Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0819/2019-S2 Sucre, 17 de septiembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 28800-2019-58-AAC Departamento: Beni
En revisión la Resolución 02/2019 de 29 de marzo, cursante de fs. 139 a 141 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sergio Orlando Mansilla Chávez en representación de Miguel Ángel Datzer Czerniewicz contra Carlos, Porfirio, Viviana, Tomasa, Johe y Andrés, todos Poñe Noe; Porfirio Poñe Carballo, José Mano Rimba y Dagoberto Bravo Fernández.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados de 11 y 20 de marzo de 2019, cursantes de fs. 81 a 87; y, 94 vta., el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Siendo propietario de dos lotes de terrenos urbanos, ubicados en la zona de San Ignacio de Maniqui, del municipio de San Borja del departamento del Beni; el primero con una extensión superficial de 80 000,00 m², ubicado sobre el Manzano 000, Lote 001, Sector 004; y el segundo lote de una extensión superficial de 10 000,00 m² ubicado sobre el manzano 000, Lote 1, Sector 004. Ambos lotes fueron adquiridos de Rómulo Magne Cerezo, mediante escrituras públicas 315/2003 de 10 de noviembre y 271/2004 de 24 de septiembre, inscritos debidamente en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) "bajo matrículas computarizadas 8.03.2.01.0007396 y 8.03.2.01.0007397" (sic), respectivamente, dichos bienes inmuebles cuentan con el pago de impuestos municipales al día; sin embargo, a mediados del mes de noviembre de 2018, los demandados avasallaron sus lotes de manera ilegal, donde comenzaron a construir viviendas precarias con el fin de apoderarse de dichos terrenos, por esa razón, se apersonó al lugar para solucionar la situación.
En ese marco alegó que, ante estas medidas de hecho requiere protección inmediata con el fin de reponer su derecho propietario y evitar restringirle su titularidad.
I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado
Considera lesionado su derecho a la propiedad; citando al efecto los arts. 56.I, 109, 110.I y II, y 113.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 21.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 17.1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
I.1.3. Petitorio
Solicita se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga:
- a)Inmediata desocupación y entrega de los terrenos avasallados en el término de cinco días, bajo advertencia que en caso de negativa se emita mandamiento de desapoderamiento con auxilio de la fuerza pública;
- b)La remisión de antecedentes ante el Ministerio Público; y,
- c)Se condene al pago de daños y perjuicios.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 29 de marzo de 2019, según acta cursante de fs. 135 a 138 vta.; produciéndose los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su demanda tutelar y en audiencia amplió los términos de la misma señalando que:
- 1)Se demostró que es el único y legítimo propietario de esos lotes de terreno,
- 2)Se evidenció que las personas demandadas que avasallaron sus predios inclusive empezaron a transferir ciertos bienes inmuebles a terceros, haciendo excavaciones (bajíos) y vendiendo la tierra; por lo que, se trata de daños y perjuicios latentes que ocasionaron un riesgo para el propietario porque la gente que compró dichos predios estarían construyendo y haciendo mejoras en esos lotes, lo cual se puede evidenciar por las capturas fotográficas que hizo la Notaria de Fe Pública Primera de San Borja del departamento del Beni; y,
- 3)Además que el hecho de haber extraído tierra con maquinaria pesada disminuye el precio de los lotes, representando la inminencia de un daño irremediable e irreparable, situación ya establecida en la . Asimismo, debería tomarse en cuenta el informe de uno de los compradores, Dagoberto Bravo Fernández, quien realizó un reconocimiento efectivo de cómo se están transfiriendo esos lotes.
I.2.2. Informe de las personas demandadas
Dagoberto Bravo Fernández, a través de la nota presentada el 28 de marzo de 2019, cursante a fs. 128, manifestó lo siguiente:
- i)Que "fue engañado por Porfirio Poñe" (sic), puesto que cuando se apersonó a los predios objeto de la presente acción, el aludido se encontraba ocupando los mismos y le manifestó que junto a su familia eran propietarios de esos predios, observando la existencia de viviendas precarias;
- ii)El demandado y su familia sacaban tierra de esos lotes y la vendían a la empresa china para el relleno de la carretera, acción con la que aparentaban ser dueños; habiendo sido sorprendido en su buena fe, le entregó una motocicleta como parte de pago por la compra de terrenos, acordando como parte de pago la entrega de un motorizado por la suma de Bs3 500 (Tres mil quinientos 00/100), que se entregó como cuota inicial, a raíz de ello lo visitaba frecuentemente con el objeto de exigirle aportes que siempre eran de Bs200 (Doscientos 00/100 bolivianos) para la agilización de los papeles de los terrenos;
- iii)Cuando se apersonó a la Alcaldía, se enteró que el verdadero dueño de los referidos lotes de terreno es Miguel Ángel Datzer Czerniewicz, aspecto que fue corroborado en el mes de diciembre de 2018, cuando el apoderado de éste le exhibió planos y le manifestó que Porfirio Poñe Noe no era el dueño y que estaba cometiendo actos ilegales;
- iv)Consideró que fue estafado y refirió que no ha sido el único embaucado por éste, puesto que ha procedido a ofrecer y vender a otras personas lotes que no son de su propiedad.
Carlos, Porfirio, Viviana, Tomasa, Johe y Andrés, todos Poñe Noe; Porfirio Poñe y José Mano Rimba, mediante informe de 29 de marzo de 2019, cursante de fs. 131 a 134 vta., expresaron que:
- a)Son legítimos poseedores desde 2008 de diferentes lotes de terreno ubicados en el sector de la circunvalación Este de la zona de San Ignacio de Maniqui, los cuáles ocupan junto a sus familias, ya que "...hace más de once años que nos encontramos en posesión y/o detentamos de manera real, pacífica pública e ininterrumpida y de buena fe en posesión..." (sic), con el consentimiento y conocimiento de vecinos y colindantes, donde no fueron objeto de molestias ni interrupción de terceras personas que tuvieran interés en el referido inmueble, habiendo realizado mejoras en los mismos, sembrado de árboles frutales, construcción de viviendas, norias, talleres de trabajo y pozas para cría de peces e instalación de servicios básicos como la energía eléctrica, dándoles a éstos una función social;
- b)Al momento de tomar posesión de los predios no tuvieron conocimiento de la existencia de otro propietario, pues eran terrenos baldíos que fueron ocupados paulatinamente y de manera pacífica sin utilizar la fuerza, amenazas o intimidación de ninguna persona, puesto que estaban abandonados e improductivos; asimismo, adjuntan los certificados de 7 de enero de 2016, emitidos por la Presidenta de la zona de San Ignacio de Maniqui (Irene Zabala Cruz) quien avala que -los ahora demandados- son vecinos del lugar y trabajan en esa zona;
- c)El accionante junto a su abogado en 2018, se apersonaron a informarles que las escrituras estaban inscritas en la Oficina de DD.RR., y les hicieron la propuesta de ofrecerles los lotes en contrato de compra y venta a cuotas de pagos mensuales, cuya oferta fue rechazada;
- d)Aseveran que los demandados solicitaron en dos oportunidades al Juez Público Civil y Comercial Primero de San Borja del departamento del Beni, en resguardo de su derecho de posesión, la medida cautelar de prohibición de innovar y contratar sobre esos terrenos que fueron ocupados de manera pacífica, siendo que el accionante ha consentido esa posesión con la finalidad de negociar dichos predios, sin recibir hasta la fecha respuesta alguna; por lo tanto, no es evidente que el impetrante de tutela se enteró recién hace seis meses atrás (20 de enero de 2019) existiendo duda de su extemporaneidad; y,
- e)Al no haber violencia o medidas de hecho, ni se hubiera cumplido con la carga probatoria correspondía aplicar el principio de subsidiariedad, además que tampoco se efectuó con la notificación a terceros interesados que viven también en esos terrenos y con quienes firmaron compromisos de venta.
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