0824/2023-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0824/2023-S1 Sucre, 25 de julio de 2023

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad

Expediente: 47388-2022-95-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 16/2022 de 22 de abril de 2022, cursante de fs. 190 a 192 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rodrigo Marcelo Marañón contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de abril de 2022, cursante de fs. 163 a 171 vta., la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se emitió la "Resolución 472/2021" que dispuso su detención domiciliaria y el pago de fianza económica; es así, que impugnada dicha determinación, se emitió el Auto de Vista 769/2021 de 21 de octubre, que ratificó la resolución de primera instancia; entonces, al considerar que dichas determinaciones eran lesivas, contra las mismas planteó acción de libertad, que fue resuelta a través de Resolución Constitucional 206/2021 de 28 de diciembre emitida por la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, disponiéndose la nulidad de ambos fallos y ordenando la realización de una nueva audiencia de aplicación de medidas cautelares.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, citando al respecto a los arts. 21, 22, 23 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, declarando la nulidad del Auto Interlocutorio 082/2022 de 15 de marzo y del Auto de Vista 168/2022 de 28 de marzo, emitiéndose nueva resolución que resuelva su situación jurídica disponiendo su libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 22 de marzo de 2020, según consta en el acta cursante a fs. 189 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte impetrante de tutela no se encontró presente en la audiencia de acción de libertad a efectos de ratificar su demanda. I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

El representante del Ministerio Público, no presentó escrito alguno ni asistió a la audiencia programada, pese a su legal notificación cursante a fs. 173.

I.2.4. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Auto Interlocutorio 082/2022 de 15 de marzo, emitido por el Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, por el cual se dispuso aplicar al ahora peticionante de tutela las medidas cautelares concernientes a: detención domiciliaria con salidas laborales de 8:00 a 19:00 horas, fianza económica por el monto de Bs10 000.- la prohibición de comunicarse con la víctima, testigos y participes, la prohibición de concurrir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas y sustancias controladas en bares, lenocinios, cantinas restaurantes u otros, la obligación de presentarse ante el Ministerio Público todos los viernes entre horas 8:00 a 12:00, la obligación de tramitar su arraigo ante el servicio de migración, el deber de someterse a terapias ante el "CEPROSI" por siete meses y "...se dispone que la MADRE GOCE DE VISITAS EN RELACIÓN A LA MENOR NN todos los días sábados y domingos de horas 08:00 A.M, a 18:00 P.M...". Determinación asumida en consideración a los siguientes fundamentos:

En referencia al 234 numeral cuarto el comportamiento del imputado si se advierte la concurrencia de dicho riesgo procesal puesto que el imputado ha sido declarado rebelde en dos ocasiones por este despacho judicial, conforme lo establece la declaratoria de rebeldía de 10 de enero de 2022 en la que se ha dispuesto inclusive el mandamiento de aprehensión en contra del imputado por ende se observa la concurrencia de riesgo procesal contenida en el artículo 234 numeral cuarto, el imputado no se somete a proceso habiendo sido declarado rebelde en dos ocasiones conforme las fechas referidas por esta autoridad jurisdiccional concluyendo dicho riesgo procesal.

Que, en referencia al artículo 234 numeral séptimo se debe observar que la víctima es mujer, que es vulnerable y existe una clara desproporción entre la víctima y su agresor, por ende, merece una doble reforzada protección y el imputado constituye un peligro para la víctima concurriendo riesgo procesal contenida en el artículo 234 numeral séptimo que también se funda en relación a los tres días de incapacidad médico legal que se han verificado en su favor.

Que, en referencia al 235 numeral uno se observaría qué va a modificar, alterar elementos probatorios, empero en esta audiencia no se ha observado una sola literal que establezca la concurrencia de dicho proceso riesgo procesal por ende no concurre el 235 numeral uno.

Que, en referencia al 235 numeral segundo, que el imputado va a influir de forma negativa en testigos, en la victima, así como participes del presente hecho, se observa qué los hechos de agresión han sido verificados inclusive por la propia progenitora del imputado, por ende, es evidente que el mismo va a influir en su señora madre, en la víctima concurriendo el riesgo procesal contenido en el artículo 235 numeral segundo.

Que, habiéndose determinado probabilidad autoría así como la concurrencia de riesgos procesales corresponde señalar que en esta audiencia como carga probatoria se ha adjuntado una resolución de desestimación respecto a un delito que habría sido presentado por la víctima, así como un acta de prevención, compromiso y responsabilidad firmado ante la defensoría de la niñez y adolescencia, por lo que en la cláusula segunda se observa que la madre de su hija habría protagonizado un escándalo y que la misma edad estaría en estado de ebriedad y habría querido sacar a su hija del domicilio del imputado, refiriendo la cláusula cuarta que ambos progenitores acuerdan voluntariamente qué tienen que estar bajo el cuidado y protección del progenitor, extremos que van a ser considerados conforme a derecho corresponda, momento de emitir la medida cautelar correspondiente invoco instrumentos internacionales que han sido ratificados por el Estado boliviano como son la convención de Belém do Pará, la convención sobre la eliminación sobre todas las formas de discriminación en contra de una mujer, así como la declaración de eliminación de violencia contra la mujer, que han sido traducidos en el artículo 15 de la Constitución política del Estado que ha señalado como derecho fundamental el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual de todo ciudadano boliviano mucho más en particular las mujeres que tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, y habiéndose advertido un hecho de violencia familiar o doméstica, la medida cautelar va a ser ratificada si es necesaria legal y razonable en relación a los hechos que investiga el ministerio público, empero no es menos de dejar en claro y considera que el imputado se encontraría bajo tutela y guarda de una menor de iniciales A.L.M.CH. nacida en fecha 5 de abril de 2020 por ende la misma es menor de seis años y se adecúa a lo que establece claramente el artículo 232 numeral noveno, en relación que se trata de una menor de seis años que se encontraría bajo dependencia del imputado extremos que van a ser considerados en la resolución que deviene (sic [fs. 178 a 181 vta.]).

II.3. A través de Auto de Vista 168/2022 de 28 de marzo, emitido por el Vocal ahora demandado, se dispuso la admisibilidad e improcedencia del recurso de apelación planteado por el ahora accionante, confirmando en consecuencia el Auto Interlocutorio 082/2022 de 15 de marzo. Determinación asumida en consideración a los siguientes fundamentos:

...la defensa también manifiesta que ha presentado bastantes pruebas de descargo sobre este hecho que lo liberaría de responsabilidad, pero en la fundamentación no nos indica cuáles son esas pruebas de descargo, mucho más aún que este Tribunal le habría preguntado si habría presentado a esta Sala esos elementos de prueba, en consecuencia, sobre ese aspecto de las pruebas de descargo, este Tribunal no puede referirse, porque es obligación de la parte apelante indicar y demostrar cuáles son esas pruebas de descargo, que no habría valorado la Autoridad A quo y también fundamentar que reglas de la sana critica habría vulnerado la lógica, la psicología o el entendimiento común, situación que no ocurre en este caso.

4to. Que, manifiesta que se habría vulnerado el Art. 231 parágrafo V. del CPP, en la decisión asumida por la Autoridad A quo, dicha normativa legal establece la carga probatoria que tendría el Ministerio Publico para demostrar los riesgos procesales, sin embargo, es importante establecer que parte apelante sobre ese aspecto debería de indicar que riegos procesales le habría impuesto la Autoridad A quo y que no habrían sido probados por el Ministerio Publico, aspecto que nos ha sido fundamentado en está Audiencia.

5to. Por otro lado, manifiesta también que se habría vulnerado el Art. 234 en sus numerales 3. y 4. del CPP.

5.1. Al respecto, este Tribunal de Alzada ha revisado minuciosamente el legajo de Apelación, en el que la Autoridad A quo, de manera expresa señala lo siguiente el art. 234 numeral tercero no se observa que et imputado se encuentra realizando actos preparatorios de fuga, que si bien se habría determinado que habría salido a la ciudad de Sucre, empero no se habría presentado un elemento probatorio que demuestre tal extremo...". Eso significa, que el riesgo procesal previsto por el Art. 234 núm. 3 del que CPP, no se le ha impuesto al ahora imputado, entonces no se puede considerar pues como agravio.

5.2. Con referencia al Art. 234 núm. 4 del CPP, la Autoridad A quo de manera expresa señala lo siguiente "...se advierte la concurrencia de dicho riesgo procesal, puesto que el imputado ha sido declarado rebelde en dos ocasiones por este despacho judicial, conformé lo establece la declaratoria de rebeldía de 10 de enero de 2022, en la que se ha dispuesto inclusive el mandamiento de aprehensión en contra del imputado por ende se observa la concurrencia de este riesgo procesal contenida en el artículo 234 numeral cuarto, el imputado no se somete a proceso, habiendo sido declarado rebelde...". Entonces, dicha norma legal, que establece que este riego procesal existe por el comportamiento del imputado durante el proceso o en otra anterior en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo; en este caso, al haberse declarado rebelde en dos ocasiones, lógicamente pues da lugar, al no sometimiento a la Autoridad Jurisdiccional, entonces este riesgo procesal ha sido impuesto conforme establece la norma legal, no existiendo agravio alguno.

6to. Que, en cuanto a que no procedía ninguna medida de carácter personal.

6.1. Al respecto, ese fundamentó que realiza la defensa no es cierto. Porque en este caso, se ha demostrado la posible autoría y riesgos procesales, entonces se ha cumplido pues con lo que establece el Art. 233 del CPP porque hay posible autoría y hay riesgos procesales y lógicamente se debe imponer medidas cautelares de carácter personal y mucho menos cuando estamos hablando de hechos de violencia hacia la mujer, y que lógicamente en este caso se ha impuesto medidas cautelares menos gravosas, por lo que no existe agravio alguno.

7mo. Que, con relación a que se habría dispuesto su Detención Domiciliaria y que la misma vulnera su derecho al trabajo.

7.1. Al respecto, este Tribunal de Alzada, ha revisado minuciosamente el legajo de Apelación y ha podido establecer que lógicamente el imputado tiene una actividad lícita que es de médico y la Autoridad A quo le ha dispuesto una Detención Domiciliaria con salidas laborales de horas 08:00 a.m. a 19:00 p.m., entonces en ningún momento se está vulnerando su derecho al trabajo, sino que más al contrario se está aplicando de manera correcta el Art. 231 bis, núm. 9, ultima parte, porque se está respetando su derecho al trabajo y lógicamente al ser padre también se está respetando que tiene la necesidad de trabajar para mantenerse a sí y también a su familia, entonces no existe agravio alguno (sic [fs. 144 a 146]). III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que: Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva (el resaltado es ilustrativo). Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe "Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada"1, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.

Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como "La motivación de las resoluciones como obligación del juez", acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que:

...cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión (el resaltado es añadido).

Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, precisó que:

...cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas (el resaltado es nuestro).

De igual forma, la SC 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado "De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva", refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al "fumus boni iuris" y el "periculum in mora", previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:

En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R- de 4 de mayo, 'En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva (el resaltado es ilustrativo).

Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP2, la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado "El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva", señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que al tratarse de la aplicación de medidas cautelares el tratamiento difiere, señalando que:

Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: 'Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad' (negrillas adicionadas).

En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 -ahora- art. 236.4 del CPP3, agregó que:

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP (el resaltado es ilustrativo).

Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0303/2013 de 13 de marzo de 2013, 0329/2016-S2 de 8 abril de 2016; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre de 2017.

Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que:

...el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.

Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.

En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.

El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria (el resaltado nos corresponde).

Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones. Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado.

III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema.

Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso; puesto que, en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando4. En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto5; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:

i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.

ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión6.

Finalmente, a lo descrito corresponde efectuar una necesaria precisión en torno a la congruencia y su comprensión en el tratamiento y aplicación de las medidas cautelares por Tribunales de apelación según lo dispuesto por el art. 398 del CPP; que de acuerdo a la SCP 0077/2012, citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el mencionado art. 398 del CPP, no debe ser entendido en su literalidad respecto a remitirse solamente a los agravios y lo señalado por las partes como expresión literal de la congruencia exigida; sino que, dicha previsión debe ser interpretada de forma integral y sistémica en el sentido que, los referidos Tribunales de alzada, al momento de resolver impugnaciones relacionadas a la aplicación de medidas cautelares, no sólo se circunscribirán a los puntos impugnados (congruencia externa), sino que tienen el deber de compulsar integralmente todos los antecedentes y hechos a efectos de fundamentar y motivar debidamente sus resoluciones que dispongan el cese o la privación de libertad de los procesados, justificando objetivamente la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal.

III.3. Análisis del caso concreto

Con esos antecedentes, corresponde analizar, si los argumentos vertidos por la parte impetrante de tutela son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela, teniendo que: