Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0811/2019-S2 Sucre, 11 de septiembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo Constitucional
Expediente: 28556-2019-58-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 01/2019 de 5 de abril, cursante de fs. 738 a 741 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan José Lima Magne en representación legal de Franklin Álbaro Renán Antezana Vigano contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Olvis Eguez Oliva, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 24 de enero y 6 de febrero ambos de 2019, cursantes de fs. 659 a 670 vta.; y, 674 a 678 vta., el accionante a través de su representante expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Interpuso demanda ordinaria de nulidad de contrato de venta contra su hermano Guido Javier Franklin Antezana Vigano, en la cual se puso en duda la legalidad de la Escritura Pública 523/2003 de 8 de abril, y en el Otrosí Primero se expuso la duda sobre la veracidad de la firma de la vendedora Zoila Vigano de Antezana en dicha Escritura, solicitando un estudio pericial sobre la misma; asimismo, el 1 de julio de 2012 declaró que la acción se sigue por la duda respecto a la falsedad de la firma de la vendedora.
En el curso del proceso el Juez de la causa le impuso la obligación de probar las causales establecidas en el art. 549 incs. 1), 2), 3) y 4) del Código Civil (CC); también, se produjo una pericia documentológica, cuyo dictamen determinó que dicho documento no fue firmado por Zoila Vigano de Antezana.
Al cabo del trámite, el Juez de Partido Civil y Comercial Décimo Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante Sentencia declaró improbadas la demanda y la reconvención; fallo que fue anulado por Auto de Vista de 26 de septiembre de 2014; razón por la cual, la referida autoridad judicial emitió nueva Sentencia el 9 de marzo de 2015, en la que se afirma que esa falsedad debe ser investigada por el Ministerio Público, por cuyo motivo no se pronunció sobre ese hecho y falló declarando improbadas la demanda y la reconvención.
Contra el fallo de primera instancia interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por Auto de Vista S-36/2017 de 30 de enero, declarando probada la demanda, con el fundamento que el contrato es nulo por ser contrario al orden público, por haberse demostrado que el mismo fue falsificado y que los administradores de justicia no pueden reconocer la vigencia o la legalidad de un acto jurídico que se originó en la falsificación de un documento.
El mencionado fallo de segunda instancia fue impugnado por Luz María Martínez Terrazas, (quien compareció al proceso en su calidad de heredera del demandado, en razón a que éste falleció en el curso del trámite) mediante la interposición del recurso de casación, que fue resuelto por , pronunciado por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia; Contra dicha Resolución se interpone la presente acción de tutela, en razón a que en su emisión, las autoridades demandas incurrieron en las siguientes ilegalidades:
- a)A tiempo de resolver la admisión del recurso interpuesto, mediante , estableció como único argumento que debía ser objeto de análisis la falta de congruencia del Auto de Vista respecto al pago del precio de la venta; empero, no obstante reconocerse que carece de técnica recursiva, se dieron a la tarea de reinterpretar y reformar un recurso mal planteado, asumiendo el rol de defensores de la recurrente y fallaron apartándose del criterio asumido en el Auto Supremo de Admisión;
- b)No se le dio la oportunidad de responder al recurso de casación reinterpretado por las autoridades demandadas, así como al argumento del principio dispositivo;
- c)Asume incorrectamente que la demanda no se planteó por la falsedad del documento; puesto que, omite considerar que en ese acto de postulación se planteó la posibilidad que la firma de la madre del demandante fuera falsificada y en mérito a esa convicción se solicitó un estudio pericial que concluyó que la firma era falsa, de manera que la decisión asumida por el Tribunal de apelación consideró el entendimiento establecido en el ;
- d)Al fallar se omitió aplicar el principio iura novit curia, puesto que no consideró que siendo la base fáctica de la demanda la falsedad de la firma de la vendedora, es labor de los jueces reparar los defectos normativos, si los hubiese; y,
- e)Omitieron valorar la prueba de la falsedad de la firma de la vendedora, incurriendo en error al señalar que el estudio grafotécnico hubiera sido solicitado recién en el momento de ofrecer prueba, desconociendo que dicha prueba fue solicitada a tiempo de interponer la demanda.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; a la defensa; a la propiedad y a la tutela judicial efectiva, citando al efecto el art. 115.II, 119.II; y, 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
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