0833/2022-S3

Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se ordene:

1. a)La cancelación de las asignaciones familiares retroactivas de subsidios adeudados, siendo un total de "...11 subsidios (5 pre-natal, 1 nacido vivo y 5 lactancias..." (sic) en la suma total de Bs22 000.-; y, b) La imposición de costas procesales, honorarios profesionales, daños y perjuicios por la falta de entrega oportuna de sus derechos, sea en el plazo de tres días.

José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, por informe escrito, cursante de fs. 60 a 62 y ampliando en audiencia, mediante sus representantes legales solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que:

1. 1)La impetrante de tutela en su acción tutelar reconoce que su relación laboral es con el SEDES Beni y posteriormente, de forma equivocada establece que su dependencia es del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, interpretación errada; pues, el SEDES desarrolla sus actividades en el marco del ordenamiento legal que rige el Sistema Nacional de Salud, la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-, Ley "1654" de Descentralización Administrativa -abrogada-, Ley "1551" de Participación Popular -abrogada- y sus reglamentos;
2. 2)El Decreto Supremo (DS) 25233 de 27 de noviembre de 1998 en su art. 25 establece: "Las remuneraciones del personal del SEDES son cubiertas con recursos del presupuesto del Ministerio de Salud y Previsión Social, programado en las partidas presupuestarias de dicho Ministerio en el presupuesto general de la Nación para cada gestión fiscal; las que serán transferidas a las Partidas Presupuestarias de la Administración Departamental", haciendo referencia el art. 31 del mismo cuerpo normativo, a su independencia administrativa de gestión técnica y administrativa y la tuición administrativa y financiera; y el art. 33 prevé la gestión de recursos humanos;
3. 3)No existe dependencia laboral de la peticionante de tutela con el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, tampoco dependencia funcional ni administrativa del SEDES Beni con dicha institución pública;
4. 4)De conformidad al art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo) en cuanto a la capacidad de asumir la responsabilidad para restituir los derechos y garantías vulneradas en caso de concederse la tutela en la vía constitucional, así como la jurisprudencia constitucional respecto a la legitimación pasiva, no existe coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó la lesión a derechos invocada y contra quien se dirigió la acción tutelar; es decir, se encuentra mal dirigida la acción incoada, debiendo encaminarla contra el Director Técnico de SEDES; y,
5. 5)El SEDES es una institución desconcentrada del Gobierno Autónomo Departamental al igual que lo son otras instancias, como el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), el Servicio Departamental de Deportes (SEDEDE), entre otros, que fueron creados mediante ley nacional, estando encargada la Gobernación únicamente de la distribución de los recursos que son destinados mediante las carteras de Estado como son los Ministerios.

Juan Carlos Sakamoto Paz, Director Técnico del SEDES Beni, en audiencia a través de su abogado señaló que:

1. i)Es cierto y evidente que adeudan los subsidios que requiere la accionante mediante este mecanismo de defensa, por lo que solicitan el plazo de veinte días para proceder a su cancelación, esto debido a que la institución pidió al Gobierno Autónomo Departamental de Beni la modificación presupuestaria para contar con los recursos correspondientes y cumplir con dicha obligación; y,
2. ii)El SEDES es una entidad desconcentrada de la Gobernación de Beni y toda modificación presupuestaria intra institucional que realice el Servicio aludido, lo debe poner a conocimiento y consideración de la institución departamental.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 099/2021 de 6 de septiembre, cursante de fs. 65 a 71, concedió la tutela impetrada, ordenando a las autoridades accionadas cancelar a la impetrante de tutela, en dinero y no en especie, cinco subsidios prenatales, cinco de lactancia y el subsidio de natalidad, todos autorizados por la Caja de Salud "CORDES" y al estar devengados a la fecha de interposición de la presente acción de defensa, sea en el plazo de veinte días hábiles, en el entendido de que se deben realizar los trámites administrativos correspondientes para su pago monetario, determinación asumida en base a los siguientes fundamentos:

1. a)Al estar involucrado los derechos de un menor de un año, mismo que goza de una protección especial y prioritaria por encontrarse dentro de un grupo catalogado como vulnerable, se ingresa al análisis de fondo prescindiendo del agotamiento de instancias ordinarias administrativas previas, siendo aplicable al caso la excepción al principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional;
2. b)De la revisión de antecedentes se evidencia que la peticionante de tutela ingresó a trabajar el 1 de abril de 2020 al SEDES Beni en el cargo de Técnico de Control Vectorial del Programa Dengue-Chikunguña-Zika de la Unidad Epidemiológica, dependiente del SEDES Beni , y durante la vigencia de su relación laboral nació su hijo menor AA, correspondiéndole los subsidios familiares autorizados por el ente gestor de salud;
3. c)El derecho a la seguridad social se encuentra establecido en el art. 45.III y 48.I, III y IV de la CPE; por su parte la Resolución Ministerial (RM) 1676 de 22 de noviembre de 2011 aprueba el Reglamento de Asignaciones Familiares, describe y conceptualiza las asignaciones familiares y regula este beneficio en todo el territorio nacional; asimismo el art. 111 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, también hace referencia a este beneficio;
4. d)La SCP 0343/2018-S4 de 17 de julio, sostuvo que el Estado Plurinacional de Bolivia al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño el 14 de mayo de 1990 mediante "Ley 1152", reconoció a los menores como sujetos de derechos, bajo la premisa del respeto por el "interés superior del niño", constituyéndose en la esencia reguladora de la normativa a desarrollarse en torno a los derechos de la niñez y adolescencia, traduciéndose en la responsabilidad de protegerlos a través de una efectiva tutela legal y judicial y la obligación del Estado de garantizar su preeminencia y prioridad en el ámbito familiar, social e institucional en procura de fortalecer su desarrollo;
5. e)Por todo lo expuesto, a fin de precautelar los derechos del menor AA y garantizarle el acceso a la seguridad social y a un desarrollo integral traducido en el resguardo de su vida emergente del derecho a recibir de manera oportuna los subsidios prenatal, natalidad y lactancia, reclamados oportunamente y al haberse evidenciado que se encuentran devengados hasta la fecha de presentación de este mecanismo constitucional, situación que ha sido reconocida por parte del SEDES Beni, corresponde su tutela;
6. f)Finalmente, respecto a la falta de legitimación pasiva alegada por los representantes del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, el SEDES al ser una unidad dependiente directamente de la Gobernación, cuyo Director Técnico es designado directamente por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Gobernación y que los recursos económicos que percibe la entidad para la ejecución de todos los proyectos en salud son invertidos a nombre del Gobierno Autónomo Departamental, se concluye que dicha autoridad tiene legitimidad para ser demandada, debiendo proceder al pago de los subsidios en favor de la accionante y su hijo menor AA; y,
7. g)Consiguientemente, al ser el ente gestor de salud quien autorizó la entrega de los subsidios reclamados, corresponde ordenar que la parte accionada proceda con el pago en dinero de las asignaciones familiares devengadas en aplicación y observancia de la SCP 0894/2018-S3 de 31 de octubre.

II.4. Por notas dirigidas al Director del SEDES Beni, la impetrante de tutela, solicitó el pago de subsidios prenatales:

1. 1)El 14 de diciembre de 2020, adjuntando certificado de atención prenatal por la gestora de salud el 27 de noviembre de ese año, correspondiente al sexto mes de gestación (fs. 30 y 31);
2. 2)El 16 de diciembre de 2020, acompañando certificado de atención prenatal por la gestora de salud en igual data, correspondiente al séptimo mes de gestación (fs. 26 y 27);
3. 3)El 25 de enero de 2021, adjunta certificado de atención prenatal por la gestora de salud en igual data, correspondiente al octavo mes de gestación (fs. 22 y 23); y,
4. 4)El 3 de febrero de 2021, incluyendo certificado de atención prenatal por la gestora de salud en igual data, respecto al noveno mes de gestación (fs. 17 y 18).

"a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaría, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2 000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad;

1. b)Subsidio de Natalidad, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS);
2. c)Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida" (el resaltado es nuestro).

De igual manera, la SCP 0367/2015-S3 de 10 de abril, siguiendo la línea jurisprudencial asumida en la SCP 0134/2014 de 10 de enero², sostuvo que: "El art. 45.II de la CPE, establece: 'La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social´; es decir, que el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud y a la seguridad social, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y bienestar común. Así, cabe recordar que la seguridad social, no sólo comprende el acceso a la salud, sino también, cuando se trate de mujeres embarazadas y/o madres o progenitores de niños (a) menores de un año, el derecho a recibir las prestaciones que por derecho les corresponde. Al respecto la SCP 1906/2012 de 12 de octubre, citó el contenido de la SC 1532/2011-R de 11 de octubre, reiterando el pronunciamiento de esta jurisdicción, indicó:´Respecto al régimen de asignaciones familiares en contingencia de maternidad, la SC 0030/2002 de 2 de abril, precisó lo que sigue: '...el sistema de Seguridad Social, es reformado estructuralmente por Ley 924 de 15 de abril de 1987, que regula la administración de los regímenes del Sistema de Seguridad Social y establece en su art. 4 que el Poder Ejecutivo reglamentará y regulará su ejecución. Así se pronunció el DS 21637 de 25 de junio de 1987, que en su art. 25, reconoce las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que (serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado), que -entre otras- son:

1. a)El Subsidio PRENATAL, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos meses;
2. b)El Subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo un pago mínimo nacional; y,
3. c)el Subsidio de LACTANCIA, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida'.