0811/2023-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0811/2023-S1 Sucre, 12 de julio de 2023

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 36671-2020-74-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 67/2020 de 18 de septiembre, cursante de fs. 347 vta. a 351 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sonia Ricaldez Orellana de Vela contra Kurt Paul Koenigsfest Sanabria, Máxima Autoridad Ejecutiva, Daniel Maldonado Tejada, Brian Marcelo Siles Loras, Giovana Icela Benítez Escobar, Dirza Alejandra Salazar Monasterios, Lourdes Mónica Machaca Huallpara, Luis Eduardo Bejarano Martínez, Nelson Nogales Medina y Freddy Aceituno Uluchi, miembros de la Comisión Mixta Sumariante 2019, 2020, todos del Banco Solidario Sociedad Anónima (BANCOSOL S.A.).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 19 de agosto de 2020, cursante de fs. 246 a 273 y el de subsanación de 3 de septiembre del indicado mes y año (fs. 286 a 287), la impetrante de tutela, expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Prestó sus servicios en el BANCOSOL S.A., como asesora de créditos, encargada de créditos y finalmente como encargada de admisión y capacitación hasta el 23 de enero de 2020 fecha de su ilegal desvinculación, el 3 de diciembre de 2019 la Comisión Mixta Sumariante de BANCOSOL S.A., la notificó con la Resolución de Inicio de Proceso Interno 015/2019 de 27 de noviembre de inicio de proceso interno, es así que el 10 de diciembre del citado año, interpuso incidente de nulidad, por vulnerar la garantía del debido proceso en su vertiente de la garantía del juez natural competente, independiente e imparcial, ya que la comisión mixta aludida es incompetente en razón al elemento territorio, al juzgarla desde la ciudad de La Paz; siendo que, los supuestos actos justiciables ocurrieron en Santa Cruz, y no cumplió con los presupuestos de independencia e imparcialidad, ya que sus miembros laborales fueron designados por la parte patronal, careciendo de legitimidad de representación para con los trabajadores.

Así mismo, refirió haber observado, impugnado y objetado expresamente las fotocopias simples que contenía la denuncia, aspecto que incumplía lo determinado por los arts. 147 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y 1311 del Código Civil (CC); por cuanto, carecían de valor probatorio, consecuentemente solicitó se le extiendan fotocopias legalizadas de todos los actuados del referido proceso interno, el acta de constitución, elección y posesión de la Comisión Mixta Sumariante, mismos que expresamente le fueron negados mediante decreto de 11 de diciembre de 2019.

En un segundo memorial solicitó también se la notifique expresamente con las pruebas de cargo de forma individual, solicitando se realice una audiencia de inspección laboral, misma que fue obviada por la Comisión Mixta Sumariante, de la misma manera en un tercer memorial reclamó a la mencionada comisión que está no se pronunció sobre su solicitud de realización de audiencia de inspección laboral como medio probatorio, memorial que también fue obviado, vulnerando su derecho a proponer prueba y producirla dentro del proceso interno.

Consecuentemente de ello, el 13 de diciembre de 2019 mediante memorial ratificó y amplió el contenido del incidente de nulidad por violación al derecho irrestricto a la defensa, por no permitirle el acceso a los actuados del proceso interno, posteriormente el 19 del citado mes y año solicitó expresamente que en el día se la notifique con la Resolución del Proceso Interno; puesto que, en esa fecha ya había vencido el plazo de tres días hábiles después de transcurridos los diez días del término de prueba, para que la Comisión Mixta Sumariante pronuncie dicha resolución final, memorial que tampoco tuvo respuesta.

Refirió que, el 20 de diciembre de 2019 fue notificada con un decreto supuestamente emitido el 19 del señalado mes y año, mediante el cual el Presidente de la Comisión Mixta Sumariante firmando solo él, decretó la clausura del término probatorio, es así que el 27 del indicado mes y año, con la intervención de Notario Público 64 de la ciudad de Santa Cruz, quien verificó y constató mediante consulta personal a Daniel Maldonado Tejada (Presidente de la Comisión Mixta Sumariante de BANCOSOL S.A.), quien ante requerimiento de notificarle con la "Resolución Final del Proceso", refirió que: La resolución final de proceso aún no había sido emitida y que saldría en los siguientes días, misma consulta la realizó a "Erika Herrera", Secretaria General, quien manifestó que la resolución aún no había sido emitida y que tenía entendido que sería emitida en los próximos días, es así que, el 2 de enero de 2020, nuevamente solicitó que en el día se la notifique con la resolución final de proceso interno, ya que venció el plazo para que la Comisión Mixta Sumariante pronuncie dicha resolución, y hasta la indicada fecha no existía resolución final de proceso interno, aspecto que vulneró el debido proceso en su vertiente seguridad jurídica y quedando la Comisión Mixta Sumariante sin competencia.

El 6 de enero de 2020, la notificaron con la Resolución Final de Proceso Interno 21/2019, supuestamente expedida el 24 de diciembre de 2019, fecha que no condice con la realidad y tampoco con la foliatura cronológica del expediente, posteriormente el 7 de enero de 2020 mes y año mediante decreto, la Comisión Mixta Sumariante dispone se le proporcione fotocopias del expediente del proceso interno, cuando ya se había clausurado el término probatorio; es decir, cuando ya no podía asumir una adecuada defensa material y técnica; consecuentemente, y con tales irregularidades, la citada Resolución Final determinó que con las supuestas conductas asumidas por su persona incumplió el Reglamento Interno de Trabajo del BANCOSOL S.A.; empero, bajo un razonamiento incongruente e infundado; puesto que, no señaló como esas conductas vulnerarían dicho Reglamento; es decir, no determinó el nexo de causalidad entre la pretensión demandada, el hecho endosado, la norma vulnerada y la sanción o consecuencia jurídica emergente de dicho nexo de causalidad, emitiendo una Resolución carente de fundamentación y motivación, ya que también omitió de forma arbitraria la valoración de la prueba al no otorgarle un valor a su prueba, y al no pronunciarse sobre la inspección laboral solicitada y ofrecida como medio probatorio, con la que pretendía desvirtuar el argumento de que su persona generaba un mal clima laboral, pero al ser omitida vulneró su derecho a la defensa material, determinándose así, responsabilidad administrativa en el ejercicio de sus funciones y sancionándola con la desvinculación de la institución, por supuestamente haberse adecuado su conducta a las infracciones previstas en el Reglamento Interno de Trabajo, citando solo los numerales 1,2,5,6,13 y 23 sin saber de qué artículo, generando incertidumbre; asimismo, cito el art. 102 inc. 16), 23), 24) y 32), sin que la primera conducta haya sido siquiera mencionada en sus argumentos y sin acreditar ninguna prueba respecto a las otras conductas, y sobre el último inciso de manera arbitraria no especificó cual la inconducta sancionada de manera clara y especifica; señalando además que también hubiere incumplido el Manual de funciones de Encargado de Capacitación del BANCOSOL S.A., en cuanto al objetivo del cargo; todo ello, sin demostrar la subsunción de su accionar a los preceptos de las contravenciones sancionadas.

Alegó que, ante tales vulneraciones, el 9 de enero de 2020 en tiempo oportuno ratificó su incidente de nulidad por vulneración al debido proceso e interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Final de Proceso Interno 21/2019, mismo que mereció la Resolución 001/2020 de 17 de enero, en la cual la Comisión Mixta Sumariante absolvió dicha impugnación limitándose a copiar y pegar los fútiles argumentos esgrimidos en la Resolución Final de Proceso Interno 21/2019; es decir, con igual falta de fundamentación, motivación y congruencia, respecto al juez natural competente, independiente e imparcial, así también sobre la valoración de la prueba aportada y solicitada incurriendo en omisión; y, a la subsunción de sus conductas a las normas del Reglamento Interno de Trabajo supuestamente infringidas y por las que fue sancionada; determinando rechazar el recurso y confirmar la Resolución Final de Proceso Interno 21/2019; y, en la misma fecha se le hizo entrega del Memorándum CITE: TH-1646/20, mediante el cual se instrumentalizó su despido por parte de los ejecutivos de BANCOSOL S.A; por lo que, el 30 de enero de 2020, interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución 001/2020 que resolvió el recurso de revocatoria y ratificó el incidente de nulidad por vulneración al debido proceso; posteriormente el 31 de enero de 2020 Luis Bejarano Martínez (Sub Gerente Nacional de Control Operativo) y Nelson Nogales Medina (Gerente Nacional de Control de Operaciones a.i.), que no forman parte de la Comisión Mixta Sumariante ni son las máximas autoridades ejecutivas, respondieron al recurso jerárquico, negando resolver el mencionado recurso, alegando que en el Reglamento Interno de Trabajo de BANCOSOL S.A., no está previsto el mismo.

I.1.2. Derechos y garantías vulnerados

La accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes Juez natural, competente, independiente e imparcial, derecho a la defensa y al acceso a los actuados procesales, derecho a la debida fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones, al principio de legalidad, derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, a la seguridad social de largo y corto plazo y a la salud, citando al efecto los arts. 35, 45, 46, 48, 49, 115, 115.II y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE), 22 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), 8 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos (CADH), arts. 6, 9 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 6, 7, 9 y 10 del Protocolo de San Salvador.

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia (virtual), se realizó el 18 de septiembre de 2020, según consta en acta cursante a fs. 339 a 347, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de los demandados

I.2.3. Resolución de la Sala Constitucional

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 5 de octubre de 2021, cursante a fs. 661, se solicitó documentación complementaria, en cuyo mérito se dispuso la suspensión del cómputo del plazo para la emisión de la presente Sentencia, habiéndose reanudado dicho plazo, de acuerdo a decreto de 12 de julio de 2023, cursante a fs. 683.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.2. Por Memorial de 10 de diciembre de 2019, Sonia Ricaldez Orellana de Vela, interpone incidente de nulidad contra la Comisión Mixta Sumariante del BANCOSOL S.A., que emitió la Resolución de Inicio de Proceso Interno 015/2019 de 27 de noviembre (fs. 478 a 480).

II.3. Cursa Resolución Final de Proceso Interno 21/2019 de 24 de diciembre, emitida por la Comisión Mixta Sumariante de BANCOSOL S.A., misma que rechaza el incidente de Nulidad de la Resolución de inicio de Proceso Interno planteado por la impetrante de tutela, y determinó en su parte resolutiva:

"SEGUNDA.- ...LA EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN EJERCICIO DE FUNCIONES de la Sra. Sonia Ricaldez Orellana de Vela con CI 4702581 SC, Encargada de Admisión y Capacitación- Regional Oriente, (Regional Centro, por haber existido contravención a lo previsto en la siguiente normativa:

- Reglamento Interno de Trabajo de BANCO SOLIDARIO S.A.: Articulo inc. 1), 2), 5), 6), 13) y 23 y Articulo 102 inc. 16), 23), 24, y 32).

- Manual de funciones del Encargado de Admisión y Capacitación del BANCO SOLIDARIO S.A. en cuanto al objetivo del cargo.

- TERCERO. - En virtud al punto resolutivo anterior, sancionar a la Sra. Sonia Ricaldez Orellana de Vela conforme Art. 116 inc. 5) del Reglamento Interno de Trabajo de la Administración de BANCO SOLIDARIO S.A. (Contravenciones Sancionadas con Despido... por incumplimiento total o parcial del Contrato de Trabajo...), debiendo ser desvinculada de la institución..." (sic).

Entre otros, bajo los siguientes argumentos: En el Considerando sexto señalo:

"Sobre las reclamaciones acontecidos con anterioridad, la suscrita Comisión Mixta ha considerado las mismas únicamente para comprender la relación trabajador-empleador y su deterioro o no en el tiempo. En ese marco, se establece un evidente grado de disconformidad de la Sra. Sonia Ricaldez Orellana de Vela con las decisiones institucionales, más por ningún motivo, se las ha considerado para sancionar tales conductas, toda vez que se tratan de hechos pasados y resueltos en su oportunidad. A ese respecto, los cuestionamientos al pago de incentivos variables acontecidos el 23/10/2014, su negativa de rotación de Agencia dispuesta en fecha 31/12/2016 por supuestos motivos de salud (no demostrados, pues no hubo una valoración médica objetiva), son situaciones enmarcadas dentro los artículos 98, 99 y 100 del RIT sobre reclamaciones por parte de la trabajadora, y que no tuvieron en ningún caso una sanción, sino por el contrario, fueron considerados en favor de la trabajadora por parte de Banco Solidario S.A, en especial en lo referente a haber retractado su decisión de rotación de personal, favoreciendo así a la Sra. Ricaldez. En consecuencia, los hechos atribuidos de incumplimiento de obligaciones establecidos en el Capítulo XVIll- DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES artículo 97 del Reglamento interno de Trabajo sobre 7) Acatar las transferencias dispuestas por BANCOSOL SA, previamente concertadas con el trabajador, salvo impedimento debidamente justificado por este último se entenderá como el traslado de un Trabajador de una oficina a otra, tanto local como otros distritos del país, donde se realizarán labores inherentes a su nuevo destino con carácter temporal o indefinido, ya sea bajo las mismas condiciones de su contratación original o bajo nuevos condicionamientos según acuerdo de partes 8) Cumplir puntualmente con el horario de trabajo y de refrigerio, cuando corresponda, de acuerdo a lo establecido en BANCOSOL S.A. 9) Someterse a exámenes médicos en los términos, condiciones y periodicidad que determine BANCOSOL S.A...., no tienen asidero para su consideración.

Sin embargo los antecedentes, de manera general, constituyen una muestra de recurrente disconformidad de la Sra. Ricaldez con el trato brindado por la Institución, pues en estos casos, deja de lado que tales decisiones fueron de carácter colectivo para todos los trabajadores y las mismas respondían a factores de productividad y sostenibilidad de la Entidad, máxime cuando dichas reclamaciones no tuvieron cuestionamientos por parte de ninguno de los miles de trabajadores a excepción de la hoy procesada.

Tal disconformidad en el tiempo, explica por sí misma la merma de su productividad, la cual se traduce a su vez en lo ocurrido en el penúltimo trimestre de la gestión 2019: reiteradas llamadas de atención escritas por incumplimiento de metas y resultados, inasistencia a capacitaciones obligatorias, evaluación de desempeño deficiente, informes de sus Jefes inmediatos sobre su mal desempeño y actitud negativa, Informes de la Jefatura de Talento Humano como instancia de evaluación de personal en cuanto a una resta en la consecución de los objetivos de la organización, lo que implica su vez un incumplimiento del contrato de trabajo suscrito.

Dicho de otra forma, Sra. Ricaldez, desconocen cualquier tipo de responsabilidad de su parte, atribuyendo los problemas suscitados a factores externos y/o de índole personal con las diferentes instancias de evaluación, empero, sin reconocer debilidad alguna, optando por la generación de conflicto frente a cualquier observación en su desempeño, obviando la relación laboral obrero - patronal existente, que en su componente principal, tiene consigo la subordinación y dependencia por cuenta ajena, aspectos que en definitiva, han sido olvidados por la Sra. Ricaldez durante el ejercicio de sus funciones.

Por todo lo expuesto, la suscrita Comisión Mixta, ante los antecedentes existentes y los últimos informes y evaluaciones de la trabajadora Sonia Ricaldez Orellana de Vela sobre un desempeño deficiente y desinteresado, establece la existencia de indicios claros a un incumplimiento al RIT y por consiguiente, al Contrato de Trabajo en el cargo como Encargado de Admisión y Capacitación" (sic).

Más adelante en el Considerando décimoprimero señalo:

"Que, en aplicación del principio de Verdad Material, la Sra. Sonia Ricaldez Orellana de Vela, Encargada de Admisión y Capacitación- Regional Oriente, da cuenta que por sus acciones en desapego a la normativa del Banco, genera un perjuicio para la institución al no cumplir con los objetivos del cargo desempeñado, existiendo una evidente disconformidad con las políticas institucionales, que se han traducido a su vez en un comportamiento desinteresado, deficiente y de constante contagio a un mal ambiente de trabajo para sus colegas, dependientes y/o superiores, y por consiguiente y merma en la consecución de los objetivos institucionales" (sic [fs. 26 a 31 vta.).

Consta notificación el 6 de enero de 2020 (fs. 31 vta.).

II.4. Sonia Ricaldez Orellana de Vela -ahora impetrante de tutela-, el 9 de enero de 2020, interpuso Recurso de Revocatoria en contra de la Resolución Final de Proceso Interno 21/2019 emitida por la Comisión Mixta Sumariante del BANCOSOL S.A., solicitando se revoque en su integridad y se deje sin efecto la misma, cesando por lo tanto sus efectos y disponiendo el archivo de obrados; expresando los siguientes puntos de reclamo:

II.5. Por Resolución 001/2020 de 17 de enero, la Comisión Mixta Sumariante del BANCOSOL S.A., Confirma en todas sus partes la Resolución Final de Proceso Interno 21/2019 de 24 de diciembre, la cual determinó la existencia de responsabilidad administrativa en ejercicio de funciones de Sonia Ricaldez Orellana de Vela -ahora solicitante de tutela-, por la contravención al Reglamento Interno de Trabajo de la indicada entidad financiera, arts. 97 inc. 1), 2), 5), 6), 13), y 23) y art. 102 inc. 16), 23) y 32) y al Manual de funciones de Encargado de Admisión y Capacitación de la citada entidad demandada, en cuanto al objetivo del cargo (fs. 14 a 17 vta.).

II.6. Por Memorándum CITE: TH-1646/20 de 23 de enero de 2020, el Gerente Regional-Oriente del BANCOSOL S.A., confirmó en todas sus partes la Resolución Final de Proceso Interno 21/2019 de 24 de diciembre, la cual determinó la existencia de responsabilidad administrativa en ejercicio de sus funciones de Sonia Ricaldez Orellana de Vela, por haber existido contravención a lo previsto en el Reglamento Interno de Trabajo del BANCOSOL S.A. en sus arts. 1, 2, 5, 6, 13 y 23 y arts. 16, 23, 24 y 32 del Manual de Funciones del Encargado de Admisión y Capacitación en cuanto al objetivo del cargo; razón por la que, se procedió a la recisión de contrato de la trabajadora (fs. 11 y vta.).

II.7. El 27 de enero de 2020 Sonia Ricaldez Orellana de Vela, fue notificada con la Resolución 001/2020 de 17 de enero, que resolvió el recurso de revocatoria, emitida por la Comisión Mixta Sumariante del BANCOSOL S.A. gestión 2020, (fs.13 vta.), e interpuso recurso jerárquico el 30 de igual mes y año en contra de la Resolución referida, solicitando se revoque en su integridad las resoluciones 21/2019 y 001/2020, y se deje sin efecto las mismas, cesando por lo tanto sus efectos y disponiendo el archivo de obrados(fs. 6 a 10), recurso que mereció respuesta mediante CITE: GNN 022/2020 de 31 de enero, refiriendo que el Reglamento Interno de Trabajo de la entidad financiera no prevé tal procedimiento recursivo; por lo que, no es posible atender su solicitud (fs. 5).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables1, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.

En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la 0SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

"el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que e[l juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia" (sic. [el resaltado nos corresponde]).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela2, refirió que:

"77. La Corte ha señalado que la motivación 'es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión'. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las 'debidas garantías' incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso" (sic [las negrillas son adicionadas]).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes: "(a) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: a.1) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, a.2) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (c) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (d) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad..." (sic).

En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan; empero, son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.2. La garantía general del debido proceso en su elemento de derecho al juez natural

El debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental (art. 115.II), garantía constitucional (117.I) y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia (art. 180.I), en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos como las 0SSCC 0086/2010-R de 4 de mayo, 00902/2010-R de 10 de agosto, 00533/2011-R de 25 de abril, entre otros; además, también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general en la citada 0SC 0902/2010-R, y las 0SSCC 0981/2010-R de 17 de agosto, 01145/2010-R de 27 de agosto; asimismo, en la 0Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0270/2012 de 4 de junio, 2493/2012 de 3 de diciembre, 00903/2019-S4 de 16 de octubre, 00618/2018-S1 de 11 de octubre, entre otros, del actual Tribunal Constitucional Plurinacional.

En ese sentido la jurisprudencia constitucional configuró su contenido, alcance o los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos

"En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones3" (las negrillas son añadidas).

Configuración, contenido o alcance que no se encuentra configurada en una clausula cerrada, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos, previsto en el art. 13.1 de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo, puesto que, el debido proceso, al constituirse en una garantía general, del mismo, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia.

En esa línea de razonamiento, es pertinente señalar que una de las lecturas de la garantía general del debido proceso se traduce -según 0SC 418/2000-R de 2 de mayo- en el "...derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar..."; en otros términos, se busca es evitar que una persona sufra la imposición de una sanción o la afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza procesal, en sus elementos constituidos como los derechos al juez natural, a la defensa y a la presunción de inocencia, aplicables en procesos administrativos y en todos aquellos que se presentan en la esfera privada de las instituciones, asociaciones o cooperativas, donde se tenga que determinar una situación con efectos jurídicos que repercuten en los derechos de las personas4. Por lo que, el debido proceso abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo así como las leyes preexistentes, para hacer posible la materialización de la justicia en igualdad de condiciones, de ser juzgado por un juez o tribunal imparcial, independiente, competente y preestablecido legalmente con anterioridad a los hechos atribuidos5.

"La previsión constitucional transcrita, constituye una garantía para toda persona que deba ser sometida a un proceso, sea en materia penal, disciplinaria, administrativa, civil, familiar, laboral, tributaria y en general a todo ámbito donde se desarrolle una causa en la que quien esté sometida a ella, tiene que ser oída y juzgada necesariamente por un juez predeterminado, que además tenga competencia y que actúe con independencia e imparcialidad; es decir que la competencia de quien tenga a su cargo un proceso, debe ser de acuerdo a las normas jurídicas previamente determinadas".

III.3.De la garantía del debido proceso en sus elementos de legalidad, tipicidad y taxatividad Sobre esta garantía la 0SCP 0314/2019-S1 de 28 de mayo, recogiendo los entendimientos glosados en la 0SCP 0206/2018-S2 de 22 de mayo, señaló que: "El art. 115.II de la CPE, indica que: 'El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones'. En ese sentido, el art. 116.II de la referida Norma Suprema, establece: "Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible"

De la lectura de las normas constitucionales, puede advertirse que la potestad sancionadora del Estado, que tiene manifestación en diferentes ámbitos -penal, disciplinaria, administrativo, etc.-, se encuentra limitada por la propia Constitución Política del Estado. El ejercicio del ius puniendi -facultad sancionadora del Estado- en materia penal y administrativa sancionadora, se diferencia por la autoridad que impone la sanción7; el cual, no tiene un carácter ilimitado ni absoluto, sino, se caracteriza por ser una potestad reglada, lo que implica la sujeción al principio de legalidad -recuérdese el aforismo nullum crimen, nulla poena sine lege (ningún delito, ninguna pena sin ley previa)-; vale decir, que el delito y la pena deben estar determinados por una ley previa, escrita y cierta8, como elemento de la garantía del debido proceso.

El principio de tipicidad conlleva la descripción de las conductas pasibles de sanción, que se encuentran establecidas por ley como una norma general -tomando en cuenta que la ley en sentido estricto, puede remitir esta función a la norma reglamentaria en materia administrativa sancionadora-; y, la adecuación de una conducta a los presupuestos que la ley describe como falta o delito; de lo contrario, en el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, no se podría sancionar una conducta que no esté descrita como falta o delito11.

El principio de taxatividad se traduce en la necesidad de fijar con claridad y precisión la conducta descrita por la norma general, en estricta observancia del principio de seguridad jurídica; al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Vélez Loor vs. Panamá, a través de la Sentencia de 23 de noviembre de 2010 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 183, indicó: "...en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva, sea penal o administrativa, exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y que se pretende sancionar. La calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor. De lo contrario, los particulares no podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresan el reproche social y las consecuencias de éste. Estos son los fundamentos de los principios de legalidad y de irretroactividad desfavorable de una norma punitiva.

De lo precedentemente desarrollado, se puede concluir que en el ámbito administrativo disciplinario, no puede estar sustraída la observancia de los principios de legalidad, tipicidad y taxatividad, como elementos de la garantía del debido proceso, que limita la potestad sancionadora del Estado, tanto en el derecho administrativo sancionador como en el penal; en ese contexto y sobre la base de los hechos descritos con precisión, claridad, concisión y coherencia por el denunciante, es preciso sentar establecido que la función disciplinaria se encuentra compuesta por la facultad de los jueces o autoridades sumariantes, de proceder a la calificación de los hechos respecto a alguna o algunas faltas disciplinarias previstas; puesto que, es la autoridad disciplinaria, quien tiene la atribución exclusiva de efectuar la calificación formal u oficial de los hechos descritos por el denunciante, de manera reflexiva y objetiva; de modo que la calificación provisional, tentativa o transitoria del denunciante, no vincula a la autoridad disciplinaria para la calificación de los hechos a algún tipo disciplinario, habida cuenta de la amplia facultad investigativa12 con la que se encuentra revestida" (las negrillas nos pertenecen).

III.4. El derecho al debido proceso en sus componentes a la defensa y a la impugnación

La jurisprudencia constitucional en varias sentencias constitucionales, ha señalado que la imposición de una sanción en cualquier ámbito de la justicia, debe ser impuesta previo proceso en el que se respeten los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política del Estado; este derecho se halla íntimamente ligado al derecho a la defensa, así como el derecho a la impugnación de los fallos que le sean adversos.

En cuanto al derecho a la defensa como componente del derecho al debido proceso, se constituye en un elemento vital, toda vez que su respeto e inviolabilidad resulta una garantía fundamental que se halla descrita en los arts. 115.II de la CPE que señala que: "El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones"; asimismo, el art. 119 previene que: "Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios"; esta previsión determina que toda persona que sea sometida a un proceso sancionador tiene el derecho de desvirtuar las acusaciones en su contra a través del uso de todos los mecanismos de impugnación previstos en la Ley, así como mediante los principios procesales de contradicción, inmediación e igualdad, a los fines de evitar la desigualdad entre las partes. El derecho a la defensa contempla dos elementos, que son el derecho a la defensa técnica, que permite a la persona afectada a contar con el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por autoridad competente durante todo el proceso seguido en su contra; y, el derecho a la defensa material que comprende el derecho a ser oído o a declarar en el proceso; es decir, a defenderse por sí mismo y a intervenir en toda la actividad procesal.

El derecho al debido proceso consagrado en la Norma Suprema, se encuentra enlazado con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, de los cuales es firmante el Estado Plurinacional de Bolivia; citar por ejemplo el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los arts. 7 numerales 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 24, 25, y, 27 de la misma norma internacional que lo consagra como un derecho humano; de igual modo, está contemplado en el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); de igual modo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) señaló que las garantías del debido proceso no se restringen a los procesos judiciales o jurisdiccionales; pues, incluye procedimientos administrativos de todo orden.

El derecho a la defensa tiene su antecedente en la 0SC 1556/2002-R13 de 16 de diciembre; que estableció la inviolabilidad de ese derecho, señaló:

"En el ámbito de relaciones societarias privadas y las sanciones que puedan imponerse al interior de las mismas, el debido proceso, regula y limita la potestad sancionatoria, estableciendo los elementos mínimos que deben ser observados de manera previa a la imposición de una sanción, siendo uno de ellos la prohibición de sancionar sin la existencia de un previo proceso; es decir, el ejercicio efectivo del derecho a la defensa, la posibilidad de que quien está acusado de algo, tenga la posibilidad de conocer los motivos, presentar sus descargos, las pruebas que estime convenientes, acceder a los medios de impugnación, concluyéndose de esta manera que cuando no se observaran estos requisitos y se impone una determinada sanción, se considerara a la misma como a una medida arbitraria de facto, siendo viable su impugnación directa a través de la acción de amparo constitucional".

Posteriormente, la 0SC 1534/2003-R de 30 de octubre14, señaló que el derecho a la defensa implica:

"...la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos".

Más adelante, la SCP 0647/2012 de 2 de agosto, determinó ampliar el derecho a la defensa señalando que comprende otros derechos, como tener un plazo razonable para preparar la defensa, así como comunicarse de manera privada con su defensa técnica, a que el Estado le proporcione un defensor cuando no pueda pagar uno por motivos económicos o contratar a un abogado particular; a acceder a las pruebas de cargo y también a observarlas; a no declarar contra sí mismo, ni contra sus parientes; y, también a recibir el apoyo de un traductor o intérprete.

Posteriormente, la SCP 1259/2015-S315 de 9 de diciembre, señaló que el ejercicio efectivo del derecho a la defensa, implica la posibilidad del acusado de conocer los motivos, presentar las pruebas y acceder a los medios de impugnación.

Por su parte, la 0SCP1382/2015-S216, señaló que en merito a su defensa, el imputado tiene derecho a conocer los hechos que se le imputan; es decir, la existencia de correlación fáctica entre la acusación y la sentencia. Por otro lado, el derecho a la impugnación como garantía procesal y su vínculo con el derecho a la defensa, se encuentra universalmente reconocido y garantizado en el art. 8.2 inc. h) de la CADH17, extremo previsto por la Norma Suprema y las leyes en vigencia, que garantiza la posibilidad de recurrir de un fallo ante el juez o tribunal superior, cuando se consideren lesionados sus derechos, pues la garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permite a una autoridad de jerarquía superior a la inicialmente competente, evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, permitiendo un acceso irrestricto a la justicia, posibilitando que se reclamen aspectos considerados injustos a sus pretensiones, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, dar respuesta a todos los agravios denunciados, al encontrarse íntimamente ligado al derecho a la defensa, así lo señaló entre otras la SCP 0275/2012 de 4 de junio18.

III.5. El recurso de revocatoria y el recurso jerárquico como medios de impugnación en la vía administrativa disciplinaria sancionadora tienen la finalidad de asegurar la eficacia material del derecho a la doble instancia o de recurrir ante un tribunal superior y el derecho a la defensa en la fase impugnativa

Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos).

Al respecto, como ejemplo, corresponde recordar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional anterior, cuando en la línea jurisprudencial construida a partir de la 0SC 1845/2004-R, de 30 de noviembre, entendió que la forma procesal de las notificaciones -en sentido genérico- en los procesos judiciales o administrativos, no está dirigida a cumplir una formalidad en sí misma, sino que su valor está condicionado en la medida que asegure la eficacia material del derecho a la defensa. Por ello, dicha Sentencia concluyó que cuando la notificación por defectuosa que sea en su forma (por ejemplo, no se cumplan las formas procesales para la notificación personal, cedularía, edictal, etc.), pero cumplan con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión) y, por ende, aseguren la eficacia material del derecho a la defensa, esa notificación es válida.

Es decir, en el caso, las formas del procedimiento administrativo sancionador en sus diferentes fases, guardarán correspondencia y coherencia con el derecho al debido proceso en la medida en que se aseguren su eficacia.

Dado el carácter sancionador del proceso disciplinario, este -en todas sus fases o instancias- tiene que sustanciarse y resolverse garantizando el debido proceso, que tiene como componente esencial el derecho a la defensa. En efecto si se analiza la fase de impugnación del proceso disciplinario en sede administrativa, es posible concluir que sólo puede predicarse la eficacia material del derecho a la defensa (art. 115.II de la CPE y 8.2 inc. f) de la CADH) cuando se otorga a las servidoras y servidores públicos la oportunidad de ejercer un otro derecho fundamental, este es: el derecho a la doble instancia o de recurrir ante un tribunal superior art. 8.2 inc. h) de la CADH y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP):

"El art. 8.2 inc. h) de la CADH, señala: "Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

Por su parte, el art. 14.5 del PIDCP, estipula: "Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (Sentencia de 2 de julio de 2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) precisando el alcance del "derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior", estableció, en lo que en el caso interesa, las siguientes afirmaciones, cuyo subrayado es añadido:

1. El derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica (párrafo 158). (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

2. El derecho de recurrir "... busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona". (párrafo 158).

3. Independientemente de la denominación que se le de al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida (párrafo 165)"

En el caso de un proceso administrativo disciplinario sancionador, el derecho a la doble instancia o de recurrir ante una instancia superior, permite que esta última, conozca y revise la resolución pronunciada por el tribunal de primer grado; instancia superior que debe ser diferente a la que emitió la decisión administrativa sancionadora en primera instancia, a efectos de que, la servidora o el servidor público, impugnando o controvirtiendo una decisión sancionatoria, obtengan la revisión de la decisión ante la instancia superior.

III.6. Del Reglamento Interno de Trabajo del BANCOSOL S.A. Este Reglamento en su CAPITULO XXIV -DEL PROCESO INTERNO- PROCEDIMIENTO COMISION MIXTA, prevé el siguiente procedimiento:

"Artículo 121. Objeto del Proceso, El Proceso interno es el procedimiento que se inicia en contra de un Trabajador, a denuncia escrita, de oficio, informe o dictamen de los Auditores, cuyo objeto es determinar su responsabilidad en alguna falta cometida y considerada como especialmente grave.

(...)

Artículo 123. Comisión Sumariante. Estará constituida por cuatro miembros de los cuales dos representantes serán nombrados por BANCOSOL S.A. y por otra parte estarán dos representantes elegidos por parte laboral, presidida indistintamente por un representante de cualquiera de las partes, con facultades de representación y dirección de la Comisión, pero sin derecho a voto. El lugar del representante elegido como presidente, será completado con otro representante del mismo sector para garantizar la conformación paritaria en caso de empate se dirimirá conforme a normativa vigente.

En el caso de los representantes por parte la laboral, serán seleccionados de una Lista de Elegibles", establecida a principio de cada gestión bajo los siguientes criterios:

Artículo 124. Inicio del Proceso Interno. La Comisión Sumariante, una vez recibida la denuncia deberá emitir una Resolución de Inicio de Proceso, la misma que debe contener la identificación de, los hechos, faltas u omisiones que, se le acusan y el señalamiento de una Audiencia de descargos y/o el señalamiento de una fecha para presentación de descargos por escrito. La Resolución también señalará un periodo de prueba de cargo y descargo de diez días calendario desde la notificación al (los) denunciado(s).

Si la gravedad de los hechos lo determina, la Comisión Sumariante podrá disponer las medidas preventivas necesarias incluyendo la suspensión con goce de haberes dependiendo de la contravención del Trabajador hasta la conclusión del proceso interno. Artículo 125. Citación. La Comisión Sumariante, procederá a citar al (los) denunciado(s) con la Resolución de Inicio de Proceso.

Si, entregada la citación al Trabajador, este se negara a firmarla, quien hace la notificación hará firmar la copia de la misma por dos testigos con sus respectivos documentos de identidad, haciendo constar la negativa del Trabajador a recibir o firmar la copia de la comunicación. De esta manera Se entenderá para todos los efectos legales y reglamentarios efectuada la citación. Si no fuera habido s notificara mediante órgano de prensa escrita.

Artículo 126. Audiencia de Descargos. En la fecha hora señalada se llevará a cabo la Audiencia de Descargos ante la Comisión Sumariante.

Artículo 127. Término de Prueba y Actas. Si el Trabajador, no presenta durante el periodo de prueba sus descargos, se presume que no tiene descargos que hacer. De toda audiencia se levantará un acta, que deberá ser firmada por el Trabajador o dos testigos, si éste se negara a firmar la misma.

Artículo 128. Prueba Necesaria. La Comisión Sumariante, procurará obtener las pruebas conducentes para una mejor calificación y esclarecimiento de los hechos. Toda la prueba producida en el proceso se hará constar en el acta correspondiente.