Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0825/2019-S2 Sucre, 17 de septiembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 26568-2018-54-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 02/2019 de 19 de julio, cursante de fs. 164 168, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Milka Tania y Jonny Hernán ambos de apellidos Barrientos Andia contra Elisa Sánchez Mamani y Silvia Clara Zurita Aguilar -ahora Vocal de la Sala Penal Cuarta-, Vocales de la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Janeth Rivas Soliz, Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del citado departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 19 de noviembre de 2018 y 10 de julio de 2019, cursantes de fs. 81 a 89; y, 110 a 111 vta., respectivamente, los accionantes expusieron los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro de la acción pauliana instaurada por Valentina Balderrama Torrico contra José Rubén Camacho Arnez, se pronunció el Auto de Vista REG/S.CII/ASEN.38/21.1.2011 de 21 de enero, que anuló obrados (incluyendo la Sentencia de 11 de junio de 2007) hasta el auto de relación procesal. Sin embargo, la demandante únicamente presentó la señalada acción pauliana y a su deceso sus herederos se apersonaron a efectos de impugnar el pronunciamiento de primer grado, mientras que el demandado interpuso recurso de casación ante la emisión del precitado Auto de Vista.
Posteriormente el , confirmó el Auto de Vista REG/S.CII/ASEN.38/21.1.2011; por lo que, en ejecución el Juez a quo fijó la suma de Bs175 000.- (ciento setenta y cinco mil bolivianos) por concepto de honorarios profesionales; determinación que apelaron por fundarse en argumentos ambiguos, incoherentes e impertinentes. En tal contexto, acusan que el Auto de Vista de 13 de julio de 2018, revocó parcialmente a su predecesor estableciendo como nuevo monto Bs140 000.- (ciento cuarenta mil bolivianos); empero, al remitir tal pronunciamiento, las Vocales demandadas se limitaron a confirmar los fundamentos del Juez a quo, lesionando los principios de razonabilidad y proporcionalidad, al tomar en cuenta la ubicación del inmueble y su valor, sin considerar la naturaleza declarativa de la acción pauliana. Agregaron que, por falta de regulación en la materia, se utilizó la facultad discrecional de la autoridad judicial (no señalan cual) inclinándose en favor de la contraparte.
I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados
Consideran vulnerado su derecho al debido proceso en sus vertientes de debida fundamentación y motivación de las resoluciones; a la garantía de igualdad de las partes; y, a los principios de proporcionalidad y razonabilidad; citando al efecto los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 8 del Pacto de San José de Costa Rica.
I.1.3. Petitorio
Solicitan se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga la nulidad de la Resolución de 7 de octubre de 2016 y el Auto de Vista de 13 de julio de 2018; y, que se delibere en el fondo de la causa, determinando la cuantía del honorario profesional a favor de la contraparte.
I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 19 de julio de 2018; según consta en acta cursante de fs. 162 a 163, produciéndose los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La parte accionante a través de su abogado ratificó íntegramente los términos de su demanda tutelar, y ampliándola señaló que:
- a)No pretendían la revisión de las Resoluciones emitidas en la vía ordinaria, sino que, se observó la lesión de derechos al regularse los honorarios, pues el Juez procedió; no obstante, a que se presentó una iguala profesional suscrita entre el abogado y su cliente;
- b)La autoridad jurisdiccional estaba limitada en sus actuaciones, correspondiendo la aplicación de reglas y principios que fueron omitidos en el caso de análisis, donde no se consideró de forma proporcional el trabajo realizado y los resultados obtenidos, frente a la suma fijada; y,
- c)Sobre las observaciones realizadas por los terceros interesados, señalaron que resultaban impertinentes.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Elisa Sánchez Mamani y Silvia Clara Zurita Aguilar -ahora Vocal de la Sala Penal Cuarta-, Vocales de la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 18 de julio de 2019, cursante de fs. 123 a 124 vta., manifestaron que:
- 1)Los accionantes no expusieron claramente los hechos ni precisaron los actos u omisiones ilegales en que presuntamente incurrieron;
- 2)Según la , que citaba otro fallos, la Jueza de garantías, se encuentra impedida para revisar o sustituir a la jurisdicción ordinaria; toda vez que, la interpretación de la legalidad ordinaria es de competencia de los jueces y tribunales de la jurisdicción "común";
- 3)Los demandantes de tutela no identificaron las reglas de interpretación omitidas o incumplidas en su pronunciamiento; y,
- 4)El Auto de Vista de 13 de julio de 2018, se determinó de conformidad con las normas vigentes y aplicables al caso, sin lesionar ningún derecho; por lo que, se evidenció que los accionantes pretendían revisar, regularizar o anular actuaciones, sin que se haya producido transgresión alguna; razones por las cuales, solicitaron se deniegue la tutela impetrada, con la aclaración que en caso de su concesión, están imposibilitadas materialmente de volver a asumir conocimiento de la causa; dado que, se procedió a la conversión de la "...Sala Mixta Civil, Familia, Niñez y Adolescencia a Sala Penal 4..." (sic).
Janeth Rivas Soliz, Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 19 de julio de 2019, cursante de fs. 125 a 127, señaló que:
- i)Al pronunciarse la Resolución de 7 de octubre de 2016, se tomó en cuenta la regulación de honorarios de abogados en materia civil; citándose a sentencias constitucionales que establecían parámetros sobres los cuales debía efectuarse la precitada regulación y los aplicó al caso concreto; por lo que, consideró que su Resolución era congruente y fundamentada, existiendo el necesario despliegue administrativo sobre la problemática, brindando una respuesta que no lesionó derecho alguno;
- ii)Según la , que reiteró el entendimiento de su similar --, no correspondía -en términos generales- que los jueces o tribunales de garantías, revisen la actividad jurisdiccional de otro tribunales, salvo excepcionalmente, cuando se lesionen derechos fundamentales y garantías constitucionales; empero, a tal efecto los peticionantes de tutelas no cumplieron con las reglas establecidas jurisprudencialmente; y,
- iii)Sobre el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, los demandantes de tutela no demostraron que fueron objeto de un trato diferente con relación a la misma problemática, situación que no acaeció en el caso de análisis; por lo que, no hay lesión alguna. Consecuentemente, pidió se deniegue la tutela solicitada.
1.2.3. Resolución
La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 02/2019 de 19 de julio, cursante de fs. 164 a 168, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:
- a)El Auto de Vista de 13 de julio de 2018, constituía la Resolución de mayor jerarquía al resolver el recurso de apelación; por lo que, correspondía emitir una determinación sobre dicho actuado procesal evidenciándose que era el llamado a subsanar cualquier omisión previa;
- b)De la revisión del precitado Auto de Vista, se tuvo que las autoridades demandadas se manifestaron acerca de los cinco puntos identificados cómo agravios; por cuanto, su pronunciamiento contó con la debida fundamentación y motivación, resultando evidentes los motivos de hecho y derecho en que se basaron; y,
- c)El "...Juzgado Público de Garantías..." (sic) no puede convertirse en una instancia más de revisión o casación; por consiguiente, no debe pronunciarse sobre aspectos que son de competencia de la jurisdicción ordinaria ni corresponde regular los honorarios profesionales, más aun cuando el Auto de Vista cuestionado se emitió bajo el principio de congruencia, resultado evidente que los solicitantes de tutela no expusieron en su apelación, la presunta lesión a la garantía de igualdad de las partes, consecuentemente, no correspondía concederse la tutela impetrada.
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