Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0831/2022-S3 Sucre, 8 de julio de 2022
SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 42903-2021-86-AAC Departamento: Beni
En revisión la Resolución 102/2021 de 2 de septiembre, cursante de fs. 87 a 93 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Daniela Suarez Saldía contra Walter Ronald Tovías Simón, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de San Borja del departamento de Beni.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 25 de agosto de 2021, cursante de fs. 21 a 28, la accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Por Memorándum GAMSB-MAE-129/2017 de 31 de agosto, fue reasignada como servidora pública dependiente del GAM de San Borja del departamento de Beni, con un sueldo mensual de Bs3 045.- (tres mil cuarenta y cinco bolivianos) en el cargo de Secretaria de la Secretaría Municipal Técnica de ese Gobierno Municipal regida por los alcances del Estatuto del Funcionario Público, cargo en el que cumplió funciones hasta el 1 de marzo de 2021, fecha en la cual de manera intempestiva fue despedida mediante Memorándum GAMSB-U.RR.HH. 06/2021 de esa misma fecha.
Conforme al certificado de nacimiento, se acredita que es madre de una menor, nacida el 27 de diciembre de 2020, contando al momento de la interposición de la acción de amparo constitucional con la edad de ocho meses, situación que fue de conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de esa entidad, por cuanto mediante nota de 10 de septiembre de 2020, hizo saber al Alcalde Suplente del GAM de San Borja, su estado de gestación y el control respectivo de su embarazo; ante lo cual solicitó la cancelación de subsidio prenatal; requerimiento que fue reiterado por notas de 28 de octubre y 24 de noviembre, ambas de 2020; y una vez que nació su hija el 27 de diciembre de 2020, la afilió al Seguro Social de Corto Plazo en la Caja Nacional de Salud (CNS), conforme al Form. AVC-06 de Aviso de Alta y Bajas de Beneficiarios, emitido el 27 de enero de 2021, en el cual en aplicación del Decreto Supremo (DS) 3546 de 1 de mayo de 2018, se autorizó la entrega de las asignaciones familiares correspondientes a los subsidios de natalidad y lactancia de enero a diciembre de 2021, los cuales fueron reclamados mediante nota de 10 de febrero de 2021.
Asimismo, por nota de esa misma fecha, solicitó vacaciones correspondientes a la gestión 2019-2020, la cual fue autorizada por la Unidad de Administración de Personal, es así que haciendo uso de su vacación el 1 de marzo de 2021, se vio sorprendida por un funcionario de Recursos Humanos (RR.HH.) de esa entidad, quien se apersonó a su domicilio para hacerle entrega de un memorándum de agradecimiento de servicios; ante lo cual, el 12 de igual mes y año, nuevamente presentó ante el GAM de San Borja, documentación sobre su inamovilidad laboral; empero, al momento de retornar a sus actividades laborales, se enteró que su ítem habría sido otorgado a otra persona y que su persona ya no sería funcionaria de esa entidad edil.
Señala que la entidad accionada incumplió con lo previsto en los arts. 2 del "DS 12" y 48.VI de la Constitución Política del Estado (CPE), normas que prevén la inamovilidad laboral y protegen los derechos laborales de los trabajadores, puesto que sufrió un despido intempestivo por parte de la entidad empleadora negándole su reincorporación a su fuente laboral, se le privó de su derecho al trabajo y a una remuneración justa, lo que atenta en todo sentido contra la alimentación, la salud y la vida de su hija menor de edad; situación que igualmente llevó a que no se le paguen sus sueldos devengados desde el mes de marzo de 2021.
Finalmente indica que, conforme a las reiteradas notas presentadas mediante las cuales solicitó que se haga efectivo el pago de las diferentes asignaciones familiares; sin embargo, hasta la fecha no fueron canceladas, pese a que se realizaba los controles prenatales conforme se evidencia del Formulario de Control Prenatal, en el cual se observa que se realizó cinco controles prenatales antes de que su hija naciera, el 27 de enero de 2021, afilió a su hija al ente gestor de salud y dicha entidad en aplicación al "...inc. d) del art. 27 de la Resolución Administrativa N° ASUSS 064-2018 de 20 de noviembre..." (sic), estableció el pago del subsidio prenatal, natalidad y lactancia conforme a las normas legales vigentes, y autorizó la entrega del subsidio de natalidad en efectivo por única vez y lactancia en especie a partir de enero de 2021 a diciembre de esa misma gestión.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
La impetrante de tutela denuncia como lesionados sus derechos al trabajo, a una justa remuneración, a la salud, a la vida de su hija menor de edad, a la inamovilidad laboral, alimentación, desarrollo integral de su hija; y, a la seguridad social; citando al efecto los arts. 15.I, 16.I, 18.I, 22, 24, 35, 45, 46, 48.VI, 58, 59.I, 60, 62 y 115.I de la CPE.
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada y se ordene:
- a)La inmediata reincorporación a su fuente laboral, con el mismo nivel salarial y cargo, debiendo hacerse el pago del sueldo correspondiente al mes de agosto por los treinta días del "presente mes", al momento de la cancelación del sueldo del mencionado mes;
- b)La cancelación de sus sueldos devengados, correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de la "presente gestión", siendo que percibía un haber mensual de Bs3 045.-, haciendo un total de Bs15 225.- (quince mil doscientos veinticinco bolivianos);
- c)El pago de subsidio prenatal de cinco meses haciendo un total de Bs10 000 (diez mil bolivianos).- y sea en efectivo por su hija menor AA;
- d)El pago de subsidio de natalidad, Bs2 000.- (dos mil bolivianos).-; y,
- e)El pago de subsidio de lactancia, de siete meses, de enero hasta julio, Bs14 000.- (catorce mil bolivianos) en efectivo; suma que asciende a un total de Bs41 225.- (cuarenta y un mil doscientos veinticinco bolivianos).
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia pública virtual el 2 de septiembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 80 a 86, en presencia de la peticionante de tutela, asistido de su abogado y la parte accionada, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
La accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó íntegramente los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional.
I.2.2. Informe de la parte accionada
Walter Ronald Tovías Simón, Alcalde del GAM de San Borja del departamento de Beni, a través de su abogado, en audiencia señaló:
- 1)Llama la atención que la impetrante de tutela haya directamente planteado la acción constitucional, sin antes haber agotado las vías como la demanda laboral; además el GAM de San Borja no ha recibido ninguna queja, puesto que la prenombrada afirma que desde el 1 de marzo de 2021 hubiera sido despedida; empero, cabe poner en conocimiento que Walter Ronald Tovías Simón -autoridad accionada- asumió el cargo el "4 de mayo";
- 2)De acuerdo a los informes emitidos por asesoría legal, se tiene que la peticionante de tutela incurrió en causales de destitución sin proceso alguno, previstos en el "artículo 57"; existe otro informe legal de septiembre de 2021 emitido por asesoría legal, que indica sobre el abandono de funciones en la que incurrió la accionante recomendándose su destitución inmediata del cargo, haciendo constar que el referido informe y la destitución se dio durante la anterior gestión y no "en la nuestra"; por lo que, dicha funcionaria incurrió en una falta; sin embargo, argumentó estar con baja médica, sin embargo la misma concluía a fines de febrero y debió reincorporarse empero no lo hizo, ni mandó ninguna nota pidiendo que no se la destituya; en ese sentido, la destitución de esa funcionaria se enmarca en la "...Ley General del Trabajo..." (sic);
- 3)La , resolvió un caso similar al presente, dicha sentencia que en revisión del amparo constitucional, revocó la tutela otorgada por el Tribunal de garantías, bajo el argumento que la inamovilidad laboral y las excepciones que presenta un funcionario público según la , reiterada por la , reconoce que si bien la inamovilidad laboral alcanza tanto al sector privado como al público, dicho derecho no es absoluto debido a que puede verse limitado por necesidad institucional que atañen al correcto funcionamiento del aparato público y el bienestar de la colectividad; por otro lado, las funciones que desempeñan los funcionarios de libre nombramiento son temporales y provisionales atendiendo que los funcionarios designados y de libre nombramiento pertenecen al ámbito de los funcionarios provisorios;
- 4)La impetrante de tutela no ha presentado mínimamente una nota dirigida a la MAE del GAM de San Borja, pidiendo que se le cancelen sus sueldos devengados ni que se la reincorpore a su fuente laboral; y,
- 5)Se reitera que el despido no fue suscitado dentro de la gestión de Walter Ronald Tovías Simón, sino en el del anterior ejecutivo, respaldado porque la funcionaria incurrió en faltas previstas en los arts. 41 inc. f) y 57 del Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-, en consecuencia debe denegarse la presente acción de defensa.
I.2.3. Resolución
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por Resolución 102/2021 de 2 de septiembre, cursante de fs. 87 a 93 vta., concedió la tutela solicitada, resolviendo:
- i)La reincorporación inmediata de la accionante, al mismo cargo que ocupaba a tiempo de ser desvinculada, en mérito a la inamovilidad laboral de la cual goza; y,
- ii)Disponer el pago de sueldos devengados desde su despido hasta su efectiva reincorporación, así como la cancelación de las asignaciones familiares correspondientes a cinco subsidios prenatales, un subsidio de natalidad y siete subsidios de lactancia por un valor de Bs2 000.-, cada uno haciendo una suma total de Bs26 000.- (veintiséis mil bolivianos) a favor de la peticionante de tutela, debiendo ser dichas compensaciones retroactivas y canceladas en dinero al no haberse otorgado de manera oportuna, ordenando a la parte accionada, haga efectivo el pago de lo señalado dentro de los quince días hábiles de su notificación con la presente Resolución; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos:
- a)Conforme los antecedentes del caso se tiene que mediante Memorándum GAMSB-MAE-129/2017, emitido por Nicolás Huallpa Méndez, entonces Alcalde Suplente del GAM de San Borja, la accionante fue reasignada como Secretaria de la Secretaría Municipal Técnica; asimismo, que mediante notas recibidas el 24 de noviembre de 2020, remitida al Alcalde municipal, la impetrante de tutela solicitó el pago de subsidio prenatal correspondiente al quinto, sexto y séptimo mes de embarazo, así como el pago de subsidio de natalidad y del primer mes de subsidio de lactancia; asimismo, se tiene el aviso de altas y bajas de beneficiarios extendido por la CNS de 27 de enero de 2021, mediante el cual se autorizó al GAM de San Borja, el pago de subsidio de natalidad correspondiente a un salario mínimo nacional en efectivo por una sola vez, y la otorgación del subsidio de lactancia en especie equivalente a un salario mínimo nacional a partir de enero a diciembre de 2021;
- b)Por Memorándum GAMSB-U.RR.HH. 06/2021, Jorge Añez Claros, entonces Alcalde del GAM de San Borja, agradeció a la peticionante de tutela sus servicios prestados en la institución, llevando a la accionante que presentara el 12 de marzo de 2021, documentación que acreditaba tener una hija menor de tres meses de nacida, indicando que gozaría de inamovilidad laboral hasta su año, exigiendo su reincorporación laboral;
- c)Posteriormente, presentó denuncia ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Beni, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, solicitando su reincorporación laboral, instancia que mediante AUTO-JDTB-PAD-020/2021 de 21 de julio, indicó que no tendría competencia para resolver la denuncia por tener elementos que deben ser valorados por la autoridad judicial;
- d)La accionante fue desvinculada el 1 de marzo de 2021, momento en el que su hija tenía tres meses de edad y por ende durante la vigencia de su derecho a la inamovilidad laboral; beneficio que alcanza hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad;
- e)Respecto a que el despido fue por supuesto abandono de trabajo, de la revisión del Memorándum GAMSB-U.-RR.HH. 06/2021, no se advierte que el motivo de la desvinculación laboral obedezca a la causal invocada por la entidad accionada dado que no se consigna ninguna justificación por la cual se proceda a su despido;
- f)En cuanto a que la impetrante de tutela no haya solicitado a la actual MAE de dicho GAM, su reincorporación por inamovilidad laboral, ello queda desvirtuado por la denuncia interpuesta en su contra ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Beni el 2 de julio de 2021, la misma que si bien no fue resuelta, se colige que la autoridad municipal tuvo conocimiento de su desvinculación;
- g)La jurisprudencia citada por la autoridad accionada, la , no es aplicable al caso de análisis, dado que el accionante en la citada Sentencia Constitucional, ostentaba el cargo de Secretario Técnico Municipal del Órgano Ejecutivo del GAM de San Borja, teniendo la calidad de funcionario de libre nombramiento al ser persona de confianza y designado mediante Decreto Edil; y en el caso la peticionante de tutela ocupa el cargo de Secretaria de la Secretaría Municipal Técnica, siendo un cargo de menor jerarquía;
- h)El pago de sueldos devengados y demás derechos laborales a favor de la accionante por el tiempo que fue suspendida hasta su efectiva reincorporación, son concedidos en razón a que la impetrante de tutela y su hija menor de un año forman parte de un grupo que merece protección reforzada y su injusta desvinculación no sólo menoscaba su derecho a la inamovilidad laboral sino que afecta sobre todo la subsistencia y salud de su familia; e,
- i)Dado el carácter netamente provisional de la otorgación de la tutela, las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral de la ahora peticionante de tutela, toda vez que, la normativa laboral establece una serie de mecanismos tanto para el empleador como para el empleado, para resolver la controversia suscitada en la dimensión señalada.
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
II. CONCLUSIONES
De la revisión de antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Memorándum GAMSB-MAE-129/2017 de 31 de agosto, a través del cual Nicolás Huallpa Méndez, entonces Alcalde Suplente del GAM de San Borja del departamento de Beni, comunicó a Daniela Suárez Saldía, -ahora accionante-, la decisión de prescindir de su persona en el cargo de Secretaria de la Secretaría de Gestión y Coordinación siendo reasignada como Secretaria de la Secretaría Municipal Técnica, designación sujeta a responsabilidad por la Función Pública al cumplimiento estricto de la Ley de Administración y Control Gubernamentales y su Reglamento, así como del DS 1233 de 16 de mayo de 2012 (fs. 3).
II.2. Consta certificado de nacimiento, que acredita el nacimiento de la menor AA, hija de la ahora impetrante de tutela, el 27 de diciembre de 2020; documento que autoriza subsidio de natalidad pago por una sola vez y lactancia en especie equivalente a un sueldo mínimo nacional a partir de enero a diciembre de 2021 (fs. 6).
II.3. Mediante nota de 10 de septiembre de 2020, la peticionante de tutela solicitó a Nicolás Huallpa Méndez, Alcalde Suplente Municipal de San Borja, el pago del quinto mes de subsidio de lactancia prenatal correspondiente al mes de septiembre de 2020 (fs. 8); el 28 de octubre del mismo año, solicitó a la misma autoridad el pago del sexto mes de subsidio de lactancia prenatal del mes de octubre de 2020 (fs. 9); el 24 de noviembre de igual año, pidió el pago de subsidio de lactancia prenatal del séptimo mes (fs. 10); el 10 de febrero de 2021, reclamó el pago de natalidad de acuerdo al DS 3546 (fs. 11); y, por nota de 10 de febrero de 2021, requirió el pago del primer mes subsidio de lactancia correspondiente al mes de enero (fs. 12).
II.4. Consta Formulario mediante el cual el Jefe de RR.HH. del GAM de San Borja, autorizó la solicitud de vacaciones de Daniela Suárez Saldía desde el 11 de febrero hasta el 26 de marzo de 2021, debiendo retornar a trabajar el 29 de igual mes y año (fs. 14).
II.5. Por Memorándum GAMSB-U.RR.HH. 06/2021 de 1 de marzo, el entonces Alcalde del GAM de San Borja en aplicación de las atribuciones conferidas por la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, el DS 26115 y las Normas de Administración y Control Gubernamentales, decidió prescindir de sus servicios en el cargo de Secretaria de la "Secretaría Técnica Municipal", agradeciendo por éstos a Daniela Suárez Saldía (fs. 15).
II.6. Mediante AUTO-JDTB-PAD-020/2021 de 21 de julio, la Jefe Departamental de Trabajo de Beni a.i., con relación a la solicitud de reincorporación laboral denunciada por la accionante, en su Artículo Único señaló que, con la finalidad de resguardar, sin afectar sus derechos laborales, "...deberá acudir a la vía jurisdiccional" (sic [fs. 18 a 20 vta.]).
II.7. Cursa Informe Legal 09/2021 de 18 de febrero, emitido por Asesoría Legal del GAM de San Borja dirigido a Jorge Añez Claros, entonces Alcalde de la misma entidad edil, con relación al abandono de trabajo de la funcionaria Daniela Suárez Saldía, señalando que dicha funcionaria se encontraba gozando de baja médica post parto hasta el 10 de febrero de 2021 y a la "fecha" no se habría presentado a su fuente laboral y tampoco presentó ninguna clase de justificativo por dichas faltas; por lo que, en base al art. 41 inc. f) del EFP, que señala que el retiro podrá producirse por abandono de funciones por un periodo de tres días hábiles consecutivos, o seis discontinuos en un mes no debidamente justificado; y debiendo reincorporarse el 10 de mismo mes y año, lo cual no habría sucedido, operó el abandono de trabajo desde la indicada fecha por más de tres días; recomendando que dicho informe sea remitido a la Unidad de RR.HH. para la emisión del respectivo memorándum de agradecimiento de servicios sin que perjudique el beneficio de lactancia del niño (fs. 74 a 75).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
La peticionante de tutela denuncia como lesionados sus derechos al trabajo, a una justa remuneración, a la salud, a la vida de su hija menor de edad, a la inamovilidad laboral, alimentación, desarrollo integral de su hija; y, a la seguridad social; manifestando que pese a que la entidad accionada tenía conocimiento que gozaba de inamovilidad laboral por ser madre de una menor de un año, le agradecieron sus servicios a momento que gozaba de su vacación, privándole de las asignaciones familiares que le correspondía, así como una subsistencia digna a través de su salario.
En consecuencia, corresponde en revisión analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
III.1. Flexibilización al principio de subsidiariedad en caso de mujeres embarazadas y/o madres de un (a) menor de un año. Jurisprudencia reiterada
Al respecto, la , sostuvo que: "En cuanto al principio de subsidiariedad y su flexibilización en lo que refiere a mujeres embarazadas y/o madres de un (a) menor de un año, la , asumiendo los entendimientos de la , señaló que: "Precisada la naturaleza jurídica de la presente garantía jurisdiccional y los principios que permiten la activación de la protección que brinda, cabe resaltar que, cuando se trate de mujeres en estado de gestación o madres trabajadoras de niños menores de un año de edad, no resulta aplicable el principio de subsidiariedad, en el entendido que no pueden anteponerse aspectos formales que hacen a esta acción frente a derechos que merecen tutela constitucional inmediata, como son el derecho a la vida y a la salud.
En ese contexto, la jurisprudencia de este Tribunal ha sido uniforme al establecer que no es necesario el agotamiento previo de los recursos ordinarios o administrativos para la protección de los derechos fundamentales conculcados por actos ilegales u omisiones indebidas, dada su naturaleza conforme se explicó"".
III.2. Con relación al Régimen de asignaciones familiares. Jurisprudencia reiterada
La Constitución Política del Estado, prevé el derecho a la seguridad social, estableciendo en su art. 45, lo siguiente:
"I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.
II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social.
III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales" (las negrillas nos corresponden).
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