0816/2021-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0816/2021-S2 Sucre, 22 de noviembre de 2021

SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional

Expediente: 36438-2020-73-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 124/2020 de 7 de diciembre, cursante de fs. 649 a 658 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Maciel Guzmán Núñez contra Juan Carlos Meneses Copa y Roberto Carlos Rojas Justiniano, ex y "actual" Gerente General; Javier Humberto Menacho Hiza, ex Administrador Regional de Sucre a.i.; Gonzalo Ortiz Montero, Asesor Legal; María Eugenia Enríquez Padilla, Jefa de Servicios Generales a.i.; y, Ana María Arciénega Barrón, Jefa de Recursos Humanos (RR.HH.); todos de la Caja Nacional de Salud (CNS).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 21 de julio, y 10 y 25 de agosto todos de 2020, cursantes a fs. 1, 66 a 74 vta., 80 y 87 respectivamente, la accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La gestión 2013, denunció a Ausberto Vargas Vedia, entonces Administrador del Policlínico de la CNS, por violencia física y mental traducida en acoso sexual y laboral; en consecuencia, se aperturó proceso sumario en contra del aludido por acoso laboral, en el que se le impuso una sanción de veinte días de suspensión sin goce de haberes; no prosperó la denuncia por acoso sexual; puesto que, se vio obligada a abandonar la causa penal por amenazas recibidas contra la vida de su hijo.

Para alejarse de su agresor, participó de una convocatoria interna de reclutamiento de personal y accedió al puesto de Recepcionista del Hospital Obrero "Dr. Jaime Mendoza"; empero, el nombrado fue transferido como Administrador a dicho nosocomio, pasando su persona a depender nuevamente de forma directa de él; por lo que, mediante nota presentada el 17 de abril de 2019, invocando los criterios de prevención previstos en el art. 21 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, solicitó al Administrador Regional Sucre de la CNS, que reconsidere su determinación y proceda al cambio de funciones de Ausberto Vargas Vedia, petición derivada a Gonzalo Ortiz Montero, Asesor Legal de la mencionada entidad de salud, quién por Informe-AJ-114/19 de 29 de abril de 2019, indicó que sus argumentos se trataban de subjetivismos, recomendando que el aludido se mantenga en el puesto actual de Administrador del citado Hospital; y, velando por los sagrados derechos con los que cuenta toda mujer, de integridad física, estabilidad psíquica y ante todo, bajo el marco legal constitucional, sugirió un cambio de funciones para su persona, a otro centro asistencial dependiente de la CNS.

Al respecto, el art. 30 de las NB-SAP se encuentra en el "...CAPITULO IV SUBSISTEMA DE MOVILIDAD DE PERSONAL..." (sic), acápite compuesto desde el art. 27 al 32 de la aludida norma, conformando una unidad conjunta, sistémica y relacionada, donde se precisa las bases inexcusables para la aplicabilidad de las figuras de Promoción, Transferencia, Rotación y Retiro de personal; vale decir, todos los indicados artículos no pueden ser aplicados por separado como si fueran mandatos aislados e independientes unos de otros; por lo que, para llevar adelante la rotación debió observarse el cumplimiento de los presupuestos establecidos en el art. 27, y no solamente el art. 30 de la citada norma, lo cual no sucedió; la decisión de rotarla de su cargo se originó en el reclamo que hizo respecto al nombramiento de su agresor y no depender de él; sin embargo, las determinaciones arribadas se orientaron a favorecerlo.

Por otra parte, las labores en el puesto al que pretenden rotarla son opuestas a las del cargo que se encontraba ejerciendo; asimismo, los horarios cambian totalmente generándole caos en su rutina; la movilidad de personal, debe ser programada previa identificación de las necesidades de la entidad a fin de establecer con total claridad, los espacios, personas y funciones de quienes serán sometidas a esa modalidad; la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la entidad tiene la obligación de elaborar un programa de rotaciones con el objetivo de capacitar al personal y evitar su obsolescencia; su cambio no se debió a un plan que contenía una programación, sino a la necesidad del Administrador Regional de preservar en el puesto a su agresor.

De otro lado, en la Resolución de Recurso Jerárquico 155, se afirmó que no podía darse curso a la Prevención Institucional prevista por la Ley 348, que solicitó; al no existir una denuncia nueva sobre el comportamiento de Ausberto Vargas Vedia; además que, este habría expiado su culpa estando hábil para ejercer el cargo al que fue transferido; decisión que fue tomada, pese a que el ex Gerente General de la CNS, conocía la sanción de veinte días impuesta por acoso laboral al nombrado; sin embargo, omitió la obligación que tenía de solicitar las certificaciones a la "institución rectora" para confirmar si se implementaron los mecanismos de prevención dispuestos por el art. 14.6 de la citada norma, o si el agresor fue sometido a terapia como establece el art. 87.5 del mismo cuerpo legal; pues debió cumplir esos presupuestos para asumir nuevos cargos jerárquicos y garantizarle a sus víctimas que no reincidirá en sus dolosas acciones; más aún, cuando la purga de la condena no constituye un mecanismo de sustitución del programa de rehabilitación.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció como lesionados sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia; al trabajo, a la estabilidad laboral, "prohibición del despido injustificado" y acoso laboral; a la dignidad; y a no sufrir violencia física, sexual o psicológica; y, los principios de legalidad y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 15.I y II, 18.I, 46.I y II, 48, 49.III, 115.II, 117.I, 120.I, 178.I y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio