0833/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0833/2019-S1 Sucre, 4 de septiembre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad

Expediente: 29051-2019-59-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 19/2019 de 16 de mayo, cursante de fs. 58 a 63, pronunciada en la acción de libertad presentada por Ana María Méndez de Saucedo en representación sin mandato de Lorgio Saucedo Méndez contra Patricia Aidee Murillo Flores, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de mayo de 2019, cursante de fs. 13 a 22 y vta., el accionante a través de su representante sin mandato expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Ocurre que el 11 de mayo de 2019 personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en coordinación con personal de la Dirección Departamental de la Interpol en circunstancias en que realizaban patrullajes con la finalidad de identificar personas que cuenten en su contra Notificación y/o Búsqueda Internacional, al promediar las 17:00 intervinieron a su persona para luego de verificar a través del Sistema de Comunicación Internacional I/24-7 de la Dirección Departamental de Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), se constató que cursaba en su contra notificación roja internacional con Número de Control A-6693/6-2018 Interpol país requirente Estados Unidos, procediendo a su detención en celdas de la FELCN por razones de seguridad y solicitando a la Autoridad actualmente demandada por su detención preventiva en consideración a los riesgos procesales contenidos en los arts. 233. I-II; 234. I-II-X y 235. I-II- todos del Código de Procedimiento Penal (CPP), y sea en tanto se tramite por su extradición al referir la vigencia del Tratado de Extradición entre Bolivia y Estados Unidos.

Substanciada el 13 de mayo de 2019 la audiencia cautelar para considerar la detención preventiva con fines de extradición; la Jueza cautelar -ahora demandada- señaló que la Resolución 223/2019 de 13 del mismo mes y año ya estaba lista y que la audiencia sería para informar la existencia de dicha disposición de detención preventiva en su contra, procediendo a su notificación con la referida determinación.

Afirma que la Resolución emitida por la autoridad ahora demandada consideró el Tratado de Extradición entre Bolivia y Estados Unidos de Norteamérica de 27 de junio de 1995; sin embargo, el Ministerio Público mediante su requerimiento de solicitud de detención preventiva con fines de extradición refirió la existencia de un Convenio de Tratado de extradición entre los Estados miembros del Mercado Común del Sur "MERCOSUR" empero los Estados Unidos de Norteamérica no es parte de éste Tratado, por lo que el referido Tratado sería inaplicable a su caso.

Señala que el art. VIII del Tratado de extradición suscrito entre Bolivia y Estados Unidos de Norteamérica establece que, en caso de urgencia el Estado requirente puede solicitar la detención preventiva de la persona reclamada en tanto se tramite la solicitud de extradición; es decir, que mientras esté pendiente el trámite de extradición el cual puede ser aceptado o rechazado, se puede determinar detención preventiva, sin embargo, como prueba para justificar este hecho solo se adjuntó un papel que señala código rojo de INTERPOL; es decir, que no existe solicitud, carta, informe o cooperación vía diplomática para que se proceda a su detención preventiva con fines de extradición a los Estados Unidos de Norteamérica; consiguientemente, es claro y evidente que no existe la aplicabilidad del mencionado Tratado invocado, pues el país requirente no realizó el pedido así como tampoco se tiene adjuntando una serie de documentos necesarios e indispensables para que procedan a su extradición.

Señala que, tanto el art. 38.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), como el art. 50.3 del CPP establecen como facultad del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Penal el conocer y resolver la solicitud de extradición; por lo que, la autoridad ahora demandada usurpando y actuando sin la competencia debida ordenó la detención preventiva con fines de extradición sin la existencia de un Auto Supremo que determine la misma, peor aún incumpliendo el Tratado de Extradición entre Bolivia y los Estados Unidos de Norteamérica, dispusieron ilegalmente por su detención preventiva.

Manifiesta que, en un caso similar en el que se ordenó la detención preventiva con fines de extradición de Pedro Montenegro Paz, se cumplieron los procedimientos establecidos; por cuanto, a solicitud formulada por la Embajada de la República Federativa de Brasil se inició el trámite de la referida extradición y en la parte dispositiva del Auto Supremo emitido por Tribunal Supremo de Justicia se dispuso su detención preventiva por un plazo de sesenta días, ordenándose al Juez de Instrucción en lo Penal de Turno para que asuma conocimiento de la determinación asumida y expida el correspondiente mandamiento de detención preventiva; procedimiento que en el presente caso no se cumplió, pues no existe requerimiento formal de extradición por parte del Estado requirente ni Auto Supremo que ordene por su detención preventiva.

Finalmente, señala que la jurisprudencia constitucional estableció la existencia de subsidiariedad especial en materia penal; por lo que, si bien el Auto 223/2019 ordena la detención preventiva con fines de extradición usurpando funciones del Tribunal Supremo de Justicia y en consideración que dicho Auto no es apelable conforme establecen los arts. "251, 403 o 407" (sic) del CPP, acude a ésta instancia constitucional.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte accionante alegó la lesión de sus derechos a la libertad personal, a la libertad de locomoción y al debido proceso, citando al efecto los arts. 21 inc. 7, 22, 32. I y II y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE).