Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0833/2019-S3 Sucre, 19 de noviembre de 2019
SALA TERCERA Magistrado Relator: MSc. Paul Enrique Franco Zamora Acción de libertad
Expediente: 27543-2019-56-AL Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 26 de enero de 2019, cursante de fs. 26 a 31, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María René Aldunate Sausuri y Carlos Enrique Montaño Barral en representación sin mandato de Alberto Lazcano contra Patricia Torrico Ortega y Jesús Víctor Gonzales Milán, Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 25 de enero de 2019, cursante de fs. 2 a 5 vta., el accionante a través de sus representantes expuso lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 5 de octubre de 2018, se desarrolló la audiencia de medidas cautelares donde fue detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo de Cochabamba, por la presunta comisión del delito de robo agravado, previsto en el art. 332 del Código Penal (CP) y con la concurrencia de los arts. 233.1 y 2; 234.1, 2, 4, 7, 8 y 10; y, 235 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); posteriormente, en la audiencia de cesación de la detención preventiva de 27 de noviembre del mismo año, quedaron latentes los peligros procesales contenidos en los arts. 234.1, 2, 4, 7 y 8; y 235. 2 del Código Adjetivo Penal, situación replicada en acto de similar naturaleza de 9 de enero de 2019, que fue apelada incidentalmente.
El 24 de igual mes y año, se llevó a cabo la audiencia de consideración de la apelación contra el Auto Interlocutorio de 9 de ese mes y año, donde pese a toda la fundamentación con jurisprudencia constitucional y pidiendo aplicación del principio de favorabilidad, se fundamentó la falta de acreditación de la licencia de funcionamiento vigente del radio taxi "Express América" presentada en fotocopias simples a color, pero no valorada por no ser original y bajo la mención de la -sin precisar la fecha-, del mismo modo sustentó el Tribunal de segunda instancia, que el delito investigado es doloso y existe antecedentes procesales vigentes sobre el mismo; por ende, se desvirtuó solo el presupuesto del art. 234.4 de la norma procesal penal citada, lo que constituiría falta de valoración razonable y favorable de la prueba aportada en corroboración a los fundamentos del recurso de alzada interpuesto, como el informe del Juzgado de Ejecución Penal Segundo -no señala ubicación- respecto del cumplimiento de las medidas y obligaciones impuestas, y una resolución de extinción de la acción penal adjuntadas, actuando "EXTRA PETITA" cuando se tomó en cuenta antecedentes policiales cancelados que no fueron motivo de análisis en el contenido de agravios de la apelación incidental, siendo la base para sostener la influencia negativa en las personas, afirmación atentatoria al principio de certeza y al debido proceso.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
El accionante a través de sus representantes denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración probatoria; y, a los principios de favorabilidad, razonabilidad, certeza e in dubio pro reo; sin citar norma constitucional alguna.
I.1.3. Petitorio
Solicitó se le conceda la tutela impetrada:
- a)"Revocando" -quiso decir dejar sin efecto- el Auto de Vista de 24 de enero de 2019; y,
- b)Disponiendo la emisión de uno nuevo debidamente fundamentado y motivado, bajo los principios de valoración exacta y favorable de la prueba.
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