Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0814/2019-S4 Sucre, 12 de septiembre de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expediente: 28882-2019-58-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 15/19 de 12 de abril de 2019, cursante de fs. 456 a 458 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Bernardo Iván Eid Asbun contra Victoriano Morón Cuellar y Arminda Méndez Terrazas, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 20 de marzo y 3 de abril de 2019, cursantes de fs. 321 a 329, 334 a 335 y 336 vta., el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Mediante memorial de 21 de agosto de 2018, el Banco Fassil Sociedad Anonima (S.A.), representado por Miolet Padilla Salazar, sentó denuncia en su contra como representante de la empresa Comercial Inmobiliaria UBC S.R.L., por la presunta comisión del delito de estafa, en la que se adujo que como efecto la transferencia que hizo su persona en su condición de apoderado de la citada Empresa a Juan Ricardo Mertens Olmos, representante de la referida entidad financiera, de cincuenta y nueve parqueos para vehículos motorizados en el edificio Torre UBC 1, se hubiese provocado un perjuicio patrimonial de Bs3 306 000.- (tres millones trescientos seis mil bolivianos 00/100) por haberse verificado, una vez efectuada la entrega del objeto del contrato, que no cumplía con las medidas según normativa municipal; se cuestionó su cualidad, referida a que si era parte del área común y superficie faltante; empero, reconociendo que hubo la entrega de los parqueos; es decir, sí existió la voluntad de transferirle esos bienes y, además, hacer que ingresara en posesión de los mismos, tal como corresponde tras la celebración de actos jurídicos-civiles como los ocurridos en el presente caso.
El denunciante, hubiese realizado reclamos en torno a la devolución del dinero; sin embargo, no obtuvo resultados favorables, de lo que asume que se trataría de la obtención de una consecuencia relacionada con la finalización del contrato. Pese a que el Ministerio Público observó la denuncia descrita, el Banco Fassil S.A. únicamente rectificó ciertos datos, ratificándose en la sindicación señalada, aclarando que el perjuicio económico sería, en realidad de Bs2 800 000.- (dos millones ochocientos mil bolivianos 00/100) y no así el señalado inicialmente; empero, no se cumplió la exigencia de contar con una relación de hechos clara y capaz de facilitar la comprensión del suceso penal que concierne al caso, aun así, se admitió la denuncia el 28 de agosto de 2018, remitiéndosela a la Fiscalía de turno de la Corporativa de Delitos Patrimoniales.
El 16 de octubre del mismo año, formuló excepción de incompetencia en razón de materia, por cuanto la entidad financiera denunciante, persigue la validez de actos civiles (contratos), los cuales son producto del ejercicio de derechos que se asocian con el régimen de transferencia de bienes inmuebles, pretendiendo que cuestionamientos sobre cumplimiento parcial de contrato, tales como la cantidad, calidad de los bienes, pero nunca falta de voluntad para llevar adelante la transferencia, sean remitidos a un ámbito que no corresponde, como es el penal. En el referido medio de impugnación aludió al , que sobre los contratos criminalizados establece que desde la celebración o, hasta antes del contrato, el sujeto activo del delito sabe que no lo cumplirá; en el caso concreto, el propio denunciante, reconoció que sí se le transfirieron los parqueos; es decir, sí se hubiera dado cumplimiento al contrato respecto a las prestaciones que le conciernen, aunque sin satisfacer plenamente lo deseado por la contraparte; por ende, sus reclamaciones debieron ser tratadas en el ámbito civil.
En mérito a ello, el Juzgado de Instrucción Penal Décimo del departamento de Santa Cruz, pronunció el Auto Interlocutorio 435/18 de 13 de noviembre de 2018, declarando probada la citada excepción, resaltando que en los contratos de transferencia suscritos por ambas partes, existía una cláusula compromisoria y/o arbitral (octava y novena) según la cual, las controversias que se suscitaren deberían ser resueltas conforme a las normas del centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara, Industria, Servicio y Turismo (CAINCO) de Santa Cruz, disponiendo que las partes acudan ante la autoridad competente para precautelar sus derechos. Esta determinación fue recurrida de apelación por parte del denunciante, a través de memorial presentado el 29 de noviembre de 2018, cuestionando que se hubiera fallado ultra petita, al referirse a través del Auto apelado, a una conciliación o arbitraje; que se dejó de lado que la pretensión es "absolutamente punitiva", por lo cual no se busca el cumplimiento o el pago de daños y perjuicios; y, que no se hubiese tomado en cuenta la existencia de contratos criminalizados porque el instrumento del engaño fue el contrato mismo, habiéndose valido el sujeto activo precisamente de la confianza y la buena fe que rigen en la mayoría de los contratos, aparentando normalidad pero conociendo que no cumpliría.
Respondió a la pretensión descrita alegando que los argumentos del apelante eran insostenibles; empero, Victoriano Morón Cuellar y Arminda Méndez Terrazas, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, hoy demandados, sostuvieron lo contrario, en el Auto de Vista 38 de 19 de febrero de 2019, por el cual se revocó el Auto Interlocutorio 435/18 impugnado, rechazando y declarando improbada su excepción.
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