0836/2019-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0836/2019-S4 Sucre, 2 de octubre de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional

Expediente: 28946-2019-58-AAC Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 46/2019 de 22 de abril, de fs. 264 a 270 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edgar Rafael Bazán Ortega, contra Oswaldo Freddy Olivera Paricollo, Presidente del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de marzo de 2019, cursante de fs. 87 a 98, y el de subsanación de fs. 101 a 102 vta., el accionante expresó los siguientes aspectos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A raíz de la nota GDO/L-711/2018 de 13 de junio, remitida por la Gerencia Departamental de Oruro de la Contraloría General del Estado (CGE), fue sometido a proceso administrativo interno por la Comisión de Ética del Concejo Municipal de Oruro, mediante Resolución de Apertura de Proceso Administrativo Interno PAI/SOM.ÉTICA/CMO/001/2018 de 17 de julio, emitida para determinar la existencia de responsabilidad administrativa en su contra, por no haber registrado ni remitido a la CGE, los contratos suscritos durante la gestión 2016 hasta esa fecha, presumiéndose la contravención de los arts. 232 y 235 incs. 1, 2 y 4 de la CPE, 8 incs. a) y b) del Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-, 27 inc. d) de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-, 23.I del Reglamento de Registro y Reporte de Contratos aprobado por Resolución CGE/115/2013 de 16 de octubre y 22.I del mismo Reglamento, aprobado mediante Resolución CGE/027/2017.

El señalado proceso concluyó con la Resolución Final de Proceso Administrativo Interno PAI-COM.ÉTICA/CMO 001/2018, que declaró la existencia de responsabilidad administrativa en su contra, por la contravención de la normativa citada, imponiéndole la sanción de multa del 20% de su remuneración mensual; así mismo, la remisión de copia legalizada de lo actuado a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, al haberse detectado la existencia de indicios de responsabilidad penal.

Refirió que su procesamiento fue erróneo debido a que correspondía que la Comisión de Ética, al recibir la nota GDO/L-711/2018, remitida por la CGE, representara tal comunicación debido a que no se analizó que por el cargo que desempeñaba, que era de Alcalde Municipal, correspondía que se determine su responsabilidad ejecutiva cumpliendo el procedimiento especial indicado por la norma pertinente.

Por otra parte y teniendo en cuenta que los procesos administrativos internos se sujetan a principios cuyo incumplimiento implica la vulneración de la seguridad jurídica, la Resolución de Recurso de Revocatoria en Proceso Administrativo Interno PAI-COM.ÉTICA/CMO 002/2018 de 9 de agosto, en su parte final, no contiene los parámetros exigidos por el art. 24 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado por Decreto Supremo (DS) 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública de 3 de noviembre de 1992, vigente con las modificaciones introducidas por el DS 26237, porque no tiene ningún pronunciamiento respecto a haberse ratificado la Resolución sancionatoria, generando inclusive una duda respecto a la validez y eficacia jurídica administrativa sancionatoria que vulnera el debido proceso en su vertiente seguridad jurídica, legalidad y taxatividad, demostrándose que no tuvo un proceso justo.