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TCP

0825/2021-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
22 de noviembre de 2021SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0825/2021-S2

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0825/2021-S2 Sucre, 22 de noviembre de 2021

SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad

Expediente: 37493-2021-75-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 342/2020 de 28 de noviembre, cursante de fs. 20 a 22 vta. pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Dabeyda Walepska Limachi Flores y Verónica Marisol Quiroga Pando en representación del menor NN contra Rosario Merlo Vilca, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial enviado por Buzón Judicial el 28 de noviembre de 2020, cursante de fs. 1 a 8, el accionante a través de sus representantes, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 3 de agosto de 2020, fue aprehendido mientras observaba a una turba que hostigaba a dos funcionarios policías por la zona de la Ceja de la ciudad de El Alto, donde uno de ellos perdió el ojo debido a que le lanzaron una piedra; lo condujeron al "cuarto del peaje" donde le sometieron a torturas, producto de los golpes lo trasladaron a la asistencia pública, con el pretexto de una caída; agresiones que no fueron denunciadas por Rosario Merlo Vilca, Fiscal de Materia -ahora demandada-, siendo que ese hecho, está tipificado en el art. 295 del Código Penal (CP), como delito de vejaciones y torturas.

Posteriormente, en la audiencia de consideración de su situación jurídica, solicitó se lleve a cabo también la de cesación de su detención preventiva, siendo rechazada por el Juez de la causa; ante esa situación, formuló apelación incidental resuelta por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo que la referida autoridad a quo se pronuncie al respecto, beneficiándose con la detención domiciliaria; puesto que, se encontraba más de cuarenta y cinco días privado de libertad; oponiéndose ante esa determinación la representante fiscal, quien tendría la práctica recurrente de impedir la cesación de la medida extrema contra los menores de edad, para obligarlos a que se inculpen mediante el uso desmedido de la terminación anticipada.

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