sobreseimientos, conforme a procedimiento. 18. Velar por que las y los Fiscales mantengan actualizado el registro de actividades en los sistemas de seguimiento informático o de otra naturaleza, conforme a los procedimientos establecidos institucionalmente. 19. Informar al Fiscal General del Estado, de la radicatoria de la acusación formal contra Fiscales de Materia pertenecientes a su ámbito departamental, bajo responsabilidad. 20. Toda otra atribución prevista por Ley.

Ley Orgánica de la Policía Nacional de 8 de abril de 1985

Decreto Supremo 071 de 9 de abril de 2009

Las entidades Estatales referidas, se ven impelidas de cumplir con las disposiciones normativas descritas, ya que las mismas establecen las competencias que cada una tienen, por lo cual, deben desarrollar en sus atribuciones, funciones, deberes y obligaciones, en ese marco.

III.3. El derecho al medio ambiente

La Constitución Política del Estado (CPE) realza la necesidad de protección y preservación del medio ambiente en sus diferentes artículos, es así que:

El art. 9 de la CPE, señala entre los fines y funciones esenciales del Estado:

6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. El derecho al medio ambiente se encuentra consagrado como derecho fundamental, en la Sección Primera (Derecho al Medio Ambiente), perteneciente al Capítulo Quinto (Derechos Sociales y Económicos) que corresponde al Título Segundo (Derechos Fundamentales y Garantías) de la Primera Parte (Bases Fundamentales del Estado, Derechos, Deberes y Garantías) de la Constitución Política del Estado. En cuyo apartado se encuentran los artículos 33 y 34 que señalan lo siguiente:

Artículo 33 Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.

Artículo 34 Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente.

Por otra parte, el Título IV referido a las "Garantías jurisdiccionales y acciones de defensa", Capítulo Segundo (Acciones de defensa), Sección VI (Acción Popular), refiere lo siguiente:

Artículo 135 La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución.

Artículo 136 I. La Acción Popular podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos e intereses colectivos. Para interponer esta acción no será necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir. II. Podrá interponer esta acción cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad y, con carácter obligatorio, el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, cuando por el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de estos actos. Se aplicará el procedimiento de la Acción de Amparo Constitucional.

Como también a través del art. 255.I de la CPE se establece que las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo; las cuales, conforme el art. 255.II.7 se regirán por los principios de armonía con la naturaleza, defensa de la biodiversidad, y prohibición de formas de apropiación privada para el uso y explotación exclusiva de plantas, animales, microorganismos y cualquier materia viva.

Asimismo, el medio ambiente es una competencia que abarca a todos los niveles del gobierno, así la Constitución Política del Estado establece lo siguiente:

Artículo 298

I. Son competencias privativas del nivel central del Estado: (...) 20. Política general de Biodiversidad y Medio Ambiente. (...) II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado: 6. Régimen general de biodiversidad y medio ambiente. Artículo 299 II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas: 1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental. Artículo 302 I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: (...) 5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos. (...)

Artículo 304 II. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias compartidas: (...) 4. Control y regulación a las instituciones y organizaciones externas que desarrollen actividades en su jurisdicción, inherentes al desarrollo de su institucionalidad, cultura, medio ambiente y patrimonio natural. (...) III. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias concurrentes: (...) 3. Conservación de recursos forestales, biodiversidad y medio ambiente. (...)

De otra parte, la Constitución Política del Estado al referirse a la educación en el Título II (Derechos fundamentales y garantías); Capítulo Sexto (Educación, interculturalidad y derechos culturales); Sección I (Educación), en su art. 80 señala que "La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; a la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento serán establecidos por la ley", lo cual se relación con el Título III (Deberes), que en el art. 108.16 señala que son deberes de las bolivianas y bolivianos, proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos. A parte de todo ello, el art. 342, señala que es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente; prosiguiendo el art. 343 refiere que la población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente.

Respecto a las políticas de gestión ambiental, el art. 345 de la CPE refiere que se basarán en: 1. La planificación y gestión participativas, con control social; 2. La aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control de calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad de producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente; y, 3. La responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños medioambientales y su sanción civil, penal y administrativa por incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente.

Seguidamente el art. 347 señala que:

I. El Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los efectos nocivos al medio ambiente, y de los pasivos ambientales que afectan al país. Se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales.

II. Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en todas las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que se ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales.

Por último, el art. 391.I de la CPE, dispone que el Estado priorizará el desarrollo integral sustentable de la amazonia boliviana, a través de una administración integral, participativa, compartida y equitativa de la selva amazónica. La administración estará orientada a la generación de empleo y a mejorar los ingresos para sus habitantes, en el marco de la protección y sustentabilidad del medio ambiente.

Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha realizado las siguientes interpretaciones:

La SC 1974/2011-R de 7 de diciembre de 2011, en cuanto al derecho al medio ambiente y la calidad de vida, señaló lo siguiente:

El medio ambiente está compuesto por "una pluralidad de elementos que son reconocibles en su individualidad como el agua, los animales, las plantas y los seres humanos, en su elementos heterogéneo, algunos tienen vida como los animales y otros sólo tienen existencia, como las montañas y la tierra, son naturales y artificiales como los construidos por el hombre, como un edificio, u otros ideales como la "la belleza de un panorama"; elementos que se encuentran integrados y se relacionan según pautas de coexistencia".

La Constitución Política del Estado, en su art. 33, ha previsto que: "Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente".

El derecho al medio ambiente es el derecho de interés colectivo, donde la sociedad es la beneficiaria, donde "no sólo es necesario el mantenimiento de los requisitos ambientales, imprescindibles para la conservación del sistema ecológico en el cual está inserto el ser humano, sino que deviene fundamentalmente la obtención de una cierta calidad de vida (...). La calidad de vida definida como "el conjunto de condiciones espirituales, éticas y materiales en que se desenvuelve una comunidad, en un espacio y en un tiempo dados, condiciones que hacen posible para cada uno de sus integrantes una existencia sana, feliz, trascendente, solidaria y libre en oportunidad creciente".

Es el derecho de gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades actuales sin que ello comprometa a las generaciones futuras, como las actuales debiendo preservarlo; constituyendo deber de todos los bolivianos y bolivianas proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres (art. 108 de la CPE).

La SCP 1082/2013-L de 30 de agosto, al referirse al "derecho difuso al medio ambiente" (sic), destaca su reconocimiento en la Constitución Política del Estado, así como en instrumentos internacionales de la siguiente manera:

La Constitución Política del Estado, ha reconocido el derecho al medio ambiente en los siguientes términos: "Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente" (arts. 33 de la CPE). También hay un reconocimiento de este derecho en la Declaración de la Conferencia de Las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (también conocida como Declaración de Estocolmo), la cual establece como uno de sus principios que: "El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras". En el mismo sentido se observa, en la Declaración de Río Sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en el Protocolo de Kyoto de 2005; en el ámbito regional, el Protocolo de San Salvador establece en su artículo 11 que: "Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Los Estados parte promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente". La connotación de derecho difuso atribuida al derecho al medio ambiente, viene dada, en primer lugar por la definición anotada en el Fundamento Jurídico III.1.1 de la presente Sentencia, por la cual se entiende que son derechos o intereses difusos aquellos "...que corresponden a una pluralidad de personas que no pueden determinarse, lo que puede suceder por ejemplo cuando la distribución de un medicamento dañado amenaza a todo potencial usuario. Asimismo, por la naturaleza de estas circunstancias no existe la posibilidad de concebir que la pluralidad de sujetos estén organizados mediante mecanismos de coordinación de voluntades y menos que tengan una relación orgánica entre sí." (SCP 0176/2012 de 14 de mayo). En este sentido, la misma Norma Fundamental con relación al resguardo de este derecho señala en su art. 34, que: "Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente".

Aunque se trata de un derecho que no está explícitamente reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) su reconocimiento se deriva fundamentalmente de sus artículos 12 y 13, y la larga tradición de su reconocimiento en el derecho internacional de los derechos humanos, corresponde a un momento histórico, en el cual la comunidad internacional ha asumido un programa de acciones destinadas a conservar el hábitat de la humanidad para las generaciones presentes y futuras, reconocimiento que ha sido recogido por nuestra Norma Fundamental y desarrollado a través de la legislación ordinaria (Ley 1333 de 27 de abril de 1992).

Por otra parte, la SCP 0077/2020-S3 de 16 de marzo, estableció la configuración del medio ambiente en nuestro ordenamiento jurídico.

La conservación del medio ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, constituyen constitucionalmente un principio rector de la política, económica y social, un mandato de acción para los poderes públicos, presupuestos de una digna e igual calidad de vida para todos los ciudadanos, esto queda en consonancia con la declaración efectuada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972: "El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas, en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de protegerlo y mejorarlo para las generaciones presentes y futuras"; es decir, que la protección ambiental no debe limitarse a conservar lo existente, a que la naturaleza se mantenga con sus valores propios intacta, sino que debe tender a mejorar el entorno y la diversidad de esa naturaleza, potenciando su riqueza y asegurando su pervivencia por generaciones.3

El medio ambiente se configura en nuestro ordenamiento como un solemne derecho-deber que nos incumbe a todos en base a la solidaridad colectiva que predica la Constitución, cuya finalidad propia será la de garantizar el disfrute de los bienes naturales, por todos los ciudadanos; y se presenta su existencia como dos posibilidades: como un derecho subjetivo al medio ambiente adecuado (que conlleva un deber de conservarlo) y como derecho colectivo de todos, a ese mismo medio ambiente.

Haciendo referencia a la SC 1974/2011-R de 7 de diciembre de 2011, señalada al inicio del presente Fundamento Jurídico, despliega el concepto de desarrollo sostenible de la siguiente manera:

De esta línea jurisprudencial también podemos identificar el concepto de "desarrollo sostenible".

Pero, ¿Qué se entiende por desarrollo sostenible? La conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Rio de Janeiro en 1992, proclamó los principios que conforman tal idea y que se basan en el derecho soberano de los Estados a aprovechar y explotar sus recursos, que debe ejercerse sin causar daño ambiental a otros Estados, al mar o a la atmósfera, siendo la protección del medio natural una parte integrante de los procesos de desarrollo. Esa legítima mejora de las condiciones de vida, que implica también la potenciación de sectores productivos, frecuentemente contaminantes, debe ser respetuosa igualmente con la riqueza ambiental, teniendo en cuenta no solo a las generaciones presentes sino también a las futuras.

La SCP 0153/2021-S3 de 4 de mayo, refiriéndose a la regulación del derecho a un medio ambiente sano efectuada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hizo referencia a lo siguiente:

Ahora bien, en cuanto al derecho a un medio ambiente sano, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, reguló expresamente el mismo a través del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988, conocido como "el Protocolo de San Salvador", que fue ratificado por nuestro país mediante Ley 3293 de 12 de diciembre de 2005, que en el marco de los arts. 256 y 410 de la CPE, forma parte del bloque de constitucionalidad, y en ese sentido, merece su observancia y consideración, el cual a partir de su art. 11 estableció que: "1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos; 2. Los Estados parte promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente".

En ese marco de consideración interamericana con relación a la protección y desarrollo del derecho al medio ambiente sano, es de especial importancia tener presente la Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitada por la República de Colombia, la cual se constituye en uno de los primeros instrumentos en que dicha Corte se refiere de manera extendida en cuanto a las obligaciones estatales que emergen de la necesidad de la protección del medio ambiente bajo la consideración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), realizando una previa y significativa mención a la interrelación de los Derechos Humanos y medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida e integridad personal.

Respecto a la Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Colombia, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, destacó aspectos relacionados con la interrelación entre los derechos humanos y el medio ambiente resaltando la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos y culturales, que incluye el derecho a un medio ambiente sano, y la de los derechos civiles y políticos4, el desarrollo y su estrecha relación con los derechos económicos y sociales en la medida en que el medio ambiente afecta la calidad de vida y la seguridad del individuo5, la dependencia del pleno disfrute de todos los derechos humanos de un medio propicio, en la medida de que la gestión y eliminación inadecuada de productos y desechos tóxicos y peligrosos constituyen una amenaza grave para los derechos humanos, incluidos el derecho a la vida y a la salud6, las obligaciones ambientales de los Estados ante los múltiples derechos humanos son vulnerables a la degradación del medio ambiente7, la dimensión individual del derecho al medio ambiente, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros8, resalta que la Corte ha incluido la protección del medio ambiente como una condición para la vida digna9, en cuanto al principio de prevención de daños ambientales, señaló que Dicha protección no solo abarca la tierra, el agua y la atmósfera, sino que incluye a la flora y la fauna. Finalmente se establecieron una serie de obligaciones concretas de los estados en el marco de este principio de prevención a efectos de garantizar los derechos a la vida e integridad.10 Bajo esas consideraciones, se hace evidente que la jurisprudencia desarrollada, manifiesta que el medio ambiente está compuesto por una pluralidad de elementos (agua, animales, plantas y seres humanos, montañas, tierra y otros) que se encuentran integrados y que coexisten entre sí. Se lo identifica como un derecho de interés colectivo, donde la sociedad es la beneficiaria a través de una cierta calidad de vida, que no es otra cosa que aquellas condiciones espirituales, éticas y materiales en las que se desenvuelve una comunidad, en un espacio y en un tiempo dados, que hacen posible una existencia sana, feliz, trascendente, solidaria y libre en oportunidad creciente para sus integrantes. Este derecho ha sido reconocido por la Constitución Política del Estado, así como por instrumentos internacionales, como la Declaración de Estocolmo, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y el Protocolo de San Salvador, entre otros, que realzan la conservación del medio ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos humanos. La protección ambiental no debe limitarse a conservar lo existente, sino que debe tender a mejorar el entorno y la diversidad de esa naturaleza, potenciando su riqueza y asegurando su pervivencia por generaciones. En nuestro ordenamiento jurídico, el medio ambiente, es un derecho-deber, cuya finalidad, es la de garantizar el disfrute de los bienes naturales por todos los ciudadanos; siendo a la vez un derecho subjetivo, que conlleva un deber de conservarlo y un derecho colectivo a ese mismo medio ambiente.

III.4. El derecho a la salubridad pública

La SCP 2028/2013 de 13 de noviembre, reiterada en la SCP 0169/2014-S1 de 19 de diciembre, refiere al autor José Antonio Rivera Santiváñez, quien define a la salubridad de la siguiente manera:

"es un elemento esencial del derecho a la salud, que obliga al Estado a adoptar políticas de orden legislativo administrativo para crear las condiciones básicas y necesarias para que todas las personas que integran una colectividad humana puedan vivir lo más saludablemente posible. Las condiciones básicas y necesarias comprenden, entre otras, la disponibilidad garantizada de servicios de salud brindados por el Estado; condiciones saludables y seguras de trabajo; vivienda adecuada; servicios de saneamiento básico, como el agua potable y alcantarillado; servicios de energía eléctrica y telefonía; y alimentos sanos nutritivos.

(...) A los fines de la protección que brinda la Acción Popular, se entiende por derecho a la salubridad pública, la potestad y facultad que tienen todas las personas que integran una colectividad o comunidad humana para exigir y recibir del Estado aquellas prestaciones básicas y necesarias para vivir saludablemente, preservando su dignidad humana.

Este derecho colectivo a la salubridad pública, en el sistema constitucional boliviano, tiene su base en las normas previstas por la Constitución, en sus arts. 8.II. 9.2 y 5, 13.II, 14.III, 16, 18, 20, 35, 36 y 37; de otro lado en las normas previstas por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus arts. 11 y 12"

La SCP 1560/2014 de 1 de agosto, reiterada por las SCP 0443/2015-S1 de 8 de mayo y 0077/2020-S3 de 16 de marzo, al respecto señaló lo siguiente:

Del contenido mínimo del derecho a la salubridad pública, es posible concluir que este derecho es protegido a través de la acción popular a partir del respeto, protección y promoción de otros derechos individuales o colectivos que son interdependientes e indivisibles a éste (art. 13.I de la CPE), que tiendan a potenciar a las personas para que alcancen el más alto nivel posible de vida saludable, que incluye bienestar físico, mental y social, propiciando "condiciones de salubridad". Este derecho supone las condiciones básicas de prestaciones destinadas a proteger y a restaurar la salud de la persona y de la colectividad en busca de mejorar la calidad de vida de las personas.

Al respecto la Corte Constitucional Colombiana, en su Sentencia T-366/93 de 3 de septiembre de 1993, establece que la salubridad pública significa el acto de ser de la salud; es decir, el acto por medio del cual el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. No se trata de una manifestación potencial, sino de una actual. Ahora bien, al ser la salubridad pública una noción que implica la realización total de la salud, supone la presencia previa de salud individual. En consecuencia, resulta aplicable el principio de que la lesión de la parte afecta a la del todo; asimismo, la lesión del todo (salubridad) es necesariamente la lesión de la parte (salud individual).

En efecto, nótese que el derecho a la salud en el marco de los derechos humanos es el derecho a los cuidados de salud así como a beneficiarse de condiciones de salubridad, lo que significa implícitamente que la salud del individuo es inseparable del medio humano en el cual vive. Por lo que es obligación del gobierno no solo asegurar la salubridad pública, sino también brindar las instalaciones y los bienes necesarios para el disfrute del más alto nivel posible de salud.

Dicho entendimiento fue reiterado por la SCP 0483/2021-S2 de 30 de agosto, que además añadió:

De lo expuesto, se entiende que el derecho a la salubridad pública es un derecho difuso; toda vez que, corresponde a una pluralidad de personas que no puede determinarse; por lo que, es protegido a través de la acción popular a partir del respeto, protección y promoción de otros derechos que le son interdependientes e indivisibles -como el derecho a la salud-, entendido como el derecho a los cuidados de salud; a beneficiarse de condiciones de salubridad; lo que significa tácitamente que la salud del individuo es inseparable del medio humano en el cual vive, siendo deber del gobierno brindar las instalaciones y los bienes necesarios para el disfrute del más alto nivel posible de salud, constituyéndose este un componente interdependiente e indivisible de la salubridad pública.

De donde se tiene que una buena parte de estos derechos e intereses colectivos se desarrollan en el Capítulo Segundo (Derechos Fundamentales) del Título II (Derechos Fundamentales y Garantías) de la Primera Parte de la Constitución. Son, en consecuencia, derechos fundamentales que se relacionan de manera sustantiva con la noción de vivir bien. Asimismo, el derecho a la salubridad pública, debe ser comprendido como la potestad de los habitantes de una comunidad a pedir y recibir del Estado prestaciones como ser de los servicios de salud, condiciones saludables y seguras de todo espacio público o privado en el que los habitantes desarrollan su vida cotidiana, educación, recreación, servicios y consumo, salubridad en el medio en el que vive, prohibición de todo tipo de contaminación, saneamiento básico, que incluye el acceso a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, vivienda adecuada, alimentación sana, entre otros; implica la realización total de la salud y, que la salud del individuo es inseparable del medio humano en el cual vive.

III.5. La tutela del derecho a la vida, la salud y derechos conexos