Texto del fallo
Sintesis del caso
La accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, así como los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, el Director General Administrativo Financiero del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de Memorando DIR.GRAL.ADM.FIN. (PER) 321/2018 de 14 de mayo, dispuso la cesación de sus funciones sin tener facultades para ello, sin respetar las garantías del debido proceso y sin considerar que por la condición o estado crítico de su hijo AA, gozaba de inamovilidad laboral, conforme a los arts. 4.5 y 7 inc. d) del DS 3462; debido a que sufre una enfermedad osteoarticular congénita de camptodactilia bilateral, zetoplastia y “temoplastia” en meñique izquierdo y “teroplastia” en meñique derecho, por cuyo motivo fue intervenido en enero de 2016 y luego en diciembre del mismo año por sinostosis radio cubital proximal izquierdo y que actualmente presenta recidiva de la misma con una unión (sinostosis), a raíz de lo cual necesitará varias cirugías a futuro y rehabilitación para darle solución definitiva, además que al ser una enfermedad congénita deben hacerse estudios de genética. El 16 de mayo de 2018, solicitó se deje sin efecto el Memorando mencionado; sin embargo, por Resolución Administrativa DAF 85/2018 de 23 de mayo se confirmó el mismo, con carencia de motivación, fundamentación, congruencia, razonabilidad, apreciación de la prueba y cita normativa, existiendo más bien apreciaciones sesgadas y alejadas de la verdad histórica de los hechos, empleando el DS 3437 que no es la norma especial aplicable al caso. Interpuso recurso jerárquico contra la indicada decisión adjuntando el informe médico de 4 de junio de 2018, como prueba de reciente obtención; en cuyo mérito se emitió la Resolución de Directorio DAF-019/2018 de 11 de julio, confirmando la Resolución referida, con evidente falta de congruencia, motivación, razonabilidad y valoración de la prueba, denotando ligereza, abuso de poder y simplicidad.
Sintesis de la ratio decidendi
El Tribunal Constitucional Plurinacional concedido la tutela, habida cuenta que, los empleadores observaron que el informe médico 15 de mayo de 2018, no estableció como crítico el padecimiento del menor de edad, cuando de la lectura y comprensión del art. 4 del DS 3462, se tiene que dicha condición o estado la tienen los niños, niñas y adolescentes que padezcan de cualquiera de los malestares enumerados en dicha disposición, no siendo por lo tanto necesario exigir que un médico o entidad de salud la catalogue expresamente como crítico su estado, para luego recién proceder a verificar si le corresponde o no el goce de ciertos beneficio.
Extracto de la ratio decidendi
F.J.III.5. “…esta última Resolución se apartó considerablemente de los principios de razonabilidad y objetividad a tiempo de realizar la valoración de la prueba; toda vez que, contrariamente a lo precisado en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señalaron que el informe médico 15 de mayo de 2018, no indicó que el padecimiento del menor de edad era crítico; cuando de la lectura y comprensión del art. 4 del DS 3462, se extrae que la misma norma jurídica, determinó expresamente que dicha condición o estado la tienen los niños, niñas y adolescentes que padezcan de cualquiera de los malestares enumerados en dicha disposición, no siendo por lo tanto necesario exigir que un médico o entidad de salud la catalogue previamente como tal, para luego recién proceder a verificar si le corresponde o no el goce de ciertos beneficios. En tal sentido, lo que debió valorarse del referido informe médico, era que este fue emitido por un médico del Hospital Cristo de las Américas San Juan de Dios, en el que el paciente fue intervenido quirúrgicamente en diciembre de 2016, con el diagnóstico de sinostosis radio cubital proximal y que en la actualidad dicha patología presentaba recidiva (repetición de una enfermedad) y que por cuyo motivo, el niño requería de una o varias cirugías en el futuro; asimismo, debió tomarse en cuenta que en el informe médico de 4 de junio de 2018, se indicó que el menor de edad fue intervenido quirúrgicamente por tener una enfermedad osteoarticular, lo cual de acuerdo al art. 6.IV del DS 3462, constituye en Declaración Jurada sobre la condición o estado crítico de salud de la niña, niño y adolescente. Existe de igual manera insuficiente motivación y fundamentación, en torno a la normativa aplicable al caso concreto, ya que si bien las autoridades del Directorio de la DAF del Órgano Judicial hicieron alusión al DS 3462; sin embargo, arribaron a la conclusión de que era correcto lo expresado en la Resolución Administrativa impugnada, en relación a la falta de presentación del carnet de discapacidad, sin efectuar mayores explicaciones de los motivos y razonamientos por los que consideraron que correspondía exigir dicho requisito, establecido en el DS 28521 de 16 de diciembre de 2005 para trabajadores que tengan dependientes discapacitados; más aún si de acuerdo a lo precisado en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, dicho carnet no es exigible en el caso de niñas, niños y adolescentes que tengan una condición o estado crítico de salud. Consecuentemente, se evidencia que los procedimientos quirúrgicos y los diagnósticos efectuados al hijo de la accionante el 2016 y la posterior recidiva de la condición o estado crítico de salud de AA, fueron de conocimiento del Jefe Enlace Administrativo y Financiero a.i. del Tribunal Agroambiental, así como de las autoridades ahora demandadas, por lo que no correspondía efectuar mayores exigencias que las mencionadas en el art. 6 del DS 3462 y menos aplicar normativa que no se encontraba acorde al caso concreto; razones por las que debe concederse la tutela solicitada, por apartamiento de los principios de razonabilidad y objetividad en la valoración de la prueba y la insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones que tiene estrecha relación con la primera, tal como se indicó en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y en consecuencia se dispone dejar efecto la Resolución de Directorio DAF-019/2018, ordenando que los miembros del Directorio de la DAF del Órgano Judicial, emitan una nueva que resuelva la impugnación presentada por la peticionante de tutela, en base a los fundamentos jurídicos precedentemente desarrollados”.
Precedentes
F.J.III.5. “…esta última Resolución se apartó considerablemente de los principios de razonabilidad y objetividad a tiempo de realizar la valoración de la prueba; toda vez que, contrariamente a lo precisado en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señalaron que el informe médico 15 de mayo de 2018, no indicó que el padecimiento del menor de edad era crítico; cuando de la lectura y comprensión del art. 4 del DS 3462, se extrae que la misma norma jurídica, determinó expresamente que dicha condición o estado la tienen los niños, niñas y adolescentes que padezcan de cualquiera de los malestares enumerados en dicha disposición, no siendo por lo tanto necesario exigir que un médico o entidad de salud la catalogue previamente como tal, para luego recién proceder a verificar si le corresponde o no el goce de ciertos beneficios. En tal sentido, lo que debió valorarse del referido informe médico, era que este fue emitido por un médico del Hospital Cristo de las Américas San Juan de Dios, en el que el paciente fue intervenido quirúrgicamente en diciembre de 2016, con el diagnóstico de sinostosis radio cubital proximal y que en la actualidad dicha patología presentaba recidiva (repetición de una enfermedad) y que por cuyo motivo, el niño requería de una o varias cirugías en el futuro; asimismo, debió tomarse en cuenta que en el informe médico de 4 de junio de 2018, se indicó que el menor de edad fue intervenido quirúrgicamente por tener una enfermedad osteoarticular, lo cual de acuerdo al art. 6.IV del DS 3462, constituye en Declaración Jurada sobre la condición o estado crítico de salud de la niña, niño y adolescente.
Existe de igual manera insuficiente motivación y fundamentación, en torno a la normativa aplicable al caso concreto, ya que si bien las autoridades del Directorio de la DAF del Órgano Judicial hicieron alusión al DS 3462; sin embargo, arribaron a la conclusión de que era correcto lo expresado en la Resolución Administrativa impugnada, en relación a la falta de presentación del carnet de discapacidad, sin efectuar mayores explicaciones de los motivos y razonamientos por los que consideraron que correspondía exigir dicho requisito, establecido en el DS 28521 de 16 de diciembre de 2005 para trabajadores que tengan dependientes discapacitados; más aún si de acuerdo a lo precisado en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, dicho carnet no es exigible en el caso de niñas, niños y adolescentes que tengan una condición o estado crítico de salud.
Consecuentemente, se evidencia que los procedimientos quirúrgicos y los diagnósticos efectuados al hijo de la accionante el 2016 y la posterior recidiva de la condición o estado crítico de salud de AA, fueron de conocimiento del Jefe Enlace Administrativo y Financiero a.i. del Tribunal Agroambiental, así como de las autoridades ahora demandadas, por lo que no correspondía efectuar mayores exigencias que las mencionadas en el art. 6 del DS 3462 y menos aplicar normativa que no se encontraba acorde al caso concreto; razones por las que debe concederse la tutela solicitada, por apartamiento de los principios de razonabilidad y objetividad en la valoración de la prueba y la insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones que tiene estrecha relación con la primera, tal como se indicó en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y en consecuencia se dispone dejar efecto la Resolución de Directorio DAF-019/2018, ordenando que los miembros del Directorio de la DAF del Órgano Judicial, emitan una nueva que resuelva la impugnación presentada por la peticionante de tutela, en base a los fundamentos jurídicos precedentemente desarrollados”.
Titulacion jurisprudencial
A objeto de la inamovilidad laboral y con el fin de hacer efectiva la protección que regula el Decreto Supremo 3462, no es posible exigir una previa certificación médica que acredite el estado crítico de salud de un menor, ni certificado de discapacidad, ante existencia de cáncer infantil o adolescente, enfermedades sistémicas que requieren trasplante, enfermedades neurológicas que merecen tratamiento quirúrgico, enfermedades osteoarticulares que requieren tratamiento quirúrgico y rehabilitación, accidente grave con riesgo de muerte o secuela funcional severa y permanente.
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0830/2019-S3 Sucre, 18 de noviembre de 2019
SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional
Expediente: 27921-2019-56-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 03/2019 de 27 de febrero, cursante de fs. 274 vta. a 279 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Teresa Aracely Sánchez contra José Antonio Revilla Martínez, Presidente; Gregorio Aro Rasguido, María Cristina Díaz Sosa y María Tereza Garrón Yucra, ex y actuales miembros del Directorio; así como Roger Gonzalo Palacios Cuiza, Director General, todos de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del Órgano Judicial.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 15 de febrero de 2019, cursante de fs. 69 a 119, la accionante señaló que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
A pesar de ser funcionaria con ítem desde el 2011 y no tener ni una llamada de atención, el Director General Administrativo Financiero del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de Memorando DIR.GRAL.ADM.FIN. (PER) 321/2018 de 14 de mayo, dispuso la cesación de sus funciones sin tener facultades para ello, de acuerdo al art. 230 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); sin respetar las garantías del debido proceso y sin considerar que por la condición o estado crítico de su hijo AA, gozaba de inamovilidad laboral, conforme a los arts. 4.5 y 7 inc. d) del Decreto Supremo (DS) 3462 de 18 de enero de 2018; toda vez que, sufre una enfermedad ostearticular congénita de camptodactilia bilateral, zetoplastia y "temoplastia" en meñique izquierdo y "teroplastia" en meñique derecho, por cuyo motivo fue intervenido en enero de 2016 y luego en diciembre del mismo año por sinostosis radio cubital proximal izquierdo y que actualmente presenta recidiva de la misma con una unión (sinostosis), a raíz de lo cual necesitará varias cirugías a futuro y rehabilitación para darle solución definitiva, además que al ser una enfermedad congénita deben hacerse estudios de genética.
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