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0823/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
7 de mayo de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0823/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0823/2026-S1 Sucre, 7 de mayo de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de cumplimiento

Expediente: 78020-2025-157-ACU Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 009/2025-C de 11 de junio, cursante de fs. 130 a 142, pronunciada dentro de la acción de cumplimiento interpuesta por Oscar Antonio de la Fuente Amelunge contra Oscar Abel Hassenteufel Salazar, ex Presidente; y, Tahuichi Tahuichi Quispe, ex Vocal ambos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 10 de junio de 2025, cursante de fs. 12 a 18 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El "año pasado" -15 de diciembre de 2024- fueron elegidas las autoridades judiciales del Tribunal Supremo de Justicia, en un proceso que se desarrolló conforme a la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 y la Ley Transitoria para Garantizar el Proceso de Preselección de Candidatas y Candidatos para la Conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, habiendo emitido la Asamblea Legislativa Plurinacional la convocatoria y aprobado el Reglamento de Preselección, el que incluía la presentación de postulaciones, verificación de requisitos, evaluación de méritos y votación popular, acto organizado por el TSE que se desarrolló el 15 del señalado mes y año, en el que Fanny Coaquira Rodríguez -actual Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, hoy tercera interesada- resultó electa en el departamento de La Paz, con el "62,51%" de los votos válidos, correspondiendo a un total de quinientos noventa y cinco mil ochocientos veintiséis votos.

Ante ese hecho, el 21 de mayo de 2025, interpuso ante el TSE, un recurso extraordinario de revisión, queja y reclamación previa, con base en el art. 217 de la Ley del Régimen Electoral (LRE) -Ley 026 de 30 de junio de 2010-, invocando y aportando hechos sobrevinientes que comprometían la legalidad del proceso de habilitación y elección de la ahora tercera interesada como Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, quien había declarado que ejerció la docencia universitaria en la Universidad Unión Bolivariana durante dos gestiones completas -2022 y 2023-, información que no fue verificada ni reconocida por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), requisito indispensable conforme la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024; además, "...se constató que el TSE omitió dicho mérito en la difusión oficial, generando una incongruencia institucional..." (sic), producto de la documentación que presentó para su habilitación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional como evidencia de la declaración jurada efectuada ante dicho Órgano Legislativo, la cual incluía el antecedente de la docencia; empero, superada esa etapa omitió publicitar dicha información ante el TSE, cambiando la declaración jurada presentada ante la Asamblea Legislativa; por lo que, la información usada para generar spots publicitarios no contenía la extrañada docencia, sugiriendo que el referido Tribunal conocía la irregularidad entre lo declarado por la postulante y lo difundido, situación que refuerza el carácter probatorio del hecho sobreviniente y permite la revisión del acto de habilitación; puesto que, de haberse conocido esa irregularidad antes de proclamar los resultados, la habilitación habría sido denegada y la candidatura descartada, de la misma manera que "...en base al voto informado precautelado..." (sic), la población debió conocer que para habilitarse presentó una declaración jurada notarial y documentación de respaldo ante la Asamblea Legislativa Plurinacional; sin embargo, como no era verdadera, no pudo presentarla ante el TSE, sin tener que hacer incurrir en error a casi "595.826" votantes, incluida su persona.

Por Nota con Cite TSE-SC-EXT 0640/2025 de 23 de mayo, el entonces Presidente hoy accionado le respondió que, como el proceso electoral ya había concluido al emitirse el Acta de Cómputo Nacional el 27 de diciembre de 2024, de conformidad con los arts. 190 y 192 de la LRE, ningún acto del proceso podía ser anulado y al no corresponderle pronunciarse, derivó implícitamente la solicitud a otra instancia, reconociendo así "...la ilegalidad de los documentos pero refiere que no podía realizar ninguna acción en base al principio de preclusión" (sic); además, declinando competencia, sin resolver el fondo del recurso de manera positiva, inobservando el art. 217 de la citada Ley, norma vigente, expresa, obligatoria y que carece de discrecionalidad interpretativa; constituyéndose dicha disposición en la norma que fue incumplida, cuyo objeto es garantizar la corrección de las decisiones fundadas en omisiones o irregularidades sustanciales, cuando con posterioridad a una resolución, sobrevengan hechos nuevos o se descubran los preexistentes; disposición que, no admite excepciones ni contiene cláusulas de temporalidad que limiten su aplicación al periodo previo a la proclamación o entrega de credenciales, exigiendo por el contrario, ser planteado evaluando la existencia, validez y relevancia de la prueba nueva a ser aportada, para determinar si corresponde o no revocar el acto electoral impugnado; por cuanto, el hecho de que el nombrado Presidente hubiese omitido aplicar dicho artículo, escudándose únicamente en normas de cierre procedimental, constituye un incumplimiento expreso de la norma legal vigente y operativa, con efectos jurídicos adversos para el derecho de participación democrática y la transparencia del proceso, más aun cuando es competencia del TSE revisar actos electorales, garantizar la legalidad del proceso y revocar credenciales emitidas sobre bases ilegales o fraudulentas conforme indican los arts. 24.1 y 2; y, 34 de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (LOEP) -Ley 018 de 16 de junio de 2010-, constituyendo la falsificación o uso de documento falsificado previsto por el art. 238 inc. e) de la LRE, un delito electoral.

La respuesta brindada por el entonces Presidente ahora accionado mediante Nota con Cite TSE-SC-EXT 0640/2025, carece de motivación al omitir pronunciarse sobre el objeto del recurso extraordinario, limitándose a declarar que el proceso concluyó con la cita de los arts. 190 que prohíbe anular procesos electorales de manera general, pero no impide revisar actos viciados de nulidad, como una habilitación basada en documentación falsa o no verificada, como es el no ejercicio de la docencia, aspecto "...QUE FUE ADVERTIDO POR NUESTRAS PERSONAS" (sic); y, 192 de la LRE, sin analizar el hecho nuevo ni ejercer control de legalidad electoral; contestación que configura una negativa institucional a cumplir con una obligación legal expresa, que puede ser formalmente considerada una omisión; ya que, el deber de resolver el recurso no se extingue con la proclamación, al permitir justamente el art. 217 de la citada Ley, su activación ante hechos sobrevinientes a una resolución firme; por lo que, omitir su aplicación escudándose únicamente en normas de cierre procedimental, constituye un incumplimiento expreso de una norma legal vigente y operativa, con efectos jurídicos adversos para el derecho de participación democrática y la transparencia del proceso.

De igual forma, con relación al incumplimiento del art. 173 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, expresó que el Órgano Electoral Plurinacional es el único responsable de difundir méritos, experiencia profesional o calidad de autoridad indígena originaria campesina, de las candidatas y candidatos preseleccionados, conforme sus propios procedimientos, sancionándose ante la inobservancia de esa disposición a la candidata o candidato, con su inhabilitación; constituyendo un incumplimiento objetivo, voluntario y deliberado de una disposición normativa concreta, frente a la cual no cabe interpretación extensiva o evasiva y da lugar a la procedencia de la presente acción de cumplimiento, debiendo considerarse los argumentos expuestos por el propio Tribunal Constitucional Plurinacional en la , sobre aspectos relativos a la idoneidad y meritocracia de las y los candidatos, con la finalidad de que los electores tengan la seguridad de que los mismos cuentan con la debida formación no originada en información falsa o incorrecta.

Alegó que los requisitos formales y materiales para la procedencia de esta acción de cumplimiento se configuraron en defensa no solo de la norma legal incumplida sino de los derechos fundamentales afectados por su omisión, al constituir el art. 217 de la LRE una norma vigente, clara, imperativa y directamente aplicable, cuyo cumplimiento formal fue requerido a través del recurso extraordinario de revisión presentado el 21 de mayo de 2025, demostrando la respuesta brindada el 23 del mismo mes y año, que el TSE no cumplió con la obligación legal que le impone el art. 135 de la Constitución Política del Estado (CPE) concordante con el art. 75 del Código Procesal Constitucional (CPCo), trascendiendo de una simple omisión administrativa al comprometer derechos fundamentales vinculados al régimen democrático como son los derechos al voto informado, a elegir y ser elegido bajo reglas de legalidad y transparencia, e impugnar actos ilegales en el marco de un proceso electoral; por cuanto, si el sufragio debe ejercerse de manera libre, voluntaria y con información suficiente, la ciudadanía debe conocer los méritos reales, verificables y auténticos de los postulantes; puesto que, de acceder a un cargo mediante una habilitación viciada, se estaría vulnerado de manera directa el consentimiento del elector; el principio de igualdad en el acceso a la función pública, al permitir que una persona continúe en el cargo a pesar de existir un hecho nuevo que demuestre que su postulación se respalda en un mérito posiblemente inexistente o inválido, generando la pasividad de los entonces Presidente y Vocal ahora accionados un privilegio ilegítimo y una competencia electoral desigual pese a que el acceso y la permanencia en cargos públicos se rigen por los principios de legalidad, transparencia y verdad material, sin que su petición pretenda una valoración discrecional; puesto que, busca se cumpla el deber de resolver un recurso interpuesto con base en hechos nuevos y prueba reciente, colocando la omisión del referido Tribunal en un estado de indefensión institucional que vulnera el deber de garantía del derecho político del elector y el principio de legalidad electoral, como señaló la Opinión Consultiva OC-22/16 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aplicable de acuerdo con el bloque de constitucionalidad previsto por el art. 410.II de la CPE; puesto que, la inacción institucional ante un acto viciado de origen, como es la habilitación de una magistrada con base a un mérito discutible y posiblemente inexistente, no solo vulnera la legislación nacional, sino contraviene obligaciones internacionales de prevención del fraude electoral y protección de la integridad democrática, cuya exigibilidad es plena en sede constitucional a través de esta acción de defensa.

I.1.2. Normas constitucionales o legales supuestamente incumplidas

El accionante denuncia el incumpliendo de los arts. 217 de la LRE; y, 173 de la LOJ.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga:

  1. a)La suspensión del credencial electoral otorgada a la hoy tercera interesada en resguardo de la legalidad e integridad del proceso democrático, en el plazo más breve, no mayor a cuarenta y ocho horas hábiles, o en su defecto se ordene al TSE efectivice la referida suspensión;
  2. b)Se remitan antecedentes ante el Ministerio Público en observancia del "...art. 24 de la ley 026..." (sic) y art. 238 inc. e) -no indica de qué disposición legal-;
  3. c)Se informe a la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, para que cumpla el mandato legal establecido por el art. 40.10 de la LOJ, a efecto de convocar al Magistrado suplente legalmente habilitado;
  4. d)Se advierta al TSE y a sus autoridades que en caso de incumplimiento injustificado de la decisión judicial, serán pasibles a responsabilidad penal, civil y administrativa, en aplicación del "art. 78" del CPCo, como corresponde en todo proceso de garantía constitucional donde se vulnera una norma legal imperativa; y,
  5. e)Se remitan antecedentes al Ministerio Público, si dicho Tribunal, en su revisión, considera que existen indicios de uso de instrumento falsificado o declaración fraudulenta de méritos en un proceso electoral.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 11 de junio de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 118 a 129, se produjeron los siguientes actuados:

Con carácter previo el abogado del entonces Vocal ahora coaccionado, manifestó que remitió un memorial explicando lo siguiente:

  1. 1)De acuerdo con los arts. 206 de la CPE; y, 12 de la LOEP, el TSE está compuesto de siete Vocales y no únicamente dos, como lo hizo ver el Auto de Admisión de 10 de junio de 2025;
  2. 2)Se pudo identificar del memorial de acción de cumplimiento, la existencia de la hoy tercera interesada, quien no fue accionada ni citada como tercera interesada;
  3. 3)Le remitieron un simple Formato de Documento Portátil (PDF), "hace exactamente una hora y veinte minutos..." (sic), encontrándose el referido Tribunal en ese momento en otra audiencia dentro de una acción popular que se estaba desarrollando en la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Beni; y,
  4. 4)La notificación fue realizada únicamente al entonces Vocal ahora coaccionado, quien por previsión de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional -en ese entonces- era miembro de la Sala Plena pero no ejercía representación legal del Tribunal Supremo Electoral, por no ser el Presidente. Solicitó la suspensión de la audiencia de consideración de esta acción tutelar y ser notificado con veinticuatro horas de anticipación como se exige en las acciones tutelares, más el plazo de la distancia, para remitir los poderes respectivos y prueba.

Ante las peticiones efectuadas, el Juez de garantías manifestó que:

  1. i)El art. 36.2 del CPCo, establece que la inasistencia de las partes no impide el desarrollo de la audiencia y que conforme lo peticionado en el memorial de acción de cumplimiento únicamente se mencionaba a dos de los miembros de la Sala Plena del TSE, sin que pueda ir más allá de la legitimidad de los -entonces Presidente y Vocal hoy accionados-, admitiéndose la mencionada acción solo respecto a dos nombrados miembros; por lo que, no se estaría vulnerando ningún derecho ni garantía constitucional; y,
  2. ii)En cuanto a la notificación con veinticuatro horas, las acciones constitucionales son de pronto despacho a diferencia de los procesos ordinarios deben tramitarse con celeridad de acuerdo con su naturaleza y si bien es cierto que el entonces Vocal ahora coaccionado en su calidad de "...vocal nacional indígena del Tribunal Supremo Electoral..." (sic), pidió la suspensión de la audiencia, el Juez de la causa consideró que no existía óbice para suspenderla, disponiendo prosiga de acuerdo con lo establecido por el art. 36.3 del CPCo.
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de la acción de cumplimiento y ampliándolo, manifestó que:

  1. a)Celebradas las elecciones judiciales en observancia de la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 y la Ley Transitoria para Garantizar el Proceso de Preselección de Candidatas y Candidatos para la Conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, y una vez superada la fase de habilitación o inhabilitación de candidatos a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la lista pasó al TSE, para proceder a la difusión -de méritos- de los diferentes candidatos habilitados en cumplimiento del art. 144 de la CPE y permitir el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido, en observancia del voto informado, figura que asegura que el elector conozca a la persona que está eligiendo, la cual cumple con todos los requisitos al tratarse de candidatos de carácter jerárquico en el ámbito judicial, que fueron valorados por su idoneidad y meritocracia;
  2. b)Realizada la elección judicial, la hoy tercera interesada fue elegida por el voto del "62.51%" aproximadamente "5951800 votos"; por lo que, al encontrarse vinculadas a un puntaje y evaluación la presentación y cumplimiento de requisitos entre los documentos que presentó se identificó una declaración jurada que adquirió la calidad de documento público ante la Asamblea Legislativa, señalando el ejercicio de docencia en la Universidad Bolivariana, documento que hace a la meritocracia, idoneidad y cumplimiento de la evaluación; por lo que, una vez habilitada esa documentación fue repetida y reenviada al TSE para que sea de conocimiento del elector conforme el art. 80 de la LRE; sin embargo, enviada esa nueva declaración jurada al citado Tribunal no mencionó ese requisito que fue utilizado en una primera instancia para ser habilitada, generando una omisión y un error de carácter institucional que dicho Tribunal no verificó, vulnerando el derecho al voto informado del "62.1%" del electorado que lo eligió;
  3. c)Obtuvo un certificado del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana que mencionaba que "...no tendría certificación que es una habilitación especifica de docente en las gestiones que ha mencionado que son para el año, 2022, 2023 (...) que la propia certificación de la Universidad Bolivariana ha señalado que la misma no sería docente y además que no podría generarle ningún tipo de relación de docencia porque no tiene si quiera habilitado el sistema Roe, para generar algún tipo de contratación..." (sic);
  4. d)El 21 de mayo de 2025, presentó un recurso extraordinario de revisión amparado por el art. 217 de la LRE, previsto para verificar actuaciones que generan la nulidad posterior de algún proceso electoral, que no se encuentra bajo la limitante del principio de preclusión y que puede amparar a diferentes procesos electorales, aclarando que no está solicitando la revisión del acto electoral en sí, el cual llevó adelante el TSE, sino uno de los efectos que generó una situación jurídica, primero para habilitar y segundo para elegir, al tratarse de un recurso que procede a pedido de parte en caso de decisiones de los Tribunales Electorales Departamentales o Tribunal Supremo Electoral, posterior a la resolución, al sobrevenir o cuando se descubran hechos nuevos o preexistentes que demuestren con prueba de reciente obtención que la resolución fue dictada erróneamente;
  5. e)Mediante Nota con Cite TSE-SC-EXT 0640/2025, el TSE respondió que concluido el proceso con la emisión del Acta de Cómputo Nacional el 27 de diciembre de 2024, en virtud de los arts. 190 y 192 de la LRE, ningún acto podía ser anulado y no le correspondía pronunciarse sino a otra instancia; cuando el recurso extraordinario de revisión procede específicamente por ese hecho pre existente, ante el error generado en la Asamblea Legislativa Plurinacional para habilitarse como candidata, error de carácter institucional en el voto informado en el que incurrió el referido Tribunal, no en el proceso electoral; puesto que, de lo contrario la petición hubiese sido que se deje sin efecto las elecciones judiciales y reinstale el acto, lo cual es inviable por aplicación en ese caso de los arts. 190 y 192 de la citada Ley; sin embargo, no para la solicitud realizada con respaldo en el art. 217 de la misma Ley, negativa que generó omisión a cumplir lo previsto en la Ley del Órgano Electoral al impedir a los entonces Presidente y Vocal hoy accionados revisar el acto del proceso electoral al existir un Acta de Cómputo Nacional; sin considerar que esa norma es una figura especifica que resguarda el derecho a elegir o ser elegido vinculada el voto informado, reiterando que no pidió la instalación de un nuevo acto electoral, sino que se observe el indicado art. 217 de la RLE, que no está reatado a las condiciones de los arts. 190 y 192 de la LRE, relativos al principio de preclusión e imposibilidad de revisión;
  6. f)El corte de información de los postulantes, genera una lesión al voto informado; puesto que, los electores conociendo que no es la información presentada, que "...no tiene la certificación de la CUB de que la Universidad Bolivariana evidentemente ha certificado que no ha generado la docencia como ha afirmado en la gestión 2022 y 2023, no hubiera emitido el voto a favor de esta persona..." (sic), debiendo considerarse lo mencionado en la y aplicar el principio de idoneidad y prevalencia de la meritocracia, respecto del derecho de las y los ciudadanos de concurrir como elector o elegible en la formación y ejercicio de funciones en los Órganos de poder público y el derecho a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad;
  7. g)Ese fallo constitucional hace y rehace un razonamiento que debe entenderse desde la lógica de que la autoridad judicial elegida para administrar justicia vinculada a derechos y garantías constitucionales y principios procesales, tiene que ser ejercida por alguien que en el proceso de su elección sea honorable en el cumplimiento de todos los requisitos, "'pero si tu generas una declaración jurada para ser habilitado y luego entendiendo de que esta información va a salir a luz, la omites presentar en la misma calidad de documento que es una declaración jurada ante el Órgano Electoral para que el exponga tus méritos, para que la población te elija como administradora de justicia dentro de los parámetros de integridad, honorabilidad (...) vinculados a este aspecto tan levemente mencionado como es la meritocracia', genera una lesión a todo el ejercicio de un estado democrático, que no puede sustentarse en una elección con ·información omitida, falsa o que sea de desconocimiento de proveniencia dudosa y los filtros como son la asamblea cometen el error pero no por ellos mismos, sino por la información presentada o en este caso el Tribunal Supremo Electoral por la información emitida..." (sic);
  8. h)Su habilitación generó un defecto que debió ser resuelto a través del recurso previsto por el art. 217 de la LRE, pero al no ser así acuden a la acción de cumplimiento prevista por el art. 135 de la CPE, para una aplicación correcta del art. 217 de dicha Ley, lo que no debió suceder; ya que, el TSE tenía la obligación ante la información de los elementos con los que cambiaba la situación de habilitación de una candidata, la cual fue elegida después, en virtud a documentación no real, no consecuente y no informada, debieron dar curso en su momento a ese recurso extraordinario de revisión; puesto que, "...la información correcta hubiera generado que incluso la distancia con sus otros competidores electorales, hubieran sido o no hubiera existido, porque claramente la información no era la misma y el Órgano Electoral no ha cumplido con su deber en su momento..." (sic); e,
  9. i)Finaliza indicando que ante un acto viciado de origen, desde la declaración jurada, la omisión cometida en la segunda declaración jurada en su condición de habilitada, para posteriormente como candidata ser elegida "...en base a un mérito discutible y posiblemente inexistente en base a la certificaciones que hemos presentado..." (sic) también en el recurso extraordinario de revisión, no solo vulnera la legislación nacional sino contraviene obligaciones internacionales, constituyendo la razón de las solicitudes de control de convencionalidad ante las obligaciones internacionales de prevención de fraude electoral y protección de integridad democrática cuya exigibilidad reiteramos.
I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Tahuichi Tahuichi Quispe, ex Vocal del TSE, a través de su abogada en audiencia, manifestó que:

  1. 1)Al referido Tribunal se le limitó la posibilidad de revisar lo requerido por el accionante y recabar documentación de las áreas pertinentes, al haber sido notificados hace menos de una hora, instalándose la audiencia de consideración de la acción de cumplimiento; a pesar, de la solicitud de suspensión expresa, dejando constancia que el entonces Presidente hoy accionado no fue notificado con esa acción, denunciando indefensión de otras instancias del TSE;
  2. 2)Esa acción es absolutamente improponible y deficiente, en cuanto a su planteamiento, identificación de derechos y de norma; puesto que, aparentemente la disposición inobservada seria el art. 217 de la LRE; sin embargo, no se solicita su cumplimiento sino que "...se disponga la suspensión de la credencial otorgada a la Magistrada Fanny Coaquira y además se haga de conocimiento al presidente del Tribunal Supremo de Justicia que cumpla con el mandato de convocar a un Magistrado suplente..." (sic), deficiencia ante la cual solicitan omitan pronunciarse sobre la "mutación" de la pretensión efectuada en dicha audiencia;
  3. 3)Lo único que hizo el abogado del accionante es identificar a donde va dirigida esa acción de cumplimiento, al señalar que la ahora tercera interesada, aparentemente, al no haber ninguna prueba fehaciente ni revisada por autoridad competente, habría omitido o efectuado una declaración jurada falsa para habilitarse como pre candidata en la Asamblea Legislativa Plurinacional y que la misma información fue replicada para el conocimiento de difusión de méritos ante el TSE; alegaciones ante las cuales pidió al accionante revisar la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, que establece dos etapas: la primera, pre selección en la Asamblea Legislativa Plurinacional que fue revisada, cuestionada e impugnada; y, la segunda, elección a cargo del citado Tribunal que no revisa requisitos, aplica el art. 79 de la LRE, al verificar cantidades en las listas, género y existencia de personas autoidentificadas pertenecientes a naciones y pueblos indígenas, originario y campesinos, sin observar el incumplimiento de requisitos y declaraciones juradas que den lugar a una habilitación;
  4. 4)Los arts. 134 de la CPE; y, 64 del CPCo, han definieron los presupuestos para la interposición de una acción de cumplimiento, en el caso, sobre la identificación de la norma incumplida, el accionante refirió que dicho Tribunal incumplió el art. 217 de la LRE, indicando que la amplia jurisprudencia constitucional identifica cuales deben ser las características del mandato que aparentemente incumplió una autoridad accionada que son: que sea imperativo, cierto, claro, concreto y exigible; no obstante, la norma identificada por el accionante no reúne esas características, al encontrarse sujeta a la aplicación condicionada del TSE relativa:
  5. i)Plazo u oportunidad; puesto que, el recurso extraordinario de revisión tiene el plazo improrrogable para interponerse, de cinco días calendario computables a partir de la notificación con la resolución impugnada, en el caso, el accionante hizo conocer que no existe resolución impugnada;
  6. ii)Los presupuestos a demostrarse son hechos nuevos o que se descubran hechos pre existentes que se acrediten con prueba de reciente obtención; y,
  7. iii)El art. 217 de la LRE, establece que el recurso extraordinario de revisión solo procede en casos de demandas de inhabilitación de candidaturas, controversias de organizaciones políticas, registro civil, controversias de organizaciones políticas a los Órganos del Estado y entre distintas organizaciones políticas;
  8. 5)El accionante hace conocer en audiencia que aparentemente existiría documentación que la hoy tercera interesada utilizó para cumplir con el requisito en la fase de revisión por la Asamblea Legislativa Plurinacional, la que permitió su habilitación, documental que adjuntó a su defectuoso recurso extraordinario de revisión, pidiendo al TSE se le suspenda el credencial otorgado, petición que fue respondida por el mencionado Tribunal a través de su Secretario de Cámara haciéndole saber cuatro aspectos:
  9. a)Fue interpuesto en mayo, cinco meses después de concluidas las elecciones judiciales, cuando el referido Tribunal habría aprobado los resultados y emitido el Acta de Cómputo de 27 de diciembre de 2024; por lo que, de acuerdo con el art. 190 de la LRE, no puede ser anulado por ninguna causa ni instancia alguna, en atención al principio de preclusión del acto electoral previsto por el art. 2 inc. k) de la LOEP; previendo por su parte el art. 192 de la misma Ley, que oficializado el cómputo y resueltos todos los recursos que pudo y tuvo la oportunidad de interponer el accionante, se entregaron las credenciales a las autoridades electas, precluyendo las etapas, debiendo dirigir su petición el nombrado a la instancia pertinente;
  10. b)Si pretende cuestionar el proceso electoral de habilitación de la ahora tercera interesada, debió haberlo hecho en su oportunidad ante la Asamblea Legislativa Plurinacional;
  11. c)No se demostró de qué manera fue renuente el TSE al haber brindado una respuesta a su reclamo mediante Nota con Cite TSE-SC-EXT 0640/2025, haciéndole conocer los argumentos para no considerar el recurso extraordinario de revisión que además ante el incumplimiento de presupuestos no podía ser considerado; y,
  12. d)El art. 67 del CPCo, delimitó los efectos de la resolución a dictarse; ya que, por principio de transcendencia o relevancia constitucional debe considerarse las consecuencias de la decisión en el proceso electoral que precluyó conforme establecen los arts. 2 inc. k); 163; y, 190 de la LRE, cuya función es garantizar certeza, seguridad jurídica, economía procesal y todo el proceso electoral, pretendiendo impugnar a la ahora tercera interesada cuando oportunamente y dentro los plazos establecidos, no lo hicieron; y,
  13. 6)Por principio general, el juez de garantías está obligado a conferir únicamente lo que se pidió, aspecto que demuestra la enorme importancia que tiene el petitum de la causa a la que el nombrado juez se encuentra vinculado, debiendo conceder o negar el petitorio formulado; empero, en la solicitud concreta piden se disponga la suspensión de la credencial otorgada a la ahora tercera interesada; por lo que, esta acción errónea y deficiente solo puede ser declarada improcedente, debiendo considerarse la indefensión a la que fue sometida el TSE, cuando recién en ese momento se le hizo conocer de esta acción de cumplimiento a su entonces Presidente hoy accionado.

Oscar Abel Hassenteufel Salazar, entonces Presidente del TSE y representante de Sala Plena de ese Tribunal, ratificó la argumentación efectuada por la abogada defensora del entonces Vocal hoy coaccionado y solicitó continuar la presente audiencia de consideración de la acción de cumplimiento con la citada abogada; ya que, se encontraban en Sala Plena. Aspecto que el Juez de garantías consideró, continuando con el desarrollo de dicha audiencia.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Fanny Coaquira Rodríguez, actual Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, a través de su abogado manifestó que:

  1. 1)Fueron sorprendidos con la comunicación extra oficial de un acto procesal hace "no más" diez minutos, ingresando de emergencia a la Plataforma de esa audiencia para aclarar tres circunstancias que deben observarse:
  2. i)Resulta inusitado que una audiencia de acción de cumplimiento no sea notificada directamente a la persona afectada;
  3. ii)Es insólito que el TSE hubiese participado como emergencia de la notificación solo a uno de los Vocales que lo conforman, defecto procesal que destruye la legitimación pasiva de quien fue señalado como accionado; y,
  4. iii)Esa acción en su aspecto formal vulnera de forma directa los derechos de una legítima Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia representante del departamento de La Paz, abriéndose extrañamente su competencia al convocar a una audiencia sin cumplir formalidades, siendo su única responsabilidad denegar la tutela "ad cortas inlimine";
  5. 2)Si las formas no fueran el elemento sustancial para este acto procesal expresó que, no puede hablarse de una acción de cumplimiento en los términos que escasamente se escuchó, al tratarse de una acción extremadamente cualificada al ser los sujetos procesales únicos, por un lado, la administración y por otro, un administrado o ciudadano que previamente acudió ante la autoridad jurisdiccional o administrativa exigiéndole cumplir un precepto constitucional o la ley, en el mejor de los casos el debate debió darse en torno a una acción de amparo constitucional respecto de los actos del TSE, pero no la formulada, sin que ninguna acción tutelar sea invasiva, en el caso, invadir la jurisdicción del citado Tribunal;
  6. 3)Si el accionante identificó una norma no ejecutada lo único que podría exigir era su cumplimiento; sin embargo, nunca la anulación de una credencial, más si su pretensión trata de un hecho suscitado en la Asamblea Legislativa Plurinacional encargada de verificar los requisitos; por cuanto, primero, la observación del accionante se relaciona con la evaluación de méritos y la única autoridad competente para verificar los requisitos para habilitar a los candidatos a las elecciones judiciales era la Asamblea Legislativa Plurinacional careciendo la pretensión del accionante del requisito procesal de legitimación pasiva que es la coincidencia que tiene aquel que es convocado para solucionar, enmendar o corregir, sin que el TSE pueda corregir o enmendar un acto superado el que no puede ser objeto de cuestionamiento en una acción de cumplimiento;
  7. 4)La regla de cualquier proceso electoral es la preclusión, que no solo es un principio sino una garantía del sistema electoral que la ley exige; por lo que, escucharon en esa audiencia que no se les notificó y piden se considere que se está frente al principio de preclusión, que no existe coincidencia entre lo pedido y lo argumentado, que la norma identificada no es la condicionante para la pretensión final de los entonces Presidente y Vocal ahora accionados y que existe posibilidad de flexibilización cuando se trata de derechos fundamentales y la lesión de derechos fundamentales, pero en una acción de amparo constitucional; y,
  8. 5)La hoy tercera interesada es la primera autoridad judicial del departamento de La Paz, electa con una mayoría "apabullante", circunstancia que puede ratificar el TSE, llegando al cargo no solo legítimamente sino previa verificación de los presupuestos de ley y si el accionante desea impugnar esa situación, esa no es la vía o instancia, más aun cuando el proceso precluyó. Pidió que en el fondo se deniegue la tutela solicitada y remitan antecedentes al Ministerio Público para "...tomar cartas sobre el asunto..." (sic) respecto al accionante.

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Tribunal Constitucional Plurinacional7 de mayo de 20260823/2026-S1Fuente oficial