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TCP

0824/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
28 de abril de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0824/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0824/2026-S2 Sucre, 28 de abril de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 55439-2023-111-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 13 de 28 de febrero de 2023, cursante de fs. 329 a 332 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marcela Marlene Lazo Sarabia contra Leónidas Milton Barón Hidalgo, Director a.i. de la Dirección del Notariado Plurinacional (DIRNOPLU).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 28 de diciembre de 2022 y 9 de febrero de 2023, cursantes de fs. 50 a 57 y 62 a 64 vta., la accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el ejercicio como Notaria de Fe Pública 58 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; Ricardo André Terrazas Henríquez -hoy tercero interesado-, la acusó de haberle cobrado un monto superior al establecido en el Arancel Notarial cuando realizó la Escritura Pública 245/2022 de 31 de marzo, relativa al contrato de préstamo de dinero con garantía hipotecaria de un bien inmueble; por lo que, fue sometida a proceso administrativo disciplinario por la presunta comisión de la falta grave prevista en el art. 105 incs. c) y f) de la Ley del Notariado Plurinacional (LNP), consistente en recibir honorarios superiores a los permitidos en el arancel oficial y el incumplimiento de los deberes y prohibiciones establecidas en la citada Ley; con relación al art. 18 incs. a) y e) de la misma -cumplir la Ley y sus reglamentos- y -sujetarse al arancel de honorarios-.

En consecuencia, por Resolución Disciplinaria de Primera Instancia 17/2022 de 27 de mayo, Edwin Jaime Ovando Palenque, Sumariante Departamental de Santa Cruz-Beni-Pando de la DIRNOPLU, declaró probada la denuncia, imponiéndole como sanción el pago de una multa de seis salarios mínimos nacionales; fallo que fue emitido con base en presunciones subjetivas; toda vez que, si bien este servicio notarial tiene un costo de Bs300.- (trescientos bolivianos); y, por error se consignó en la Factura 001125 de 31 de marzo de igual año, la suma de Bs280.- (doscientos ochenta bolivianos), a fin de enmendar aquello, cobró el monto restante de Bs20.- (veinte bolivianos) y lo incluyó en el Recibo 014126 de igual data, detallando conjuntamente el precio de doce valorados -Bs38.- (treinta y ocho bolivianos)-; el uso del Sistema Informático de Verificación de Datos Personales (SIVDAP) de cuatro comparecientes y fotocopias -Bs12.- (doce bolivianos)-; haciendo un total de Bs.70.- (setenta bolivianos), que sumados a la citada Factura hacen un total de Bs350.- (trescientos cincuenta bolivianos); en tal sentido, el Sumariante no tomó en cuenta que la totalidad del cobro no solo contempla gastos del servicio notarial; sino los que, debían correr por cuenta del tercero interesado; por lo cual, no es evidente que en el proceso administrativo disciplinario fuera aportada prueba suficiente que demostrara su culpabilidad; y, que con ello se hubiera generado un perjuicio al prenombrado, como señaló la autoridad sumariante; quien también aludió que, no se acreditó la inexistencia de antecedentes disciplinarios para atenuar la sanción; empero, tampoco dicha autoridad arrimó un antecedente contrario.

En dicho contexto, interpuso recurso de apelación, mereciendo la Resolución Final Disciplinaria de Segunda Instancia 021/2022 de 17 de junio, emitida por Leónidas Milton Barón Hidalgo, Director a.i. de la DIRNOPLU -hoy demandado-, la cual confirmó totalmente la supra citada Resolución; sosteniendo que:

  1. a)Su persona realizó un cobro superior en el trámite notarial "...por lo cual se enmarcaría a la falta disciplinaria establecida en el art. 105 inc. c) y f) de la Ley del Notariado Plurinacional (...) manifestando que son concordantes con relación al art. 18 incs. a) y e) de la Ley..." (sic), conclusión que -a su criterio- fue subjetiva e incoherente;
  2. b)En cuanto a la valoración de la prueba:
  3. 1)Del análisis de la Factura 001125 y del Recibo 014126, que fueron inherentes al cobro del servicio notarial y al de la Escritura Pública 245/2022, el Director demandado estableció que el mismo fue superior al determinado en el arancel notarial;
  4. 2)Las declaraciones testificales efectuadas ante Notario de Fe Pública, que ofreció como prueba de descargo, no fueron consideradas; ya que, no conducían a aclarar el presunto hecho infraccional; además, al haber sido voluntarias y no producidas con base en el principio de inmediación, les restó valor e imposibilitó la contradicción -sin establecer qué disposición es la que determina su validez solamente cuando exista urgencia o imposibilidad de asistir ante autoridad competente-; por ende, tal aspecto resulta lesivo; puesto que, el prenombrado no sustentó la razón por la cual no podría ser corrida en traslado -se entiende al tercero interesado-, con base en el principio de publicidad; y,
  5. 3)El Director demandado, consideró como prueba contundente el Memorándum de 25 de abril de 2022 y la comunicación formal, ambos de Georgina Lazo Panique a su persona, de 26 de igual mes y año, literales en las que reconoció junto al personal bajo su dependencia la existencia de un error en el cobro; sin embargo, tal valoración resultó sesgada; ya que, la prenombrada no indicó que se hubiera cobrado un monto superior al establecido en el arancel notarial, sino que aclaró los montos contenidos en la citada Factura y Recibo; en tal sentido, no tomó en cuenta ni valoró la explicación que expuso al respecto, desvirtuando la falta atribuida injustamente; y,
  6. c)En cuanto al reclamo de que la Resolución Disciplinaria de Primera Instancia 17/2022, era injusta y desproporcional; sostuvo que, la sanción impuesta obedecía a faltas graves en el ejercicio notarial; ya que, la matriz protocolar en el uso de los valorados establece los parámetros para imponer una sanción por cobros superiores al arancel notarial, no emisión de notas fiscal y/o defraudación respecto al monto y otros relacionados a económicos (dos a seis salarios mínimos nacionales); sin embargo, el ejercicio de su función notarial se sujetó a derecho; así, ninguna de sus atribuciones y obligaciones notariales fueron observadas y menos juzgadas; por lo que, la afirmación efectuada constituyó un exabrupto y fue extra petita, e incorporó en su currículum un daño irreparable impidiéndole participar en futuras convocatorias, afectando su derecho al trabajo y al ejercicio profesional; indicó también que, en relación a posibles atenuantes para establecer el quantum de la sanción no aportó ningún medio de prueba a ser considerado; sin embargo, el tercero interesado y el Sumariante, no demostraron que su persona tuviera algún antecedente disciplinario administrativo o de otra índole; las pruebas de descargo no mostraron la supuesta aceptación de cobro más allá de lo determinado en el arancel notarial; por el contrario, contenían una explicación del error de cobro menor; siendo que, la misma fue efectuada como un reintegro en el recibo que, evidenció la verdad material de que no hubo un cobro superior por el servicio notarial; no habiéndose valorado adecuadamente el Recibo 014126 que demostró que esos cobros fueron por reembolso de valorados y otros en la atención al usuario.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la dignidad, honra e imagen, al trabajo y a la estabilidad laboral, y a la garantía del debido proceso en sus componentes de presunción de inocencia, derecho a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable, fundamentación, motivación, congruencia, valoración razonable de la prueba, a la comunicación y a la publicidad de los actos procesales, citando al efecto los arts. 21.2, 46, 115 y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto:

  1. i)La Resolución Final Disciplinaria de Segunda Instancia 021/2022;
  2. ii)El registro negativo emergente del ilegal proceso disciplinario seguido en su contra; y,
  3. iii)La sanción económica que le fue impuesta.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

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