Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0828/2026-S2 Sucre, 28 de abril de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 57006-2023-115-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 125 de 10 de julio de 2023, cursante de fs. 556 vta. a 559 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Edwin Salazar Cabrera en representación legal de Julio Cesar Romero Paniagua contra Marisol Ortiz Hurtado y Walter Pérez Lora, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 19 y 26 de junio de 2023, cursantes de fs. 468 a 474 y 515 a 516 vta., el accionante, a través de su representante, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Contrajo una obligación con la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo Guapay; sin embargo, no fue el prestatario principal de la misma, ya que otorgó un poder suficiente para que Ponciano Álvarez Catari e Hilda Oña de Álvarez garanticen dicha operación crediticia con su patrimonio. En ese entendido, ante el incumplimiento de pago de los prenombrados, se inició un proceso civil ejecutivo el 17 de diciembre de 1991, del cual tuvo conocimiento el año 2013; por lo que, presentó memorial de apersonamiento y de desarchivo el 21 de octubre del citado año.
Una vez que conoció los actuados del proceso ejecutivo, evidenció que la entidad financiera ejecutante se adjudicó una superficie menor de 1 700 m2 de su patrimonio; sin embargo, al verificar los registros en oficinas de Derechos Reales (DD.RR.) se enteró que la totalidad de su propiedad ubicada en el lugar denominado Puerto Ancho del municipio El Torno, provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz, con una superficie de 9 ha y 1 785 m2, inscrita bajo Matrícula 7.01.4.01.0004097, fue transferida a nombre de la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo Guapay por una falsedad en el testimonio de adjudicación y, que luego de dos transferencias, se registró la titularidad de dicho bien inmueble a nombre de Julio Cesar Loayza Careaga y Mónica Aliaga Salvatierra. En ese entendido, debido a que la superficie demandada, embargada, rematada y adjudicada fue de 1 700 m2 y que no se remató ni se pagó por las 9 ha y 1 785 m2 de su propiedad, planteó un incidente mediante memorial presentado el 13 de agosto de 2019, a efecto de que se corrijan las arbitrariedades que se cometieron; no obstante, por Auto Interlocutorio 413/22 de 12 de mayo de 2022 se rechazó el mismo; por lo que, interpuso recurso de apelación contra dicha decisión.
Ante ello, por Auto de Vista 532/22 Bis de 14 de noviembre de 2022, Marisol Ortiz Hurtado, Vocal -demandada-; y, Oscar Jesús Menacho Angeleri, ex Vocal; ambos de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, aplicaron incorrectamente la ley, pues establecieron que al haberse emitido un auto interlocutorio simple, el recurso de apelación fue presentado de manera extemporánea, fuera del plazo de tres días previsto por el art. 216 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), pese a que la norma aplicable era el art. 518 del citado Código concordante con los arts. 220.1 y 225.5 de la referida norma, que establecen que en ejecución de sentencia todas las resoluciones son directamente apelables dentro del plazo de diez días de la notificación con la resolución a la parte que se considere agraviada.
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