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TCP

0824/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
18 de mayo de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0824/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0824/2026-S3 Sucre, 18 de mayo de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 63876-2024-128-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 053/2024 de 6 de marzo, cursante de fs. 205 a 208 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Víctor Hugo Soria Morón contra Álvaro Marcelo Flores López, Presidente; José Luis Alarcón Torrez, Vocal Permanente; Reynaldo Quisberth Rondon, Vocal Suplente; y, Javier Lopez Chipata, Vocal Suplente, todos del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 22 de noviembre, 1 de diciembre de 2023, y 19 de febrero de 2024, cursante de fs. 67 a 99, 102 a 104 vta., y 192, el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se inició un proceso disciplinario administrativo en su contra, por la presunta comisión de faltas graves estipuladas en el art. 14 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011-, en el desarrollo del juicio oral, público y contradictorio se cometieron una serie de irregularidades e ilegalidades por el Tribunal Disciplinario Departamental La Paz, pese a ello, pronunció la Resolución Administrativa (RA) 132/2022 de 31 de agosto, por la cual, se lo sancionó con la baja definitiva sin derecho a reincorporación, al no encontrarse de acuerdo con esa decisión, planteó recurso de apelación demandando las anomalías ocasionadas durante la tramitación del referido proceso.

Por consiguiente, por Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 404/2023 de 10 de octubre, fue resuelto el citado medio de impugnación, declarándolo improbado y confirmando la resolución confutada, misma que incurrió en las siguientes ilegalidades:

  1. a)Respecto a su agravio de que los fiscales policiales incumplieron los plazos procesales y que ampliaron una investigación en su contra por una supuesta falta grave dentro del mismo caso, sin respetar los arts. 67 y 70 de la LRDPB; le respondieron que la comisión de investigadores de la Dirección de Investigación Disciplinaria y Procedimientos Internos (DIDIPI) La Paz colectaron nuevos elementos, indicios y pruebas con los que se evidencia que su persona habría infringido otro artículo de la citada Ley, y que el Tribunal a quo resolvió su denuncia en la audiencia; por lo que, se le denegó la nulidad del requerimiento ampliatorio de la investigación; sin tomar en cuenta que su persona no denunció que los miembros del Tribunal de primera instancia no emitieron pronunciamiento sobre esa denuncia, puesto que, denunció que los fiscales policiales vulneraron los arts. 67, 70, 42 inc. 4), 49 incs. 8) y 51) de la LRDPB, por lo que, no se le dio una respuesta fundamentada motivada y congruente; asimismo, las autoridades demandadas no señalaron la norma en la cual se ampararon para ampliar la investigación cuando ya se venció el plazo;
  2. b)Una vez radicada la acusación fiscal policial por el Tribunal Disciplinario Departamental La Paz, el "Cnl. Uriarte" dictó el Auto de Inicio de Procesamiento -no cita fecha-, que siendo notificado el 24 de noviembre de 2021, al día siguiente presentó memorial de recusación en su contra, ya que, fue testigo de descargo, empero, "hasta el día de hoy" no fue resuelto, es más no se encuentra en el expediente; empero, estas denuncias efectuadas en audiencia, no fueron respondidas por el Tribunal de primera instancia;
  3. c)No pudo asistir a la audiencia de 4 de abril de 2022, dado que, tenía que acudir a la Caja Nacional de Salud (CNS); no obstante, en dicho verificativo su abogado justificó su inasistencia con una solicitud de exámenes complementarios y en el mismo día en horas de la tarde presentó otras dos justificativos -ficha de triaje y documento de la CNS-, de forma ilegal el Tribunal Disciplinario Departamental La Paz, emitió el Auto de Rebeldía, sin valorar y ni siquiera mencionar en la resolución, dichos justificativos; ante lo cual, solicitó de forma escrita su anulación, que fue contestado de forma negativa tan solo por el Presidente del Tribunal de primera instancia, vulnerando de esta manera su derecho al juez natural, puesto que, su pedido debió haber sido respondido por todos los miembros del citado Tribunal; habiendo formulado esta denuncia ante los mismos, tampoco, fue contestada; por la igual razón, pidió se deje sin efecto los decretos de 4 y 5 de ese mes y año;
  4. d)Al inicio del proceso oral público y contradictorio su abogado denunció ante el aludido Tribunal Disciplinario Departamental que el denunciante estaría cometiendo el delito de uso indebido de bienes y servicio, sin embargo, simplemente le contestaron que realice su denuncia en la Fuerza Especial Contra el Crimen (FELCC);
  5. e)Al inicio del juicio oral recusó a los Vocales del citado Tribunal Departamental "Andrade" y "Alanoca", quienes aceptaron la recusación, pero el Presidente de dicho Tribunal, suspendió el verificativo de la audiencia por una hora para convocar a los vocales suplentes sin cumplir el art. 62.II de la LRDPB, que establece que el proceso debe continuar en veinticuatro horas y no en una hora;
  6. f)Como consecuencia del Auto de Rebeldía se le nombró un defensor de oficio, quien asumió su defensa en la audiencia; empero, en el mismo acto, su abogado de confianza pidió que se anule el acto en razón a que no podía llevarse a cabo el verificativo con un abogado de oficio nombrado de forma ilegal; sin embargo, el Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental La Paz, rechazó dicha solicitud, amparándose en el art. 52 de la LRDPB;
  7. g)El Presidente del mencionado Tribunal Departamental no quiso notificar a sus testigos;
  8. h)En el verificativo oral observó las declaraciones de los testigos de cargo "...Cap. Luna, Sgto. My. Fernández; Tte. Callisaya, Sgto. Ajoruro y Sof. 2° Cipriano Quispe. Pidiéndole que sean tomados como testigos de descargo, sin embargo, no fue plasmada en la resolución de primera instancia.." (sic);
  9. i)El abogado de oficio ilegalmente nombrado, pidió se excluya las pruebas de cargo de "...Fjs. 629 a 690; sin embargo, los miembros del Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz, no valoran ni fundamentan de hecho peor de derecho; conformándose con "copear las actas de audiencia..." (sic);
  10. j)Una vez concluido el juicio oral se dictó la RA 132/2022, la cual determinó que su persona incurrió en la comisión de una falta grave, comprobada a través de la declaración testifical del Capitán Ariel Favio Luna Calle, empero, sin explicar porque llegaron a esa conclusión; es decir sin la debida fundamentación y motivación; añade que se denunció a los miembros del Tribunal Disciplinario Superior la "mala valoración" (sic) de la prueba testifical del "Cap. Luna. Cap. Fernández, Tte. Jorge Felipe Ramos Catari" (sic); acota que los miembros del Tribunal Disciplinario Superior tampoco valoraron la prueba documental de descargo que consistían en informes expedidos por el Comandante Departamental de La Paz; y,
  11. k)En respuesta a estas denuncias por Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 404/2023 simplemente no le respondieron, solamente se hizo alusión al cumplimiento al art. 52 de la LRDPB, sin verificar las denuncias planteadas.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos al juez natural, a la motivación, fundamentación, "incongruencia omisiva" y valoración probatoria, a ser procesado por una sola vez, y a la salud sin citar preceptos constitucionales que los contengan.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto:

  1. 1)La Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 404/2023 de 10 de octubre;
  2. 2)La RA 132/2022 de 31 de agosto;
  3. 3)El requerimiento ampliatorio de investigación, el Auto de Inicio de Procesamiento, Auto de Rebeldía, los decretos de 4, 13 de abril y 4 de mayo, todos de 2022;
  4. 4)Que las autoridades demandadas dicten una nueva resolución resolviendo todas las denuncias formuladas en el recurso de apelación; y,
  5. 5)Se condene en costas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 6 de marzo de 2024, según consta en acta cursante de fs. 199 a 204 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante mediante su abogado, ratificó íntegramente los términos de su accionar tutelar y ampliándola, señaló que:

  1. i)El año 2021 se le inició un proceso disciplinario "...pero no por el motín del 2019..." (sic), fue porque su persona era el primero en calificación para ascender como Comandante General de la Policía Boliviana, así determinado por RA 036/2020 -no cita fecha-;
  2. ii)Pelagio Condori Yana, Viceministro de Descolonización y Despatriarcalización en enero de 2021, formalizó denuncia en su contra por haber iniciado motín, misma que fue rechazada por Resolución de Rechazo de 27 de febrero de 2021, ante lo cual, el prenombrado en represalia denunció a los Fiscales Policiales que suscribieron la indica Resolución, quienes al encontrarse atemorizados emitieron un requerimiento policial el 10 de mayo de 2021, refiriendo que su persona debía ser puesto a disposición investigativa, por consiguiente, a través de un ilegal requerimiento se amplía la investigación, que fue cuestionado ante el Fiscal Policial y Fiscal Departamental "...quienes no hicieron nada..." (sic), por el contrario se emitió la acusación fiscal, de esa manera, se lesionó los art. 42 incs. 4) y 8), 51 y 46 de la LRDPB; y, 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); ya que, lo que se investiga son faltas estipuladas en aludida Ley y no así hechos; y,
  3. iii)El Presidente del Tribunal de primera instancia incurrió en actos de investigación al pedir información a la CNS, respecto a la legalidad de la documentación que presentó como justificativo.

En respuestas a las cuestionantes efectuadas por los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, manifestó que:

  1. a)El acto que vulnera sus derechos es la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 404/2023;
  2. b)Se denunció la lesión de los arts. 67, 70 y 49 de la LRDPB;
  3. c)La investigación disciplinaria en su contra inicio el 10 de mayo de 2021, reclamó ante los Fiscales Policial y General, no obstante, no hicieron nada e incumplieron los plazos procesales, es así que, la investigación duró más de tres meses, cuando la norma establece el término de quince a veinte días;
  4. d)Ilegalmente se procedió a la ampliación de investigación;
  5. e)No se efectuó un examen pericial a las fotografías que se publicaron por la plataforma de Facebook, puesto que, las mismas eran montadas;
  6. f)El Tribunal de primera instancia no resolvió la recusación planteada contra el Coronel Uriarte, quien era Presidente del indicado Tribunal; y asimismo, era testigo de cargo, empero, el memorial de la citada recusación desapareció;
  7. g)La SCP "703/2023 de 8 de agosto" determinó anular la resolución de primera y segunda instancia, en un caso constitucional similar al suyo, por el hecho de la realización de un motín en la "UTOP"; y,
  8. h)El Tribunal Superior demandado no contestó a los agravios denunciados, siendo uno de ellos, la declaratoria de rebeldía, ya que, no se consideró la documentación que presentó justificando su ausencia al verificativo.
I.2.2. Informe de la parte demandada

Los miembros del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana mediante su abogado en audiencia, solicitaron se deniegue la tutela, señalando que:

  1. 1)La Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana es una normativa especial y aplicable a todos los funcionarios policiales en servicio activo y garantiza un proceso disciplinario eficiente, eficaz y respetuoso de los derechos humanos;
  2. 2)El Viceministro de Descolonización y Despatriarcalización el 5 de mayo de 2021, formuló denuncia disciplinaria contra el accionante cuando ostentaba el cargo de Subcomandante Departamental de La Paz de la Policía Boliviana, por los hechos y conflictos sociales -acontecidos el 2019-, aperturándose el caso 119/2021, ante ello, el Fiscal Policial asignado emitió requerimiento de inicio de investigaciones, habiéndose cumplido con lo previsto por el art. 42 de la LRDPB;
  3. 3)No es cierto que se hayan incumplido los plazos procesales;
  4. 4)Una vez radicado el proceso en el Tribunal Disciplinario Departamental La Paz se señaló fecha del correspondiente verificativo, para el cual el impetrante de tutela hubiese presentado documentación justificando su inasistencia, al cual hubiese sido contestado mediante decreto, siendo el Presidente del citado Tribunal, quien tiene competencia para emitir decretos de mero trámite;
  5. 5)El art. 80 de LRDPB, señala las causales de suspensión de audiencia y entre ellas no está la recusación del presidente y vocales del Tribunal Disciplinario;
  6. 6)El Presidente del indicado Tribunal realizó actos de verificación y no así de investigación al expedir un oficio a la oficina de Bienestar y Salud de la CNS;
  7. 7)El peticionante de tutela al ser declarado en rebeldía se le designó un abogado defensor de oficio, quien desempeño una defensa eficaz, asimismo, no presentó ninguna objeción cuestionando su patrocinio, por lo que, se considera como un acto consentido, como consecuencia no se le vulneró su derecho a la defensa;
  8. 8)Se demanda varias actuaciones emitidas por el Tribunal Disciplinario Departamental, por ende, debió demandarse a los miembros del mismo; y,
  9. 9)La decisión pronunciada por el Tribunal Superior demandado se encuentra debidamente fundamentada, motivada y congruente, dándose respuesta a los agravios descritos; además, concluyó que no se transgredió su derecho a la defensa, puesto que, se encontraba patrocinado con un abogado defensor.
I.2.3. Intervención del tercero interesado

Pelagio Condori Yana, Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización, mediante su representante legal, en calidad de tercero interesado, presentó informe escrito el 19 de febrero de 2024, cursante a fs. 187 y vta. y en audiencia pidió se deniegue la tutela, señaló que:

  1. i)El accionante fue sancionado por la comisión de las faltas previstas en los arts. 12 inc. 14) y 14 incs. 8) y 10) de la LRDPB por RA 132/2022, confirmada en todas sus partes por la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 404/2023, ante ello, se adhiere a los fundamentos vertidos por la parte demandada;
  2. ii)Se demanda el decreto de 4 de abril de 2022, contra el cual debió plantearse acción de amparo constitucional dentro del término de seis meses habiendo vencido el mismo; y,
  3. iii)El peticionante de tutela no indicó con claridad cuáles fueron los agravios que se ocasionaron al dictar la mencionada Resolución del Tribunal Disciplinario Superior, tampoco explicó sobre la falta de valoración probatoria.
I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por Resolución 053/2024 de 6 de marzo, cursante de fs. 205 a 208 vta., denegó la tutela impetrada, decisión asumida con base en los siguientes fundamentos:

  1. a)Se identificó como acto lesivo la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 404/2023, que presuntamente transgredió el debido proceso como derecho, garantía y principio, como también, al juez natural y a la defensa, empero, el accionante en la exposición de sus argumentos no fue claro cómo y en qué forma fueron lesionados;
  2. b)El prenombrado se limitó a realizar un relato de toda la tramitación del proceso disciplinario desde el inicio de las investigaciones hasta el último acto procesal, sin embargo, no efectuó una relación subsuntiva de cómo y en qué momento cada uno de los derechos citados fueron vulnerados; y,
  3. c)La mencionada Resolución confutada desarrolló adecuadamente los antecedentes del caso, desplegó un razonamiento del porque emitió esa decisión enumerando las contravenciones denunciadas y respondiéndolas una a una y citando el ordenamiento aplicable, por lo que, no se encuentra fuera de los principios de legalidad y constitucionales.

En vía de aclaración, complementación y enmienda el accionante pidió se pronuncie sobre la medida cautelar.

En sustanciación y resolución del impetrado, la precitada Sala Constitucional señaló que, el 13 de diciembre de 2023, ordenó la suspensión de la remisión de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 404/2023 a la Dirección Nacional de Personal del Comando General de la Policía Boliviana, hasta la sustanciación de este mecanismo tutelar, por ende, habiéndose resuelto en el fondo ya no tendría razón lo determinado en la medida cautelar, al haberse dispuesto la denegatoria de la tutela impetrada.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por memorial presentado el 26 de febrero de 2026 (fs. 275 a 276 vta.) ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, el accionante pidió adelanto de sorteo, por encontrarse delicado de salud; a lo cual, la Comisión de Admisión de este Tribunal a través del /S de 1 de abril, cursante de fs. 280 a 284, dispuso ha lugar la misma, procediéndose al efecto con el sorteo respectivo de la causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Por memorial presentado el 20 de octubre de 2022, Víctor Hugo Soria Morón -accionante- planteó recurso de apelación contra la RA 132/2022 de 31 de agosto, exponiendo los siguientes agravios:

  1. 1)Ilegalidades cometidas por el Fiscal Policial, Fiscal Departamental de La Paz y Fiscal General

Respecto al Fiscal Policial denunció en varias oportunidades que incurrió en el incumplimiento de plazos procesales, puesto que, la etapa de investigación debió concluir el 14 de octubre de 2021, incluida la ampliación del mismo de veinte días, empero, hasta el 28 de ese mes y año, no fue notificado con el requerimiento de acusación o de rechazo quebrantando los arts. 115, 116.I, 117.I y II, 120 y 122 de la CPE; 42 inc. 4), 49 inc. 8); 51, 67 y 70 de la LRDPB; y, 55 inc. b) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (LOPN), ante ello, solicita la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo "Fjs. 664" del caso 119/21, puesto que, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Respecto al Fiscal Departamental de La Paz, ante esa autoridad demando la contravención de los términos procesales por parte de los investigadores y de los Fiscales Policiales, quienes no emitieron el informe ni el requerimiento conclusivo de acuerdo estipula el art. 70 de la LRDPB, empero, no resolvió lo cuestionado infringiendo los arts. 41 inc. 1), 2), 3), 4); y, 49 inc. 8) y 51 de la citada Ley, encubriendo de esta manera las faltas graves.

Respecto al Fiscal General ante el nombrado cuestiono varias veces la transgresión de los plazos procesales cometidos por el Fiscal Departamental de La Paz, quien al ponerlo en conocimiento de las falencias procesales referidas, no emitió ningún pronunciamiento omitiendo la aplicación de los arts. 41 incs. 1), 2), 3), 4); y, 49 inc. 8) y 51 de la aludida Ley.

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