0830/2019-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0830/2019-S2 Sucre, 17 de septiembre de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción Popular

Expediente: 28785-2019-58-AP Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 25/2019 de 30 de abril, cursante de fs. 207 a 2011 vta., pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Marco Antonio Cardozo Jemio en representación legal de Pablo Pérez Saqueo y Pablo Rivero Fernández, Primer y Segundo Capitán Grande de la Asamblea y Directorio del Pueblo Indígena Weenhayek del departamento de Tarija contra Moisés Sapiranda Sapiranda ex Capitán Grande y Director de la misma Asamblea.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 23 y 25 de abril de 2019, cursantes de fs. 43 a 53; y, 73 a 75, los accionantes a través de su representante legal señalaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Refieren que se eligió en Asamblea nuevos capitanes grandes y un directorio de la Organización de Capitanías Weenhayek de Tarija (ORCAWETA), el 14 de febrero de 2019, entre más de quinientas personas con presencia de la Comisión Veedora de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), resultando electos; Pablo Pérez Saqueo como Primer Capitán Grande y Pablo Rivero Fernández como Segundo, con posterioridad a la elección y posesión de las nuevas autoridades, según sus usos y costumbres, solicitaron al ahora demandado Moisés Sapiranda Spiranda, la entrega de la información pertinente a los números de cuentas bancarias, junto con las instituciones financieras a las que pertenecen y los activos de la organización, empero recibieron burlas y amenazas de parte de la exautoridad indígena.

En ese contexto, indican que el demando manejó desde el 2001 hasta febrero de 2019 diferentes montos económicos que suman una cantidad aproximada de seis millones de dólares estadounidenses, los cuales son propiedad del pueblo indígena, que provienen de la compensación de la explotación petrolera de sus tierras por diferentes compañías, fondos que hasta la fecha de interposición de la acción popular se ignoran su ubicación y la disposición de los mismos, no sabiendo en qué banco, ni en qué cuenta se encuentran dichos fondos, tampoco la cantidad que suman los mismos, empero en la comunidad no hay agua, alimentos, semillas ni medicinas, siendo que tales recursos monetarios son de propiedad del Pueblo Indígena, a tales circunstancias se añade que la parte demandada sigue ejerciendo ilegalmente la representación de la ORCAWETA ante instituciones del Estado, tanto a nivel nacional y departamental, acciones que incluyen el manejo y control de cuentas bancarias, efectuando suplantación de funciones e ilegal administración de los fondos económicos de propiedad comunitaria.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señalaron la lesión de sus derechos a la libre determinación, autogobierno, al patrimonio cultural, en relación con sus derechos a la salud, vivienda, trabajo y educación, citando al efecto los arts. 2, 11.I, 30.I y II.2, 4 y 14 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio