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TCP

0811/2019-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
15 de noviembre de 2019SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0811/2019-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0811/2019-S3 Sucre, 15 de noviembre de 2019

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional

Expediente: 29851-2019-60-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 101/2019 de 8 de julio, cursante de fs. 213 a 218 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ángel Quispe Cáceres e Isidoro Paico Romero en representación de la comunidad campesina Antofagasta y comunidad Virgen de Cotoca, respectivamente, contra Angela Sánchez Panozo, María Tereza Garrón Yucra y Elva Terceros Cuéllar, Magistradas del Tribunal Agroambiental.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 17 de mayo de 2019, cursante a fs. 1 y 37 a 56 vta., los accionantes manifestaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso de saneamiento simple ejecutado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) del polígono 120 correspondiente a la comunidad campesina de Antofagasta y comunidad Virgen de Cotoca, tras incurrirse en una serie de irregularidades se emitió la Resolución Administrativa RA-SS 0521/2009 de 29 de abril, la cual fue recurrida ante el Tribunal Agroambiental mediante proceso contencioso administrativo en la que denunciaron entre otros aspectos el incumplimiento de plazos en el saneamiento, la existencia de error en la consignación de las comunidades saneadas -puesto que se mencionó a personas individuales que no representan a las comunidades-, la no consignación de vértices mensurados, incoherencia en la información de campo y error en los vértices prediales de "GPS", entre otros.

La demanda interpuesta fue resuelta por las autoridades demandadas a través de la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 52/2018 de 27 de septiembre, declarando improbada su pretensión mediante un pronunciamiento que tergiversó el contenido de su pretensión, estableciendo de manera irregular fundamentos erróneos, sustentando de esa forma las fallas en las que incurrió el INRA sin desarrollar ninguna de las observaciones realizadas al procedimiento seguido por dicha dependencia, por lo que la decisión a la que se arribó carece del suficiente sustento. Asimismo, se incurrió en omisión en la valoración de los elementos probatorios ya que no se consideró el Informe Técnico CITE INF/DMA 485/2018 -no señaló fecha- emitido por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) en el que se tiene establecido que no hay sobreposición de los predios con un área protegida, recayendo en incorrecta aplicación e interpretación de las leyes sin resolver en ninguno de los supuestos planteados el fondo de la controversia refiriendo que su posesión data de 2012 y por ende la no aplicación de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996- sin razonar que existen dos pruebas claras que determinan que la comunidad campesina Antofagasta se encuentra asentada desde 1994, además debió considerarse la acumulación de la posesión a partir de dichas pruebas.

Las autoridades demandadas también incurrieron en incongruencia externa al no dar respuesta a los agravios expuestos en su demanda contencioso administrativo, denotando una evidente parcialización que conlleva la lesión de sus derechos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Los accionantes denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, pertinencia y aplicación objetiva de la ley, a la igualdad de las partes y al juez natural, independiente e imparcial, citando al efecto los arts. 14.V, 24, 115.II, 120.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela y en consecuencia:

  1. a)Se declare la nulidad de la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 52/2018, disponiendo la emisión de una nueva resolución en base a los parámetros establecidos en la Constitución Política del Estado y jurisprudencia constitucional; y,
  2. b)Que las autoridades judiciales que generen determinaciones en cuanto a tierras y desarrollen sus actividades en el marco del art. 232 de la CPE, efectuando una interpretación conforme a los principios constitucionales y legales, a los instrumentos normativos y al bloque de constitucionalidad.

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Tribunal Constitucional Plurinacional15 de noviembre de 20190811/2019-S3Fuente oficial