0820/2019-S2

Al ser favorecidos con esta determinación judicial, por memoriales de 11 de mayo y 8 de junio de 2017 dirigidos al Ministro y Director de la Unidad de Cultos, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores, denunciaron la injerencia extranjera de la IEP Filial de Chile en Bolivia, por utilizar indebidamente su personería jurídica y operar en Bolivia de forma clandestina, como si se trataría de una Directiva paralela; cuestionando su elección por Asamblea de 8 y 9 de mayo de 2007 y el indebido registro de la misma por parte de esta entidad gubernamental en la Carpeta 95 que corresponde solo a la IEPB; y, solicitaron:

1. a)La separación de la Directiva de la IEP que funciona como Filial de Chile en Bolivia, del Registro Nacional de Culto, que se encuentra en la Carpeta 95;
2. b)Revisar las actas de elección 8 y 9 de mayo de 2007, declarando nula la Directiva de la IEP Filial de Chile, porque no puede existir como paralela a la suya; y,
3. c)Levantar la restricción denominada "Iglesia en conflicto judicial" del Registro Nacional de Culto que se encuentra en la referida Carpeta 95, por haber concluido a su favor, el proceso judicial iniciado en su contra.

Por lo expuesto, consideran que la referida autoridad demandada lesionó sus derechos al debido proceso y a la defensa en su componente de impugnación: toda vez que:

1. 1)Suspendió el proceso administrativo en su fase de alegatos, sin argumentar las razones de esta actuación arbitraria, ni explicar por qué no correspondería valorar las pruebas aportadas, escuchar los alegatos y resolver el fondo de la denuncia, más aún, cuando existe antecedentes administrativos que los favorece y resoluciones judiciales que disponen que este problema sea resuelto por autoridad competente administrativa; y,
2. 2)No se explicó conforme lo dispone el art. 30 inc. b) de la LPA, por qué se separó del procedimiento y emitió una carta en lugar de una resolución, sin la debida motivación y fundamentación, señalando únicamente que no se puede desconocer dos Directivas paralelas y guardando silencio sobre la cancelación de la restricción.

Solicita se "otorgue" la tutela, restableciendo sus derechos lesionados; y en consecuencia, se disponga que:

1. i)Álvaro Guillermo Tapia Solares atienda su denuncia, restituyendo el debido proceso dentro del procedimiento administrativo iniciado el 10 de noviembre de 2017 de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo, convoque a audiencia pública para valorar las pruebas y los alegatos y poder emitir una resolución definitiva debidamente argumentada sobre lo pretendido, otorgándoles la posibilidad de impugnarla, en caso de ser contraria a sus intereses;
2. ii)Se respete la libertad de culto conforme lo dispuesto por el art. 4 de la CPE; y,
3. iii)Jorge Juan Leslie Manrique Arduz, atienda su solicitud de concederles fotocopias legalizadas para efectuar trámites y homologaciones, que constan en la Carpeta 95.

Álvaro Guillermo Tapia Solares, Director General de Ceremonial del Estado Plurinacional y Jorge Juan Leslie Manrique Arduz, Jefe de la Unidad de Cultos y de ONGs, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores, por informe escrito de 30 de abril de 2019 cursante de fs. 476 a 480, y en audiencia de consideración de esta acción de defensa, manifestaron:

1. a)Cursa en la Cancillería, el acta de elección de la Directiva de la IEP chilena, que fue presentada por los conductos administrativos respectivos, no pudiendo ser observados o tachados de inorgánicos, menos apócrifos;
2. b)El art. 25 del Estatuto Orgánico de la IEPB, señala que los conflictos internos deben solucionarse en la vía conciliatoria, agotada la misma, sus miembros, pueden recurrir a la justicia ordinaria u otro tribunal para el arreglo y liquidación de sus dificultades; lo cual no fue demostrado por los accionantes, como una instancia previa a la interposición de esta acción de tutela, en inobservancia del principio de subsidiariedad;
3. c)La Nota VRE-DGCE-UCU-Cs 94/2019, reitera lo dispuesto en la Nota VREC/DGAB/UCU/1/388/07 de 29 de junio de 2007, en la que se manifestó que al menos en doce oportunidades, se aclaró al cuerpo directivo de la IEPB, que según su Estatuto y Reglamento Interno, eligen y reconocen a sus propias autoridades; sin que en su oportunidad se hubiese interpuesto recurso administrativo alguno;
4. d)Contra la Nota VRE-DGCE-UCU-Cs 94/2019, los impetrantes de tutela debieron activar la vía recursiva administrativa establecida en el art. 56 de la LPA, para que las supuestas observaciones sean consideradas por la instancia pertinente; pues se trata de un acto administrativo equivalente a una resolución de carácter definitivo, que pone fin a una actuación administrativa; por lo que, no se agotaron los recursos que franquea la ley con carácter previo a la interposición de esta demanda tutelar;
5. e)La Cancillería no tiene competencia para decidir o imponer la representación legal de una iglesia, la que debe ser establecida por su organización interna; en todo caso, se limita a registrarla cuando se cumplen los requisitos legales; por lo que, mal podrían valorar documentos o pruebas, cual si fuesen una autoridad judicial; en todo caso, existe el mandato constitucional de separar el Estado de las iglesias;
6. f)La IEPB tiene personería jurídica reconocida por Resolución Suprema (RS) 170308 de 30 de agosto de 1973, registrada en la Unidad de Cultos con el número 95; y, mediante la Resolución Prefectural 117/06 de 22 de marzo de 2006, se reconoce la modificación de sus estatutos y reglamentos internos, es decir que para el Estado Boliviano y el ordenamiento jurídico, existe una sola personería jurídica, que no puede desglosarse en dos; sin embargo, la parte accionante demanda la existencia de dos filiales, una con personería boliviana y otra chilena, pidiendo la separación de la Carpeta 95 de la Filial de Chile en Bolivia;
7. g)La Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas y su Decreto Reglamentario no establecen que el Ministerio de Relaciones Exteriores tenga competencia para resolver conflictos entre miembros de una entidad religiosa, cual si el Estado fuese la cabeza, por ello, se respondió a los accionantes mediante Nota VRE-DGCE-UCU-Cs 94/2019, que no es su atribución reconocer a una Directiva oficial, cuando se tiene dos en una misma organización religiosa, las cuales cumplen con presentar sus actas de elección; y en este caso, ante la existencia de hechos controvertidos entre sus miembros, deben ser resueltos conforme a los mecanismos establecidos en la normativa de los estatutos y reglamentos de la IEPB;
8. h)El Auto de Vista 143/2013, anuló obrados porque con carácter previo a dilucidar la demanda de nulidad, tenía que resolverse el fondo del asunto, interponiéndose una demanda de rendición de cuentas contra los demandados -ahora accionantes-; por esta razón, el señalado pronunciamiento judicial, no compromete a la Cancillería, conocer ni resolver lo denunciado por los accionantes;
9. i)No existe norma que prohíba a chilenos o extranjeros a participar en la Iglesia Evangélica Pentecostal, que es una sola, cuyos miembros en el Cabildo de 10 de mayo de 2014, establecieron resolver sus problemas dialogando; pero en desconocimiento de esta determinación, los peticionantes de tutela acudieron a la Cancillería y a la vía constitucional, como si tuvieran competencia para resolver sus problemas; en todo caso, deben observar sus propios estatutos y reglamentos a efectos de imponer su representación legal o acudir a la vía judicial para solicitar rendición de cuentas;
10. j)No existe proceso administrativo aperturado ni pendiente de resolución que pueda ser resuelto por sus autoridades; por lo cual, sugieren a las partes, conciliar sus posturas o acudir a la instancia interna que es la Asamblea General;
11. k)Conforme a la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas, la IEPB, debe homologar su personería jurídica; dicha solicitud no se efectuó en la instancia que representan; y,
12. l)La solicitud de 3 de diciembre de 2018, de fotocopias legalizadas se encuentra suscrita por Lody Andrónico Mareño Sánchez, en condición de abogado y miembro de la IEPB; empero, no por los accionantes; la que se respondió, que para ello, se requiere orden judicial y que ninguna de las partes pueden tener acceso a las mismas, por falta de legitimación para realizar peticiones directamente a la entidad, hasta que solucionen sus diferencias internamente o acudan a la vía judicial, pues la IEPB como persona jurídica debe definir y acreditar su representación legal; otra cosa es, que esta respuesta no agrade a los impetrantes de tutela, debiendo haberla impugnado ante la instancia correspondiente. Por lo que, solicitan se deniegue la tutela impetrada.

El abogado de los terceros interesados, se adhirió a los fundamentos y prueba acompañada por las autoridades demandadas, además indicó que:

1. 1)La Resolución Prefectural 117/2006 se trataría de una aprobación de modificación de Estatutos de la IEPB y que la personería jurídica resultaría ser la signada con el número 170308 de 30 de agosto de 1973;
2. 2)No se puede hablar de una IEP en Bolivia y otra en Chile, por cuanto el término iglesia tiene carácter mundial, la cual tiene veintisiete iglesias en diversos países, con su sede central en Chile, siendo que los accionantes fueron ungidos por los que ahora demandan; y,
3. 3)Se remiten a los estatutos de su organización religiosa y hace énfasis en las Asambleas que habrían legitimado el reconocimiento de la Directiva a la que ellos representan, además cuestionan la legitimación activa de los solicitantes de tutela, por no ser legal su representación.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba, mediante Resolución AAC-0030/2019 de 30 de abril, cursante de fs. 543 a 547 vta., declara la "improcedencia" de la acción de amparo constitucional, por estar afectada con la subsidiariedad; y en consecuencia, deniega la tutela solicitada con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la causa. Determinación efectuada sobre la base de los siguientes fundamentos:

1. i)Respecto a la supuesta falta de legitimación activa de los accionantes, cuestionada por los terceros interesados, la Sala Constitucional no se pronunciará sobre la legitimidad de ninguna de las Directivas que se encontrarían en controversia con relación a la representatividad de la IEPB;
2. ii)Con relación a la Carta de 3 de diciembre de 2018, por la que se solicita fotocopias legalizadas, fue suscrita por Lody Andrónico Mareño Sánchez como abogado de los impetrantes de tutela; pero no hay constancia que esta petición haya sido realizada expresamente por los mismos, por esta razón, no tienen legitimación activa para cuestionar la ausencia o no de respuesta; y,
3. iii)Respecto a la Nota VRE-DGCE-UCU-Cs- 94/2019, es evidente que el Ministerio de Relaciones Exteriores, respondió que no tiene la atribución de reconocer a una Directiva oficial, dentro de los reclamos que habrían realizado no solo los demandantes de tutela sino Valerio Fuentes Baptista, ante esa cartera de Estado; ahora bien, si los accionantes no estaban de acuerdo con su contenido por considerarla carente de motivación y estructura de una resolución, debieron impugnarla en función al art. 56 de la LPA y dentro de los plazos establecidos por dicha Ley; al no haberlo hecho, convalidaron dicho acto administrativo; y, al acudir directamente a la jurisdicción constitucional, incurrieron en la causal de subsidiariedad para denegar la tutela impetrada; en tal sentido, imposibilita a la Sala Constitucional ingresar a dilucidar el fondo de la problemática planteada.

En etapa de aclaración, enmienda y complementación, la parte accionante cuestionó a través del memorial presentado el 2 de mayo de 2019, cursante a fs. 556 y vta., lo siguiente:

1. a)El por qué la Sala Constitucional, no evaluó la carta de 13 diciembre de 2018, suscrita por Sergio Huarachi Nina, respecto a la solicitud de fotocopias legalizadas, la cual se encuentra en obrados, y en su lugar tomó en cuenta la carta que únicamente se encuentra firmada por su abogado, para denegar la tutela, aludiendo falta de legitimación activa, cambiando de esta forma el elemento probatorio para su análisis, a pesar que en audiencia se solicitó que se evalúe la correspondiente a su petición; y,
2. b)No solicitaron el reconocimiento de la Directiva, para considerar que la Carta VRE-DGCE-UCU-Cs 94/2019, debería ser impugnada a través de recursos administrativos, pues ello ya fue definido por Resoluciones ordinarias y actos administrativos anteriores; en consecuencia, por qué la Sala Constitucional considera que una Misión religiosa chilena, que no tiene ningún vínculo legal con la IPB, puede definir derechos legales sobre sus estatutos y reglamentos.

La mencionada Sala Constitucional mediante Auto Complementario de 3 de mayo de 2019, cursante de fs. 560 a 561, reiteró la "improcedencia" de la acción tutelar, señalando lo siguiente:

1. 1)Existen dos solicitudes con el mismo tenor, una suscrita por el abogado de la parte accionante y otra firmada además por Sergio Huarachi Nina, lo cual hizo inducir en error al Tribunal de garantías y generó duda respecto a cuál de las dos cartas resulta ser la que dio lugar a la petición, cuya falta de respuesta se reclama en la presente acción de tutela; sobre el particular, es necesario puntualizar que no es atribución de la jurisdicción constitucional resolver cuál de las cartas resulta ser válida; y,
2. 2)Con relación a la segunda solicitud de aclaración, respecto a que las Misiones definen derechos legales sobre los estatutos y reglamentos de la iglesia, no corresponde aclarar, enmendar ni complementar, porque la Resolución Constitucional de 30 de abril de 2019, no debatió ni resolvió sobre el particular.

II.1. Cursan Oficios VERC/DGAB/UCU/1/378/07 y VREC/DGAB/UCU/1/377/07, ambos de 25 de julio de 2007; a través de los cuales, la Jefa de la Unidad de Cultos a.i. del Ministerio de Relaciones Exteriores, respondió a solicitudes y memoriales donde miembros, autoridades espirituales y directivos que se arrogan la representación de la IEPB, realizaron quejas, denuncias, aclaraciones, expulsiones y registro de asambleas, señalando en lo esencial, que:

1. i)El espíritu de paz y armonía debe reinar en la organización religiosa, manifestando su voluntad de realizar una convocatoria común según establece su Estatuto y Reglamento Internos vigentes por Resolución Administrativa Prefectural 117/06 de 22 de marzo de 2006;
2. ii)Conforme a los principios espirituales que les congregan, sabrán orientar correctamente a los miembros de la Asamblea General, quienes tienen la última palabra, como máxima autoridad de decisión;
3. iii)La Cancillería regula, supervisa y coordina las relaciones del Estado con las asociaciones religiosas legalmente establecidas y registradas en el país;
4. iv)Las convocatorias efectuadas por separado en diferentes ciudades del país, además de ser un extraordinario esfuerzo y gasto económico, no está previsto en su Estatuto Interno; puesto que, conforme a su art. 20, las reuniones o Asambleas Generales son anules;
5. v)El cuerpo de Presbíteros y el Directorio Nacional, reunidos en Asambleas Extraordinarias, deben acudir conjuntamente y participar a la Asamblea General, sobre los asuntos extraordinarios que tengan que tratar;
6. vi)Según disponen las normas legales en vigencia, el patrimonio de la IEPB, debe estar inscrito a nombre de la misma y no puede distribuirse entre los asociados, pues debe ser utilizado exclusivamente para los fines que establece su Estatuto;
7. vii)La dignidad, independencia y soberanía que Bolivia sostiene, redunda en las instituciones religiosas del país; por lo que, no corresponde y es nula cualquier determinación que emane de autoridad o persona extranjera, en el seno de la IEPB, recordando que la Asamblea General es la máxima autoridad de decisión;
8. viii)Se recomienda que los asuntos que la Asamblea General no logre conciliar, definir o determinar para que un solo Directorio ejecute; apelen a lo dispuesto por la Ley 1770, donde los temas de conflicto se resuelvan con el más amplio espíritu de conciliación;
9. ix)La Cancillería no emite órdenes, notificaciones ni convocatorias relacionadas con las autoridades de las asociaciones religiosas; y,
10. x)Conocedores de una convocatoria a una Asamblea General que se realizará el 9 y 10 de agosto de 2007, en Santa Cruz de la Sierra, es el deseo que se cuente con la participación de los todos los miembros representativos de la IEPB, como muestra de una clara determinación de resolver definitivamente los asuntos que le aquejan, manteniendo la unidad que les fortalece; Asamblea General Extraordinaria que debe realizarse conforme a lo establecido en su Estatuto, para evitar impugnaciones, desconocimientos y expulsiones recíprocas que solo ahondan el conflicto y ponen en riesgo la vigencia de la personalidad jurídica y el retiro del Registro de Cultos de la Cancillería de Bolivia (fs. 37 a 42).

II.2. Se tiene cartas recibidas el 11 de mayo de 2017 por el Ministerio de Relaciones Exteriores; a través de los cuales, Sergio Huarachi Nina, Pastor Presbítero Presidente y Dionicio Acapa Juaniquina, Presbítero Superintendente, ambos de la IEPB, solicitaron a dicho Ministerio, que en la vía de coordinación, regulación y supervisión, citen a una reunión conjunta de la Iglesia dirigida en Chile por Daniel Sepulveda Gonzales y a los representantes legales de la IEPB; denunciando además la injerencia extranjera de súbditos de Chile en Bolivia, señalando que:

1. a)La IEBP desde 1939 cumple con las normas legales nacionales y con sus propios estatutos y reglamentos; sin embargo, el 8 y 9 de mayo de 2007 diez súbditos de Chile ingresaron a Bolivia a la cabeza de Eduardo Valencia Martínez, para instalar una Asamblea irregular donde nombraron y posesionaron a una Directiva clandestina, sin la representación legal correspondiente y sin la autorización de la Dirección de Cultos;
2. b)La señalada actuación ilegal, fue denunciada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes a través de la Dirección de Cultos, emitieron la Carta VERC/DGAB/UCU/1/377/07 dirigida al Presidente de la citada asociación ficticia, indicándole que son nulos los actos que vulneran la soberanía del país;
3. c)A la fecha son diez años que la IEP Filial de Chile en Bolivia usan la personería de la IEPB, de forma irregular para identificarse ante autoridades, burlar controles legales y legitimar su actuación clandestina, a través de documentos legalizados ante Notario de Fe Pública; la cual, se encuentra dirigida por Daniel Sepúlveda Gonzales -súbdito chileno-, quien dirige una iglesia evangélica en Chile, con su propia personería jurídica 14/2000, reconocida por el Ministerio de Justicia de ese país; y,
4. d)Fueron perseguidos judicialmente y administrativamente por esta Directiva clandestina, logrando apoderarse de inmuebles de la IEPB (fs. 179 a 180 vta.).

II.3. Por memoriales recibidos el 8 y 23 de junio de 2017, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la parte accionante reiteró su denuncia sobre la injerencia extranjera en el seno de la IEPB; además, solicitaron principalmente la depuración del Directorio clandestino conformado por la IEP Filial de Chile en Bolivia de la Carpeta 95 y la eliminación de la frase "Conflicto interno, en juicio" del Registro Nacional de Culto; para lo cual pidieron también, tomar en cuenta los Oficios VERC/DGAB/UCU/1/378/07 y VREC/DGAB/UCU/1/377/07, ambos de 25 de julio de 2007; y, cuestionaron:

1. 1)El por qué no identificaron qué determinación era nula;
2. 2)"Que autoridad o persona extranjera se refiere" (sic);
3. 3)Por qué procedieron en el Registro Nacional de Culto -Asociaciones Religiosas 2010 75, Registro Nacional 95- a incorporar la palabra "Conflicto Interno, en juicio"; en qué documento se basa y si se efectuó conforme al DS 26712 de 24 de julio de 2012 y a la Resolución Suprema (RS) 21917 de 21 de julio de 2000, acordes a la ley y a la Norma Suprema;
4. 4)Por qué no procedieron a separar de la Carpeta 95 al grupo de Chile, tomando en cuenta que la reunión de 8 y 9 de mayo de 2007, fue convocada por los mismos, sin la representación legal correspondiente; y,
5. 5)Cuál el argumento legal, para seguir tolerando la referida injerencia extranjera en el seno de la IEPB, registrándola en la Carpeta 95, cuando corresponde únicamente el registro de las actuaciones de la IEPB, a sabiendas que estos extranjeros no son miembros de la IEPB, y por tanto no tienen atribuciones para intervenir en Asambleas Generales, conforme lo establecen su Estatutos, Reglamento, la Ley 1444 y la Ley Fundamental.

Añadiendo además, que:

1. i)La corriente filosófica de la IEP del Pastor Chileno Willis Collins Hoover kurt, nace en 1932 y se extingue en 1940, con la cual, Bolivia solo tenía un vínculo espiritual; posteriormente el 2000, a la cabeza de Eduardo Valencia Martínez surge otra iglesia con la Personería Jurídica 14/2000 otorgada en Chile, otorgándole el mismo nombre de "Iglesia Evangélica Pentecostal"; quien ahora pretende inmiscuirse en los asuntos de la IEPB, que nació a la vida jurídica, inclusive antes que la Chilena;
2. ii)La IEPB, nace en 1939 y logra su Personería Jurídica 170308 el 30 de agosto de 1973, como una asociación religiosa de derecho privado autónomo, sobre la base de la normativa Boliviana, con la atribución de generar filiales en el territorio nacional y en el extranjero; es decir, surge mucho antes que la Chilena; por lo que entre ambas iglesias, no existe vínculo jurídico que las pueda ligar, menos relaciones de derechos ni obligaciones;
3. iii)Por lo manifestado, los diez chilenos que ingresaron clandestinamente a Bolivia para celebrar la Asamblea de 8 y 9 de mayo de 2007, no son reconocidos como miembros de la IEPB, en consecuencia, no tienen atribuciones para realizar ningún tipo de convocatorias, conforme lo dispone el art. 13 inc. a) y 19 de la RS 21917;
4. iv)Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores toleró durante diez años, sin explicaciones la existencia de un Directorio elegido ilegalmente, al haberla registrado en el Registro Nacional de Cultos 95, como Directorio paralelo, sin tomar en cuenta el DS 26712 ni la RS 21917; y,
5. v)El referido Ministerio, al no frenar dicha injerencia, permitió que el Directorio clandestino someta, al constituido legalmente, a procesos judiciales (fs. 166 a 178).

II.4. Cursa Acta de Reunión de 10 de noviembre de 2017, celebrada en la Unidad de Análisis Jurídicos de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores; donde se advierte que las autoridades de esta entidad gubernamental como consecuencia de la reunión efectuada con el Directorio encabezado por Sergio Huarachi Nina y con el conducido por Valerio Fuentes Baptista -quienes se arrogan la representatividad legal de la IEPB-, se llegó a los siguientes acuerdos, que:

1. a)En el plazo de diez días hábiles, se presentará la documentación y los argumentos que las partes consideren necesarios; y,
2. b)En el plazo de diez días hábiles, la Dirección de Asuntos Jurídicos a través de su Unidad de Análisis Jurídico en coordinación con la Dirección General de Ceremonial de Estado Plurinacional mediante su Unidad de Cultos y ONGs, pronunciarán legalmente la definición del trámite, a partir de la reunión de conciliación, que se llevará a cabo el 28 de noviembre del mismo año (fs. 181).

II.6. Por memorial de 10 de octubre de 2018, recibido la misma fecha por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la parte accionante denunció negación a respuesta y retardo de justicia, señalando lo siguiente:

1. 1)No reciben respuesta alguna a su denuncia, únicamente se les informa que como consecuencia de las Resoluciones judiciales -precedentemente detalladas-, ambas Directivas "'quedaron en nada'", "'empates'" y que las cartas y certificaciones que solicitaron analizar, no constituyen pruebas;
2. 2)La reunión conciliatoria con el grupo de Chile mediante sus ayudantes espirituales, no llegó a ningún conceso, porque rechazaron la sugerencia de cesión de los templos que detentan y la tramitación de su propia personería jurídica;
3. 3)Tampoco ninguna de las Directivas aceptó la propuesta de la Cancillería, en sentido de sortearse entre ambas, la personería jurídica y los bienes patrimoniales; porque no procede la conciliación cuando se afecta el orden público como Estado de derecho;
4. 4)El grupo Chileno continúa realizando sus Asambleas Generales desconociendo el Estatuto y el Reglamento de la IEPB e inclusive obtuvo su registro en el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE) como Iglesia de Chile; y,
5. 5)A doce años que la Dirección de Culto no supervisó ni reguló el accionar de dicho grupo irregular y continúa tolerando su registro en la Carpeta 95 donde únicamente corresponden los registros de las actividades de la IEPB y no de la Chilena; por lo que, consideran que se encuentran desprotegidos como iglesia local, además de advertir falta de celeridad, igualdad y transparencia, en la tramitación exigida por su iglesia (fs. 199 a 206).