Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0809/2026-S2 Sucre, 28 de abril de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 60454-2024-121-AAC Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 160/2023 de 8 de diciembre, cursante de fs. 70 a 79 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional presentada por Rafael Vargas Villegas en representación legal de Paulo César Rodríguez Folster contra Julio Huarachi Pozo y Salua July Dipp Antequera, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 28 de noviembre de 2023, cursante a fs. 1 y 11 a 14, el accionante, a través de su representante, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra, a instancias de José Luis Martínez Mollo y Rodolfo Sixto Quispe Vargas -hoy terceros interesados-, por la presunta comisión del delito de estafa; previo a la audiencia de medidas cautelares, interpuso excepción de prejudicialidad; argumentando que, conforme a la cláusula décima de arbitraje del "Contrato de Suministro" -de 10 de julio 2017- de mercancías, de carácter civil, suscrito con Benjamín Martínez Martínez, representante de la Asociación Nacional de Productores de Quinua (ANAPQUI), se llegó al acuerdo de que todo litigio, discrepancia, cuestión y reclamación resultante de la ejecución o interpretación directa o indirecta del citado contrato, se someterá previamente a la negociación directa entre partes; no obstante, el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, mediante Auto Interlocutorio 458/2023 de 5 de septiembre, declaró sin lugar e infundada la excepción que planteó, obviando considerar que, para la interposición de dicha excepción, no constituye requisito de procedibilidad la existencia de causa extra penal iniciada con anterioridad a la acción penal, bastando que la resolución a pronunciarse en la jurisdicción extra penal, sea indispensable para efectos de su procedencia y la sustanciación de esta como presupuesto previo al proceso penal.
Contra el citado Auto, interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto por Julio Huarachi Pozo y Salua July Dipp Antequera, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandados-, quienes, a través del Auto de Vista 109/2023 de 14 de septiembre, declararon improcedente su recurso, vulnerando la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación por las siguientes irregularidades:
- a)Le restaron valor al contrato original de suministro de mercancías que arrimó; por el cual, se establece la jurisdicción extrapenal (arbitraje) para resolver el conflicto jurídico en caso de generarse controversia -emergente del incumplimiento de dicho acuerdo, esto por cualquiera de las partes-, estableciendo que el citado acuerdo no cuenta con "garantía"; por ello, estaría justificada la intervención penal, ignorando el contenido de las cláusulas tercera y novena; mismos que, constituían la garantía;
- b)Omitieron considerar que la finalidad de la excepción de prejudicialidad, recaía en que, sí la sustanciación del arbitraje establecía uno o más elementos constitutivos del tipo penal de estafa u otro, recién se debía acudir a la jurisdicción penal; y,
- c)La invocación del art. 40 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no guarda relación con la excepción de prejudicialidad; puesto que, se refiere a la cosa juzgada civil de connotación, distinta a la finalidad de la excepción aludida, máxime si la jurisdicción extrapenal acordada no es la civil; por el contrario, es la regulada por la Ley de Arbitraje y Conciliación.
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