0826/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0826/2019-S1 Sucre, 4 de septiembre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad

Expediente: 29064-2019-59-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 008/2019 de 20 de mayo, cursante de fs. 52 a 55, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Erick Iván Aliaga López en representación sin mandato de Omar Alejandro Asbún Farah contra Claudio Torrez Fernández, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de La Paz, Edna Juana Montoya Ortiz, Fiscal de Materia del referido departamento y Oscar Coca Antezana, Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de mayo de 2019, cursante a fs. 2 y vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En razón del proceso penal "...caratulado Ministerio Público,contra Alejandro A. Farah proceso ilegal a instancias del Ex Fonvis en Liquidación, actual Unidad de Titulación dependiente del Ministerio de Obras Públicas..." (sic), se encuentra procesado hace más de catorce años, habiendo cumplido una condena anticipada de casi ocho años en virtud de su detención; asimismo, su vida está en grave riesgo, puesto que su salud se está deteriorando por completo en todo este tiempo de restricción de su libertad, que incluso atentaron contra su vida en varias oportunidades "...2 veces en el Penal de San Pedro y 1 vez en su domicilio donde guarda detención..." (sic).

Alega que en el proceso penal, jamás se presentó el "cuerpo" del delito, tampoco se realizó un estudio pericial que determine su culpabilidad, siendo "sobreseído", por lo que está siendo procesado tres veces por un mismo hecho.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la vida, a la salud, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la defensa técnica, y en audiencia a la vulneración de su presunción de inocencia, citando al efecto el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).