0812/2020-S1

Al amparo de lo dispuesto por el art. 114 del Código Procesal Civil (CPC), ejercitando su derecho a la tutela judicial, plantearon demanda ordinaria contra Santiago Morató Barrios, Francisca Civera de Morató y/o sus herederos; y, el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Monteagudo, con las siguientes pretensiones múltiples:

1. a)La rectificación de superficie del inmueble ubicado en la calle Sucre 1030 del municipio de Monteagudo que tiene como base la interpretación subjetiva (arts. 514 y ss. del Código Civil [CC]) de la Cláusula Tercera del "Testimonio 56/1982", que sobre la superficie del derecho transferido, se establecen datos de colindancia y superficie nominal que vienen a contradecirse, razón por la que demandamos a los vendedores la determinación de la verdadera superficie transferida en función de la común intención de las partes al contratar, y adicionalmente, demandaron la rectificación del documento de identidad de la copropietaria Mary Salazar Ibarra de Valdiviezo. Pretensión en la que el GAM de Monteagudo no es parte demandada, debido a que el mismo no suscribió el aludido Testimonio;
2. b)El mejor derecho propietario en razón a que en Derecho Reales (DD.RR.) se registraron con el valor de publicidad y oponibilidad del art. 1538 del CC, dos registros sobre el mismo inmueble; no pudiendo jurídicamente mantenerse, debiendo por lógica consecuencia del mejor derecho, cancelarse el registro de propiedad de la parte perdidosa; y,
3. c)La reivindicación, daños y perjuicios en razón a que el GAM de Monteagudo, desconociendo la posesión quieta y pacífica que tenían sobre el predio desde que lo adquirieron, unilateralmente y con violencia les despojó haciendo uso de maquinaria pesada, acción que ocasionó daños y perjuicios.

El 16 de enero de 2019, el GAM de Monteagudo planteó un forzado recurso de casación y de forma extemporáneamente alegó tres motivos:

1. 1)La nulidad del proceso por incompetencia de la jurisdicción ordinaria civil al tratarse de un acto administrativo;
2. 2)Indefensión respecto a la pretensión de rectificación de superficie porque la misma no se habría dirigido contra el Municipio; y,
3. 3)Nulidad en la admisión de la demanda de reivindicación que no cumpliría con los presupuestos del 1453 del CC; no obstante, en relación a este punto, en el recurso de casación en el fondo de manera escueta, confusa y genérica acusa la transgresión, interpretación errónea y aplicación indebida de los arts. 1545 y 1453 de igual cuerpo normativo, referido al mejor derecho propietario y reivindicación, solicitando la nulidad de obrados o alternativamente, se case el Auto de Vista S.C.C.I-341/2018, declarando improbadas las demandas de mejor derecho propietario y de reivindicación. Recurso que respondieron con fundamentos jurídicos-constitucionales y jurisprudenciales rebatiendo y desvirtuado cada uno de los motivos de la desatinada casación del GAM de Monteagudo pidiendo se declare improcedente o infundado el mismo.

La parte accionante, a través de su abogado, ratificó íntegramente el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando el mismo señaló lo siguiente:

1. i)Las autoridades judiciales demandadas introdujeron el tema referido a la rectificación de superficie, que no fue planteado en el recurso de casación en el fondo; toda vez que, la impugnación simplemente se circunscribía a cuestionar la decisión respecto al mejor derecho propietario y a la reivindicación;
2. ii)Al introducir temas ajenos al debate contradictorio los demandados llegaron de manera forzada a casar parcialmente el Auto de Vista S.C.C.I-341/2018 declarando improbada la demanda de rectificación de superficie que no fue solicitada por el GAM de Monteagudo manteniendo incólume la decisión asumida por los de instancia respecto a los daños y perjuicios;
3. iii)Los Magistrados ahora demandados sin respetar el marco del debate contradictorio planteado por las partes, introdujeron hechos nuevos, llegando a casar la decisión que tuvo consecuencias desfavorables, puesto que se ven privados de algo que habían adquirido desde 1982, que se encontraba inscrito en DD.RR., cuya posesión era pacífica;
4. iv)Se incorporaron de oficio temas que no estaban contemplados en el recurso de casación de fondo, alterando de modo decisivo los términos en los que se desarrolló la contienda judicial, lo cual indudablemente lesionó el derecho al debido proceso en su vertiente congruencia externa;
5. v)El acto arbitrario de las autoridades se encuentra en el "párrafo 15" del numeral 1 del Considerando IV del Auto Supremo 513/2019⁴, donde, apartándose del marco establecido alterando el debate contradictorio, saliéndose de la congruencia, de oficio las autoridades demandadas incorporaron el tema de rectificación de superficie de 1 995,55 m2 pretendida por la parte actora, dejando incólume la superficie de 1 303.10 m2 que establece el "Testimonio 56/1982" registrado en DD.RR.;
6. vi)No existe la figura de la casación oficiosa; por lo que, las autoridades ahora demandadas no podían incorporar este tema para resolver y luego casar de manera forzada como lo hicieron a través del Auto Supremo ahora cuestionado, no podían resolver un tema que jamás pidió el GAM de Monteagudo como era la transgresión del artículo referido a la rectificación de superficie, puesto que, lo que pidió aludía al mejor derecho de propiedad y a la reivindicación más no así respecto a la pretensión de rectificación de superficie;
7. vii)El art. 17.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) establece que las autoridades en casación solo deben pronunciarse respecto a aquellos aspectos reclamados, por lo tanto estaban prohibidos de introducir hechos nuevos que no formaron parte del recurso de casación del GAM de Monteagudo, que en el fondo únicamente acusó la violación, errónea interpretación respecto el mejor derecho de propiedad y a la reivindicación;
8. viii)Las autoridades ahora demandadas dictaron una nueva sentencia sobre la pretensión de rectificación de superficie sin que los accionantes hayan sido oídos y escuchados respecto a esos nuevos argumentos que introdujeron de oficio; es decir, que alteraron de modo decisivo los términos del debate planteado en el recurso de casación, colocándoles en indefensión;
9. ix)El segundo acto arbitrario vulnerador del derecho al debido proceso respecto a la congruencia externa es el pronunciamiento ultra petita en que incurre el Auto Supremo 513/2019⁴, cuando en la parte resolutiva casa parcialmente el Auto de Vista S.C.C.I-341/2018 deliberando en el fondo declarada improbada la demanda de rectificación de superficie de terreno de mejor derecho y reivindicación;
10. x)El tercer acto arbitrario es la omisión de pronunciamiento a los cinco aspectos cuestionados en el recurso de casación planteados por el GAM de Monteagudo, que cuestiona en primer lugar la incompetencia en razón a la materia; en segundo lugar la lesión de los requisitos del art. 114 del CPC, porque consideraban que había sido admitida una demanda defectuosa; en tercer lugar alegaron la indefensión; y, en cuarto lugar recién en relación a la casación de fondo se acusó la errónea interpretación de los arts. 1455 y 1453 del CC; sin embargo, efectuando un contraste con el Auto Supremo cuestionado puede verificarse que no se pronunciaron sobre estos temas;
11. xi)Las autoridades ahora demandadas no tomaron en cuenta la respuesta al recurso de casación que plantearon;
12. xii)Respecto a la incongruencia interna, entre los párrafos 6 y 17 del Considerando IV del Auto Supremo 513/2019⁴ no existe la armonía ni logicidad que deben contener toda resolución en sus argumentos internos, lo cual es un acto arbitrario;
13. xiii)En la parte considerativa declara improbada los daños y perjuicios; no obstante, en la parte resolutiva mantiene incólume la decisión asumida en la instancia inferior; es decir, aquí no toman en cuenta que la Sentencia 78/2018 declaró probado el concepto de daños más no de perjuicios, y esa decisión fue confirmada por el Auto de Vista S.C.C.I-341/2018; por lo tanto, queda evidente la incongruencia interna;
14. xiv)De oficio se incluyeron temas que no fueron objeto del debate en instancias inferiores como el referido a la rectificación de superficie, permitiendo de manera ilegal sin reservar ni respetar sus precedentes prejudiciales la figura del per saltum que desconoció la propia jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia;
15. xv)Existe vulneración del principio de legalidad y la doctrina del per saltum, como el debido proceso vinculado a la seguridad jurídica;
16. xvi)El Código Procesal Civil en sus arts. "171-172" establece de manera precisa cuáles son las causas para plantear un recurso de casación, el segundo dice "'no podrá hacer uso del recurso de casación, quien no apeló de la sentencia de primera instancia'" (sic), lo cual es una regla jurídica obligatoria que hace al principio de legalidad, y si no se impugnó respecto a la decisión del Juez de primera instancia sobre la rectificación de superficie, no se lo puede hacer en casación; y, el Tribunal casacional tampoco puede introducirlo de oficio; y,
17. xvii)Respecto a la vertiente de la inmodificabilidad de las resoluciones con calidad de cosa juzgada y el valor justicia, no es posible que en casación se modifique de oficio o se altere las decisiones judiciales que sean firmes; en ese entendido, en el caso concreto, dictada la Sentencia 78/2018 que acoge la rectificación de superficie, la misma no fue impugnada por el GAM de Monteagudo, tampoco existe un pronunciamiento en el Auto de Vista S.C.C.I-341/2018; por lo tanto, esa decisión adquirió la calidad de cosa juzgada inmodificable e inmutable, la cual no podía ser modificada o alterada, nada menos en casación; siendo la única posibilidad que existe para modificar la cosa juzgada, es cuando esta es aparente, es fraudulenta, pero no es el caso; consecuentemente, las autoridades ahora demandadas al haber alterado la cosa juzgada respecto a la pretensión de rectificación de superficie lesionaron el derecho a la tutela judicial efectiva como también "a la justicia".

Juan Carlos Berríos Albizú y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de las Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito presentado el 4 de diciembre de 2019, cursante de fs. 1448 a 1453, señalaron que:

1. a)Conforme exponen los accionantes se planteó demanda ordinaria con pretensiones múltiples; es decir, la rectificación de superficie del derecho transferido según los datos de superficie y colindancias; y, el mejor derecho propietario, dos pretensiones conexas y dependientes una de la otra, puesto que mediante la rectificación se trataba de aumentar la superficie de 1 303,10 m2 a 1 777,70 m2; es decir, incrementar 474,60 m2, y en función al aumento injustificado de esta superficie, se trató de establecer un mejor derecho propietario con relación al del GAM de Monteagudo;
2. b)Los impetrantes de tutela manifestaron que en el Auto Supremo 513/2019⁴ concurriría una supuesta incongruencia externa, argumentando que se introdujo de oficio el aspecto de la rectificación de superficie que ya estaría consolidada; aspecto que de ninguna manera es evidente; toda vez que, conforme se tiene del aludido Auto Supremo, los agravios de casación vinculan en establecer si la fracción de 474, 60 m2 pertenece al GAM de Monteagudo o a la parte actora "...de ahí el reclamo sobre la errónea aplicación del art. 1453 del Código Civil sobre el mejor derecho propietario y su aplicación, es por ello que el fundamento del 0Auto Supremo N° 53/2019 de 23 de mayo para establecer a quién correspondía el mejor derecho propietario, se realizó un análisis de los títulos de ambas partes verificando sus antecedentes dominiales, pues solo de esa manera se podía realizar una compulsa de registros..." (sic); de lo que se pudo constatar meridianamente que el título de los accionantes solo tenía la superficie de 1 303,10 m2 y en forma indebida pretendía incrementar esa superficie;
3. c)Desde todo punto de vista es inadecuado manifestar que se tomó una decisión extra petita, ya que la parte accionante no consideró que sus pretensiones estaban ligadas entre sí y no eran autónomas, o en su caso alternativas; por lo que, al realizar el análisis del mejor derecho propietario, no existía la superficie que se alegaba, siendo imposible que se otorgue tutela de la rectificación de superficie, debido a que hubiera sido contradictoria con la decisión asumida;
4. d)Los peticionantes de tutela intentaban instrumentalizar a la justicia pretendiendo beneficiarse indebidamente de una superficie de 474.60 m2 sin que su título lo consigne, introduciendo una pretensión de rectificación de superficie que no tiene el propósito de aumentar un derecho no adquirido, y lo mismo trata de realizar mediante la acción de defensa, ambicionando que se mantenga una superficie que no corresponde a su derecho propietario bajo el supuesto que estuviera ejecutoriado, lo cual no es evidente bajo ningún aspecto legal, conforme se describió supra; y,
5. e)El Tribunal Supremo de Justicia actuó en el marco de la ley, más aun considerando que en la superficie que se trata de beneficiar indebidamente la parte accionante, existe la proyección de la ampliación de un colegio que será de beneficio de la comunidad. Por lo que, solicitaron se deniegue la tutela.