0810/2019-S2

Texto de la resolucion

VOTO DISIDENTE DE LA SCP 0810/2019-S2 Sucre, 11 de septiembre de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad

Expediente: 29201-2019-59-AL Departamento: La Paz Partes: Aurora Carmen Rivas Vda. de Ortuño contra Luis Fernando Pérez Montaño, Juez de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer EPI-NORTE; Fernando Vladimir Quiroz Sanjinez, Juez de Instrucción Penal Octavo, ambos de la Capital del departamento de Cochabamba; Freddy Torrico Zambrana y Laslo Juan de la Cruz Vargas Vilte, ex y actual Fiscal Departamental de Cochabamba; y, Naira Samantha Luján Marañón y Miguel Vladimir Trigo Rocha, ambos Fiscales de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA DE LA DISIDENCIA

La suscrita Magistrada expresa su disidencia con lo resuelto en la SCP 0810/2019-S2 de 11 de septiembre, que confirma la Resolución 008/2019 de 27 de mayo emitida por el Tribunal de garantías y deniega la tutela impetrada, sin ingresar al fondo de la problemática planteada.

En todo caso, considero que debió: REVOCAR en parte dicha Resolución Constitucional; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada únicamente respecto a la actuación arbitraria de la autoridad judicial demandada al tiempo de analizar los riesgos de obstaculización establecidos en los numerales 2 y 3 del art. 235 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, DENEGAR con relación a los demás actuados jurisdiccionales y fiscales, constituidos en actividad procesal defectuosa, por operar la subsidiariedad excepcional; y, respecto al análisis del peligro de fuga determinado en el art. 234.2 del referido Código. Sobre la base de de los siguientes fundamentos y términos dispositivos:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y defensa; toda vez que, en la tramitación del proceso penal seguido en su contra, se produjeron muchas irregularidades: en el sorteo de la causa, en la imputación formal, en la revocatoria de la resolución de sobreseimiento, en la notificación para la audiencia cautelar, en la declaratoria de rebeldía, en la ejecución del mandamiento de aprehensión en otro departamento al del lugar del proceso y en su detención preventiva. Por lo señalado, solicita se conceda la tutela impetrada, la reparación de daños, una auditoría para comprobar la ilegalidad del proceso; y, se ordene reparar, restituir o restablecer los derechos conculcados.

II.1. El debido proceso vía acción de libertad con relación al estándar jurisprudencial más alto

La suscrita Magistrada a través de los Votos Disidentes correspondientes a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0040/2018-S2 de 6 de marzo y 0204/2018-S2 de 22 de mayo, entre otros, dejó establecido que:

El debido proceso es una garantía procesal que busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana, a los derechos y garantías constitucionales, dentro de cualquier tipo de proceso, entendido éste como "...aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto..."1.

En el proceso penal, que es el medio por el cual se investigan hechos delictivos -para garantizar el resultado del mismo y su acervo probatorio-, se permite establecer algunas restricciones a la libertad del procesado, dentro de ciertos límites previamente establecidos por la ley y sobre la base del principio de proporcionalidad, teniendo siempre en cuenta, el respeto del derecho a la libertad a partir del principio de presunción de inocencia. Ello justificó que se hayan establecido, para el proceso penal, una serie de garantías más amplias que para otro tipo de procesos en los que por su propia naturaleza, no le serían aplicables.

En ese sentido, el tratamiento que la Convención Americana sobre Derechos Humanos le da al debido proceso, está contemplado fundamentalmente en su art. 8, que desarrolla algunos principios del debido proceso penal asumidos por los sistemas penales y procesales penales actualmente en vigencia. Dichos principios apuntan hacia un garantismo del ciudadano frente a un poder casi ilimitado y más fuerte que él, el del Estado que realiza la función de investigar los actos que afectan la normal y armónica convivencia social. Siendo por ello, necesaria la existencia de un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado, donde las garantías procesales adquieran sentido y actualidad, al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia de reglas en la investigación policial y judicial, en las que queden de lado los intereses del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia.

Existe una estrecha relación entre los derechos humanos y el proceso penal que se genera en la propia naturaleza de este tipo de proceso, donde se compromete la libertad personal del imputado. Como aspectos generales, el derecho de defensa en materia penal, debe ser no solo formal, sino también material; es decir, ejercido de hecho, plena y eficazmente, lo cual implica además, el derecho de hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa, sin exponerse a sanción ni censura algunas, por ese ejercicio.

Las exigencias del principio del debido proceso se extreman en el campo del proceso penal, en el cual se manifiestan, entre otros, los principios de legalidad, de juez natural, de inocencia, in dubio pro reo, de doble instancia y los derechos de defensa en sí, a una sentencia justa, a la cosa juzgada, a la valoración razonable de la prueba, a la fundamentación de las resoluciones, entre otros.

Ahora bien, ante la lesión de los elementos que componen la garantía del debido proceso, es posible acudir a la justicia constitucional, a través de las acciones de defensa, denunciando el acto ilegal lesivo de dicha garantía; sin embargo, respecto a qué acción de defensa es la idónea para su tutela, no existe unanimidad de criterios en la jurisprudencia constitucional, en especial en cuanto a su protección a través de la acción de libertad.

Efectivamente, sobre la protección del debido proceso vía acción de libertad, cabe mencionar como antecedente a la SC 0024/2001-R de 16 de enero2, la cual estableció que la protección al debido proceso a través del entonces recurso de habeas corpus, era viable solamente en aquellos casos en los cuales exista directa causalidad con la libertad personal o de locomoción; es decir, cuando los actos u omisiones denunciados sean la causa directa para la restricción o supresión del derecho a la libertad.

Este entendimiento fue seguido por la jurisprudencia constitucional hasta su modulación por la SCP 0217/2014 de 5 de febrero5, en la que, a partir de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), con relación al art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, establece en su Fundamento Jurídico III.1, que:

Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal.

En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone (resaltado añadido).