Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0809/2026-S3 Sucre, 15 de mayo de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción popular
Expediente: 69351-2024-139-AP Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 253/2024 de 29 de noviembre, cursante de fs. 581 vta. a 584, pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Carlos Jorge Vásquez Montenegro, Cristian Vaca Saucedo, Romi Pascual Yovio Yovio, Moisés Rodríguez Gálvez, Edgar Veliz Escalera, Jorge Aguilar Arnez y José Ponce Chavarría, todos asegurados, contra Julio Guillermo Saleck Canido, Secretario General del Sindicato Médico y Ramas Afines (SIMRA) y Cristina Morales Justiniano, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Caja Petrolera de Salud (PETROLCAJA), todos de la Caja Petrolera de Salud (CPS) Regional Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 8 y 20 de noviembre de 2024, cursantes de fs. 29 a 37, 40 y vta., los accionantes, manifiestan lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Los trabajadores pertenecientes al SIMRA y a PETROLCAJA, iniciaron un paro de actividades, paralizando la prestación del servicio de salud a los afiliados y a los beneficiarios como medida de presión para solicitar el cambio del Director Nacional de la CPS y el pago de un bono por servicios prestados a pacientes particulares.
Esta medida "...UNILATERAL E ILEGAL..." (sic) que afecta a un número aproximado de "60.000" y "...un total de 125 beneficiarios..." (sic), fue asumida de manera progresiva, procediendo inicialmente con un paro de veinticuatro, posteriormente cuarenta y ocho, setenta y dos y noventa y seis horas, teniéndose este último como acto lesivo que tuvo lugar desde 5 de noviembre de 2024.
Acciones que, son contrarias al ordenamiento jurídico, toda vez que este tipo de conflictos sociales se encuentra regulado por los arts. 114 y 119 de la Ley General del Trabajo (LGT) -Ley de 8 de diciembre de 1942- y 159 al 162 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DRLGT) -Decreto Supremo 224 de 23 de agosto de 1943- . I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados.
Denunciaron la vulneración de sus derechos de acceso a la salud y a la vida, invocando al efecto los arts. 35, 37, 38, 39 y 45 de la CPE; 25 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (DUDH); y, 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-.
I.1.3. Petitorio
Solicitaron se conceda la tutela y, en consecuencia, se ordene el cumplimiento de la triple finalidad de la acción popular:
- a)Preventiva, en cuanto a la prestación de servicio sin ningún tipo de interrupción;
- b)Suspensiva, disponiendo el cese de todo acto lesivo a través de la prestación de atención en todas las especialidades; y,
- c)Restitutoria, restableciendo el goce de los derechos colectivos afectados a su estado anterior, determinando responsabilidad civil a efectos de la indemnización de daños y perjuicios, responsabilidad penal a efectos de remisión de antecedentes al Ministerio Público y remitiendo antecedentes a la máxima autoridad administrativa para el inicio del proceso disciplinario.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia virtual el 29 de noviembre de 2024, según consta en acta cursante de fs. 568 a 581 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
Los accionantes, a través de su abogado, ratificaron de manera íntegra su acción popular, y ampliándola manifestaron que:
- 1)La acción popular fue planteada debido a los conflictos de los sindicatos de trabajadores de la CPS con el empleador, toda vez que, si bien tienen derecho a la reclamación, este derecho no puede estar por encima del derecho a la salud y la vida de los afiliados y beneficiarios;
- 2)Conforme establecen los arts. 105 y 110 de la LGT, ante el conflicto suscitado, los demandados debieron previamente agotar el arbitraje respectivo;
- 3)Podría indicarse que, el servicio de emergencias atiende con regularidad; sin embargo, los afiliados se encuentran cumpliendo con los aportes y pese a no estar brindando el servicio, los médicos recibirán sus salarios íntegros;
- 4)La presente acción popular fue interpuesta en defensa de derechos difusos, no solo de aquellos que acuden al servicio de salud por emergencias, sino también de las personas que requieren atención permanente, como ocurre con los jubilados, quienes pese a estar en el servicio pasivo, aun cuentan con la condición de afiliados al igual que los beneficiarios de estos; y,
- 5)Debe garantizarse el acceso al servicio de salud de manera ininterrumpida, conforme establece el art. 38.II de la CPE, precautelando dentro de este el canon de protección más alto con relación al derecho a la vida, que se constituye en un derecho primigenio, vinculado al derecho a la salud. I.2.2. Informe de los demandados
Julio Guillermo Saleck Canido, Secretario General del SIMRA y Cristina Morales Justiniano, Secretaria General de PETROLCAJA, a través de informe escrito presentado el 29 de noviembre de 2024, cursante de fs. 449 a 456, señalaron que, en la gestión 2020 fueron notificados con la designación del nuevo Director Nacional de la CPS, gestión desde la cual, se pudo apreciar el detrimento de la administración en desmedro de la entidad, generando desabastecimiento de medicamentos e insumos, falta y renovación de equipamiento médico, desconocimiento de derechos laborales, persecución laboral, aplicación ilegal del reglamento, imposición indebida de descuentos y sanciones, aspectos que generaron no solo una mala gestión administrativa para el personal de la CPS, sino también para los afiliados a quienes no se les puede brindar un servicio adecuado, en mérito a dichas falencias emergentes de la falta de capacidad administrativa del citado director, extremos que generaron que se inicien medias de presión, solicitando contra dicha gestión administrativa y financiera, mismas que concluyeron en la suscripción de un convenio laboral entre el Sindicato de Trabajadores Administrativos Paramédicos y de Servicios de la CPS, con el ejecutivo de la entidad David Martínez Flores, asumiendo siete compromisos, los cuales, fueron incumplidos por la referida autoridad, extremo que género que se retomen las movilizaciones y medidas de presión por parte de los entes sindicales de la administración de la CPS de La Paz; en tal sentido, el citado ejecutivo, interpuso una acción popular, a través de la cual, se emitió la Resolución Constitucional 126/2023 de 20 de junio, que dispuso la prohibición de realizarse movilizaciones en el Hospital Petrolero de Obrajes, exhortando a los terceros interesados "...Ministerio de Salud, Defensor del Pueblo y la ASUSS..." (sic), responda a la solicitud de los movilizados en el marco de lo establecido por el art. 24 de la CPE, respuesta que se materializo a través de la instalación de mesas de trabajo, para atender las demandas y requerimientos institucionales, referentes a recursos humanos, salud, equipamiento, legal y financiera en favor de los asegurados, conclusiones que de igual manera fueron incumplidas por el Director Nacional de la CPS -David Martínez Flores- contraviniendo lo determinado por la Sala Constitucional y en desmedro de cuatro millones de asegurados de la CPS a nivel nacional; ante lo cual, las federaciones sindicales de la CPS llevaron a cabo un ampliado nacional, a través del cual se determinó exigir la renuncia irrevocable de David Martínez Flores y todo su equipo de trabajo en un plazo no mayor a siete días hábiles; hacer conocer dicha determinación al Presidente del Estado, al Ministerio de Salud, Director Ejecutivo de ASUSS y cuanta repartición sea necesaria; estableciendo que en caso de no cumplirse dicho voto resolutivo, se asumiría como primera medida de presión, el paro nacional de veinticuatro horas, progresivo hasta llegar al paro indefinido, procediéndose a cumplir las formalidades respectivas, iniciaron las correspondientes medidas de presión.
A su vez, señalaron que pese a haberse dado inicio a las medidas de presión, velando por el derecho a la salud de los asegurados y beneficiarios de la CPS departamental Santa Cruz, se procedió a reforzar la atención de la unidad de emergencias de los diferentes establecimientos médicos, desarrollando su actividad con regularidad, exámenes complementarios, cirugías programadas, entre estos, atenciones que se brindaron a los propios accionantes en diferentes fechas, notas de solicitud de informes, reportes estadísticos, entrega de medicamentos, cirugías, laboratorios, entre otros, resaltando que los trabajadores y dirigentes que asumieron las medias de presión en defensa de los trabajadores y afiliados de la CPS, han realizado las atenciones en la unidad de emergencias y/o referidos acorde al estado de salud del paciente.
Por otra parte, refirieron que con relación a la legitimación pasiva, los accionantes dirigieron su acción en contra de sus personas, más sin embargo en caso de considerarse las medidas de presión como acto lesivo, debió tomarse en cuenta que las mismas emergen de las conclusiones asumidas por un ampliado nacional de los entes sindicales matrices de la CPS, siendo los demandados únicamente los representantes departamentales, resultando irónico que se plantee una acción popular en contra del ente que busca luchar por los derechos de los asegurados, siendo las autoridades de la CPS, quienes debieran velar por cubrir las necesidades de sus pacientes a través de la provisión de medicamentos, insumos, recursos humanos y cuanto se requiera para una atención adecuada, siendo la CPS como ente estatal, quien debe materializar estos acorde a sus competencias.
Adicionalmente, hicieron hincapié, al derecho a la huelga establecido en el art. 53 de la CPE, que si bien se encuentra limitado en cuanto a su ejercicio, a efectos de garantizar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás, debe estar establecido por ley, para lo cual ante la colisión de derechos, necesariamente debe realizarse el test de proporcionalidad, en base a los siguientes elementos, las limitaciones deben estar previstas por ley; deben responder a un objetivo legítimo para asegurar el respeto de los derechos de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública; y, las restricciones deben ser necesarias y proporcionales orientadas a satisfacer un interés público, en ese contexto se entiende que los servicios de salud se constituyen en esenciales, por cuanto el ejercicio del derecho fundamental a la huelga se encuentra limitado, ante la posible existencia de una "...amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población..." (sic); por cuanto, se hace esencial e indispensable analizar dicha limitación desde el principio de proporcionalidad, que establece, que si bien la limitación del derecho a la huelga es idónea para garantizar el acceso al servicio de salud, dicha medida de presión en el sector de salud, "...debe estar acompañada de otras que forman parte de la obligación de los Estados a garantizar dichos derechos, adoptando medidas efectivas que tengan como finalidad del pleno acceso a la prestación de los servicios de salud..." (sic), garantizando, materiales, insumos y condiciones a tal fin, en beneficios de los pacientes, toda vez que, la simple limitación al derecho a la huelga en el sector salud, no granizará por sí misma el acceso a los servicios de salud; siendo que como solución sustitutiva resulta posible adoptar medidas que garanticen el derecho de acceso a la salud antes de la prohibición del derecho a huelga sindical, a través de un servicio mínimo de funcionamiento, tal cual ocurre en el presente caso, habiéndose demostrado el acceso a emergencias y los demás servicios de la CPS; ello debido a que la limitación del derecho a huelga en el sector de salud resulta necesaria para garantizar el derecho al acceso a los servicios de salud de los afiliados de manera continua; sin embargo, ello no implica dejar desprotegidos a los trabajadores, pues en caso de optarse por la limitación del derecho a huelga de estos, el Estado debe garantizar las necesidades del sector salud a través de medidas compensatorias que aseguren un desarrollo adecuado de dicha prestación de servicio -condiciones, materiales, insumos- concluyendo que el derecho a la salud, no se limita a la prestación del servicio de manea continua e ininterrumpida, sino otorgar acceso a la salud completa e integral, siendo este precisamente el fundamento de la medida de presión asumida, toda vez que a efectos de materializar dichos derechos, no únicamente se requiere del diagnóstico médico otorgado por los profesionales de salud, sino que este debe contar con el equipamiento médico necesario, los insumos, stock de medicamentos, que garanticen un tratamiento adecuado, a través de estudios, laboratorios, exámenes entre otros, pues sin estos los médicos se ven privados de otorgar atención de calidad, toda vez que, la huelga no busca intereses o derechos sociales en favor del sector salud, sino por el contrario garantizar del derecho de los asegurados.
Que, a su vez se tiene una acción popular sobre el mismo objeto y sujetos, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, no siendo posible pronunciarse dos veces sobre el mismo objeto y los mismos sujetos, por cuanto solicitaron se deniegue la tutela por no contar con legitimación pasiva.
I.2.3. Intervención de los terceros interesados
David Martínez Flores, Director Nacional de la CPS, a través de su abogado , señalo que: La acción popular, tiene por finalidad la tutela de derechos colectivos, tal cual lo es el derecho de acceso al servicio de salud, salubridad, entre otros, derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, y tal cual ha referido la defensa de los demandados, con relación a la problemática del acceso a servicio a la salud contra el derecho a la huelga que asiste a los trabajadores del sector salud, se tiene la , a través de la cual, se establece que es posible limitar el derecho a la huelga de manera razonable, el Estado ha generado mecanismos para hacer prevalecer este derecho, mismo que se encuentra establecido a partir del art. 105 al 112 de la LGT, normas que no han sido observadas por los demandados -SIMRA y PETROLCAJA- y al margen de ello, las medidas de presión a las que se hacen referencia, se han tornado en violentas; toda vez que, pese a existir una Sentencia Constitucional Plurinacional con alcance erga omnes emergente de una anterior acción popular -se entiende la Resolución Constitucional 126/2023 de 20 de junio- que establece que no se pueden realizar actos de protesta en las instalaciones de la CPS, los demandados a título de medidas de presión nuevamente han tomado las instalaciones de dicha entidad, impidiendo que los trabajadores desarrollen su trabajo, controlando el acceso y salida, aspectos que hacen que más allá de una medida de presión se constituya en una toma institucional violenta, siendo que inclusive, pese a la existencia de funcionarios policiales en el lugar, los huelguistas reaccionan de manera agresiva y violenta contra las personas que ingresan a las instalaciones, sin impórtales inclusive que se trata en algunos casos de menores de edad, y que a su vez, si bien se indicó que no se ha cortado el servicio, brindándose atención a través del servicio de emergencias, los trabajadores que se constituyen a desarrollar sus trabajos con regularidad son amedrentados y amenazados por los miembros de estos sindicatos declarados en huelga, razón por la cual, se hace evidente la vulneración de los derechos de la colectividad de los asegurados de la CPS ante estas medidas asumidas, procediéndose inclusive al cerrado de puertas y ventanillas, al extremos de esculcar y revisar a toda persona que ingresa o sale de las instalaciones, extremo que no les permite desarrollar con normalidad la actividad de brindar el servicio de atención de salud a la población, tanto en el área de atención médica, como así en el área administrativa, solicitando se conceda la tutela impetrada y que la misma sea extensiva -se entiende a nivel nacional en todas las dependencias de la CPS-.
Continuando la intervención la abogada apoderada del tercero interesado señalo: Si bien se ha señalado que el motivo de las medidas de presión o están vinculadas al bono por servicios a particulares, resulta coincidente que precisamente ante la falta de suscripción de convenio al efecto se hayan iniciado las medidas de presión, por su parte refiere que los impetrantes de tutela señalaron que no se está reclamando derechos sociales, sino más bien se está velando por los intereses de los asegurados, cuando el trasfondo de dichas medias de presión es precisamente velar por sus intereses económicos, que si bien se alegó que no se está solicitando aumento de salarios, ello se debe a que las personas que están realizando el paro ganan desde Bs10 000.- hasta Bs23 000.- bolivianos, al margen de ello, la afectación que se ha generado a los asegurados conforme se tiene del informe emitido por la dirección médica es la siguiente: "...En La Paz, las consultas externas han sido suspendidas en un total de 5.000 pacientes, en Cochabamba 6.143 y en Santa Cruz 14.500, solo en consulta externa, los pacientes afectados en este eje central aproximadamente asciende a 25.643 pacientes. En el caso de cirugías en La Paz se han suspendido 25 cirugías, Cochabamba 34, Santa Cruz 156, haciendo un total de cirugías suspendidas 215, los estudios suspendidos en La Paz 76, Cochabamba 45... ...todos los estudios suspendidos son aproximadamente 328..." (sic).
Hassan Erick Bakry Rodríguez, Administrador Departamental de la CPS - Santa Cruz, a través de su abogado, señalo que: La "sentencia 027/2022", conocida por el mismo tribunal en un caso análogo del hospital Montero, posteriormente modulada por "", establecen que debe darse prioridad al derecho a la vida, a su vez, señalo que no se puede mezclar un proceso laboral, como es el pago del bono, con la pretensión de la acción popular, aspecto que debe ser resuelto en la vía correspondiente, se denunció que la CPS está obligada a brindar seguridad y salud, no obstante, que ante el conflicto escalonado con paro de veinticuatro, cuarenta y ocho, setenta y dos, noventa y seis y ciento veinte horas, la Administración de la CPS Regional Santa Cruz, remitió cartas notariadas a ambos sindicatos -accionantes- señalo también, que se sostuvo reuniones con los representantes de los sindicatos, para conocer sus demandas y se aclaró que con relación al proceso ordinario deberá estarse a los resultados de este, sin embargo, con relación al conflicto no se ha hecho conocer las demandas en específico para darle una solución al conflicto, pese a que la administración departamental ha instado a los sindicatos a tal fin, no habiendo tenido respuesta alguna; razón por la cual, se cursó otra nota deslindando responsabilidad, toda vez que el accionar de los impetrantes de tutela atenta contra la salud y la economía de la CPS; asimismo, varios procesos de contratación, para la compra de medicamentos e insumos, se han visto afectados a raíz de las emergencias del paro, pues no se tiene los informes firmados, por su parte que señalo, que los accionantes faltan a la verdad al indicar que están actuando en beneficio de los pacientes, pues no se está atendiendo consulta externa y el paro no es pacífico, no se permite el ingreso de los trabajadores a quienes incluso se procede a su desalojo, se ha puesto en conocimiento del Ministerio como también se ha solicitado al comando -se entiende de la policía boliviana- se brinde la seguridad respectiva, no pudiendo solicitarse a título de proporcionalidad que se coloquen los derechos de los trabajadores por encima del derecho a la salud y la vida, siendo que la Norma Suprema, establece que el derecho a la salud es prioridad del Estado, resultando contradictorio lo señalado por los demandados de estar peleando por los derechos de los asegurados, cuando los hechos demuestran lo contrario, no se brinda atención a consulta externa, existen pacientes que necesitan ser intervenidos quirúrgicamente, otros que requieren farmacia, personas con tratamientos que requieren de sus médicos de cabecera para que puedan contar con receta, lo cual es contradictorio a lo que señalan respecto a que estarían peleando por los derechos de los pacientes, pues no permiten que el área administrativa desarrolle sus actividades, porque hay proceso de licitación inconclusos y que esto puede generar el bloqueo en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), se han declarado procesos desiertos, hay pacientes con enfermedad terminal que necesitan atención, por cuanto se está jugando con la vida de los afiliados y asegurados, a su vez señalo que no se está en contra de los derechos de los trabajadores, pero los mismos tienen las instancias respectivas para hacer valer sus derechos conforme establece la Ley General del Trabajo, por cuanto se adhirió a la petición de los accionantes solicitando "...se permita el derecho a la seguridad social, a la salud y se permita a los trabajadores ingresar a su fuente laboral..." (sic).
I.2.4. Inspección en las instalaciones de la Caja Petrolera de Salud de Santa Cruz
Concluida la intervención de las partes, la Sala Constitucional decidió llevar adelante una inspección in situ de las instalaciones de la CPS de Santa Cruz; en ese sentido, se verificó que el paro de actividades afecta el área de consulta externa, debido a que ventanilla de atención al público no se encontraba entregando fichas, pero que emergencias seguía funcionando.
I.2.5. Resolución de la Sala Constitucional
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 253/2024 de 29 de noviembre, cursante de fs. 581 vta. a 584, concedió en parte la tutela impetrada, determinación asumida en base a los siguientes fundamentos:
- i)Los trabajadores de la CPS, se encuentran en paro y esto repercute negativamente en la salud de la población;
- ii)Los demandados se encuentran en huelga, demandando falta de atención, de medicamentos, de infraestructura y mejor atención por parte del ejecutivo de la CPS;
- iii)Si bien no se está otorgando fichas, el ingreso a la CPS está permitido y la unidad de emergencias está atendiendo a los pacientes, por cuanto no permite otorgar una tutela total;
- iv)Los demandados han confundido el entendimiento de servicio mínimo establecido en la , con la atención de emergencias, sin embargo dicha atención no cumple con las condiciones establecidas por el comité para la adopción de dicho servicio por cuanto el derecho a la salud no está cubierto en su totalidad, manteniéndose latentes los riesgos de la salud, seguridad y por ende la vida; y,
- v)La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la salud como un estado de perfecto completo bienestar, físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedad, si bien un paro es válido, no se puede parar en su totalidad, por cuanto el servicio de emergencias y cirugías, no implica garantizar la atención mínima, traducida en turnos de grupos de médicos para la atención escalonada de la población garantizando el acceso al servicio de salud, debiendo realizar un equilibrio entre su derecho a la huelga o protesta y el derecho a la salud de la población.
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución del nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
II. CONCLUSIONES De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursan las cédulas de identidad y certificados de asegurados a la CPS de los accionantes, que acredita su condición de rentistas/jubilados FUTUROS BOL y SENASIR; como así, Resolución Suprema 02849 de 14 de abril de 2010, emitida por archivos del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social y Resolución Administrativa (RA) SG SJD DAJ PJ 2014 561 de 23 de octubre de 2014, emitido por la Secretaría General del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (fs. 2 a 10).
Mostrando 37 de 183 parrafos.