0818/2023-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0818/2023-S1 Sucre, 25 de julio de 2023

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad

Expediente: 47337-2022-95-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 02/2022 de 9 de abril, cursante de fs. 113 a 114 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Nelson Cauna Mamani contra Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de abril de 2022, cursante de fs. 1 a 3, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como antecedente, señala que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancias de Edwin Viza Pocoaca por el presunto delito de avasallamiento, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi del departamento de La Paz., el 28 de octubre de 2021, mediante Resolución "376/2020-P", dispuso su detención domiciliaria; medida que, fue agravada a través de Resolución 54/2022-P de 4 de febrero de revocatoria, que fijó una fianza de Bs20 000.- (veinte mil bolivianos) de imposible cumplimiento.

En consecuencia, se conculcaron sus derechos, de la siguiente manera:

El accionante señala como lesionados sus derechos al debido proceso, a la vida vinculada a la libertad de locomoción y a la celeridad, citando al efecto los arts. 13.I, 15, 18, 22, 23.I, 37, 115.I, 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto el ilegal Auto de 6 de abril de 2022 y se resuelva de inmediato la solicitud de salidas médicas, modificación de medidas cautelares y la suspensión temporal del proceso, ordenando efectivizar de inmediato los oficios al Colegio Médico de Bolivia y al SLIM.

I.2. Audiencia y resolución del Tribunal de Garantías

Celebrada la audiencia pública el 9 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 107 a 112 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

I.2.4. Intervención del tercero interesado

Por su parte Rubén Herrera Medrano, psicólogo del SLIM de Caranavi del departamento de La Paz; expresó que las valoraciones psicológicas que realiza es especialmente a mujeres en situación de violencia y con problemas emocionales, siendo el seguimiento por terapia; y que, también realiza valoraciones a requerimiento del Ministerio Público.

I.2.5. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Por memorial de 25 de marzo de 2022, Nelson Cauna Mamani -ahora accionante-, solicitó a la Jueza ahora demandada, se admita el patrocinio de su abogado y la modificación de las medidas cautelares por otras menos gravosas a la detención domiciliaria (fs. 80). Por Proveído de 28 del mismo mes y año, la citada autoridad dispuso por apersonado a su abogado; y en cuanto a la solicitud de modificación de las medidas cautelares, determinó que previamente adjunte elementos de convicción, para la modificación solicitada (fs. 81).

II.2. Consta memorial de 28 de marzo de 2022 presentado por Nelson Caune Mamani -ahora accionante- quien solicitó a la Jueza ahora demandada, reconocimiento psiquiátrico y la suspensión temporal del proceso, adjuntando el certificado médico emitido por Cesar Alberto Ramírez Condori, de 25 del mismo mes y año, que contiene recomendaciones para que se le realice una valoración especifica por la especialidad de psiquiatría y psicología a la brevedad posible por riesgo vital, cuya valoración médica, señala "DESORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA" por lo que es precisa la intervención del IDIF a través de Medicina Forense que cuenta con un psiquiatra; y, de acuerdo al art. 86 del CPP le pidió ordenar el Reconocimiento Psiquiátrico por el IDIF y con su resultado se determine la "Suspensión Temporal del Proceso". En su otrosí primero, agrego que: la autoridad fiscal emitió requerimiento para valoración psicológica al SLIM, que no fue cabalmente cumplida; por ello también pidió Orden de Salida para constituirse ante el SLIM de Caranavi para la valoración psicológica; y, ante el Hospital Municipal de la misma localidad con el mismo motivo (fs. 64 a 66). Por Proveído de 29 de marzo de 2022 la Jueza ahora demandada, resolvió indicando que, tomando en cuenta el art. 86 del CPP que por Secretaria de su despacho se oficie al Colegio de Psicólogos y Psiquiatras a efectos de que remitan una terna de psiquiatras para que pueda ser elegido por esa autoridad para que realice la valoración psiquiátrica y determinar si el accionante padece alguna enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso (fs. 90).

II.3. Por memorial de 29 de marzo de 2022, presentado por el ahora peticionante de tutela, con la suma "ACREDITA CON INFORME PSICOLOGICO ESTADO DE SALUD PSICOLOGICA Y PIDE LA INMEDIATA MODIFICACION DE MEDIDAS CAUTELARES Y LA SUSPENSION TEMPORAL DEL PROCESO" (sic), señaló que por la mañana de ese día, presentó Solicitud de Reconocimiento Psiquiátrico por parte del IDIF, y que lamentablemente dicha instancia no cuenta con profesional en psiquiatría; que, sin embargo, Cesar Alberto Ramírez Condori, médico, expidió un Certificado sobre la atención prestada al imputado , "CORRESPONDIENDO SE TRAMITE DE IMEDIATO LA MODIFICACION DE MEDIDAS CAUTELARES Y LA SUSPENSION TEMPORAL DEL PROCESO en atención a los arts. 5, 86 y 250 del CPP; señalando que dicho Informe Psicológico del Estado de Salud Mental, determinó que: NELSON CAUNA MAMANI NO SE ENCUENTRA CON LA CAPACIDAD MENTAL Y APTITUDINAL PLENAS, TAMPOCO CUENTA CON IDONEIDAD MENTAL para la toma de decisiones y verter cualquier declaración, que el considere pertinentes..." (sic). Por lo que solicitó se convoque de inmediato a audiencia pública para que pueda modificar las medidas cautelares dejándolas sin efecto y consiguientemente la suspensión temporal del proceso (fs. 99 a 100).

II.4. Por Proveído de 30 de marzo de 2022, la Jueza ahora demandada, tuvo presente el memorial de 29 de ese mes y año, señalando que "previamente a considerar el certificado médico, el mismo deberá venir en original y legible, se señala audiencia virtual de modificación de medidas cautelares y suspensión temporal del proceso, para el día miércoles 20 de abril del "2021" a horas 15:00, sea con las formalidades de ley, debiendo las partes procesales cumplir con el protocolo de audiencias virtuales" (sic [fs. 101]). II.5. Consta Certificado Médico, ilegible en parte, firmado por Médico Cirujano de apellidos Cruz Cruz, que señala: "...el paciente con C.I. 6155335 La Paz tiene Discapacidad Cognitiva Leve, Trastorno Obsesivo Compulsivo" (sic [fs. 92]).

II.6. Por memorial de 1 de abril de 2022, el ahora accionante reiteró a la Jueza ahora demandada que: "acreditado por informe psicológico estado de salud mental. pide la inmediata modificación de medidas cautelares" (sic), considerando que dicho informe estableció que: "Nelson Cauna Mamani no se encuentra con la capacidad mental y aptitudinal plenas, tampoco cuenta con idoneidad mental para la toma de decisiones y verter cualquier declaración, que el considere pertinentes..." (sic). Agregando, además, que la intervención del IDIF era necesaria, pero no cuenta con psiquiatra, por lo que reiteró que, convoque de inmediato a audiencia pública para que pueda modificar las medidas cautelares dejándolas sin efecto. también dirigió oficio al colegio de psicólogos para el envío de una nómina de profesionales en psiquiatría con especialidad o post grado en psiquiatría forense para realizar la valoración psiquiátrica. En su otrosí 3 agregó: "Solicito de su autoridad CONCEDER LA SALIDA MEDICA A CIRECA, SLIM y HOSITAL MUNICIPAL DE CARANAVI a objeto de tratamientos médicos y psicológicos que requiera mi persona" (sic [fs. 103 a 104]).

II.7. Por Proveído de 4 de abril de 2022, la Jueza ahora demandada, en atención al memorial de 30 de marzo de 2022, tuvo presente dicho memorial señalando: "...con relación al señalamiento de audiencia la parte deberá estar al decreto de fecha 30 de marzo de 2022. AL OTROSI 1.- Por secretaria ofíciese al fin impetrado. Al OTROSI 2.- Por la secretaria de este despacho judicial ofíciese al colegio médico a efectos de que remita una lista de psiquiatras para que realice el peritaje en psiquiatría. ALOTROSI 3.- Previamente el impetrante deberá aclarar su petición con relación a la fecha exacta de su salida debiendo ser preciso en su solicitud (sic [fs. 105]).

II.8. Consta Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal de 5 de abril de 2022, presentado a horas 15:10 por el Fiscal de Materia, Freddy Tarqui Mamani, dirigido a la ahora demandada, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Edwin Viza Pocoaca por el presunto delito de avasallamiento en contra de Nelson Cauna Mamani y otro; en cuyo Petitorio señala que en mérito al art. 323.1 del CPP y en cumplimiento al plazo de la etapa preparatoria, presenta requerimiento conclusivo de acusación formal en contra de Nelson Cauna Mamani y otro, por la comisión del delito de avasallamiento, solicitando a la autoridad jurisdiccional la remisión de la acusación Fiscal ante la autoridad juzgadora conforme el art. 325 del CPP a efectos de su juzgamiento en juicio oral, público, continuo y contradictorio. Con cargo de recepción del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi del departamento de La Paz. (fs. 38 a 53).

II.9. Por memorial de 5 de abril de 2022 presentado a horas 15:10 por el Fiscal de Materia, Freddy Tarqui Mamani, puso en conocimiento de la Jueza ahora demandada: "La ampliación de denuncia y se tenga presente para fines de control jurisdiccional", señalando que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público la Ampliación de la denuncia en contra de Mónica Caune, Rosendo Mamani Paucara y Ninosca Huanca Gutiérrez por el delito de avasallamiento y asociación delictuosa; ello, para efectos de control de garantías constitucionales (fs. 23).

II.10. Mediante Auto de 6 de abril de 2022, la Jueza ahora demandada, teniendo presente la acusación formulada por el Ministerio Público contra Nelson Cauna Mamani (ahora accionante) y otro, indicó se remita la acusación formal, más los antecedentes del caso a conocimiento del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz mediante nota de cortesía. Señalando en lo principal:

"Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 325.1 del Código de Procedimiento Penal, modificado por las Leyes 586 y 1173, en el plazo de 24 horas. REMITASE la acusación formal más los antecedentes del caso a conocimiento del Tribunal de Sentencia 1" de Caranavi, sea con nota de atención y previas las formalidades de ley.

Al Otrosí y al más Otrosí. - a lo principal. Por otra parte, de la revisión de obrados se establece que, en fecha 05 de abril de 2022, se presentó ampliación de denuncia contra Mónica Caune Mamani, Rosendo Mamani Paucara y Ninosca Huanca Gutiérrez por el delito de Avasallamiento y Asociación delictuosa; en consecuencia, con la finalidad de evitar posibles observaciones o devoluciones por parte del referido Tribunal, se dispone que por Secretaria del Juzgado se franqueen y conserven fotocopias legalizadas de las piezas procesales pertinentes del caso de autos, con la finalidad de ejercer el control jurisdiccional a las actuaciones pendientes de la ampliación de la investigación, hecho lo cual, de inmediato cúmplase con la remisión precedentemente dispuesta, sea con las formalidades de ley.

Por otra parte, atendiendo los datos del proceso, resulta necesario citar el razonamiento expresado en la 0Sentencia Constitucional Plurinacional 0540/2016-S2 de 27 de mayo, misma que a partir de un análisis de lo previsto en el Art. 325.1 del CPP ha establecido lo siguiente:

"... es de advertir que la norma procesal penal, no prevé posibilidad alguna que permita extender la competencia del Juez de Instrucción en lo Penal, para realizar actos jurisdiccionales posteriores a la presentación de la acusación formal; es decir, presentada la acusación formal el juez contralor de derechos y garantías debe remitir la acusación formal en el plazo estipulado por el legislador; no obstante, cabe aclarar que, la competencia de dicha autoridad jurisdiccional concluye con el decreto de radicatoria del juez o tribunal de sentencia, dado que es éste el acto que abre la competencia del juez o tribunal que sustanciará el juicio propiamente dicho; sin embargo, en la eventualidad de existir actos programados con anterioridad a la presentación de la acusación formal, y que deban realizarse con posterioridad a la presentación del pliego acusatorio, las mismas quedan sin efecto como consecuencia de la presentación de la acusación formal, dado que el juez de instrucción en lo penal, tiene el deber y la obligación de cumplir con los plazos procesales previstos en el ordenamiento jurídico procesal penal; así, presentada la acusación formal, es imperativo que la autoridad judicial contralor de derechos y garantías constitucionales, en cumplimiento de lo dispuesto por la norma procesal citada anteriormente, remita la acusación formal dentro del plazo de veinticuatro horas computables desde el momento de la presentación de la misma; empero, es obligación de la autoridad judicial aludida, informar o anoticiar al juez o tribunal de sentencia penal informar respecto a la imposibilidad de llevar a cabo los actos jurisdiccionales programados y posteriormente suspendidos como emergencia de la presentación de la acusación formal, dado que estos actos inconclusos deberán ser tramitadas con especial prioridad por el juez o tribunal que conocerá posteriormente la causa."

En el caso de autos, mediante providencia de 30 de marzo del año en curso se señaló Audiencia de consideración de modificación de medidas sustitutivas para el día miércoles 20 de abril de 2022, es decir, dicho acto procesal fue programado con anterioridad a la presentación de la acusación fiscal y debía realizarse con posterioridad a tal presentación.

Por consiguiente, conforme ha establecido la jurisprudencia constitucional precedentemente glosada, como consecuencia de la presentación de la referida acusación fiscal y por la remisión de antecedentes precedentemente dispuesta, resulta imposible llevar a cabo dicho acto procesal, motivo por el cual se deja sin efecto el señalamiento de audiencia dispuesto mediante providencia de 30 de marzo del año en curso y, por medio de la presente determinación, se informa a los Señores Jueces del Tribunal de Sentencia Penal 1° de Partido y S.S. de Sentencia Penal de Caranavi, los extremos referidos a efectos de que dicho acto procesal sea priorizado cuando asuma conocimiento de la causa, sea con las formalidades de ley (sic [fs. 54 a 55]).

II.11. Por Proveído de 6 de abril de 2022 la Jueza ahora demandada, en atención al memorial de 5 del mismo mes y año de ampliación de la denuncia, tuvo presente la ampliación solicitada por el Fiscal de materia, ordenando se lo registre en el libro de control jurisdiccional (fs. 24).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho ante vulneraciones del derecho a la libertad de locomoción

Al respecto cabe previamente señalar el art. 8.II de la CPE, que se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta el vivir bien; en este sentido, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de celeridad -arts. 178 y 180.I de la Norma Suprema-, el cual obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la Ley Fundamental.

En ese sentido, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, ha previsto un medio de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma en una interpretación evolutiva del art. 125 de la CPE1 de parte del Tribunal Constitucional Plurinacional como máximo guardián de la Norma Suprema, a través de la 0SC 0044/2010-R de 20 de abril2, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Bajo ese contexto, en mérito a la existencia de casos relacionados con la demora y dilaciones en la tramitación de las causas penales que se fueron convirtiendo en un suplicio de los justiciables, sobre todo de aquellos privados de libertad; y, además, ante la evidencia de dichas demoras el Tribunal Constitucional Plurinacional fue concediendo la tutela en los casos en los que se evidenció la inobservancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado y cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, al efecto la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre3 siguiendo entre otras, la línea jurisprudencial establecida en la SCP 0112/2012 de 27 de abril, realizó una sistematización de los supuestos de dilaciones indebidas e injustificadas en los casos vinculados a la libertad.

No obstante de lo señalado, este Tribunal en mérito al análisis dinámico de la línea jurisprudencial, relacionada al ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en el Fundamento Jurídico III.2.1 de la 0SCP 0846/2020-S1 de 9 de diciembre, partiendo del precedente en vigor -0SC 0044/2010-R- y citando entre otras las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2601/2012 de 21 de diciembre4, 0997/2016-S3 de 22 de septiembre5 y 1180/2019-S1 de 2 de diciembre6, en estricta observancia de los arts. 13 y 196 de la CPE, referidos a la progresividad de los derechos y la función de interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional, en el subtítulo III.2.1.1 del citado fallo, vio pertinente integrar y armonizar la línea jurisprudencial relativo a la tipología de acción de libertad objeto de la presente, no solo en casos en los que se tenga una persona privada de libertad sino también de aquellas personas que tengan restricción de su derecho a la libertad de locomoción, al efecto precisó:

"...Consecuentemente, es inminente, necesario y fundamental INTEGRAR la línea jurisprudencial relativa al ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, permitiendo armonizar los dos entendimientos jurisprudenciales, de manera que, esta modalidad traslativa sea aplicada no solo en casos en los que se tenga una persona privada de libertad sino también de aquellas personas que tengan restricción de su derecho a la libertad de locomoción; ello con el fin de buscar la eficacia plena de este derecho; así, cuando se tenga que definir la situación jurídica de una persona que tenga restringido su derecho a la libertad de locomoción su resolución debe ser pronta oportuna y sin dilaciones, es decir, en estricta observancia del principio de celeridad que procura no imponer la práctica de actos innecesarios atiborrados de formalismo que retrasa los trámites.

De lo anotado, sin pretender ser reiterativos, conforme ya se señaló, si bien la 0SCP 0044/2010-R determinó el ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho a los casos en los que se denuncia lesiones al principio de celeridad vinculado a la libertad personal; bajo la integración de línea jurisprudencial efectuada, la modalidad traslativa de pronto despacho se constituye en un mecanismo procesal idóneo que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas que eviten resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra restringida de su derecho a la libertad personal y/o de locomoción" (el resaltado es nuestro).

Por lo señalado en forma precedente, se llega a la conclusión de que respecto al ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, no solo procede en casos en los que una persona esta privada de libertad, sino también de aquellas personas que no están privadas de libertad, en este caso que tengan restricción de su derecho a la libertad de locomoción.

III.2 El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución.

El art. 410.II de la CPE, establece que:

"La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes."

A partir de este texto constitucional se entiende que la Constitución Política del Estado tiene una jerarquía normativa y goza de aplicación preferente frente a cualquier otra disposición normativa, así fue interpretada también por la SCP 0112/2012 de 27 de abril7; esta primacía hace que surja la preponderancia del órgano judicial que exige de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción y por el contrario requiera la aplicación directa de la Constitución; lo cual, no es solo un asunto meramente formal de jerarquías y competencias, sino está cargado de normas constitucionales que son los valores, principios, derechos y garantías plurales que coexisten, conviven como expresión de su base material pluralista, se comunican entre sí como expresión de su base intercultural y son los que informan el orden constitucional y legal, sin renunciar a su contenido de unidad ?art. 2 de la CPE?.

En igual sentido, la jurisprudencia interpretó en la citada SCP 0112/20128, que la Constitución Política del Estado goza de primacía con relación al ordenamiento jurídico; es decir es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional, en ese sentido, los tribunales, jueces y autoridades deben aplicarla con preferencia a las leyes, interpretación que se encuentra acorde a lo previsto en el art. 410.II de la CPE. Asimismo, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional en un entendimiento relevante sostuvo que:

"Entonces, con mayor razón, la primacía de las normas constitucionales principios respecto de las normas legales-reglas (contenidas en las leyes formales o materiales, códigos sustantivos o procesales, disposiciones reglamentarias en general, etc.)", bajo dicho marco, refirió que las normas constitucionales-principio son los valores, principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales que orientan al poder público, la convivencia social, así como las relaciones entre particulares y estos con el Estado."

Consecuentemente, de esta descripción jurisprudencial, se tiene que por mandato constitucional todos estos derechos, valores y principios obligan a todos los actores sea en el ámbito judicial, administrativo o particular a regir sus actos en observancia de los mismos, y por ello, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de su basta jurisprudencia fue ratificando dichos postulados, y dando realce a uno prevaleciente que compele a quienes administran justicia a su observancia, cuyo fin es el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así se tiene que, el mismo está expresamente inmerso en la norma fundamental, en los artículos: 178.I de la CPE, que dispone: "La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos"; y, 180.I de la Norma Suprema, que prevé: "La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez".

Ahora bien, relacionado a estas dos normas constitucionales, se halla previsto el art. 115.II de la CPE, que expresa: "El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones".

En tal entendido se tiene que, el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios.

Es así que sobre este principio, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en sostener que la acción de libertad puede ser activada cuando se denuncia dilaciones indebidas y se advierta una mora procesal o retardación de justicia, ostensible, con inobservancia de plazos procesales previstos por el ordenamiento jurídico en la resolución de un determinado asunto más aun tratándose de asuntos relacionados con personas privadas de libertad; esa misma línea jurisprudencial se siguió en la 0SC 0862/2005-R, de 27 de julio9 reiterada por las 0SSCC 1213/2006-R; 00900/2010; así como las 0Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1157/2017; 00052/2018-S2 entre otras.

En ese entendido, la SCP 0112/201210, generó una regla procesal penal que estableció que la exigencia de la observancia del principio de celeridad se hace extensible no solo a los jueces o tribunales de control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que coadyuva o intervenga en la administración de justicia y de cuya actuación dependa la situación jurídica del privado de libertad.

III.3. Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal

Las medidas cautelares tienen como finalidad garantizar el desarrollo del proceso hasta su conclusión, evitando los distintos peligros procesales que tienden a entorpecer su normal desarrollo; así entre ellas, las medidas cautelares de carácter personal entendidas universalmente como aquellas que restringen y afectan derechos, uno de ellos la libertad, considerado como un bien jurídico mayor del ser humano; por lo tanto, la aplicación, modificación o sustitución de estas medidas cautelares, adquiere mayor relevancia precisamente por las consecuencias que su aplicación implica para el ciudadano en su desigual relación con el Estado, por lo que este, tiene el deber de garantizar que su tratamiento observe el debido proceso y el acceso a una justicia pronta y oportuna, finalidad que parte esencialmente del art. 22 de la CPE que sienta las bases generales del trato que todo ser humano merece dada esa su condición en relación al Estado, cuando señala que: "La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado".

A partir de allí, y considerando el espíritu de la norma fundamental, el legislador ha previsto en la Ley 1970 el tratamiento del régimen cautelar, norma que fue sufriendo modificaciones precisamente con el fin del resguardo y protección de estos derechos fundamentales consagrados en la Constitución; bajo ese mismo fin su máximo guardián e intérprete como es el Tribunal Constitucional, fue velando por la efectivización en la práctica, de determinadas garantías y principios constitucionales, generando a través de la jurisprudencia interpretaciones de varias normas del Código de Procedimiento Penal, generando reglas, sub reglas, a efectos de que su aplicación, sobre todo en cuanto al régimen de las medidas cautelares, considerando el bien jurídico que se tiene involucrado, merezca una atención primordial y con la debida celeridad.

En ese fin, este Tribunal cumpliendo dicha labor, en casos en los que se presentó un conflicto de competencia11 cuando Juez de control jurisdiccional se consideró incompetente para resolver solicitudes de medidas cautelares al haberse presentado la acusación, se ha pronunciado, estableciendo la permisibilidad de que un juez incompetente resuelva las solicitudes de aplicación de la detención preventiva, ello, en consideración a la importancia de la libertad de las personas como un derecho fundamental; así se tiene a la 0SC 0487/2005-R de 6 de mayo, que resolviendo dicho supuesto señalo:

"Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, (...)".

En esta misma línea la 0SC 1584/2005- R de 7 de diciembre, siguiendo el entendimiento de la precitada Sentencia Constitucional, al considerar que el derecho a la libertad no solo es un bien primario sino fundamental, complemento esta posibilidad de que el juez de instrucción penal pueda resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, aunque se hubiera presentado la acusación; siempre y cuando no haya radicado la causa en un determinado tribunal de sentencia penal; señalando al efecto que:

"Considerando la importancia del derecho a la libertad física no sólo primario sino fundamental, es permisible que un juez incompetente resuelva la solicitud de aplicación de la detención preventiva en un primer momento de la investigación, debiendo inmediatamente de realizado dicho acto remitir las actuaciones al asiento judicial donde debe ejercerse el control jurisdiccional.

Ahora bien, cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación, así la 0SC 487/2005-R, de 6 de mayo que dice:

(...)

El entendimiento aludido, no ha sido manifestado en una problemática análoga a la presente; sin embargo, debe rescatarse que la solicitud de cesación no deja de tener la misma naturaleza en todos los procesos, es más dicha solicitud debe recibir el mismo tratamiento que la solicitud de detención preventiva que atiende el Ministerio Público al inicio de la investigación, por lo que en observancia del principio de igualdad procesal, el procesado ante una situación similar debe ser también escuchado en su solicitud de cesación de dicha medida, lo que significa que cuando el imputado presenta una solicitud de cesación ante un juez y éste se considera incompetente para asumir el control jurisdiccional o el conocimiento en el fondo de la causa, deberá primero analizar el caso concreto y resolver la solicitud siempre que ello no importe lesionar los derechos de la parte acusadora o del Ministerio Público; y luego remitir el expediente a quien considere competente, pues razonar de forma contraria importaría someter al recurrente una posible dilación, dado que puede ocurrir que el Juez a quien se considera competente no lo sea o que se excuse de la causa, con lo cual se impediría que la solicitud sea considerada oportunamente y con la celeridad que amerita".

Ahora bien, los citados fallos constitucionales, establecieron que las solicitudes de medidas cautelares podían ser conocidas por el juez de instrucción penal hasta que la causa sea radicada ante el juez o tribunal de sentencia penal; actuado con el cual, recién perdía competencia el primero; generando dicha línea jurisprudencial, constituyéndose dichos fallos como precedentes en vigor, que si bien en algún momento dicho criterio trato de apartarse de dicho razonamiento; empero el mismo fue reasumido y se mantuvo uniforme en los fallos emitidos; así se tiene la 0SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo12, que efectuando una sistematización de la evolución dinámica de esta línea jurisprudencial, recondujo la línea establecida por la 0SC 0487/2005 a lo señalado en la 0SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, con el fin de continuar con la efectivización de los principios de celeridad, seguridad jurídica y los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia efectiva y sin dilaciones; quedando establecido que la competencia del juez de instrucción penal para conocer la cesación de la detención preventiva ante la interposición de una acusación fiscal, es válida, pero siempre y cuando no hubiera radicado la causa en un determinado tribunal; por lo que, para el efecto generó sub reglas para su consideración, siendo estas:

"1) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes dela radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación.; y,

Tomando como base las 0SSCC 0487/2005-R y 01584/2005-R, debemos concluir señalado que cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal.

En esta misma línea, que tienen como base las 0SSCC 0487/2005-R y 01584/2005-R, fue seguido y asumido en diferentes fallos, respaldando su plena vigencia; sirviendo inclusive de precedente para extender el espíritu de dicho entendimiento respeto de los conflictos de competencias entre jurisdicciones, lo cual implicó una modulación expresa del precedente contenido en la 0SC 1584/2005-R, desarrollada en la 0SCP 0763/2019-S1 de 26 de agosto13, misma que amplió tal entendimiento -como se tiene dicho- en los casos en los que pueda surgir un conflicto de competencias entre distintas jurisdicciones dentro de un proceso penal, así razonando sobre la importancia del tratamiento de las medidas cautelares, sobre todo cuando se trata de resolver la situación jurídica de un privado de libertad señalo:

"El entendimiento descrito precedentemente, a partir de los derechos y garantías constitucionales que resguarda la Constitución Política del Estado, entre ellos el derecho a la libertad y el debido proceso, estableció que en supuestos en los cuales un juez se considere incompetente, es totalmente permisible que pueda conocer y resolver solicitudes referentes a medidas cautelares, en las cuales generalmente se halla involucrado el derecho a la libertad física o de locomoción, derechos fundamentales que tienen carácter inviolable y su atención debe ser primordial y con la debida celeridad.

En tal sentido, se debe razonar también, respecto a que si la jurisprudencia concedió esta permisividad de que las solicitudes sobre medidas cautelares, sean resueltas por un juez aunque incompetente (por la razón que sea, materia o territorio), es porque este no deja de tener jurisdicción, estando este elemento fundamental todavía presente; es decir, se trata de una autoridad dotada de potestad jurisdiccional, por lo que, la supuesta incompetencia para conocer el fondo de la causa, no le limita a resolver las pretensiones respecto a la aplicación o modificación de medidas cautelares; esto, en consideración precisamente al resguardo y respeto a los referidos derechos fundamentales, así como a la garantía del debido proceso para el justiciable, que implica además el derecho a contar con un juez natural; sumado a ello, que no puede haber un proceso penal que no cuente con el control jurisdiccional, cuya autoridad encargada es contralora de que no se vulneren tales derechos; en tal sentido, un conflicto de competencias no debe limitar el ejercicio de los derechos relacionados a la libertad; por lo que, considerando que toda solicitud vinculada con el derecho a la libertad, como las solicitudes de aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, deben atenderse en virtud del principio de celeridad procesal, dada su naturaleza intrínseca de provisionalidad, instrumentalidad, temporalidad que caracteriza a las medidas cautelares, ya que su consideración no involucra el tratamiento de fondo de la causa penal..."

En ese sentido, en materia penal, la competencia está determinada de acuerdo a la etapa procesal, los Jueces de instrucción Penal son competentes para el control de la investigación conforme a las facultades y deberes previstos por ley, y los tribunales y Juzgados de sentencia para el desarrollo del Juicio oral como tal, sin embargo la Jurisprudencia Constitucional ha precisado que la autoridad competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada con las medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es precisamente el juez de instrucción penal, que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación y ésta competencia se mantiene subsistente hasta que la acusación ha sido radicada en el Tribunal de sentencia competente.

III.4. Protección de la dignidad y los derechos de los privados de libertad

De acuerdo art. 8.II de la Constitución Política del Estado (CPE), la dignidad es uno de los valores en los que se sustenta el Estado Plurinacional de Bolivia, siendo uno de los fines y funciones especiales según el art. 9.2 de la misma norma suprema, el de: "Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe".

Además de estar concebida como un valor, la dignidad también está consagrada como un derecho fundamental conforme se tiene establecido en el art. 21.2 de la CPE, el cual refiere que las bolivianas y los bolivianos tienen, entre otros, el derecho a la dignidad, teniendo junto al derecho a la libertad un carácter inviolable, imponiendo al Estado el deber primordial de respetarlo y protegerlo, como lo reconoce el art. 22 de la Norma Fundamental. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que forma parte del bloque de constitucionalidad por previsión del art. 410.II de la CPE, al respecto establece en su art. 11.1, que "Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad".

Ahora bien, en ese marco normativo constitucional y convencional la jurisprudencia constitucional contenida en la 0SC 0338/2003-R de 19 de marzo14, reiterada por la 0SC 1694/2011-R de 21 de octubre y la SCP 0251/2012 de 29 de mayo15, entre otras, ha establecido que la dignidad "designa un conjunto de creencias, valores, normas e ideales que, de una manera u otra, asumen como postulado que hay un valor intrínseco o una condición especial de lo humano, lo que implica que hay una forma de existir superior que de hecho está viviendo la gente" (sic).

Asimismo, la SC 2134/2013 de 21 de noviembre afirma:

"El respeto de todo ser humano como un fin en sí, empieza por el respeto a la vida y al reconocimiento de los múltiples derechos en los que se despliega su dignidad, lo que presupone el reconocimiento de su derecho a la existencia; de tal forma, se puede afirmar categóricamente que el derecho a la dignidad humana es aquel que tiene toda persona por su sola condición de "humano", para que se la respete y reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal. La dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan"

Por su parte, sobre la dignidad humana el tratadista Stern16, afirma que: "la dignidad humana es la base de los derechos fundamentales, por tanto son derechos humanos suprapositivos que han sido positivados en la Constitución y vinculados a una serie de objetivos para asegurar la condición existencial del hombre como persona individual y ser social" (sic); al vulnerar uno sólo de tales derechos fundamentales, estamos lesionando la dignidad humana porque privamos al ofendido de la posibilidad de ejercer en forma plena la facultades que le corresponden como ser humano, especialmente cuando el atentado es contra la vida; así, el mismo autor, continúa señalado:

"De ahí que pueda sostenerse que los preceptos constitucionales que consagran la idea de dignidad humana no sean meras declaraciones, sino que resulten ser fuente directa de prescripciones normativas, cuya contravención indudablemente puede acarrear, como consecuencia jurídica, la inconstitucionalidad del acto en que tal contravención se materializa."

Conforme a lo señalado precedentemente, es deber del legislador al formular las leyes adecuar las normas para que ninguna de estas atente contra la dignidad humana que constituye un atributo o condición propia del ser humano; por lo tanto, un valor básico y fundamental de los derechos humanos, reconocido por la norma suprema y por tanto, puedan ser objeto de declaratoria de inconstitucionalidad.

En esa misma línea de razonamiento y respecto a las personas privadas de libertad, el art. 73.I de la CPE, garantiza ese derecho en los siguientes términos: "Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana" e impone al Estado el deber de velar por el respeto de sus derechos, conforme establece el art. 74.I de la misma norma. De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)17, señala al respecto en su art. 10.1 que "Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano".

En sintonía con lo anotado precedentemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió la Resolución 1/08 "Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las personas Privadas de Libertad en las Américas"18, en la cual se reconocen los derechos fundamentales que tienen las personas privadas de libertad, a través de principios tales como: "Trato humano - Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos"; "Igualdad y no-discriminación - Toda persona privada de libertad será igual ante la ley, y tendrá derecho a igual protección de la ley y de los tribunales de justicia. Tendrá derecho, además, a conservar sus garantías fundamentales y ejercer sus derechos, a excepción de aquéllos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente, por disposición de la ley, y por razones inherentes a su condición de personas privadas de libertad."

Las normas constitucionales y convencionales citadas precedentemente, así como los razonamientos desarrollados de la CIDH permiten concluir que las personas privadas de libertad, conservan la condición propia de ser humano, así sean restringidos en su libertad de locomoción, ya sea por una condena o una medida cautelar.