Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0833/2026-S3 Sucre, 18 de mayo de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 78634-2025-158-AL Departamento: Santa Cruz
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
En revisión la Resolución 53/25 de 1 de noviembre de 2025, cursante de fs. 122 a 131 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ariel Salazar Céspedes en representación sin mandato de Sebastián Delius Vaca Diez contra José Ernesto Aponte Ribera, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental del Justicia de Santa Cruz.
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 31 de octubre de 2025, cursante a fs. 1 y 106 a 112 vta., el accionante, a través de su representante, manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante, corrupción de niña, niño o adolescente y corrupción agravada, fue imputado formalmente el 13 de septiembre de 2023 y, posteriormente, acusado mediante requerimiento conclusivo de 1 de abril de 2024.
Asimismo, a raíz de su "ausencia" en el país, el Ministerio Público solicitó su extradición, siendo detenido en España el 6 de agosto de 2024 y entregado a las autoridades bolivianas el 2 de abril de 2025.
Puesto a disposición de la jurisdicción nacional, el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio 50/2025 de 3 de abril, dispuso su detención preventiva al considerar concurrentes diversos riesgos procesales previstos en los arts. 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal (CPP), interpuesto el recurso de apelación incidental, la Sala Penal Primera del del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, emitió el Auto de Vista 244 de 16 de mayo, por el que se desvirtuó parcialmente algunos riesgos procesales, manteniendo subsistentes los previstos en los arts. 234.4 y 7, y 235.2 y 5 del citado código.
Posteriormente, solicitó la cesación de la detención preventiva al amparo del art. 239.1 del CPP, alegando la concurrencia de nuevos elementos que demostraban la inexistencia de los riesgos procesales que sustentaban la medida cautelar; sin embargo, mediante Auto Interlocutorio 106/2025 de 8 de agosto, el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del citado departamento rechazó su solicitud; decisión contra la cual, interpuso recurso de apelación incidental, denunciando, entre otros aspectos, la falta de valoración integral de la prueba aportada, la indebida subsistencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.4 y 7, y 235.2 y 5 del CPP, así como la omisión de considerar circunstancias que demostraban el sometimiento al proceso y la inexistencia de peligro de fuga u obstaculización.
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 685 de 12 de septiembre de 2025, declaró improcedente la apelación formulada por su defensa y confirmó la resolución impugnada, manteniendo vigentes los riesgos procesales antes referidos; alegando que la autoridad ahora demandada, se limitó a sostener que la documentación presentada por la defensa resultaba idónea pero insuficiente para desvirtuar dichos riesgos, sin efectuar una valoración integral de los nuevos elementos aportados ni explicar de manera suficiente las razones por las cuales correspondía mantener la medida extrema de detención preventiva.
En mérito a ello, el Vocal demandado, emitió una resolución carente de fundamentación, motivación y congruencia, manteniendo indebidamente su detención preventiva sin efectuar un análisis de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida cautelar, circunstancia que habría lesionado sus derechos al debido proceso y a la libertad personal; por tal motivo, solicitó se conceda la tutela impetrada, se deje sin efecto el Auto de Vista 685 de 12 de septiembre de 2025 y se disponga la restitución de sus derechos fundamentales.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la lesión del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria, así como su derecho a la libertad; citando al efecto, los arts. 23 y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE); art. 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, art. 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga:
- a)La anulación del Auto de Vista 685 de 12 de septiembre de 2025; y,
- b)La emisión inmediata del mandamiento de libertad a su favor, para el restablecimiento de sus derechos fundamentales.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
Celebrada la audiencia virtual el 1 de noviembre de 2025, según consta en acta cursante de fs. 116 a 121 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante, a través de su representante, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola manifestó que:
- 1)El Vocal demandado emitió una resolución carente de motivación, fundamentación y valoración integral de la prueba, limitándose a afirmar que la documentación presentada por la defensa era "idónea pero insuficiente", sin explicar las razones por las cuales, los nuevos elementos aportados no resultaban aptos para desvirtuar los riesgos procesales que sustentaban la detención preventiva;
- 2)La autoridad demandada omitió valorar adecuadamente la documentación presentada para demostrar la inexistencia del riesgo de influencia sobre la víctima, la ausencia de antecedentes penales, la purga de la rebeldía, el sometimiento al proceso, la inexistencia de publicaciones activas en redes sociales y otros elementos que, a criterio de la defensa, modificaban sustancialmente las circunstancias que dieron lugar a la imposición de la medida cautelar;
- 3)El Auto de Vista impugnado, mantuvo vigentes los riesgos procesales previstos en los arts. 234.4 y 7, 235.2 y 5 del CPP mediante afirmaciones genéricas, sin desarrollar de manera concreta las razones por las cuales éstos continuarían subsistiendo, ni efectuar un examen de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad respecto a la continuidad de la detención preventiva;
- 4)La autoridad demandada impuso al accionante, cargas probatorias de imposible cumplimiento, particularmente respecto a la acreditación de la eliminación definitiva de contenidos difundidos en redes sociales por terceros, aspecto que fue utilizado para sostener la persistencia del riesgo de obstaculización; y,
- 5)Permaneció privado de libertad por un periodo superior al inicialmente requerido por el Ministerio Público, sumando el tiempo de detención en España, sin que el demandado hubiera justificado adecuadamente la necesidad de mantener la medida extrema, ni valorar la posibilidad de aplicar medidas cautelares menos gravosas, como la detención domiciliaria solicitada por la defensa.
I.2.2. Informe de la parte demandada
José Ernesto Aponte Ribera, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe presentado en audiencia, señaló lo siguiente:
- i)El Tribunal de alzada resolvió el recurso de apelación, conforme lo previsto por el art. 398 del CPP; y,
- ii)Revisados los aspectos cuestionados, se evidenció en primera instancia, que la terminología usada por el tribunal de primera instancia no fue idónea, en cuanto señaló la enervación parcial de los riesgos procesales; pues, de la revisión integral de los antecedentes procesales, se advirtió que los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.4 y 7, y 235.2 y 5 del CPP no fueron desvirtuados, por cuanto se mantuvo vigente la detención preventiva impuesta al acusado.
I.2.3. Resolución
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