Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 17 de septiembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de Amparo Constitucional
Expediente: 28687-2019-58-AAC Departamento: Santa Cruz
Partes: Delicia Orellana Zerna contra Editha Pedraza Becerra, Vocal de la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera; Jimmy López Rojas, ex Vocal de la Sala precitada y actual Vocal de la Sala Constitucional Primera; y, "...el (os) vocal(es) semanero (s) de turno que se encuentre en suplencia legal de la acefalía correspondiente a la Sala Civil Primera..." (sic), todos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada, expresa su disidencia con lo resuelto en la , que confirmó la Resolución 02/2019 de 17 de abril, pronunciada por la Jueza Pública Mixta Primera de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías y denegó la tutela solicitada.
En todo caso, considera que debió REVOCAR dicha Resolución; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada; y, disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 28 de 24 de enero de 2019 y que se emita una nueva resolución.
Parte resolutiva que debió ser sustentada sobre la base de los siguientes fundamentos:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al acceso a la justicia en sus elementos de los principios de progresividad y aplicación directa de los derechos y al debido proceso en sus vertientes de los derechos a la defensa, igualdad procesal, motivación y congruencia de las resoluciones, así como de los principios de verdad material, pro homine y pro actione; alegando que en la demanda de anulabilidad de contrato que instauró, pese a requerir en varias oportunidades se emita el decreto de "...Autos para Sentencia..." (sic), el Juez de la causa no cumplió con ello, pronunciando posteriormente Auto Definitivo que declaró de oficio la extinción del proceso por causa "...imputable a las partes..." (sic), habiéndose notificado con esta Resolución en tablero judicial, la cual no fue de su conocimiento, sino después y de manera extraoficial; por lo que, planteó incidente de nulidad que fue rechazado en apelación mediante Auto de Vista 28, decisión emitida por los Vocales codemandados sin la debida fundamentación, motivación y congruencia, fundamentando su determinación en lo establecido por el art. 82 del Código Procesal Civil (CPC) y la vigencia anticipada de ese Código; en cuanto, a las notificaciones.
En consecuencia, correspondía en revisión, verificar si tales extremos eran evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, la debió desarrollar los siguientes temas:
- a)Fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso;
- b)La aplicación del principio de favorabilidad en la determinación de la norma aplicable en etapa de transición normativa como garantía de acceso a la justicia;
- c)Inexistencia de condiciones para la extinción de oficio de la acción civil por causa no imputable a las partes, y;
- d)Análisis del caso concreto.
II.1. Fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la 1, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho.
En la , se determinan los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:
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