Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0818/2026-S2 Sucre, 28 de abril de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 78502-2025-158-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 234/2025 de 27 de octubre, cursante de fs. 163 a 165, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Oscar Hugo Pérez Saucedo contra Germán Saúl Pardo Uribe y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 16 de septiembre y 7 de octubre de 2025, cursantes a fs. 1 y 4 a 10; y, 21 a 23, el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso laboral de cobro de beneficios sociales seguido por Lisbett Gonzales Megias, Miriam Vallejos Guerrero de Baldelomar, Litzy Selene Rojas Ribera y Rosio Ayala Sifuentes -ahora terceras interesadas- contra su persona como propietario de la empresa unipersonal "EMALIMPER SERVICIOS INTEGRALES", en una primera Sentencia la autoridad judicial otorgó valor a los documentos ofrecidos como prueba de descargo referentes a cartas de renuncia voluntaria y finiquitos firmados por las demandantes y que expresaban la manifestación de su voluntad y consentimiento respecto a la desvinculación laboral; no obstante, dicha determinación de primera instancia fue anulada por las autoridades superiores, dando lugar a una segunda Sentencia, oportunidad en la que estos documentos sin prueba directa fueron calificados como simulados, utilizando el tecnicismo de la ausencia de la firma del representante del Ministerio del rubro, para negar que las demandantes recibieron dinero por finiquito y que su retiro fue voluntario, cuando se debió aplicar el principio de la carga dinámica de la prueba, exigiendo a las demandantes demostrar la simulación alegada; empero, pese a que dicho aspecto no fue demostrado, tal determinación en alzada fue confirmada, lo que dio lugar a que de su parte formule recurso de casación.
No obstante, en vulneración de su derecho de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, dicho recurso mediante , emitido por María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Egüez Añez -ahora demandado-, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, fue declarado improcedente, dedicándose en su análisis a evaluar un formalismo casi forzado a fin de no dirimir el fondo de la temática controversial que fue omitida sistemáticamente en vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente de omisión probatoria, dejándolo a partir de la consideración de aspectos fórmales, sin vía judicial efectiva para reparar la lesión de la que fue objeto, lo que se constituye en denegación de justicia, y vulnera el principio pro actione.
I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia; así como, de la garantía al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración de la prueba; y, a los principios de verdad material y pro actione, citando al efecto el art. 115 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 8.2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela, y; en consecuencia, se determine:
- a)La nulidad del ;
- b)La emisión de una nueva resolución que ingrese al fondo del recurso, valorando integralmente los agravios planteados en especial los referidos a la prueba;
- c)La suspensión de toda medida cautelar que afecte su libertad mientras se sustancia el nuevo recurso en resguardo de su integridad física y su derecho a la defensa, conforme al principio de favorabilidad y al estándar de protección reforzada para personas vulnerables; y,
- d)La remisión de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura a fin de su evaluación sobre el cumplimiento de deberes funcionales por parte de los operadores judiciales que emitieron el fallo sin motivación suficiente.
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