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TCP

0835/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
19 de mayo de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0835/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0835/2026-S3 Sucre, 19 de mayo de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 57329-2023-115-AAC Departamento: Pando

En revisión la Resolución 49/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 130 a 133, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Abdón Gregorio Mujica Zeballos contra Lucio René Jiménez Vargas, Presidente a.i.; Miguel Pablo Hidalgo Chávez y Román Paco Rafael, Vocales Suplentes; Víctor Chura Patzi, Vocal Permanente; y, Oscar Raúl Choque Ramírez, Secretario, todos del Tribunal Superior Permanente de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 27 de junio y 3 de julio de 2023, cursantes de fs. 44 a 51 y 54 a 57, el accionante a través de su representante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción Se inició investigación en su contra, por la presunta infracción establecida en el art. 12 en sus numerales 19 (Consumir bebidas alcohólicas o sustancias controladas, durante el cumplimiento de funciones) y 34 (Desobedecer e incumplir resoluciones administrativas emitidas por el Comando General) de la Ley 101 de 4 de abril de 2011 -Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB)-, ambas conductas tipificadas como faltas graves; presentándose la acusación el 20 de julio de 2020, bajo el antecedente de que su persona, junto a Marco Antonio Mamani Rodríguez, el 16 de julio de ese año, a las 3:30 de la madrugada, hubieran sido sorprendidos, en el interior del dormitorio del Módulo Integral Policial "27 de Mayo", con aliento alcohólico y en aparente estado de ebriedad, circunstancia en la que ambos se encontraban prestando servicio y con uniforme policial, circunstancia en la que Marco Antonio Mamani Rodríguez se dio a la fuga, desconociendo su paradero. Refirió que se sometió a la prueba de alcohotest, prueba que arrojó un resultado de 1.5 grados de alcohol, negándose su persona a suscribir el acta respectiva; toda vez que, no se encontraba asistido por su abogado y carecía de seguridad respecto de la fiabilidad de dicha prueba. Posteriormente, mediante Resolución Administrativa (RA) 009/2020 de 2 de septiembre, fue sancionado con el retiro temporal por tres meses de la Institución Policial, sin goce de haberes y con pérdida de antigüedad, basándose únicamente en el resultado del alcohotest. Al considerar que dicha Resolución vulneraba sus derechos fundamentales, interpuso recurso de apelación; el cual, fue resuelto por las autoridades ahora demandadas mediante Resolución 267/2022 de 27 de septiembre, que confirmó la resolución apelada. Sin embargo, sostuvo que la Resolución 267/2022 carece de motivación y fundamentación, por cuanto contenía una interpretación errónea del art. 12.19 de la LRDPB; toda vez que, para determinar que se encontraba en estado de ebriedad, debieron fundamentarse en una prueba científica y no en una simple prueba de campo como resulta ser el alcohotest. Asimismo, observó la incorrecta valoración de la prueba, alegando que fue sancionado con base en un elemento probatorio arbitrario y carente de asidero legal, señalando que no correspondía aplicar el art. 14 del Decreto Supremo 0420, citando al efecto la , que determinó, en su criterio que tal prueba solo es aplicable para conductores en servicio de transporte público; puesto que, debieron extraerle una muestra sanguínea para someterla a un estudio de laboratorio. Finalmente, sostuvo que se ha vulnerado su derecho fundamental al trabajo por la confirmación de la Resolución sancionatoria; ya que, él es el único sostén de su familia, teniendo tres hijos menores de edad a su cargo; razón por la cual, solicitó la revocatoria de la Resolución 267/2022, y la nulidad hasta el vicio más antiguo, que sería el pliego acusatorio. I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes a la fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba; y, derecho al trabajo, citando al efecto los arts. 46.II, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo revocar la Resolución 267/2022, y se anule el proceso hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el pliego acusatorio.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 27 de julio de 2023, según consta en acta cursante a fs. 125 a 129 vta., se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción El accionante a través de su abogado, reiteró el contenido íntegro de su acción de amparo constitucional y ampliando, manifestó que:

  1. a)Según los antecedentes del proceso disciplinario, el "20 de junio de 2020", el impetrante de tutela habría sido sorprendido supuestamente en estado de ebriedad, mientras cumplía funciones policiales en el Retén Policial "27 de Mayo" y que de los dos policías procesados en ese hecho, el otro se dio a la fuga, mientras que su persona permaneció para asumir defensa y demostrar su inocencia, momento en el cual el Fiscal Policial practicó actos investigativos, entre ellos la prueba de alcohotest, realizada en oficinas de tránsito;
  2. b)Prueba que fue objetada en primera instancia por dos motivos:
  3. 1)Se practicó sin la presencia de su abogado; y,
  4. 2)Fue obligado a que se realice la misma sin su consentimiento; y, que a pesar de tales irregularidades, accedió a la prueba, cuyo resultado arrojó 1.5 grados de alcohol en sangre, siendo ésta la base para la imputación fiscal y posterior proceso disciplinario;
  5. c)Durante el proceso disciplinario, la defensa observó que la mencionada prueba no cumplía con los requisitos exigidos por la norma; puesto que, existía un error en el acta, donde se señalaba que se trataba de una prueba de sangre, cuando en realidad sólo se había practicado un alcohotest, evidenciándose que el Tribunal no valoró este error de fondo y lo consideró una mera formalidad, dando por válida una prueba contaminada;
  6. d)El Tribunal disciplinario, al emitir resolución en primera instancia, sustentó su fallo únicamente en la prueba de alcohotest y en una supuesta prueba de campo, sin realizar valoración objetiva de los elementos de descargo ofrecidos por la defensa; tal es así que, la prueba de alcohotest resultaba insuficiente para determinar un estado de ebriedad; ya que, la norma exigía una prueba científica de sangre; la cual, no fue practicada;
  7. e)No existió motivación ni fundamentación respecto a la conducta atribuida, limitándose el Tribunal disciplinario a considerar patrones de observación subjetivos, tales como dilatación pupilar, coordinación motora o articulación de palabras, sin establecer certeza sobre el supuesto estado de ebriedad y que a pesar de esas deficiencias, el Tribunal de primera instancia emitió la RA 009/2020, sancionándole con retiro temporal por tres meses;
  8. f)Ante dicha Resolución interpuso recurso de apelación, observando que carecía de motivación adecuada y que la prueba de alcohotest no constituía medio probatorio idóneo para acreditar consumo de bebidas alcohólicas en el ejercicio de funciones policiales; sin embargo, el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, mediante Resolución 267/2022, confirmó la Resolución apelada, bajo el argumento de que la prueba de alcohotest tenía validez, desestimando la observación relativa a la falta de idoneidad de dicho medio probatorio;
  9. g)En el recurso de apelación se presentó como prueba el Informe del "SEDES 763/2020"; el cual, establecía que el alcohotest no era idóneo para determinar niveles de alcohol en sangre en este tipo de procesos disciplinarios; sin embargo, el Tribunal Superior omitió su valoración;
  10. h)El Tribunal Superior, para fundamentar su decisión, invocó únicamente dos principios generales:
  11. i)La ética como cualidad moral que debía regir el comportamiento de los funcionarios policiales; y, ii) La disciplina como principio rector del servicio policial; e,
  12. i)Conforme al Decreto Supremo 0420, las pruebas de alcoholemia tienen aplicación únicamente en casos de control de conductores de transporte público terrestre, interprovincial o departamental, y no resultaban aplicables a funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones, lo que implica que la prueba en la que se basaron para poder sancionarle es ilegal. I.2.2. Informe de la parte demandada

Lucio René Jiménez Vargas, Presidente a.i.; Miguel Pablo Hidalgo Chávez y Román Paco Rafael, Vocales Suplentes; Víctor Chura Patzi, Vocal Permanente; y, Oscar Raúl Choque Ramírez, Secretario, todos del Tribunal Superior Permanente de la Policía Boliviana, no presentaron informe escrito alguno ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante de fs. 110 a 111.

I.2.3. Resolución La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, por Resolución 49/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 130 a 133, concedió en parte la tutela impetrada, respecto al derecho al debido proceso, disponiendo dejar sin efecto la Resolución 267/2022, y que las autoridades hoy demandadas emitan una nueva resolución; denegar la tutela solicitada respecto al derecho al trabajo y la pretensión de dejar sin efecto el proceso hasta el vicio más antiguo; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos:

  1. a)Sobre la fundamentación y motivación, la Resolución 267/2022, no otorgó respuesta específica a los agravios planteados, limitándose a señalar que la RA 009/2020, estaba motivada y fundamentada, haciendo mención a los hechos probados, admitiendo como prueba todos los elementos lícitos aportados por el Fiscal Policial; sin embargo, no refieren cuales son los hechos probados y sobre la prueba de alcohotest la Resolución hoy cuestionada es vacía y aplican normativa que no corresponde al presente caso como es el art. 2 de la Ley 259 de 11 de julio de 2012 -Ley de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas- y su Decreto Reglamentario DS 1347 de 10 de diciembre de 2012, cuando el accionante ha cuestionado la legalidad de dicha prueba; debido a que, no dio su consentimiento para la obtención de dicha prueba y no firmó el acta al no encontrarse presente su abogado; empero, las autoridades hoy demandadas no realizaron argumentación alguna, por lo que no existe motivación y fundamentación en la Resolución hoy cuestionada, lesionándose el derecho al debido proceso;
  2. b)Sobre la valoración probatoria, se estableció que dicha materia corresponde a la jurisdicción administrativa o jurisdiccional y no a la vía constitucional, salvo supuestos excepcionales no acreditados en el caso;
  3. c)Con relación al derecho al trabajo, se concluyó que no existió vulneración, en tanto la sanción fue consecuencia de un proceso disciplinario, en la que el impetrante de tutela contó con posibilidad de defenderse; y,
  4. d)Respecto a la nulidad solicitada, se precisó que la acción de amparo constitucional no constituye un recurso de nulidad, debiendo agotarse previamente la vía administrativa correspondiente. I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto de 12 de agosto de 2025, cursante a fs. 139, se dispuso la suspensión del plazo a objeto de recabar documentación complementaria, y por decreto de 17 de octubre de igual año, cursante a fs. 168 se conmina la remisión de la mencionada documentación y dispone mantener la suspensión del plazo hasta que la documentación sea recibida; habiéndose obtenido la misma, se reanudó el cómputo del plazo a partir de la notificación con el Decreto Constitucional de 15 de mayo de 2026, (fs. 193); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Dentro el proceso disciplinario seguido por Hernán Freddy Chipana Nina, Fiscal Policial contra Abdón Gregorio Mujica Zeballos -ahora accionante- y otro, por la presunta transgresión del art. 12 numerales 19 y 34 de la LRDPB, cursa la RA 009/2020 de 2 de septiembre, emitida por el Tribunal Disciplinario Departamental de Pando de la Policía Boliviana, que pronunció Resolución sancionatoria contra Abdón Gregorio Mujica Zeballos, disponiendo su retiro temporal con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes, por tres meses, por la transgresión del art. 12.19 que establece "Consumir bebidas alcohólicas o sustancias controladas, durante el cumplimiento de funciones " de la LRDPB (fs. 2 a 25).

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