0837/2022-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0837/2022-S3 Sucre, 18 de julio de 2022

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 42945-2021-86-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 169/2021 de 19 de agosto, cursante de fs. 383 a 388, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Israel Marcelo Cruz Maldonado contra Jorge Adalberto Quino Espejo y Eddy Arequipa Cubillas, Vocales de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de julio de 2021, cursante de fs. 359 a 366, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso ejecutivo instaurado en su contra a instancia de Zenaida Veizaga Cornejo -ahora tercera interesada- interpuso incidente de nulidad de obrados por existir error en la diligencia de citación practicada el 21 de noviembre de 2018 respecto a la Sentencia inicial 652/2018 de 31 de octubre, cuando a esa fecha su persona se encontraba viviendo en la calle Alfredo Ascarrunz 2638 de la zona Sopocachi, adjuntando como prueba el documento privado de 30 de enero de 2014, el Número de Identificación Tributaria (NIT) 6542903015 correspondiente a sus actividades, el Certificado de nacimiento de su hija, Certificado emitido por el Director General de la Unidad Educativa del Ejército "La Paz" que en su parte principal señala que su hija es estudiante regular de la mencionada Unidad, inscrita el 2018 cuya ficha de kardex señala como domicilio la referida calle Alfredo Ascarrunz pasaje final 2638 de la zona Sopocachi; es decir, que a comienzos de año mediante declaración jurada para la inscripción escolar de su hija, su persona presentó estos datos para que se informe sobre cualquier contingencia que pudiera acontecer, señalando al efecto su domicilio actual, documentación pertinente para respaldar la ilegalidad de la notificación practicada en otro domicilio distinto al que habitaba y con lo cual se generó indefensión por cuanto la notificación practicada no cumplió su finalidad.

Planteamiento ante el cual se emitió el Auto interlocutorio 431/2019 de 9 de julio, por el que el Juez de origen advertido de los vicios cometidos en todo el proceso y buscando remediar esta injusticia, declaró probado el incidente disponiendo la nulidad de obrados.

Dicha determinación fue recurrida por la demandante, cuyo planteamiento respondió por memorial de 16 de septiembre de 2019, haciendo notar que los informes del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y del Servicio de Registro Cívico (SERECI) no se encontraban actualizados por cuanto el primero consignaba un tiempo de validez de treinta días a partir del 7 de junio de 2017 y el segundo contaba con información del Padrón hasta el 6 de octubre de 2017 aclarando que su persona no se encontraba reportada en la base de datos del Padrón Biométrico; al margen de ello, en su memorial de respuesta al recurso de apelación hizo notar la existencia de graves irregularidades que contenía el Título Ejecutivo y su procesamiento, aspectos que no pudo denunciar; toda vez que, desconocía del proceso entablado en su contra, pero que, no obstante, dichos actuados contradictorios al ordenamiento legal de ninguna forma podrían ser convalidados al nacer nulos a la vida jurídica.

Frente a ello, se emitió el Auto de Vista A-234/2020 de 20 de agosto; mediante el cual las autoridades ahora accionadas anularon la resolución impugnada ordenando a la autoridad jurisdiccional regularizar el procedimiento, habiendo concluido que en su caso no se habrían vulnerado los derechos a la defensa ni al debido proceso, máxime cuando supuestamente no se demostraría con otro documento que en esa fecha su persona estuviese viviendo en otro domicilio.

En ese marco refirió que, el señalado Auto de Vista contiene una motivación insuficiente al no justificar las razones por las cuales omitió pronunciarse respecto a su memorial de respuesta al recurso de apelación interpuesto en el que presentó como prueba idónea el Certificado emitido por el Director General de la Unidad Educativa del Ejército "La Paz" donde certificó que su hija fue inscrita la gestión 2018 y que cuyo Kardex registra como domicilio la calle Alfredo Ascarrunz 2638, aspecto que no fue considerado; tampoco se tomó en cuenta lo referido respecto a que el Informe del SEGIP aclaró que los datos pudieran no estar actualizados; asimismo, no se pronunció respecto a que el Informe del SERECI estableció que la base de datos estaba actualizada hasta el 6 de octubre de 2017, por lo que de ambos informes se infiere que sus datos podrían no ser correctos; tampoco se pronunció sobre que hasta antes del incidente no presentó ningún escrito como medio de defensa frente a las graves irregularidades que contiene el Título Ejecutivo y respecto a todo el procesamiento.

Por otra parte, denunció que el referido Auto de Vista A-234/2020 contiene una motivación arbitraria por cuanto concluyó que su persona no habría demostrado con documento alguno la fecha y año desde que estuviera viviendo en otro domicilio, omitiendo valorar los argumentos y las pruebas aportadas de su parte, mediante las cuales demostró que dejó de vivir en el domicilio de Juan Gutiérrez Paniagua, el 2016 y que al momento de practicarse su notificación el 21 de noviembre de 2018, su persona ya habitaba en otro domicilio, aspecto demostrado con un documento privado, Certificado de la mencionada Unidad Educativa, y otros, habiendo efectuado al respecto una simple conclusión sin la debida argumentación.

Asimismo señaló que, el fallo de alzada no cumplió con la labor de valoración integral de la prueba aportada por cuanto las autoridades de alzada solo se limitaron a realizar transcripciones de quienes emitieron dichos informes y la fecha de su emisión; empero, no el contenido mismo de todos ellos; así, refiere que no se consideró el Documento Privado de 30 de enero de 2014, mediante el cual la propietaria del bien inmueble donde se practicó la notificación con la Sentencia inicial, mediante una declaración notarial de manera voluntaria sostuvo que su persona habitó en el domicilio de la calle Juan Gutiérrez Paniagua 943 hasta el 30 de enero de 2016; sobre el Certificado emitido por el Director General de la Unidad Educativa del Ejército de "La Paz" "Tcnl. DIM Robert Jordán" (sic), los accionados no le dieron ningún valor señalando solo que este fue emitido el 30 de mayo es decir posterior al 2 de mayo, lo que da cuenta que las autoridades accionadas ni revisaron el dato que refleja dicho certificado en sentido de que ya en 2018 tenía por domicilio la calle Alfredo Azcarrunz, solo se fijaron que fue emitido el 30 de mayo; en cuanto al reporte del SEGIP se advierte que el mismo se introdujo en desconocimiento de su persona toda vez que jamás se le corrió traslado violando el principio de contradicción; en ese sentido, los recurridos omitieron describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes, menos aún valoraron de manera correcta y explicita todos y cada uno de los medios probatorios producidos ni les asignó un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, solo se limitó a dar valor a las pruebas de la demandante sin conocer el contenido de las mismas, valorando asimismo una prueba introducida de forma ilegal en desconocimiento de su persona dado que jamás le notificaron con el reporte del SEGIP de 12 de septiembre de 2019.

También consideró que las autoridades de alzada brindaron un tratamiento desigual a las partes, por cuanto respecto a la demandante aplicaron el art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- señalando que los Tribunales de alzada están obligados a revisar las actuaciones procesales de oficio a tiempo de conocer la causa, pero no obraron de la misma forma respecto a su persona, pues no se pronunciaron sobre los puntos argumentados en la respuesta al recurso de apelación, pese a haber denunciado las graves irregularidades que contiene el Título Ejecutivo y todo su procesamiento, no habiendo advertido que los documentos de la demandante no cumplían con los requisitos de un Título Ejecutivo, en función a lo cual lo que correspondía era que respetando el derecho a la igualdad procesal el proceso sea revisado de oficio con imparcialidad.

Por otra parte, también considera lesionado su derecho a la defensa por cuanto las autoridades accionadas no se pronunciaron sobre sus argumentos respecto a las irregularidades que contiene el Título Ejecutivo, emitiendo el fallo de alzada sin oír sus argumentos y peor aún valoraron el reporte del SEGIP de 12 de septiembre de 2019 sin darle la oportunidad de pronunciarse al respecto, vulnerando su derecho a contradecir, dejándolo en franca indefensión logrando que una prueba que no fue introducida legalmente sea valorada como prueba plena, omitiendo valorar las pruebas que su persona aportó apartándose del principio de verdad material.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela considera lesionados sus derechos a la defensa; al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, infiriéndose asimismo la correcta valoración de la prueba; y, a la igualdad; así como, al principio de legalidad y verdad material; citando al efecto los arts. 14, 115, 117.I y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), añadiendo en audiencia los arts. 116 de la CPE; 8 del CADH; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 234/2020 y se ordene la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, disponiendo la emisión de una nueva determinación fiscalizando todo el proceso bajo el principio de igualdad procesal, el debido proceso y legalidad, y se condene la reparación de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 19 de agosto de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 378 a 382, presente el solicitante de tutela, asistido por su abogado y la tercera interesada igualmente acompañada de su abogado; ausentes las autoridades accionadas; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante a través de su abogado, reiteró los argumentos expuestos en su memorial de demanda de la presente acción de amparo constitucional, simplemente haciendo referencia a los arts. 116 de la CPE; 8 del CADH; y, 14 del PIDCP.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Jorge Adalberto Quino Espejo, ex miembro de la mencionada Sala y actual Representante Distrital La Paz del Consejo de la Magistratura, no asistió a la audiencia ni remitió informe alguno pese a su legal notificación cursante a fs. 370.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

I.2.4. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes cursantes en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa memorial presentado el 15 de octubre de 2018 por el que Zenaida Veizaga Cornejo -ahora tercera interesada- formalizó demanda ejecutiva contra Israel Marcelo Cruz Maldonado -ahora peticionante de tutela- (fs. 259 a 260 vta.), misma que fue subsanada mediante escrito presentado el 24 de dicho mes y año (fs. 262 y vta.).

II.2. Por Sentencia Inicial 652/2018 de 31 de octubre, el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de La Paz, declaró probada la demanda ejecutiva civil, determinando que el ejecutado proceda a realizar el pago de la suma adeudada a la demandante dentro del tercer día de su legal citación, disponiendo se expida el correspondiente mandamiento de embargo sobre todos los bienes habidos y por haber del ejecutado, determinación que fue notificada al hoy accionante el 21 de noviembre de 2018 mediante cédula dejada en su domicilio ubicado en calle Juan Gutiérrez Paniagua 943 zona Obispo Indaburo (fs. 264 a 268).

II.3. Mediante memorial presentado el 10 de junio de 2019 el hoy accionante interpuso incidente de nulidad de obrados por defectuosa diligencia de citación con la demanda y Sentencia Inicial (fs. 279 a 282), mismo que por Auto Interlocutorio 431/2019 de 9 de julio, fue declarado probado, disponiendo dejar sin efecto la diligencia practicada, debiendo nuevamente notificarse con la demanda, Sentencia inicial y demás actuados procesales en su último domicilio real (fs. 289 a 291).

II.4. Contra dicha determinación, la ahora tercera interesada mediante memorial presentado el 28 de agosto de 2019 interpuso recurso de apelación (fs. 306 a 309), mismo que siendo contestado por el ahora impetrante de tutela mediante escrito de 16 de septiembre de igual año (fs. 315 a 316 vta.), fue resuelto por Auto de Vista A-234/2020 de 20 de agosto, mediante el cual Jorge Adalberto Quino Espejo y Eddy Arequipa Cubillas, Vocales de la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionados- anularon el Auto interlocutorio impugnado, ordenando que la autoridad jurisdiccional regularice el procedimiento y encause la acción conforme a las consideraciones efectuadas, fallo que fue notificado al peticionante de tutela 25 de enero de 2021 (fs. 334 a 335; y, 340).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. III.1. La fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso La SCP 0559/2020-S3 de 16 de septiembre, asumiendo los entendimientos establecidos por la jurisprudencia constitucional y citando la SCP 0753/2019-S1 de 26 de agosto, precisó que: "La SCP 1250/2015-S3 de 9 de diciembre, sobre este particular señaló: "El derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el art. 115.II de la CPE, el cual dispone: 'El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones', a su vez, el art. 117.I de la misma Norma Suprema, señala: 'Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso...'. (...) la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre entre otras'. (...). Sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá sostuvo que: "...la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión". El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática"; en tal sentido, se tiene que la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos de hecho por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan. Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos fácticos expresados por el administrador de justicia, quien recurre sistemáticamente a las normas relevantes del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión, así en el caso concreto de un proceso penal, la fundamentación se constituye en una garantía de observancia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los ciudadanos de ser juzgados por las normas vigentes que rigen los procesos a los cuales están sometidos". Por su parte, la SCP 0619/2018-S1 de 11 de octubre, en lo concerniente al principio de congruencia, señaló que: "Al respecto la SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, estableció que: "Como se dijo anteriormente, la congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido proceso, al respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: 'la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes'. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo que el principio de congruencia: '...amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión'"" (las negrillas nos corresponden). Por su parte la SCP 0005/2019-S2 de 19 de febrero, a tiempo de añadir a los entendimientos asumidos por la jurisprudencia respecto a estos elementos del debido proceso, complementó el razonamiento refiriéndose a la consideración de la relevancia constitucional, al respecto estableció: "Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva Resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional. Con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna". III.2. Sobre la valoración integral de la prueba. Jurisprudencia reiterada

Para que el Tribunal pueda ingresar al análisis de la valoración de la prueba, la ya citada SC 0965/2006-R estableció que la parte procesal que se considere agraviada con los resultados de la apreciación efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, debe invocar la lesión a sus derechos fundamentales y expresar: 'Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (...).

Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada...'" (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

Puntualizada la problemática a resolver corresponde referir que el fallo objeto de análisis emerge dentro de la demanda ejecutiva interpuesta por Zenaida Veizaga Cornejo -ahora tercera interesada- contra el hoy accionante respecto a una suma de dinero que la prenombrada entregó a este último en su calidad de propietario de la inmobiliaria "Orión" como anticipo para la adquisición de un departamento en anticrético que no se concretó (Conclusión II.1), proceso en el cual se emitió la Sentencia Inicial 652/2018 de 31 de octubre, a partir de la cual el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de La Paz, declaró probada la demanda, determinando que el ejecutado proceda a realizar el pago de la suma adeudada a la demandante dentro del tercer día de su legal citación, disponiendo se expida el correspondiente mandamiento de embargo sobre todos los bienes habidos y por haber del ejecutado, determinación que fue notificada al impetrante de tutela el 21 de noviembre de 2018 mediante cédula dejada en su domicilio ubicado en calle Juan Gutiérrez Paniagua 943 zona Obispo Indaburo (Conclusión II.2), diligencia sobre la cual el peticionante de tutela cuestionó su validez a través del incidente de nulidad de obrados aduciendo que la dirección referida no se constituía en su domicilio actual, mismo que fue declarado probado mediante el Auto Interlocutorio 431/2019 (Conclusión II.3), el cual siendo objeto de apelación por parte de la demandante dio lugar al Auto de Vista A-234/2020 sobre el cual se centrará el examen de verificación de los reclamos efectuados (Conclusión II.4).

En ese sentido, y considerando que las temáticas a abordar sobre el señalado fallo básicamente cuestionan la fundamentación efectuada en la oportunidad, corresponde en inicio conocer su contenido a fin de determinar si efectivamente las denuncias realizadas al respecto resultan o no evidentes.

Así, a partir del Auto de Vista A-234/2020 los Vocales accionados, decidieron anular el Auto impugnado, bajo los siguientes fundamentos: